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Del republicanismo sentimental al radical

Fuentes: Rebelión

Aunque ambos fueron publicados el pasado enero, me parece oportuno recuperar, ahora que se celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución y que la «nueva política» parece acordarse del «viejo republicanismo», dos artículos de opinión aparecidos en sendos medios «de prestigio». Entonces, casi al mismo tiempo que El País nos dejaba ojipláticos con el artículo […]

Aunque ambos fueron publicados el pasado enero, me parece oportuno recuperar, ahora que se celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución y que la «nueva política» parece acordarse del «viejo republicanismo», dos artículos de opinión aparecidos en sendos medios «de prestigio». Entonces, casi al mismo tiempo que El País nos dejaba ojipláticos con el artículo «Una Monarquía meritocrática«, El Mundo presentaba en su tribuna otro titulado «Contra la nueva leyenda negra«. Ambos artículos están escritos por miembros «notables» de la elite cultural patria. El primero lo firma un Catedrático de Universidad. El autor del segundo es escritor, y fue Ministro de Cultura. Ambos comparten la idea de que la Monarquía tiene una legitimidad de ejercicio basada en su utilidad. Ambos artículos juegan a componer oxímoros que parezcan viables: la monarquía meritocrática por un lado, la monarquía republicana por el otro. El trile conceptual subyacente, tras el cual ya no es posible caracterizar con precisión qué es una república, una monarquía o una democracia, es de tal importancia política que hasta ha recibido sanción politológica.

En estos oxímoros se condensa la permanente operación de propaganda que trata de distorsionar la historia del republicanismo español. Una historia que es trágica pero muy reveladora, puesto que cada episodio de la misma demuestra que monarquía hispánica y justicia social son radicalmente incompatibles, al menos, de 1808 en adelante. Distorsionar la historia del republicanismo español y sus derrotas es el único modo de hacer presentable a una oligarquía con un paupérrimo sentido del bien común. Por eso tiene sentido analizar esos dos oxímoros, y su trasfondo común, con un poco más de detalle.

En España el republicanismo está netamente sentimentalizado. En parte esto es inevitable, porque el republicanismo moderno es un proyecto político imposible. El republicanismo toma nota, con preocupación, de cómo el capitalismo transforma de raíz el orden social y disuelve los lazos sociales que estructuran en las sociedades tradicionales «lo común». La disolución de lo común produce dos nuevas grandes clases sociales enfrentadas y cuyos intereses armoniza, de entrada, el mercado. Esa armonización es inicua e insuficiente. No puede sostenerse sin violencia y sin un amplio repertorio de mecanismos extraeconómicos. Sin embargo, con muy buenas intenciones, lo que propone el republicanismo moderno es que el entramado institucional del Estado opere no solo como árbitro y gendarme sino como un mediador integral que restablezca por otra vía eso común que el capitalismo anula. El problema del republicanismo es el germen del socialismo: el Estado republicano quiere convertirse en el «Estado de todos» pero no puede dejar de ser un Estado burgués. El ideal república plena que mantenga inalterados los fundamentos de la lógica económica capitalista es una quimera que no se sostiene sin altas dosis de ideología, que deben crecer al tiempo que se agrave ese defecto estructural del republicanismo. La emblemática República Francesa es un ejemplo perfecto de todo esto. El discurso sentimental sobre la unidad de la República, tan parecido a pesar de todo al que aquí escuchamos sobre la unidad de España ha adquirido un peso ideológico creciente. Esto ha sucedido conforme se ha ido agravando, como efecto de la crisis de 2007 y la solución austericida, la doble fractura socioeconómica que pone a Francia en apuros desde hace décadas: el racismo institucionalizado y la polarización campo-ciudad.

