Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
El 24 de febrero de 2019, el pueblo cubano aprobó por abrumadora mayoría una nueva constitución. El 84,45 % de los residentes votaron sí, el 9 % no, hubo un 2,5 % de votos en blanco y 1,6 % fueron nulos.
Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el país ha luchado por construir una base constitucional socialista. Los cambios en la constitución cubana incluyen la reformulación de de los conceptos burgueses liberales de derechos políticos y civiles, entre ellos el desarrollo de la democracia popular; la protección universal de los derechos económicos y sociales; la proclamación de los derechos de las naciones a la soberanía y al control de sus recursos naturales, en oposición al imperialismo; y la definición del necesario papel del Estado en la protección de los derechos del pueblo y de la nación. La constitucionalidad socialista cubana se ha desarrollado a partir de una gran participación popular. Y con plena conciencia de sus antecedentes históricos: la constitución de Guáimaro del 10 de abril de 1869, que creó la República de Cuba en Armas; y la constitución de 1940, una ley avanzada y progresista que no fue implementada por los gobiernos «democráticos» y fue ignorada por la dictadura de Batista.
La constitución socialista revolucionaria fue anunciada el 2 de septiembre de 1960, cuando la Asamblea Nacional General del Pueblo de Cuba emitió la Declaración de La Habana. En ella se afirmaba el derecho de los campesinos a la tierra y el derecho del pueblo a un salario justo, educación gratuita y atención médica. Y declaró plenos derechos políticos, civiles y sociales para los negros, los indígenas y las mujeres. La Asamblea Nacional General del Pueblo de Cuba reunió a un millón de personas, el 20 % de la población adulta cubana. Junto con las organizaciones de masas obreras, campesinas, estudiantiles, de mujeres y de vecinos, la Asamblea Nacional General del Pueblo de Cuba fue un primer paso en el desarrollo de la «democracia directa».
Las estructuras de la democracia popular se garantizaron mediante la Constitución de 1976, desarrollada mediante consulta popular y aprobada en referéndum por el 95 % de los ciudadanos. En ella se establecen 169 asambleas municipales, cuyos delegados son elegidos por el pueblo en pequeños distritos de votación, mediante elecciones directas y secretas en las que participan dos o tres candidatos nombrados por los ciudadanos en las pequeñas asambleas de barrio, sin la participación de partidos políticos. Posteriormente, las 169 asambleas municipales eligen a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la suprema autoridad de la nación, responsable de la elección de los miembros de las ramas ejecutiva y judicial del Estado. La Constitución de 1976 asigna además un papel fundamental a las organizaciones de masas de obreros, campesinos, mujeres, estudiantes y vecinos en las elecciones que llevan a cabo las asambleas municipales y en los comités legislativos de la Asamblea Nacional. Además, dicha constitución establece que el Partido Comunista Cubano es la mayor autoridad educativa y moral. A diferencia del papel de los partidos políticos en las democracias representativas, el Partido dirige desde la educación y el ejemplo, carece de autoridad administrativa y legislativa, y no tiene funciones electorales. Además, desde la Declaración de La Habana de 1960, la Constitución de 1976 afirma los derechos sociales y económicos del pueblo y declara el derecho de Cuba y de todas las naciones a la soberanía.
La reforma constitucional de 1992, redactada sobre la base de consultas populares, declaró la propiedad del Estados de los principales medios de producción, permitiendo así la propiedad privada, incluyendo la propiedad extranjera, de conformidad con un plan de desarrollo dirigido por el Estado. Esta modificación sentó la base constitucional para adoptar las políticas económicas necesarias para afrontar la caída del bloque socialista.
Una nueva reforma constitucional en 2002 declaró el carácter irrevocable del socialismo cubano, en respuesta al plan de Bush para restablecer el capitalismo en Cuba. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó las enmiendas constitucionales tras la ratificación de prácticamente todos los ciudadanos.
