El proceso viene de lejos -algunos fijan su origen en el Informe Abril Martorell de 1991- pero el conflicto ha estallado en la calle durante los últimos meses. La idea de convertir la sanidad pública en un negocio privado, donde las rentas altas cuenten con un seguro particular, la clase trabajadora con un seguro público […]
El proceso viene de lejos -algunos fijan su origen en el Informe Abril Martorell de 1991- pero el conflicto ha estallado en la calle durante los últimos meses. La idea de convertir la sanidad pública en un negocio privado, donde las rentas altas cuenten con un seguro particular, la clase trabajadora con un seguro público de baja calidad y el resto de la población se dirija a la beneficencia, camina con determinación. Es el modelo que se ensaya sobre todo en el País Valenciano, Madrid y Castilla-La Mancha. Al final de la ruta aguarda el paradigma norteamericano: atención sanitaria a los ciudadanos en función de su renta. Pero la resistencia popular -la llamada «marea blanca»- aumenta y mantiene el pulso ante los embates.
Los gobiernos autonómicos del PP han acentuado, con la coartada de la crisis, la ofensiva neoliberal contra la sanidad pública. Oculta en eufemismos como «modelo mixto», «iniciativa social» o «nuevas fórmulas de gestión», la privatización avanza. El primer paso son los centros públicos gestionados por consorcios privados mediante concesión administrativa. Es éste un modelo que en el País Valenciano comenzó a experimentarse hace trece años, durante el mandato de Eduardo Zaplana, cuando abrió sus puertas el Hospital de la Ribera, en el municipio de Alzira.
Cuando en 2000 se puso en marcha el Hospital de Alzira, representaba la gran apuesta sanitaria del PP. Actualmente, al 20% de la población valenciana (930.000 personas) se le dispensa atención hospitalaria en centros públicos de gestión privada (también siguen el modelo los hospitales de Dènia, Torrevieja, Manises y Elche-Crevillent). La Conselleria de Sanitat paga un canon a las empresas por la asistencia hospitalaria, que tiende a aumentar según avanzan los años de concesión. En 1999 el Gobierno Valenciano pagaba 204 euros/habitante a la Unión Temporal de Empresas Ribera Salud (formada por la aseguradora Adeslas, Ribera Salud- en manos del Banco de Sabadell y Bankia- Dragados y Lubasa), que gestiona el hospital de la Ribera; como los resultados económicos no fueron los esperados, en 2003 la Generalitat rescató la concesión del hospital y realizó otro concurso; en 2004 el canon pasó a 439 euros/habitante; en 2012 la cantidad abonada por la Administración a Ribera Salud alcanza los 639 euros/habitante.
Éste es precisamente el nudo de la cuestión. ¿Resulta más económica la gestión privada que la tradicional gestión pública de los hospitales? La Conselleria de Sanitat afirma que sí, un 25% más barata. Pero los 639 euros/habitante de la Ribera no incluyen el coste (asumido por la sanidad pública) de los pacientes derivados de centros hospitalarios de otras comarcas (algo fundamental para la rentabilidad del modelo de gestión privada), ni otros capítulos que también costea el erario público (gasto farmacéutico ambulatorio, ambulancias, oxigenoterapia o el dispositivo SAMU). Sumados todos los conceptos, según el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) de Alzira, el coste por habitante alcanzaría los 1.030 euros anuales, frente a los 792 euros de coste anual por habitante en los hospitales de gestión pública directa (cifra citada en el diario conservador Las Provincias).
En resumen, si en Alzira y en los otros cuatro hospitales de gestión privada del País Valenciano se aplicara la gestión pública directa, se ahorrarían 238 euros por habitante y año. Dado que la gestión privada afecta a 930.000 personas (el área de cobertura de los cinco hospitales), el ahorro anual se elevaría, según el SIMAP, a 221,3 millones de euros, en el caso de que la gestión corriera a cargo de la sanidad pública.
Pero en la comparativa hay que agregar otros factores. Según Pedro Durán, médico del SIMAP de Alzira, «en la Ribera se trabajan 180 horas al año más que en el resto de la red pública y con un salario fijo que resulta un 10% inferior; las plantillas están muy por debajo de lo adecuado y se imponen ritmos de trabajo abusivos». Es la consecuencia del modelo empresarial aplicado a servicios públicos esenciales, como la sanidad. Se lleva a término, asimismo, una gestión «muy poco transparente», agrega Durán. «Los sindicatos no tenemos acceso a las quejas de los usuarios».
Con unos beneficios empresariales acumulados de 30 millones de euros desde 2003, la gestión de Ribera Salud brilla por su opacidad. Entre otros ejemplos, según informaciones de Levante-EMV de mayo de este año, diez familiares de la Comisionada del Gobierno Valenciano para el Hospital de la Ribera, María Ángeles Matoses, trabajan en este centro hospitalario.
