La iniciativa Yasuní, presentada por Alberto Acosta, ministro de Energía y Minas de Ecuador, recogiendo las propuestas de varias personas y organizaciones de la sociedad civil, fue asumida por el presidente de la República, Rafael Correa, en la sesión del Directorio de Petroecuador, del 30 de marzo del 2007. De esta manera, el presidente Correa […]
La iniciativa Yasuní, presentada por Alberto Acosta, ministro de Energía y Minas de Ecuador, recogiendo las propuestas de varias personas y organizaciones de la sociedad civil, fue asumida por el presidente de la República, Rafael Correa, en la sesión del Directorio de Petroecuador, del 30 de marzo del 2007. De esta manera, el presidente Correa congeló las pretensiones de la empresa estatal petrolera de empezar inmediatamente el proceso de licitación para la extracción del crudo en el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini.
El boletín de prensa del Ministerio de Energía fue muy claro:
«Se aceptó como primera opción la de dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo».
De esta declaración se deducen dos cosas. Desde la perspectiva presidencial, siempre había una segunda opción: extraer el petróleo. Los objetivos de conservación de la biodiversidad de Yasuní y de respeto al territorio de los pueblos en aislamiento voluntario deberían garantizarse en la medida en que se obtenga una compensación internacional estimada en ese entonces de 350 millones de dólares. Adicionalmente, la primera opción, la de dejar el crudo en el subsuelo, suponía concentrar en ella los esfuerzos prioritarios y, sobre todo, ser coherente con ella.
Mantener bajo tierra el crudo del campo ITT tiene importantes implicaciones éticas, imposibles de cuantificar en términos monetarios. En primer lugar, evitaría la extinción del pueblo Waorani, cuya subsistencia se ha basado en la caza, recolección y agricultura itinerante. Sin embargo, la explotación de los bosques y la actividad petrolera han afectado irreversiblemente a la mayor parte de esa población. Los Tagaeri y los Taromenane, pertenecientes a esta cultura, han optado por el aislamiento voluntario y sobreviven en la zona intangible al sur del Parque Yasuní.
La propuesta evitaría la emisión de 407 millones de toneladas métricas de CO2. Más todavía, evitaría los efectos de la deforestación y contaminación causada por la explotación petrolera, que acarrearía la afectación de un ecosistema constituido desde 1979 como Parque Nacional y declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera en 1989. Las reservas del ITT se encuentran bajo una de las áreas de mayor biodiversidad del Planeta, que alberga no menos de 165 especies de mamíferos, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1.130 de árboles y 280 de lianas, sin contar con innumerables especies de invertebrados todavía no estudiados.
Las reservas del ITT alcanzan, de acuerdo a las últimas estimaciones, 846 millones de barriles recuperables de crudos pesados (14,7° API) que se explotarían durante alrededor de 13 años, a razón de 107.000 barriles diarios, a partir del quinto año, a menos que se aplique la recuperación temprana, y luego de que hubiese culminado satisfactoriamente un proceso de licitación petrolera.
A los dos años de presentada la propuesta, es necesario evaluar que ha pasado con esta iniciativa. Con el decreto 1579, del 5 de febrero del 2009, se abre un plazo indefinido para lograr la compensación demandada y se encarga al Ministerio de relaciones Exteriores la continuidad de las acciones. A la cabeza de este ministerio está Fander Falconí, una persona que conoce y comprende la propuesta y que ha mantenido públicamente su compromiso con la iniciativa. Esto sin duda abre un importante espacio para la viabilidad y recuperación de la iniciativa.
Sin embargo es necesario una mirada de conjunto y analizar cuál ha sido el apoyo político, la claridad de las acciones desplegadas y la misma estrategia de acción, en relación al Yasuní/ ITT.