Cuando consideró que la constitución de 1976 ya no se correspondía con la realidad cubana, el Partido propuso la elaboración de una nueva constitución. La Asamblea Nacional del Poder Popular nombró una comisión constitucional encargada de redactar un borrador y presentarlo a la Asamblea, la cual realizó modificaciones y aprobó el borrador para presentar al pueblo. Entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de 2018 se realizó una exhaustiva consulta popular sobre el contenido de dicho borrador. Se celebró un total de 133.680 reuniones en los barrios y en los centros de estudio y de trabajo. A ellas asistieron casi 9 millones de participantes (8.945.521), de los cuales se estima que unos dos millones asistieron a más de una reunion, por lo que el índice de participación fue de alrededor de las tres cuartas partes de la población. Estas personas realizaron un total de 1.706.872 comentarios y 783.174 personas propusieron modificaciones, adiciones o eliminaciones. A partir de estas opiniones y propuestas del pueblo, la Comisión Constitucional revisó el borrador. Más del 50 % de las propuestas populares fueron incluidas en las modificaciones; casi el 60 % de los artículos fueron modificados de alguna manera. La Comisión presentó un informe a la Asamblea Nacional, que procedió a modificar de nuevo el texto antes de someterlo a votación mediante referéndum popular.
La amplia, vibrante, digna y muy cualificada participación en la consulta popular inspiró a un diario cubano a escribir: «Todo un pueblo ha elaborado su constitución»; fue una asamblea constitucional del pueblo. La televisión y los periódicos le dedicaron una gran cobertura, lo que fomentó aún más la conciencia ciudadana, la participación, la discusión y el debate.
En los 1.706.872 comentarios surgidos de las 133.680 reuniones, la gente expresó su aprobación de la senda revolucionaria socialista iniciada el 1 de enero de 1959. En torno al 62 % de las intervenciones incluía algún tipo de expresión favorable con respecto al proceso constitucional en marcha. Al mismo tiempo, se produjo un escaso 30 % de expresiones de rechazo al carácter socialista de la revolución; y solo hubo 262 propuestas (el 0,03 %) que rechazaban que se definiera al Partido Comunista como la fuerza que guía a la nación. Por otro lado, hubo 4.802 propuestas para cambiar el nombre del país al de «República Socialista de Cuba». Y más de 400 propuestas favorables a la eliminación de la propiedad privada, un reflejo del rechazo de la extrema izquierda de la dirección tomada por el partido y el gobierno en 2012.
Con diferencia, el tema que más comentarios suscitó fue el del matrimonio. El borrador proponía cambiar el término usado en la constitución de 1976, que lo definía como «la unión entre un hombre y una mujer» por el de «la unión entre dos personas». El 24,56 % de las propuestas abordaban este asunto, más del doble que cualquier otro; y el tema surgió en el 66 % de las reuniones. La abrumadora mayoría de las propuestas era contraria al cambio propuesto. Sin embargo, la afirmación de la igualdad de derechos de todos, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, propuesta por el borrador no provocó controversia.
De conformidad con los sentimientos predominantes y la convicción expresada por la gente en la consulta popular, la constitución cubana de 2019 mantiene los principios y estructuras que han ido evolucionando en Cuba desde el triunfo revolucionario en 1959. El preámbulo de la nueva constitución se identifica con la lucha histórica del pueblo cubano contra la esclavitud, el colonialismo y el imperialismo para lograr una nación libre, independiente, soberana y democrática, con justicia social. Declara que los ciudadanos están decididos a llevar adelante la revolución que triunfó en 1959, guiados por los ideales y los ejemplos de Martí y de Fidel así como por las ideas de Marx y Lenin.
La nueva constitución afirma el carácter socialista de la revolución y de la nación. Proclama a Cuba como una nación socialista, democrática y soberana. Proclama que su socialismo y su sistema revolucionario social y político son irrevocables. Al igual que la de 1976, la nueva constitución menciona al Partido Comunista como el partido de vanguardia que organiza, educa y dirige al pueblo en la construcción del socialismo.
La nueva constitución conserva las estructuras del Poder Popular establecidas por la constitución de 1976. Además, reafirma los derechos socioeconómicos a la educación, la atención médica, la vivienda y la nutrición; y los derechos civiles y políticos de garantías procesales así como la libertad de religión, expresión y reunión. También declara, como la de 1976, el deber del Estado de proteger el medio ambiente además de afirmar el principio de la igualdad de género.