También con los criterios de la llamada «iniciativa social» arrancó en 2008 en nuevo Hospital de Dènia, cuya gestión corre a cargo de Marina Salud (consorcio integrado por DKW Seguros (65%) y Ribera Salud en un 35%). «Su mayor preocupación es repartir dividendos entre los accionistas, por encima de los derechos de los usuarios y de los trabajadores; los sindicalistas hemos de actuar casi como policías», afirma Xavier Pons, de Intersindical Salut de la Marina Alta. Los sindicatos llevan tiempo denunciando recortes y carencias en el hospital: supresión de camas, saturación de los servicios de urgencias, falta de sustitución de trabajadores y una creciente presión laboral sobre los profesionales sanitarios.
A esto se añade, según denuncia Intersindical Salut, la realización de intervenciones quirúrgicas en especialidades como neurocirugía o cirugía vascular sin que en el Hospital de Dènia existan estos servicios (llegan para operar cirujanos de otros centros); tampoco se traslada («por motivos económicos», según el sindicato) a los pacientes que lo requieren, al Hospital de La Pedrera para enfermos crónicos y de larga estancia, ubicado también en Dènia; ni se ha creado una unidad de psicología infantil.
Aunque el estallido del movimiento de «batas blancas» sea relativamente reciente, también el proceso privatizador en Madrid se remonta años atrás. «El presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid ha estado habitualmente por debajo de la media de las autonomías, lo que ha ido descapitalizando poco a poco la sanidad madrileña», avanza, a grandes rasgos, Marciano Sánchez-Bayle, portavoz del Observatorio Madrileño de Sanidad y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. Sánchez-Bayle ha participado junto a Pedro Durán y Xavier Pons en un acto titulado «Salvem la Sanitat Pública», celebrado en la Facultad de Historia de Valencia.
Los presupuestos autonómicos de 2013 son toda una declaración de intenciones. Además de recortes, privatizaciones e introducción del euro por receta, disminuye el presupuesto global para los hospitales. Pero de manera desigual. La reducción afecta a los centros públicos y de gestión semiprivada, mientras que para los privados aumenta la dotación presupuestaria una media del 4%.
Por donde pasa Esperanza Aguirre no crece la hierba. Madrid cuenta con 9 hospitales construidos por empresas privadas y que las mismas firmas (constructoras, inmobiliarias, grandes empresas del sector sanitario o fondos de capital riesgo) gestionarán durante 30 años (el tiempo que dura la concesión administrativa) a cambio de un canon que abona la Consejería de Sanidad. Para rematar el modelo, se ha anunciado la privatización de la gestión en 6 hospitales públicos.
¿Razones de eficiencia económica? Los hospitales de gestión privada y semiprivada «suponen unos sobrecostes de entre siete y ocho veces para los ciudadanos madrileños», asegura Marciano Sánchez-Bayle. El objetivo que se persigue es «incrementar los beneficios de las empresas concesionarias; además, implica «disminuciones de plantilla y empeora la atención de la calidad prestada», añade.
Y como siempre, la falta de transparencia. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid recuerda que en 2010 la Consejeria aumentó en dos millones de euros anuales el canon que abona a las concesionarias privadas de los hospitales. «Fue un rescate en toda regla hecho de manera clandestina», explica. En uno de los hospitales públicos de gestión privada, el Infanta Elena de Valdemoro, el gobierno de Madrid aumentó en un 16% la aportación respecto a lo inicialmente asignado para 2012. En otro, del de Collado Villalba, según informaciones de El País, la situación roza el surrealismo: la Consejería de Sanidad abonará a la multinacional CAPIO 900.000 euros al mes en 2013 para el mantenimiento de este hospital ya construido, pero que permanecerá cerrado.
«Se dedica muy poco a la sanidad pública y mucho a privatizar», concluye Sánchez-Bayle. La consecuencia, añade, es «una deuda sanitaria de la Comunidad de Madrid que asciende a 1.700 millones de euros durante 2011». Otro factor es lo que el 15-M denomina las «puertas giratorias», es decir, el trasiego de personal entre los sectores público y privado. Manuel Lamela, consejero de Sanidad entre 2003 y 2007, presentó en el verano de 2011, en calidad de presidente, «Madrid Centro Médico», una asociación formada por los principales hospitales privados de Madrid para potenciar el turismo sanitario «de excelencia». El consistorio madrileño y el gobierno autonómico apoyaron la iniciativa con subvenciones y líneas de crédito. Juan José Güemes, quien ocupó el mismo cargo hasta 2010, es consejero de la multinacional suiza UNILABS de diagnósticos médicos, uno de los principales laboratorios en este campo. ¿Para quién se gobierna?
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