Ecologistas en Acción demanda un cambio de la Ley General de Telecomunicaciones y de los Decretos sobre control del espacio radioeléctrico, ya que están hechos al dictado de las operadoras de telefonía móvil.
Ecologistas en Acción ha denunciado que la reciente aprobación por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de tres nuevas concesiones de telefonía móvil GSM en la banda de 900 Megahercios, significa un crecimiento mayor y una proliferación caótica de estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones, un crecimiento significativo de la contaminación electromagnética, especialmente en el medio urbano en nuestro país y, por lo tanto un aumento de los impactos ambientales y de salud pública asociados a estas instalaciones.
Ecologistas en Acción quiere también denunciar las presiones del Ministro Montilla sobre las corporaciones municipales cuando habla de las «barreras» a los intentos y ordenanzas de muchos ayuntamientos que intentan poner orden en el ámbito de sus competencias a esta proliferación desordenada y caótica de la trama de las telecomunicaciones ha supuesto una proliferación en el medio rural y urbano de toda una serie de infraestructuras de antenas estaciones base GSM, DCS y LMDS, dipolos repetidores, picocélulas y microantenas, radioenlaces, etc. La instalación de 55.000 nuevas antenas estaciones base de telefonía móvil de la red UMTS va a suponer nuevos problemas en su ubicación y un aumento significativo de la contaminación electromagnética a la que estamos sometidos
Los ciudadanos han tenido que denunciar ante sus ayuntamientos, un cúmulo de irregularidades urbanísticas que afectan a muchas instalaciones de telefonía móvil: carencia de la preceptiva licencia urbanística, vulneración de la altura máxima que determinan las ordenanzas de edificación municipales, incumplimiento de la norma básica española de protección contra incendios (NBE-CPI 96)y ausencia de licencia de actividades clasificadas.
El Ministerio de Industria sigue manteniendo una legislación estatal, hecha por el anterior gobierno del PP, que fue elaborada atendiendo sólo los intereses de la grandes operadoras, que no ha resuelto del impacto social y ambiental de las redes de telefonía móvil. La movilización social y ecologista ha obligado a algunas comunidades autónomas a establecer normativas más preventivas y niveles de exposición al público más restrictivos.
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