Reafirma el derecho de Cuba a la soberanía en sus relaciones internacionales, establecido por la constitución de 1976, así como su antiimperialismo. Reconoce la necesidad de unidad del Tercer Mundo, en oposición al colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. Reafirma su compromiso con la integración y la solidaridad entre las naciones de América Latina y el Caribe.
Todas las revoluciones y todas las sociedades evolucionan, y la Revolución Cubana ha evolucionado hacia una mayor inclusión de todas las personas, con independencia de su orientación sexual o de género, sus creencias religiosas o su discapacidad. Esta ampliación de la cláusula de protección de la constitución está en consonancia con las tendencias internacionales y refleja los cambios producidos en la sociedad cubana desde 1976.
En los últimos años, la dirección revolucionaria ha adoptado la tendencia internacional que afirma los derechos de homosexuales y personas transgénero. No obstante, su orientación es educar más que imponer; ha buscado el consenso con la intención de evitar una división conflictiva entre las personas. En su búsqueda de consenso, la nueva constitución afirma los derechos de todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Elimina la definición tradicional de matrimonio tal y como figura en la constitución de 1976, como la unión entre un hombre y una mujer; pero debido al respeto por los sentimientos de la gente, la redacción final de la nueva constitución no define a los sujetos que constituyen la relación marital. En vez de eso, instruye para la celebración de una consulta popular sobre un nuevo código familiar, lo que permitirá la oportunidad de profundizar el debate y la educación popular, que deberá desembocar en un referéndum para asegurar que las nuevas leyes y regulaciones sobre la familia, aunque no sean aceptadas por la mayoría, no sean impuestas.
La mayor inclusividad de la Revolución Cubana también tiene en cuenta a los trabajadores autónomos y los pequeños capitalistas, legitimando así la tendencia existente a participar informalmente en el comercio de bienes y servicios a pequeña escala. Esta evolución refleja la necesidad de mejorar la capacidad productiva de la nación, en respuesta a la creciente insatisfacción popular con el nivel material de vida. En este sentido, el partido ha desarrollado un Nuevo Modelo Social y Económico, modificado mediante una extensa consulta popular y aprobado en 2012 por la Asamblea Nacional. En esencia, el nuevo modelo amplia el empleo por cuenta propia, la propiedad privada a pequeña escala, las cooperativas y la inversión extranjera, al tiempo que mantiene la propiedad estatal como principal forma de propiedad; preserva el rol del Estado como gestor y regulador de la economía.
La constitución de 2019 otorga legitimidad constitucional al Nuevo Modelo Social y Económico de 2012. Tanto la constitución de 1976 como la de 2019 declaran que la economía de Cuba es de carácter socialista, bajo la dirección del Estado, en concordancia con sus planes de desarrollo socioeconómico. No obstante, la constitución de 1976 reconocía la propiedad no estatal solo como una excepción, y la reforma de 1992 no menciona las formas de propiedad no estatales. Por el contrario, la nueva constitución reconoce diversas formas de propiedad que coexisten con la estatal, entre ellas las cooperativas, las sociedades mixtas y la propiedad privada. En todo caso, la nueva constitución afirma claramente que el Estado desempeña un papel fundamental en la formulación y dirección de los planes de desarrollo y en la regulación de las distintas formas de propiedad.
El abrumador respaldo recibido por la nueva constitución en el referéndum del 24 de febrero supone un voto por la soberanía y afirma el derecho de la nación a decidir las características de su sistema político y económico. Es un voto por la democracia, que confirma las estructuras de la democracia popular que se han venido desarrollando desde comienzos de los años sesenta. Y es un voto por la continuidad que proclama que la salida de la escena política de la generación que hizo la revolución solo supone la continuación por parte de una nueva generación de la lucha histórica del pueblo cubano por una soberanía y una justicia social definitivas.
Charles McKelvey es profesor emérito del Presbyterian College de Clinton, Arizona del Sur. Autor de varios libros sobre marxismo, panafricanismo y la revolución cubana, escribe el blog «The view from the south:Commentaries on world events from the Trird World perspective», accesible en http://www.globallearning-cuba.com/blog-umlthe-view-from-the-southuml.
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