Sabemos que terremotos de similar intensidad han causado daños humanos muy graves en países como Méjico y leves en países como Japón. A veces, el efecto de las sacudidas de la naturaleza y de la economía depende de cómo está organizada la sociedad que sufre tales sacudidas. De ahí que, en nuestro país, los efectos […]
Sabemos que terremotos de similar intensidad han causado daños humanos muy graves en países como Méjico y leves en países como Japón. A veces, el efecto de las sacudidas de la naturaleza y de la economía depende de cómo está organizada la sociedad que sufre tales sacudidas. De ahí que, en nuestro país, los efectos de la crisis económica actual sobre el empleo tengan que ver más con nuestras debilidades socioeconómicas que con la intensidad de la propia crisis.
Es importante comprender que nuestro país no ha aprovechado los años recientes de bonanza económica para redistribuir mejor la riqueza, ni para mejorar sustancialmente el mercado laboral, ni para converger con la Europa social, ni para eliminar el sobredimensionamiento especulativo del sector de la construcción. Todas estas omisiones explican que la crisis económica actual haya golpeado a los trabajadores españoles con mucha más dureza que a los de cualquier otro estado europeo. Es importante detenernos en la descripción de lo sucedido durante los años en que nos sonreía la fortuna.
Pues buena parte de la ciudadanía española está sufriendo las consecuencias de la política económica conservadora implementada por los gobiernos del PP y del PSOE, gracias al apoyo de los propios perjudicados. Hoy lideramos el nivel de paro de los veintisiete estados de la Unión Europea (UE) y, además, al producirse la crisis, hemos liderado también el crecimiento del desempleo. Entre los meses de noviembre de 2007 y 2008, la tasa de paro en la UE pasó del 6.9% de la población activa al 7.2%, mientras que en España aumentaba del 8.6% al 13.4%, es decir, el incremento fue de 0.3 puntos en la UE (o de 0.6 puntos en la zona del euro) y de 4.8 puntos en España. Y esto ocurrió pese a que el crecimiento del PIB español, a lo largo de los tres primeros trimestres de 2008, fue similar al promedio europeo.
Durante la crisis, el tamaño de nuestra economía ha evolucionado de forma similar a la de nuestros vecinos europeos, pero nuestro desempleo lo ha hecho mucho más rápido, sumando 1.280.300 nuevos parados en 2008. Sin embargo, antes de la crisis, tuvimos una larga etapa de crecimiento económico que debió habernos preparado para los períodos difíciles y no lo hizo. Entre 1996 y 2006, la economía española creció a un ritmo medio anual del 3.7%, muy por encima del 2.3% de la Unión Europea de los Veinticinco. Esto hizo que, en 2007, nuestra renta per cápita supusiera el 106% de la renta de la UE y que nos quedáramos a tan sólo cuatro puntos de la renta por habitante de la eurozona. En esa etapa, se crearon 600.000 empleos anuales, al tiempo que se consolidaba un modelo laboral precario, que incluía un sector de la construcción sobredimensionado, con un 54.7% de temporalidad. De modo que, cuando llegó la crisis anunciada, la construcción prescindió de 558.500 trabajadores en un solo año.
En los años recientes de intenso crecimiento económico se desaprovechó la oportunidad de construir una sociedad más justa y menos vulnerable a las crisis. La tasa de pobreza española se redujo en los dieciséis años anteriores a 1990 y se estancó en los dieciséis posteriores. Aunque entre 1995 y 2006, Eurostat señala una ligera reducción de la desigualdad en España, otros datos apuntan en sentido opuesto y señalan a los grandes beneficiarios de la época de vacas gordas. Así, por ejemplo, la Encuesta Financiera de las Familias, elaborada por el Banco de España, indica que, en 2002, el 20% de los hogares españoles con más renta multiplicaba por 6.2 veces la renta del 20% de los hogares más pobres y, en 2005, 7.8 veces. Asimismo, en el período 1999-2006, las empresas españolas incrementaron sus beneficios un 73%, frente al 33% de incremento promedio registrado en la Unión Europea de los Quince. En España, los grandes beneficiarios de los años de intenso crecimiento económico fueron los sectores más adinerados.
En la otra cara de la moneda, la España del crecimiento económico olímpico batía el triste récord de ser el único estado entre veintisiete de la OCDE que, de 1995 a 2005, experimentó una caída de los salarios reales. Se aprovechó el enorme crecimiento de la renta para hacer que los trabajadores se llevaran una parte menor de la tarta sin notarlo demasiado. De este modo, mientras que, en 1996, los salarios representaban el 49.6% de la renta nacional, para 2007, suponían el 46.4%.