Una de cal, otra de arena en la acción gubernamental
Luego del posicionamiento del presidente Correa en el directorio de Petroecuador, hay dos hitos importantes a favor de la propuesta ambientalista: la presentación por parte del presidente de la Política de Protección a los Pueblos en Aislamiento Voluntario, en abril del 2007, y la presentación oficial de la Iniciativa ITT en el Palacio Presidencial, por parte del mismo presidente, en junio del mismo año. La opción de no explotar el crudo ha sido además parte destacada del discurso del presidente Correa en el exterior, tanto cuando se conformó la UNASUR, como en las Naciones Unidas, en la Cumbre de Presidentes en Caracas, en la OPEP y en el reciente Foro Social Mundial. Esta iniciativa le ha traído múltiples reconocimientos a nivel internacional, y sonoras ovaciones al presidente Correa.
Sin embargo, en un ejercicio que raya con la esquizofrenia, cada uno de los pasos dados en dirección a salvar el Yasuní, han estado acompañados de otras señales de igual fuerza, en apoyo a la opción petrolera… Aquí podemos destacar la firma del memorando de entendimiento para explotar el ITT con las empresas estatales Petrobras (Brasil), Sinopec (China) y Enap (Chile), el mismo mes de marzo del 2007, así como la licencia ambiental entregada a Petrobrás para entrar al bloque 31 (vecino del ITT), las propuestas presidenciales en China e Irán para negociar los campos petroleros ligados al ITT, los reiterados anuncios de que ya se iniciarían las actividades de exploración y, por cierto, la permanente descalificación a los grupos ecologistas que son los más entusiastas con esta propuesta.
La opción de no explotación del crudo, por decir lo menos, ha tenido un deambular errático. Del Ministerio de Energía y Minas, en donde se fraguó esta iniciativa, pasó a la Vicepresidencia de la República. En poco tiempo migró a la Cancillería. A momentos parecía una papa caliente que nadie quería recibir. Sin embargo, aunque en el Ministerio de Relaciones Exteriores parecería haber adquirido una mayor institucionalidad, desde la perspectiva conceptual la propuesta sufrió una profunda metamorfosis. Esto aumentó la confusión entre quienes tenían interés por defender la vida en el ITT.
Allí se ligó esta iniciativa a un sistema de canje de deuda que era al mismo tiempo endeudamiento, luego a la emisión de bonos de carbono y después a la emisión de unos bonos que deberían ser aceptados como bonos de carbono a pesar de no serlo. Su consistencia estaba, por decir lo menos, enredada en las contradicciones conceptuales de una propuesta confusa: por una parte crítica con los mecanismos de mercado de Kyoto y por otra enmarcada dentro de ellos… Esta falta de definición no ha permitido hasta ahora disponer de un mecanismo claro para captar los recursos financieros ofrecidos desde hace rato. A eso se suma la ambigüedad del accionar presidencial.
La viabilidad de la opción de no explotación del crudo depende de las garantías que se ofrezcan a quienes quieran hacer donaciones, de asegurar el uso eficiente y correcto del dinero que se recaude, y de garantizar la intangibilidad de las reservas petroleras una vez cristalizado el proyecto. Hasta ahora no hay un certificado que respalde las donaciones. Por igual pesa en el proyecto la falta de dialogo con la sociedad civil ecuatoriana e internacional, que deberían ser los pilares más sólidos de esta iniciativa verdaderamente revolucionaria.
La opción de explotar el petróleo, mientras tanto, ha avanzado. Primero se pensó entregar el campo a Petrobrás, recordemos que el bloque 31 era un proyecto clave para el ITT, por eso insistieron tanto en la licencia ambiental del bloque 31. (Los brasileros, con su mira en el crudo del ITT, consolidaron el 117 en Perú[2] y establecieron un convenio para la evaluación técnica con Pluspetro en 6 bloques a lo largo del río Marañón en Perú[3]). Incluso recordemos la firma del memorando de entendimiento, mencionado anteriormente. Sin embargo Petrobrás cambió de prioridades, tanto por la crisis económica, como por el descubrimiento del Presal, un inmenso yacimiento en aguas profundas brasileñas.