Lo peculiar del caso español es que el republicanismo aquí no sea más que un sentimiento. Lo que es idéntico a decir que no es nada. Eso depende en parte de la historia política de España. Es preciso recordar que la Primera República española llega de rebote, casi sin ganas, y que la Segunda República se declara en las ciudades, llevando a las zonas rurales a remolque. Si vamos en busca de una explicación un poco más profunda, daremos con un Estado construido con los mimbres de un imperio que se desmorona y a través de diversas oleadas de colonización interna de un territorio donde, en general, la acumulación capitalista es débil. Aunque desde luego la construcción de un Estado-nación siempre es un proceso turbulento, conflictivo, que deja cabos sueltos, en el caso de España los factores adversos eran un tanto particulares. Conservar la unidad territorial en un imperio cada vez más disminuido y cuya metrópolis no se había constituido como nación en sentido estricto fue posible porque permanecieron reconocidas grandes asimetrías y porque el catolicismo funcionó muy bien como matriz ideológica común.

Los republicanos españoles eran muy conscientes de que a nuestro país le quedaba todo (o casi) por hacer en ese proyecto, probablemente irrealizable, de convertir efectivamente al Estado en un mediador capaz de construir modernamente lo común. Su tarea era traducir y adaptar las ideas republicanas a un país en el que los modos de vida tradicionales resistían los envites de la modernización al mismo tiempo que eran reos del tradicionalismo católico. En última instancia, pues, no estábamos preparados para resistir con eficacia al paso del tiempo y a dinámicas político-sociales de alcance mundial pero tampoco para subirnos intrépidamente al «tren del progreso». No es baladí en ese sentido que los Gobiernos progresistas de la Segunda República se preocuparan especialmente por las zonas rurales: eran perfectamente conscientes de que la falla campo-ciudad ponía en serio peligro el proyecto republicano. Lo mismo cabe decir de las aspiraciones nacionales de los distintos pueblos del post-imperio español, y del intento de la Segunda República por darles salida. Y de los esfuerzos por acotar el poder de la Iglesia Católica.

La Guerra Civil, la Dictadura, la Transición y el Posfranquismo han reducido a la nada, tal vez sin remedio, ese proyecto. Han agudizado las diferencias campo-ciudad, y las han moldeado y puesto al servicio de un sistema electoral que las reproduce. Y al mismo tiempo han reforzado e institucionalizado diferentes formas de caciquismo. También han dado a la cuestión nacional una solución problemática e insatisfactoria, impidiendo por la fuerza cualquier salida mínimamente decorosa. Han mantenido y reforzado los privilegios de la Iglesia Católica. Han convertido al Estado en una institución que media entre oligarquías (territoriales y sectoriales), y han recurrido a la Corona para que cumpla el rol, simbólico y práctico, de dotarlas de unidad y facilitar su coordinación.

Este arreglo constitucional, que en parte no desdeñable tomó forma ya durante la Dictadura, tenía que terminar de instalarse tras la muerte de Franco. La continuidad debía disfrazarse de cambio, y la Transición fue el proceso político conflictivo en el que unos trataban de conseguir una transformación real mientras otros componían el disfraz. Como parte de esa operación político-ideológica, era necesario anular políticamente al republicanismo, puesto que lo que se estaba institucionalizando era cualquier cosa menos una república. La estrategia que se siguió para hacerlo, probablemente porque el terreno estaba abonado para ello tras cuarenta años de franquismo, fue la sentimentalización: en vez de restaurar la legitimidad de la Segunda República y denunciar el golpe de Estado frustrado que desató la Guerra Civil, se consagró el relato sentimental de la guerra y se renovó la legitimidad del golpe fascista.

La crisis política de este modelo se lleva incubando desde hace mucho. Probablemente su primera fase fue el derrumbe político del «felipismo», con los GAL, la corrupción galopante, la reconversión industrial, la adhesión a la UE en el 86 (que Concha Velasco celebró cantando) y Maastricht en el 92… La segunda fue el «aznarismo», entre cuyos hitos tenemos la adopción del euro, la ley de partidos, la Guerra de Irak… La tercera fase coincide con el primer gobierno de Zapatero, que consiguió temporalmente recomponer al PSOE gracias al enfrentamiento permanente con la oposición aznarista. En estos años se produce, por ejemplo, la polémica reforma del Estatut, que es en parte el origen del actual conflicto territorial, al tiempo que colean procesos políticos que habían empezado antes, notablemente la aplicación de la ley de partidos a la izquierda abertzale. La cuarta fase es la que abre la crisis económica. Opera de nuevo «Gran Coalición» PP-PSOE para garantizar la aplicación en España de los dictados de Bruselas y se produce un nuevo giro autoritario que engrasa la política de recortes, aplicando en el conjunto del Estado prácticas antes probadas en el País Vasco. En las tres primeras fases las distintas fisuras de nuestro orden oligárquico (el abandono de las zonas rurales, la cuestión nacional, las debilidades del sistema productivo, la falta de legitimidad de la monarquía…) se sacudían separadamente, y el relativo control sobre unas ayudaba a gestionar las otras. En la fase actual han estallado todas a la vez, retroalimentándose entre sí.