Hay muchos indicadores que muestran que nuestras condiciones laborales son mucho peores que las de nuestros vecinos con similar nivel de renta. En España hay un 18.3% de asalariados perceptores de bajos salarios, una proporción sólo superada por el Reino Unido en la UE. Únicamente el salario mínimo de Portugal es inferior al español en la Unión Europea de los Quince o, por tomar un dato más amplio, en 2006, nuestro sueldo medio era un 34% menor que el de nuestros vecinos de la UE.
España comparte con el Reino Unido el liderazgo europeo en cuanto a mayor porcentaje de trabajadores que superan las 45 horas semanales de actividad. Los españoles trabajamos más horas a la semana, distrutamos de menos días de vacaciones pagadas al año y nos jubilamos más tarde que nuestros vecinos europeos. También soportamos mayor siniestralidad laboral. No debe extrañar que nos hallemos entre los europeos que están menos satisfechos con su trabajo.
Otro rasgo propio del modelo laboral español consiste en que duplica la tasa de empleo temporal de la UE (27.9% frente a 14.5%). Según un informe del sindicato Comisiones Obreras, la temporalidad rebaja los salarios debido a que reduce la capacidad reivindicativa de los trabajadores, impide consolidar mejoras vinculadas con la antigüedad y frustra la carrera profesional y la formación continua. También origina una mayor siniestralidad laboral e incluso hace que las mujeres tengan menos hijos.
A pesar de todas estas desventajas, al producirse la crisis económica actual los despidos se han concentrado en los trabajadores temporales. Y, para remediarlo, han salido a los medios de comunicación las procesiones neoliberales a implorar a San Mercado abaratar despidos y eliminar rigideces en la contratación indefinida para así poder presenciar el milagro de la multiplicación de los empleos. Con toda desfachatez, se propone como solución al alto nivel de desempleo un deterioro adicional de las condiciones laborales invocando reformas «que, en muchos casos, pueden resultar impopulares», tales como facilitar la contratación por horas, el empleo a tiempo parcial sin el nivel de protección social de la UE y la ya mencionada reducción del precio del despido. Sin embargo, en el período 1988-2003, España fue el Estado de la OCDE que más redujo los costes del despido y, según el Banco Mundial, sólo hay tres países en la OCDE que ofrecen menos protección legal a los trabajadores indefinidos que España. Los costes del despido no son lo que impide crear más empleo.
La política económica bipartidista y biderechista de los años de fuerte crecimiento económico redujo el tamaño del salario indirecto en nuestra economía. El gasto público en protección social pasó de representar el 24% del PIB, en 1993, al 20.8%, en 2005, cuando el promedio equivalente de la UE suponía el 27.2% del PIB. Esto explica que, en 2007, España contara con el porcentaje más bajo de población activa trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar en la Unión Europea de los Quince. Si hubiéramos tenido el mismo porcentaje de empleados en el sector del bienestar que la media de nuestros vecinos, habría un millón más de personas trabajando. Si contáramos con el porcentaje de Dinamarca, Holanda o Finlandia habría dos millones más de personas empleadas. Y no serían el tipo de empleos que desaparecen cuando se desinflan las burbujas inmobiliarias.
En España estamos viviendo una utopía derechista inconcebible en muchos estados de la UE. España es un país único en la UE por su capacidad de expulsar a tanta gente del mercado laboral para hacerles pagar la crisis. España ha sido capaz de compaginar un decenio largo de espectacular crecimiento económico con una caída de los salarios reales. En doce años, aumentamos la renta por habitante un 39% y no fuimos capaces de reducir nuestra tasa de pobreza. Eso sí, fuimos capaces de reducir el porcentaje de nuestro PIB destinado al gasto social. Y, además, hemos soportado más empleo temporal que nuestros vecinos de la UE, más siniestralidad laboral, más horas de trabajo, menos salario y menos vacaciones. Todo ello en un contexto de creciente debilidad de las fuerzas políticas con propuestas redistributivas alternativas al consenso económico bipartidista y biderechista de PP y PSOE. Al final se constata lo que escribía el economista Juan López Torres: «a medida que las clases trabajadoras pierden renta se hacen más conservadoras e incapaces para enfrentarse al poder establecido que las empobrece».
Si tuviéramos el gasto público promedio de la UE, el mismo gasto social e idéntico nivel de empleo en el Estado del Bienestar, una lucha decidida contra el fraude fiscal y la economía sumergida, un control efectivo del trabajo ilegal y una política de erradicación de la precariedad laboral y si, además, hubiéramos evitado el gigantismo del sector de la construcción, hoy la crisis castigaría mucho menos a la ciudadanía, lo cual es, ni más ni menos, lo que ocurre en Europa. España es la excepción y no la norma. Y, en la UE, convertir nuestra excepción en norma es algo tan inconcebible como normal en España.
Ramón Trujillo es coordinador de Izquierda Unida en Tenerife.