En respuesta Petroecuador centró sus esfuerzos en generar el interés de otras empresas. Se consolidó la posibilidad de una producción temprana, evitando que se maneje al ITT como un bloque aislado, y buscando «sinergias» que aprovechen la infraestructura existente en el Bloque 15 de Petroamazonas. Para poder mover el crudo pesado del ITT se encontró una fuente de crudo liviano en el campo Pañacocha.[4] Eso explicaría la decisión oficial de entrar -a cualquier costo- en Pañacocha a pesar del rechazo de la población.
Nuevamente en el directorio de Petroecuador, del 20 de noviembre del 2008, el mismo presidente Correa, acogiendo una propuesta técnica, señaló que se podría quitarle una T al proyecto ITT, para arrancar, al menos en una parte del campo, con la explotación temprana. La propuesta de no explotar el crudo quedaría reducida a Ishpingo y Tambococha. Se crearon las condiciones para empezar la explotación petrolera en cualquier momento.
Pero la historia continua, a la nueva ley minera que consagra la continuidad del modelo extractivista correspondía alguna media fuerte, bajo la lógica de una cal y otra de arena, y esta llegó con la prorroga por un plazo indefinido la iniciativa ITT.
Una propuesta vigente
A pesar de las señales oficiales contradictorias, de las sorpresas y las decepciones, la propuesta de mantener el crudo en el subsuelo tiene una fuerza gigantesca. El qué, quién, y porqué se ha mantenido viva la opción de no sacar el petróleo del Yasuní se explica por varias razones:
1) Diversas voces que dieron y dan credibilidad a la propuesta, como la del propio Alberto Acosta, quien tanto en su calidad de ministro como de presidente de Asamblea Constituyente se mantuvo como un vocero calificado, así como la de varios funcionarios gubernamentales que se han empeñado en mantener vigente las expectativas a pesar de las señales contradictorias.
2) La nueva Constitución que establece una serie de restricciones a la opción petrolera. Ya no es posible hacer operaciones sin antes contar con una aceptación de la Asamblea Nacional y eventualmente del conjunto de la ciudadanía, a través de una consulta popular (Artículo 407). En la Constitución de Montecristi, además, queda explícitamente establecido que afectar el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario puede configurar un delito de genocidio. (Artículo 57). Estos pueblos cuentan ya con medidas cautelares otorgadas el 10 de mayo del 2006, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3) La sociedad civil, bajo la Campaña Amazonía por la vida y con el lema El Yasuní depende de ti…con un trabajo permanente, ha ido posicionado un sentido de pertenencia, de fascinación y de responsabilidad frente al Yasuní.
4) Y, no hay que olvidar, la caída de los precios del petróleo provocada por la crisis financiera internacional. El valor presente neto de la renta esperada para el Estado por la explotación del ITT ha declinado de 11.000 millones de dólares (unos 847 millones anuales)[5] a 1.290 millones de dólares (unos 99 millones anuales), para un precio del barril de crudo WTI (mucho menos pesado que el del ITT) de 40,9 dólares[6]
Un creciente cuestionamiento al modelo extractivista, y a lo que hoy se denomina «el desarrollismo senil» crece en el país. Las pasadas movilizaciones indígenas, más que una simple protesta en contra de la ley de minería, fueron expresiones en ese sentido. Los habitantes del Ecuador conocemos los daños provocados por las operaciones petroleras. Estos daños, llamados por el economistas «pasivos ambientales» desmontan el discurso de «gran oportunidad». Del juicio contra la Chevron-Texaco no solo tenemos las imágenes y testimonios de lo desastroso de estas operaciones, sino que hoy sabemos el alto costo de la reparación, hoy calculada en 27.000 millones de dólares (es decir 9 veces más de lo demandado por el presidente Correa como compensación para no explotar el Yasuní).[7]
Aunque las posiciones contradictorias golpearon a la iniciativa ITT a nivel internacional, se han logrado posiciones favorables de varios parlamentos (particularmente el Parlamento Alemán) y de varias organizaciones de la sociedad civil. Sobre todo parlamentarios de diferentes países, que han expresado su entusiasmo a favor de proteger el Yasuní, y esperan que el gobierno del Ecuador determine los procedimientos para poder cristalizar su apoyo.
