Cerca de 680.000 kilómetros cuadrados de bosque amazónico han sido deforestados desde 1988 en lo que se conoce en Brasil como «la frontera agrícola», un gigantesco arco que rodea el flanco sur del Amazonas y va desde el Estado atlántico de Maranhao, en el nordeste de Brasil hasta Acre, en la frontera con Perú y […]
Cerca de 680.000 kilómetros cuadrados de bosque amazónico han sido deforestados desde 1988 en lo que se conoce en Brasil como «la frontera agrícola», un gigantesco arco que rodea el flanco sur del Amazonas y va desde el Estado atlántico de Maranhao, en el nordeste de Brasil hasta Acre, en la frontera con Perú y Bolivia; atravesando Pará, Mato Grosso y Rondônia.
El 85% de esa superficie deforestada, en torno a 640.000 kilómetros, ha sido ocupada por plantaciones de soja, mientras prácticamente todo el resto, el 12%, está siendo dedicado a la cría de ganado vacuno.
Gracias a ello, Brasil se ha convertido en apenas dos décadas en la primera potencia agropecuaria del mundo, y en el principal exportador de soja y carne de vaca.
«El crecimiento económico es la principal causa de la deforestación del Amazonas», ha señalado una y otra vez la ministra de Medio Ambiente del Gobierno de Lula, Marina Silva, quizá para tratar de desviar las críticas que han caído sobre su labor al frente del Ministerio.
No es fácil la posición del Gobierno brasileño, que ha encontrado en la expansión del agronegocio la principal fuente de desarrollo para los estados del interior del país, pero que por otro lado se ve presionado por los ecologistas y los miembros del Movimiento Sin Tierra para que cambie radicalmente el actual modelo de explotación agropecuaria.
Un modelo que no sólo está devorando el Amazonas sino que además deja fuera del sistema a miles de campesinos o, lo que es peor, utiliza a miles de ellos como mano de obra esclava.
En el interior de Brasil, como desde los tiempos del Imperio, quienes mandan son los fazendeiros, propietarios de enormes extensiones de terreno que conservan además una enorme influencia en el Congreso y el Senado de Brasilia. Ejemplo de ello es la figura de Blairo Maggi, gobernador del Estado de Mato Grosso, en el centro-oeste del país, que año tras año presenta los mayores índices de deforestación de selva amazónica y es responsable del 48% de la misma.
Maggi está considerado, además del principal político de esta región, el «rey de la soja», pues es el mayor exportador de este producto. En el año 2003, cuando Maggi asumió el poder, su compañía facturó 58 millones de dólares, un 28% más que en el año anterior. Según las encuestas, Maggi volverá a ganar con el 66% de los votos el Gobierno de Mato Grosso en las elecciones del próximo 1 de octubre. «Voy a votar por él. Es el único de los políticos que trabaja duro y además, como ya es muy rico, no necesita robar», dice Aylton da Vila, que trabaja como guía turístico en la región.
Fruto del crecimiento económico abanderado por gente como Blairo Maggi y de los incentivos ofrecidos por el Gobierno brasileño al cultivo de la soja y la cría de vacuno en el año 2003 se talaron 26.130 kilómetros cuadrados de la Amazonía, la segunda mayor tala de la historia, lo que provocó fuertes críticas por parte de los movimientos ecologistas a un Gobierno del presidente Lula al que hasta entonces se había visto como una esperanza para el freno a los desmanes ecológicos en el norte del país. El Partido Verde retiró entonces su apoyo al Gobierno de Lula.
Otro de los grupos políticos que ha retirado su apoyo al Gobierno del PT por su política agraria es el Movimiento de los Sin Tierra, cuya ala más radical protagonizó en junio un sonado asalto al Parlamento de Brasilia para exigir la reforma agraria que Lula les había prometido. Durante el Gobierno del Partido de los Trabajadores el MST ha acometido más invasiones de tierras que nunca, al tiempo que sus afiliados se estiman ya en un millón y medio de campesinos.
Si el MST y el Partido Verde han abandonado a Lula por su política agraria, al menos la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido los esfuerzos del Gobierno del PT por reducir la presencia del esclavismo -prohibido desde 1888- en sus haciendas. De 1995 a 2005, 18.000 esclavos han sido liberados en Brasil, la práctica totalidad de ellos durante el Gobierno Lula.