Tres meses después del abominable ataque a las Torres Gemelas, el Gobierno de EE. UU. reconocía su respaldo al terrorismo anticubano Desde que el presidente Fidel Castro debió afrontar una delicada operación quirúrgica, la cubanología se ha puesto de moda. Abundan personajes dispuestos a juzgar a Cuba y a opinar sobre su destino. Quienes se […]
Tres meses después del abominable ataque a las Torres Gemelas, el Gobierno de EE. UU. reconocía su respaldo al terrorismo anticubano
Desde que el presidente Fidel Castro debió afrontar una delicada operación quirúrgica, la cubanología se ha puesto de moda. Abundan personajes dispuestos a juzgar a Cuba y a opinar sobre su destino.
Quienes se interesan en conocer la verdad debieran comenzar por el principio. Con fuentes que nadie, salvo un demente, podría tachar de castristas.
Por ejemplo, los documentos oficiales del Gobierno de Washington desclasificados en 1991 y publicados por el Departamento de Estado (Foreign Relations of the United States, 1958-1960, volumen VI, Cuba).
En ellos aparecen pruebas irrefutables del apoyo económico, político y militar que Washington dio a la tiranía de Batista, para «impedir la victoria de Castro», y al fracasar tal propósito, las acciones que emprendió para destruir la revolución cubana. Una instrucción del presidente Eisenhower recorre como una obsesión todos los documentos:
«Que nuestra mano no aparezca», ordenó el general. Sostener a Batista, llevar a cabo los planes más agresivos contra Cuba, pero ocultando siempre la mano del imperio.
Hay otro documento, publicado por la CIA en febrero de 1998 (Inspector general´s survey of the Cuban operation and associated documents)que da cuenta del empeño por «fabricar una oposición dentro de Cuba alimentada con asistencia clandestina externa y la organización de grupos de exiliados que sirvan para encubrir las acciones de la Agencia». Otra vez, recordaba el inspector general de la CIA, «la mano de Estados Unidos no debe aparecer».
Antes de que Fidel Castro y sus compañeros descendieran victoriosos de la Sierra Maestra, en enero de 1959, ya se habían instalado en Miami los más cercanos colaboradores del dictador Batista, llevando en su equipaje la totalidad de las reservas monetarias de Cuba: 424 millones de dólares.
Nada fue devuelto a Cuba, donde el gobierno revolucionario aún no existía y, obviamente, no había iniciado ninguna de las políticas que después han sido empleadas para tratar de justificar la encarnizada hostilidad norteamericana. Comenzó entonces una guerra económica que continúa medio siglo después.
La historia registrará con asombro que esa guerra haya podido durar tanto tiempo sin que frente a ella se hubieran rebelado algunos que se dicen defensores de la democracia y los derechos humanos. Porque como consta en un buen número de los documentos arriba referidos, la política norteamericana, se resume textualmente así: «La mayoría de los cubanos apoya a Castro… El único modo de restarle apoyo es aplicando medidas… que provoquen malestar e insatisfacción… y causen hambre y desesperación».
En otras palabras, el propósito de Washington es negar a los cubanos sus derechos democráticos porque «apoyan a Castro» y castigarlos con una política que saben que tiene un carácter genocida.
Sorprenderá igualmente el silencio de algunos ante el empleo sistemático del terrorismo contra Cuba desde aquel distante enero hasta hoy en día. Cinco cubanos, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, guardan prisión en cárceles norteamericanas, hace ya más de ocho años, por haberse infiltrado en grupos terroristas que operan libremente desde Miami. Por eso, verdaderamente, fueron acusados y condenados a cuatro cadenas perpetuas más 75 años de prisión. Para colmo, a petición de la fiscalía, el tribunal agregó, para cuando hubiesen extinguido las severísimas sanciones, esta singular condena: «Se le prohíbe al acusado acercarse a o visitar lugares específicos donde se sabe que están o que frecuentan individuos o grupos terroristas». Estas palabras aparecen, con todas sus letras, en las actas del tribunal que los condenó en Miami, correspondientes a las sesiones del 14 y el 27 de diciembre del 2001, y constan en un documento público pero silenciado por la gran prensa. Tres meses después del abominable ataque a las Torres Gemelas, el Gobierno norteamericano reconocía su respaldo al terrorismo anticubano, una noticia que aún espera ser descubierta.
Luis Posada Carriles permanece aún en Estados Unidos, que se niega a extraditarlo a Venezuela, donde era juzgado por la destrucción en pleno vuelo de un avión civil. Washington ni siquiera lo define como terrorista, algo que Posada se ha encargado de hacer en su autobiografía y en entrevistas a The New York Times y otros medios.
Según Bush, quien proteja a tales criminales es igualmente culpable y debe rendir cuentas. ¿Cuándo lo hará él?