En este punto es bueno constar que esta iniciativa tuvo eco en otras regiones petroleras en el mundo. Hay varios países trabajando en propuestas similares, buscando ser compensados de alguna forma para no extraer el crudo y contribuir con esto a evitar el calentamiento global. La propuesta de Nigeria[8], por ejemplo. Tan hondo ha calado esta iniciativa que George Monbiot, conocido analista petrolero, escribió a propósito de la reunión de Cambio Climático de diciembre del 2007:
«Señoras y señores, ¡tengo la respuesta! ¡Por increíble que parezca, me he topado por casualidad con la única tecnología que nos salvará del cambio climático desenfrenado! Sin patente, sin letra chica, sin cláusulas escondidas. Esta tecnología -una nueva forma radical de capturar y almacenar carbono- ya está causando revuelo entre los científicos. Es barata, es eficiente, y se puede aplicar de inmediato. Se llama… dejar los combustibles fósiles en el subsuelo.»
Repensar el concepto y la estrategia de la iniciativa
La propuesta Yasuní continuará vigente, tanto por que hay un decreto que así lo establece, como porque ya no es solo ecuatoriana. Sin embargo, aún es necesario resolver dos temas críticos. Uno, la falta de un concepto claro para cristalizar la propuesta. Y dos, la ausencia de una verdadera estrategia para la acción.
En relación al primer punto, hay que retomar el camino de la conceptualización política por encima de la relación de mercado. Este es un tema central a la hora de hablar de la consistencia de la propuesta. Es necesario recargar de contenido la iniciativa, recuperar las motivaciones iniciales, dotar de claridad a la propuesta.
El mercado del carbono es un mercado poco fiable y que probablemente terminará desapareciendo, como sucedió con la venta de parcelas en la luna.[9] Es imposible que el mercado de carbono pueda extender títulos de propiedad sobre situaciones no verificables, como son las cuotas de carbono y las funciones de la Naturaleza. En este tipo de mercantilización se cometen abusos imperdonables, como son tratar de extender derechos sobre los bosques o declararse dueños arbitrariamente de la atmósfera. El negocio depende de la cantidad de títulos que se colocan en el mercado. Allí también la especulación ha echado raíces. El mercado de créditos de emisiones, imposibles de verificar, está saturado. Este sistema de comercio se ha convertido en una burbuja similar a la que motivó la crisis económica mundial.
Por lo demás resulta una farsa este modelo. Se renuncia a la justicia. Se premia a quién más contamine. Y no sólo eso, se permite que se siga contaminando. Se trata de negocio sucio, pues en el mercado no rigen normas de solidaridad, ni de responsabilidad. Pero, además, es un mal negocio reconocido por muy diferentes sectores:
– Wall Street Journal, en marzo de 2007, reconoció que el comercio de emisiones «dejará ganancias a algunas empresas muy grandes, pero no crean ni por un minuto que esta charada será de alguna utilidad para resolver el calentamiento global». El comercio de carbono es una «búsqueda de ganancias al viejo estilo… ganar dinero haciendo trampa al proceso de regulación».
– Newsweek, también en marzo del 2007, afirmó que este mercado «no está funcionando… (y que representa) un camino groseramente ineficiente de reducción de las emisiones en el mundo en desarrollo». Es un comercio comparable al fraudulento «juego de las tapitas», que ha transferido «3 mil millones de dólares a algunos de los peores contaminadores de carbono en el mundo en desarrollo».
– The Guardian en junio del 2007: «la verdad sobre Kyoto -ganancias enormes, y un poquito de carbono ahorrado… Abuso e incompetencia en la lucha contra el calentamiento global… La verdad inconveniente sobre la industria de las compensaciones de carbono».
Cuando se trabajaba, en la misma arena internacional, por la superación del racismo, hubo hasta quienes apostaron a las medidas de mercado y se destinaron fondos al pago por la libertad…desgraciadamente los rescates pagados se convirtieron en incentivos para los mercaderes para elevar la cotización de sus esclavos.
