En las últimas semanas el gobierno cubano emprendió una amplia reforma salarial. La decisión le ha dado un importante rédito político al presidente, aunque se trata de una apuesta riesgosa y abre un espacio de conflicto entre las autoridades y una parte del emergente sector privado. A finales de junio, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció […]
En las últimas semanas el gobierno cubano emprendió una amplia reforma salarial. La decisión le ha dado un importante rédito político al presidente, aunque se trata de una apuesta riesgosa y abre un espacio de conflicto entre las autoridades y una parte del emergente sector privado.
A finales de junio, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció un inesperado aumento de salarios para los trabajadores del «sector presupuestado» en Cuba. Un tercio de la población laboral del país (1,5 millones de personas) fue beneficiado por la medida, que elevó el salario medio mensual desde 634 Cup (1) (poco más de 26 dólares) hasta 1.056 Cup. Para algunas profesiones, el «salto» fue incluso más acentuado: los maestros de primera enseñanza, por ejemplo, vieron duplicarse sus nóminas, en tanto que para muchos titulares de especialidades médicas se triplicaron.
Nadie consiguió anticipar tan importante decisión, que según rumores se acordó en secreto entre Díaz-Canel y el primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro. Su implementación inicial corrió a cargo de un limitado grupo de burócratas de alto nivel, entre los que predominaron figuras vinculadas al mandatario actual.
Dos meses antes del anuncio, había sesionado en La Habana el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. El secreto con el que se cocinaba la elevación de pagos colocó a sus dirigentes en una posición equívoca, pues debieron mantenerse defendiendo la que hasta entonces constituía la premisa del discurso oficial sobre el tema: «Sin más productividad, no pueden incrementarse los ingresos de la población».
«Si se reparte salario sin respaldo productivo, prepárense para la subida de los precios», había alertado en julio de 2015 el todopoderoso titular de Economía y Planificación y vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo. Durante el tiempo transcurrido no sólo se verificó la caída de ese jerarca (los dominios del antiguo «zar de las reformas» se limitan hoy a la presidencia de una anodina comisión partidista), sino también un cambio en la filosofía de Estado.
A tono con las nuevas circunstancias, el presidente Díaz-Canel ha considerado fundamental poner orden en la política financiera de la isla. El mencionado incremento de jornales y de las pensiones más pequeñas y el traspaso de facultades de la administración gubernamental a las empresas públicas constituyen los primeros pasos de un proceso mucho mayor, señaló en las últimas semanas.
Una apuesta arriesgada
Entre mediados de julio y comienzos de este mes, los trabajadores de entidades presupuestadas recibieron sus nuevos pagos. En paralelo, el gobierno desplegó una amplia operación logística orientada a surtir las tiendas con productos de primera necesidad, que desde el año anterior venían escaseando.
Cuba inició 2019 en medio de una crisis de desabastecimiento motivada por la falta de liquidez y la persecución del gobierno estadounidense contra sus operaciones comerciales. La situación resultaba tan compleja que en abril, al promulgar la nueva Constitución, Raúl Castro le dedicó buena parte de su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sus referencias al Período Especial, la debacle provocada por el derrumbe de la Unión Soviética, motivaron una intensa inquietud (véase «Como un déjà vu», Brecha, 26-IV-19).
Como para alimentarla, a mediados de julio se sucedieron prolongadas interrupciones del servicio eléctrico. Sólo la capital y los balnearios destinados al turismo internacional escaparon a la oleada de apagones, que según la explicación oficial se debieron a roturas en las plantas generadoras. Otra versión, difundida entre el funcionariado, atribuyó los hechos a la carencia de combustible, consecuencia directa de las presiones de la Casa Blanca sobre navieras de terceros países contratadas para trasladar el crudo desde Venezuela (véase «Tres horas y tres minutos», Brecha, 19-VII-19).
Las cuentas nacionales arrojan un sombrío balance. El año pasado el Pbi cerró el ejercicio con un magro 1,2 por ciento de crecimiento, que en julio fue revisado para agregarle un entero porcentual; aun así, el indicador se mantiene lejos del 7 por ciento que años atrás se presentaba como imprescindible para generar desarrollo. La Comisión Económica para América Latina ha estimado que Cuba completará el calendario en curso «sin decrecer» (como resaltó, a comienzos de este mes, un titular de Granma, el diario oficial del Partido Comunista), pero sus proyecciones no bastan para sostener el optimismo (la estimación es del 0,5 por ciento).