La Monarquía es la clave que sostiene una estructura oligárquica compleja. Ha sido la primera fisura que el régimen se ha apresurado a soldar, mediante la sucesión y una potente maquinaria propagandística de la cual los artículos citados al inicio son un producto. Ello es una prueba de su importancia sistémica y de su debilidad. Así, y aun aceptando la dudosa posibilidad teórica de que una monarquía parlamentaria pudiera de facto funcionar como una república, hay razones de peso para afirmar que España no es un ejemplo de ello ni podrá serlo. Al hilo del modo en que Felipe VI intervino públicamente tras el referéndum del 1 de octubre ya presenté algunos argumentos a este respecto. Sí podríamos llegar a ver, sin embargo, una oligarquía española sin monarquía, siendo esta la única verdad que porta el discurso de la «monarquía útil»: una monarquía inútil sería perfectamente prescindible. La Monarquía es la pieza clave, sí, pero in extremis es sustituible.

En un contexto como el nuestro, el republicanismo sentimental es un recurso políticamente inútil para la izquierda española. En el mejor de los casos supone un as en la manga de la oligarquía que, si se diese la circunstancia, podría prescindir de la Corona preservando inalterado todo lo demás. En el peor, y más probable, es la desactivación práctica del potencial político que podría tener un republicanismo radical.

Cuestión distinta, pero con el mismo fondo, es la función del republicanismo sentimental en el seno de la Unión Europea. La UE puede parecer el germen de una república continental solo bajo la condición de que el republicanismo haya sido previamente sentimentalizado para así ocultar una realidad muy distinta. Una realidad intelectualmente esbozada mucho antes de que se constituyera la CECA o se firmase el Tratado de Roma. Baste como ejemplo clarividente un texto de Ernst Jünger, La Paz , que de acuerdo con la nota editorial fue bosquejado en 1941, difundido en copias a mano y a máquina desde 1944, e impreso por vez primera en 1945. En el parágrafo 12 del capítulo II de este breve ensayo Jünger enuncia los rasgos básicos de una hipotética «Constitución europea».

«[H]ay dos principios supremos», comienza Jünger, «que habrán de cobrar expresión en la Constitución, cualquiera que sea el modo como esté estructurada. Esos dos principios son el principio de la unidad y el principio de la diversidad». Después añade: «En la unión de esos dos principios hallarán a la vez su conciliación las dos grandes direcciones que la democracia ha tomado en nuestro tiempo, de un lado el Estado autoritario, y de otro el Estado liberal». Es decir, que la Constitución europea será lo que fuere, pero no desde luego una constitución democrática ni republicana en sentido preciso. A la luz de lo ocurrido desde 1950 en adelante, el texto de Jünger parece ser casi profético en sus detalles, o el libro de cabecera de los promotores de la UE:

«Habrá que separar, pues, los estratos que resultan adecuados a ambas formas políticas. Las formas del Estado autoritario de orden resultarán apropiadas en aquellos asuntos donde cabe organizar técnicamente a las personas y las cosas. La libertad habrá de reinar, por el contrario, en aquellas cosas donde lo que domina es un crecimiento orgánico profundo. […] Todo lo que atañe a la técnica, a la industria, a la economía, a las comunicaciones, al comercio, a las unidades de medida y a la defensa, todo eso habrá que organizarlo unilateralmente. Esas diversas ramas son como las grandes carreteras y vías férreas que atraviesan cual radios un imperio, y que son iguales en todas las comarcas y provincias, cualquiera que sea la naturaleza del país y de sus gentes. Como hijos de su tiempo y como miembros de un mundo civilizado los seres humanos podrán moverse por ellas sin tropezar con fronteras y en todas partes se encontrarán como en su casa. La libertad habrá de reinar, por el contrario, en la diversidad – en aquellos asuntos donde los pueblos y los hombres son distintos. Esto rige para su historia, para su lengua y su raza, para sus costumbres, usos y leyes, para su cultura, su arte y su religión».

