Es una ley que introduce en el sistema educativo la competitividad darwinista donde sobrevive el más fuerte y que mejor se adapta al sistema que se exige. Esta reforma busca someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios […]
Es una ley que introduce en el sistema educativo la competitividad darwinista donde sobrevive el más fuerte y que mejor se adapta al sistema que se exige. Esta reforma busca someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados en rankings públicos donde se ordenarán, como si de una liga de fútbol se tratara, en centros con buenos, regulares o malos resultados. Así los centros educativos tendrán que aprender a competir entre ellos, anunciando en el mercado de consumo su especialización y sus logros en los rankings que se publicitarán. Con el fin de que los «clientes» puedan comparar y elegir aquél que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral.
La ley liga la propuesta de autonomía escolar a esta especialización competitiva de los centros y a los resultados académicos en función de los cuales llegarán recursos diferenciados. Se contempla así en la ley un nuevo tipo de centros con un proyecto educativo «de calidad», basada obligatoriamente en criterios competitivos, que determinará su especialización y que serán evaluados en relación a sus resultados académicos. Sus recursos estarán condicionados por esos mismos resultados. Es el llamado «pago por resultados» propio del mundo empresarial. Se trata de aplicar refuerzos e incentivos a los centros, no ya en función de las necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con el puesto en el ranking. Se les aplica así a los centros el denominado «efecto mateo«, aludiendo a la parábola de los talentos en el evangelio: aquellos centros que tienen se le dará más financiación y tendrán en abundancia, pero a los que no tienen, se les quitará aun lo que tienen. Es la ley del mercado. Aquellos «productos» más demandados son a los que tenemos que reforzar. Esta competitividad desembocará en una selección del mejor alumnado por parte de los centros educativos, para demostrar que los recursos han sido utilizados de forma eficiente.
Lógicamente, en este mercado competitivo las escuelas se harán más selectivas, tendiendo a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades y que pueda hacer descender su posición en el ranking de centros. Impulsa así una competencia y lucha darwinista entre centros, con recursos y medios cada vez más escasos, de consecuencias imprevisibles para la equidad del sistema. Los centros reaccionarán buscando la forma de estar en la parte más alta posible del ranking, dedicando el tiempo escolar de forma eficiente a preparar las reválidas para que los resultados del alumnado les permita estar en primera división, no sea que las familias ya no les elijan y la financiación se recorte. Ya no se tratará de qué puede hacer el centro escolar por el alumno o alumna que entre en él, sino qué puede hacer el alumno o alumna por el centro escolar para que suba y no baje en el ranking.
Es una ley que convierte la educación en una carrera de obstáculos. Enmarcado en una concepción de la educación dirigida fundamentalmente a la acumulación de conocimientos académicos por parte del alumnado, el modelo de evaluación que contempla la LOMCE pivota sobre la profusión de pruebas individualizadas externas, en 2º o 3º y 6º de primaria, y de reválidas al final de etapa, en 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.
Toda esta profusión de pruebas y reválidas afectará al alumnado. Los exámenes de primaria son pruebas que afectan al expediente del alumnado (clasificándolo). Pero especialmente graves serán los efectos académicos de las reválidas de Secundaria para todo el alumnado, pues abren o cierran la posibilidad de continuar estudiando y sacar el título correspondiente. Quienes no aprueben serán expulsados del sistema educativo invalidando el trabajo hecho en años de escolarización.
Apuesta así por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Es lo que el PP entiende por «cultura del esfuerzo» y «carrera meritocrática». En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu franquista de la «letra con sangre entra«, en el que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito escolar.
Estas reválidas no son pruebas para conocer el estado o situación del sistema, no buscan luchar contra el fracaso sino más bien certificarlo, sirviéndose de él para expulsar del sistema educativo de forma prematura a una buena parte de los que han sido incluidos en los últimos treinta años.
Todas estas evaluaciones serán pruebas externas, aplicadas y evaluadas por personal ajeno al centro, desconocedor del alumnado, de su realidad, de su estilo de aprendizaje. Este modelo de evaluación supone una merma de la autoridad del profesorado del propio centro respecto al alumnado y un menosprecio a su capacidad profesional pues, según el Ministerio de Educación, parece que no está capacitado para llevar a cabo la evaluación formativa de su propio alumnado, relegando así a un segundo plano su conocimiento de toda la evolución personal y formativa del alumnado, en aras de la hegemonía de una evaluación externa que solo controla el dominio por parte del alumnado de una fracción del programa educativo en un momento concreto, y abandona en la práctica el modelo de evaluación continua.
Tras la reválida de 2º de Bachillerato, cada universidad podrá hacer pruebas de acceso para seleccionar a su alumnado. Este sistema de evaluación selectiva de las Universidades supondrá la sustitución de un sistema de acceso objetivo e igualitario, por otro que permitirá la selección con criterios dispares, no homogéneos y propicios a todo tipo de disfunciones. Quienes no aprueben esta «reválida» y tengan 45.000 euros podrán matricularse en una Universidad privada y obtener el título de Medicina, por ejemplo, y ejercer su profesión sin ninguna reválida más. Parece, pues, que las reválidas y el control exhaustivo emprendido desde primaria desaparecen si se tiene dinero para pagar. Este sistema, unido al aumento de tasas y la reducción de becas, propiciará la segregación de otro sector importante del alumnado.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU
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