Está en boca de todos los políticos: el dinero del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia puede servir para modernizar España e impulsar reformas de calado. Organizaciones y empresas ya reclaman que los fondos transformen sus sectores y el Gobierno diseña ahora los mecanismos para gestionarlo. Lo consideran una oportunidad, ya que «moviliza recursos inéditos y sin precedentes», como asegura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero esos más de 140.000 millones que vendrán a España tienen aún un largo recorrido aún y quedan muchos detalles por cerrar tras la euforia inicial. Esta es su travesía hasta llegar a los bolsillos ibéricos.
El pasado 21 de julio se dio el primer paso en un acuerdo histórico alcanzando por el Consejo Europeo, es decir, por los veintisiete jefes de Estado o de Gobierno de los Estados de la UE. No solo por la cantidad (750.000 millones de euros en total, de los que 390.000 millones serán subvenciones y 360.000 millones en préstamos), sino también por la diferencia cualitativa de la decisión. Por primera vez, la Unión Europea se endeuda en conjunto sin imponer la férrea disciplina de 2008, aunque sí exige proyectos que impulsen áreas estratégicas como la digitalización, la transición ecológica o la mejora en la calidad del empleo. España consiguió un importante montante, con más de 140.000 euros para paliar los desastres que había dejado la enfermedad en uno de los países más afectados. Pero este fondo no es para compensar la destrucción, sino también para iniciar la reconstrucción. El presidente del Gobierno aprovechó su comparecencia este martes en el Senado para esbozar el calendario de los próximos meses.
Próxima parada: Parlamento Europeo
Antes de llegar a la cámara española, el Parlamento Europeo debe dar luz verde a lo acordado por el Consejo en julio, aunque no está previsto que tumben los acuerdos. Estos días aún siguen las negociaciones no solo de los fondos de recuperación, sino también del presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años. «Previsiblemente, se aumentarán esos fondos en otras partidas», opina Federico Steinberg, analista del Real Instituto Elcano. Esta tramitación está prevista para los próximos días y servirá para financiar proyectos que los parlamentarios consideran que pueden haberse quedado cortos en la negociación del Consejo, como el refuerzo de la transición justa.
15 de octubre: envío de los primeros documentos a Bruselas
Por su parte, España enviará a partir del 15 de octubre a Bruselas los primeros documentos de sus planes de reformas e inversiones, basados en las recomendaciones que hace la Unión Europea a los estados, para los que ya están manteniendo reuniones de trabajo con la Comisión. Ahí empezará la negociación.
Hasta el 30 de abril para mandar los documentos finales
Tras esta primera entrega, España tiene entre el 1 de enero y 30 de abril de 2021 para remitir los documentos oficiales. La Comisión Europea tiene dos meses para evaluar esos proyectos y, después, el documento español deberá pasar un nuevo examen, el del Consejo Europeo, que deberá acometer «un acto de ejecución» para ratificar la evaluación que ha hecho la Comisión, con un plazo de cuatro semanas. Aunque los socios no tienen poder de veto, España necesitaría una mayoría cualificada para que sus planes obtuvieran luz verde de manera definitiva. Es decir, aquí España podría recibir un «tirón de orejas» si los planes no cuadrasen.
Dada la complejidad de este proceso, no hay una fecha fija para la llegada del dinero, aunque se estima que una primera parte llegue en 2021. Tampoco hay cerrada la cantidad exacta. Todo dependerá de la agilidad del proceso, de la rapidez y la calidad del diseño de proyectos que presenten las administraciones españolas (desde el Gobierno central a los ayuntamientos de las grandes ciudades) y de la cantidad que la Comisión emita en los mercados, según ha explicado el propio Pedro Sánchez.
En el proceso habrá discusiones aún por cerrar, como por ejemplo, si se financiarán proyectos más concretos o partidas más genéricas, tal y como apunta Steinberg.
Los PGE españoles
En paralelo, el Gobierno español tiene que negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2021, cuyo primero borrador podría estar a finales de septiembre. También tendrá que mandarlo a Bruselas. Aún siguen vigentes las cuentas del ‘popular’ Cristóbal Montoro de 2018, que no recogían la pandemia, pero tampoco el espíritu del Gobierno progresista formados por PSOE y Unidas Podemos. Por eso, desde el Ejecutivo presionan para su aprobación por considerarlo una «emergencia nacional».
Los PGE son un instrumento básico e importante, pero Federico Steinberg recuerda que no están necesariamente vinculados a los fondos europeos: «Son debates diferentes. Los estados pueden emitir deuda pública. Sí es importante el mensaje político que se manda. España tiene que estar a la altura del acuerdo europeo», explica el analista. Lógicamente, el proyecto presupuestario español tiene que ser coherente con las reformas que se envíen a Bruselas.
Un reparto multinivel en España
No hay un calendario cerrado, pero el experto cree que es posible que los fondos no lleguen a España hasta 2021. Las líneas maestras de su reparto estarán en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tendrá como fuente las exigencias de Bruselas y la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Ejecutivo asegura que impulsará el crecimiento económico por encima del 2% y que tendrá cuatro ejes básicos: transición digital, ecológica, cohesión social y feminismo
Según comentó Sánchez en el Congreso, su impacto busca una «recuperación rápida y sostenible», que continúe con la línea del plan de choque que puso en marcha su Consejo de Ministros durante la crisis sanitaria. En otras intervenciones, Sánchez ha fechado la salida de la crisis en 2023. El conjunto de este plan configurará «un proyecto de país», «una visión de España», en palabras del presidente.
Para controlar y distribuir estos fondos, Sánchez anunció el pasado 31 de julio la creación de una Comisión Interministerial presidida por él mismo, de la que aún se desconocen más detalles. También habrá una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación, que dependerá del Gabinete de la Presidencia de Moncloa que encabeza Iván Redondo, para el que ya está sondeando a varios nombres del Ibex-35, tal y como publicó el diario digital La Información.
En el Senado, también ha recordado que para el reparto de fondos, el Ejecutivo apostará por la colaboración público-privada, con «diversos grupos de alto nivel».
En el siguiente escalón de la administración, se encontrará la Conferencia sectorial con las Comunidades y Ciudades Autónomas, que liderará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque el reparto de fondos también se incluirá en las conversaciones de las conferencias de presidentes. Para el último eslabón, las entidades locales, el líder del Ejecutivo no ha concretado el mecanismo para acceder a las ayudas.
¿Quién controlará el uso adecuado de los fondos?
Ante los senadores, Sánchez aseguró que el Gobierno rendirá cuentas para explicar dónde se gastan los fondos, tanto en el Congreso como en el Senado. Para él, la Comisión Mixta de la Unión Europea es el foro adecuado.
El analista Federico Steinberg recuerda que, además, la UE impondrá sus propios controles. «Está previsto que marquen hitos a conseguir», explica sobre una discusión que tampoco está cerrada. Tras la primera entrega de 2021, España tendrá que tener todo adaptado en 2022 a las exigencias de Bruselas para acabar recibiendo la totalidad del fondo que le corresponde en 2023.
Aún así, habrá margen para los estados y sus proyectos. El experto del Real Instituto Elcano cree que el mecanismo de control será similar a otros fondos: control parlamentario, documentos disponibles y públicos y oficinas de información donde medios y ciudadanos podrán ir a consultar información.
El control de los acuerdos público-privados se materializarán en los documentos oficiales y las licitaciones públicas que se publican en los boletines oficiales, como vienen siendo habitual.