Jünger llega incluso a prever el entusiasmo europeísta de los regionalismos, aunque no los riesgos de que ese entusiasmo pueda mutar en desafección:

«Dentro de ese marco florecerán con más vigor que hasta ahora tanto los pueblos grandes como los pequeños. Al extinguirse la competencia entre los Estados nacionales podrá el alsaciano, por ejemplo, vivir como el alemán o como el francés, sin verse forzado a ser lo uno o lo otro. Y sobre todo podrá vivir como alsaciano tal como le plazca. Será un volver a ganar libertad, que se hará visible hasta en los fragmentos de los pueblos, hasta en las etnias y las ciudades. En la casa nueva uno podrá ser bretón, güelfo, vendo, polaco, vasco, cretense, sardo o siciliano con más libertad que en las casas antiguas».

El republicanismo sentimentalizado es la forma ideológica que permite ver como un modo de democracia la combinación, en distintos estratos, de autoritarismo y liberalismo. Es la forma ideológica que justifica la homologación de una monarquía parlamentaria directamente surgida de una dictadura filofascista. Es la forma ideológica a la que trata de recurrir Macron para justificar el sacrificio de mecanismos básicos de nivelación socioeconómica en favor de los dictados técnicos de la austeridad presupuestaria.

Por eso cuando Josep Borrell sugiere, en diálogo con Heiko Maas , que la adhesión ciudadana a la Unión Europea puede construirse a través de mecanismos como una prestación comunitaria de desempleo suena tan ridículo como Pablo Casado queriendo ver un » Viva el Rey » tras cada acto burocrático cotidiano. Por eso la Unión Europea ha desatendido presupuestariamente el mejor recurso del que jamás ha dispuesto para constituir algo así como una identidad europea, que es el programa Erasmus. Al no garantizar económicamente la movilidad de todos los jóvenes europeos durante sus estudios, y al no establecer mecanismos de supervisión del grado de integración de los estudiantes visitantes en las universidades de destino, han hecho de ese programa algo solo accesible para las clases acomodadas. Este es, por lo demás, un sesgo clasista que se reproduce también en el caso general de la libre circulación de personas.

Ahora bien, aunque el republicanismo moderno sea, como se ha dicho al comienzo, un proyecto político imposible, el republicanismo radical puede ser una matriz política interesante. Ese interés se explica por el hecho de que el republicanismo radical es consciente de las contradicciones internas del proyecto republicano. En su comprensión de la política, la economía y el derecho el republicanismo radical respeta y acepta el lugar que ocupan la excepción revolucionaria y la revuelta popular. Por eso mismo el republicanismo radical también tiene en cuenta que la reconstrucción de lo común solo puede tener efectos duraderos si no depende de la mediación de los aparatos estatales. En definitiva, frente al republicanismo sentimental que en la intimidad de su conciencia preferiría tener un presidente de la república igualmente útil para la oligarquía, un republicanismo radical y consecuente ha de buscar que la monarquía devenga inútil porque han cambiado los intereses y preocupaciones de la sociedad en su conjunto. Esto, Pablo Iglesias, depende a día de hoy, y entre otros muchos vectores de lucha social, tanto del feminismo como del sindicalismo de clase. Efectivamente la huelga del 8 de marzo fue promovida, sostenida y liderada por el movimiento feminista, pero a su éxito contribuyó la convocatoria formal de la huelga, que dependió sobre todo de CGT y, en otra medida, de la presión realizada por las bases sindicales de UGT y CCOO.

[*] Artículo originalmente publicado en Communia.

Blog del autor: http://fairandfoul.wordpress.com/

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