Al igual que la lucha a favor de la igualdad, la lucha a favor de la justicia climática, ha empezado. Ya se habla con fuerza y cada vez con menos evasivas del crimen que supone poner en riesgo la vida del planeta. En cuanto al cambio climático, también está incorporado un concepto de justicia. La justicia climática implica enfrentar la desigual distribución de los impactos de los desastres del clima así como de los beneficios económicos generados por el modelo que causa el cambio climático. Los países del Norte han acumulado riquezas económicas a costa de la naturaleza y del empobrecimiento de los pueblos del Sur, quienes a su vez son las víctimas del calentamiento global.
La próxima cumbre de Copenhague, en diciembre del 2009, será un nuevo momento de negociaciones, en donde dependiendo de la fortalezca y claridad de las propuestas, se pueden lograr saltos cualitativos trascendentes. Ya basta de parches. El mundo requiere soluciones radicales y estructurales. Para esto habrá que llegar con una propuesta consistente que permita dejar el crudo en tierra en el Yasuní y caminar hacia la justicia climática.
Si por un lado hay que discutir nuevamente el concepto básico de la propuesta, por otro, simultáneamente, es urgente redefinir la estrategia de acción. Hay mucho espacio para desarrollar la propuesta de Yasuní, de no explotar el crudo en el subsuelo. Se puede buscar su posicionamiento en las discusiones de las Naciones Unidas. Se puede motivar a los diversos fondos de la cooperación internacional. Se puede apelar incluso al sentido común y a participación de la sociedad civil internacional. Pero esto implica mucha coherencia dentro y fuera del país. Y para lograrlo no se debe jugar arbitrariamente con las dos opciones: dejar el crudo en tierra o explotarlo. Sería intolerable, que después de este manejo ambiguo del gobierno ecuatoriano, se pretenda endilgar del fracaso a los potenciales donantes sean o no gubernamentales, y menos aún a los ecologistas…
La iniciativa de salvar el Yasuní carece de futuro si no se dan pasos afirmativos dentro del país para ir superando el modelo extractivista y si la misma iniciativa no forma parte de una agresiva política exterior del gobierno ecuatoriano. Se requiere consistencia en la acción dentro y fuera del Ecuador, no solamente discursos presidenciales.-
Por Esperanza Martínez, campaña Amazonia por la Vida – Revista Tendencia – FES – ILDIS
Notas:
[1] Esperanza Martínez es Miembro de Acción Ecológica y coordinara de la Campaña Amazonía Por la Vida
[2] El bloque 117 fue suscrito el 2006, afecta la reserva natural Guepi y limita con la frontera ecuatoriana.
[3] Petrobras y Pluspletro suscribieron la participación cada una del 50% en 6 áreas, de la XXVI al XXI en 5, 7 millones de hectáreas.
[4] Para sacar 44MBP del Tiputini que tiene 14.7 grados API requerían 35 MBD del Eden Yuturi, 19.8 API, 17 MBP de Pañacocha de 24 grados API de acuerdo al Estudio de Visualización para el desarrollo del Bloque ITT preparado por la ESPE y NCT de julio del 2008
[5] En abril del 2007 se hablaba de una ganancia neta de 700 millones al año
[6] La cifras son al 22 de diciembre de 2008
[7] El costo es el presentado por el perito de la Corte en el 2008, como un estimado de lo que Chevron debería pagar dentro de la demanda.
[8] En este caso, se calcula que lo que se obtendría de las nuevas operaciones petroleras sería equivalente 156 dólares al año por ciudadano nigeriano, y que quienes no puedan pagarlo por estar bajo la línea de extrema pobreza, podrían ser ayudados por la cooperación internacional
[9] La llamada Embajada Lunar, de origen norteamericano, fundada en 1980 por Dennis Hope, ofrecía al mercado un acre de la Luna (0,405 hectáreas) a 37 dólares (30 euros).
¿Que puedo hacer yo?
Firme la petición para detener las odiosas operaciones petroleras dentro de Yasuní