«El propósito (de Donald Trump y su gabinete) es asfixiarnos económicamente, provocando mayores carencias que irriten y desmovilicen a nuestro pueblo», resaltó Díaz-Canel al clausurar el período parlamentario de julio. Por esos días el mandatario contrapuso la difícil coyuntura económica a la necesidad de elevar los salarios. A su juicio, la medida se traduciría en mayor eficiencia del aparato estatal. Por lo pronto, el retorno a las aulas de más de 8 mil maestros que habían solicitado la baja a causa de los pobres ingresos del sector indica que no andaba desencaminado.
¿Populismo o sentido de la oportunidad?
Durante su primer año en el cargo, Díaz-Canel cargó con el sambenito de ser considerado sólo una figura de paja tras las que se ocultaban Raúl Castro y el Grupo de Administración Empresarial, el holding de compañías gestionadas por ex oficiales de los ministerios del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Bajo ese punto de vista, se especulaba que el nuevo presidente tendría poco margen para desarrollar sus propias estrategias de gobierno.
La decisión de alterar la política salarial fijada en los tiempos de Fidel Castro constituye la primera jugada de peso emprendida bajo su conducción y se pondrá a prueba en los próximos meses. La cuestión es tan «simple» como lograr que no se traduzca en inflación el gigantesco volumen de efectivo que se distribuirá entre la ciudadanía. Datos oficiales han cifrado el costo de los incrementos salariales y de pensiones en alrededor de 7.700 millones de Cup, sólo durante los meses que restan de 2019. Para tener una idea de la magnitud de la erogación, basta apuntar que los ingresos planificados del Estado, en todo el año, rondan los 60 mil millones de Cup.
En su empeño por alterar las variables del juego, La Habana ha conseguido hasta ahora un éxito parcial. Por un lado, la red comercial bajo su control no ha colapsado ante la demanda acrecentada de millones de consumidores, pero, por otro, queda la duda de si las autoridades estarán en condiciones de sostener el ritmo actual de abastecimientos (en su mayoría, a partir de importaciones). Otro aspecto que ha cobrado particular preeminencia es el de las relaciones con los cuentapropistas, quienes en junio sumaron -por primera vez- más de 600 mil personas. Su labor resulta fundamental en servicios como los del transporte y la comercialización de productos alimenticios, pero casi siempre ha estado marcada por una tensa relación con las autoridades.
Anticipando que ahora no sería diferente, desde principios de julio numerosos funcionarios se apresuraron a aclarar que, para ser «exitoso y sostenible», el aumento salarial debía ir acompañado por «el no incremento de precios». Así lo señaló la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, al recordar que «no ha existido un incremento de los costos o impuestos; por tanto, no puede ser la subjetividad del incremento salarial la que lo motive. (…) Se trata, sobre todo, de que no se sigan estableciendo precios abusivos».
La de «precios abusivos» es una de las expresiones más repetidas por la prensa oficial en las últimas semanas. Para enfrentarlos, se han topeado los importes de numerosos productos y servicios, y se han habilitado líneas telefónicas y direcciones de correo para que la población denuncie a quienes violen lo establecido. A nivel nacional, el proceso es supervisado por un observatorio gestionado por el ministerio de ese ramo.
No es una estrategia nueva. A finales de 2015, a raíz de otra crisis alcista, un diputado demandó en la Asamblea Nacional el fin de la política de «oferta y demanda» que defendían el vicepresidente Murillo y otros dirigentes. Consciente del malestar que generaba la situación, Raúl Castro secundó el reclamo y durante los meses siguientes se ensayó en la isla un primer intento de control centralizado de precios, que terminó con más penas que glorias. Durante los años transcurridos otros «experimentos»(como se les conoce en la jerga burocrática local) pretendieron ordenar la comercialización de materiales de construcción y el transporte de pasajeros, siempre sin éxito.
El de los taxis «almendrones» (los autos particulares estadounidenses de la década del 50) de La Habana se contó entre los fracasos más rotundos, recuerda el periodista José Jasán Nieves, del sitio alternativo El Toque. «Fue una iniciativa cuyo resultado debería estar tallado sobre las paredes de los ministerios de Transporte y de Finanzas y Precios: 4.359 vehículos menos sirviendo, oficialmente, a los pasajeros en la capital y los precios aumentados el doble y hasta dos veces y media en las rutas que sobrevivieron».
Para Díaz-Canel, esa es una referencia preocupante y cercana a la vez (el «experimento»‘ fue abandonado recién en abril pasado). Con todo y las buenas intenciones, ni siquiera el respaldo de la población garantiza el éxito de medidas tan radicales. En especial, en un país con sus finanzas en permanente estado de contingencia.
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