La deportación es un elemento central en las políticas migratorias de los últimos años, consolidada al calor del Pacto Europeo sobre migraciones, y caracterizada por la opacidad y la vulneración de derechos.
“¡Alerta vuelo!, ¡stop deportación! ¡paremos los vuelos! Macro vuelo de deportación de extranjeros a Colombia y República Dominicana! Mayor probabilidad de redadas por perfil étnico y citas a comisaría”. Este es el encabezado de una imagen que circula desde hace días en las redes sociales, el aviso de que el próximo 29 de marzo se espera que parta un gran vuelo de deportación. La posibilidad de ser detenidas y deportadas atraviesa la realidad de las al menos 500.000 personas que residen en situación irregular en el Estado. La deportación es una amenaza que planea todo el tiempo sobre las personas en situación irregular, un fantasma que, como denuncian los colectivos y organizaciones sociales, se ve reforzado por la total opacidad sobre cuántos vuelos parten, cuándo, hacia dónde.
La alerta del vuelo del próximo 29 de marzo, la da #StopDeportación. Un colectivo que lleva una larga trayectoria dando seguimiento a estas prácticas, e intentando detener los vuelos. Irene Carrión, activista de esta plataforma, hace balance de una política migratoria que, lejos de remitir, se va intensificando “como mecanismo de gestión de migración clave, alineado con la estrategia de Frontex”. Prueba de ello es que el controvertido ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, tan pronto volvieron a abrir las fronteras tras el confinamiento se dedicó a renegociar y abrir acuerdos bilaterales para retomar las deportaciones, explica Carrión. Deportaciones que no obedecen al criterio de eficiencia, apunta, pues suponen un alto coste respecto al número de personas que acaban efectivamente expulsando. “La deportación es algo simbólico, deja un mensaje”.
Y en ese ámbito, cada vez son más las cosas que están permitidas: “Hay una tendencia preocupante hacia la externalización de la gestión migratoria y de las fronteras que afecta a las deportaciones de la siguiente manera: ir probando la deportación a terceros países”. Una práctica que ya se ensayó con Mauritania desde hace unos años. “La idea es que puedes deportar a una persona a un país de tránsito, con criterios cuestionables sobre si realmente transitó por ahí”. Esta política lleva, por ejemplo, a las deportaciones de personas del África subsahariana a Marruecos, donde acaban encerrados en cárceles del Sahara. Los casos de Marruecos y Argelia son paradigmáticos de esta opacidad. Con Argelia de hecho, ni siquiera está claro que se hayan retomado las deportaciones en general, pero sí que se ha deportado a activistas como Mohamed Benhalima, a pesar de la presión que hubo para evitarlo.
Las deportaciones se ejecutan en el silencio, “no ha
habido ninguna declaración sobre las perpetradas en los últimos meses”,
insiste Carrión, quien identifica tres ejes centrales respecto a la
situación: “siendo una política pública las deportaciones deberían ser
transparentes. La forma en la que se ejecutan impide que haya un
monitoreo sobre el respeto a los derechos humanos en estos dispositivos.
El Defensor del Pueblo tiene derecho a vigilarlos, pero no llega a
todos, particularmente a las deportaciones a Argelia o Marruecos. Por
último la opacidad también afecta a la parte económica, es relevante
saber cómo se financian estos vuelos”. La activista de StopDeportación
traza un paralelismo con lo sucedido en Frontex: se trata de
dispositivos opacos propicios tanto a la vulneración de los derechos
humanos como a la falta de transparencia en la gestión de recursos
millonarios. El marco europeo no ayuda, explica Carrión, más bien
legitima la deportación, haciendo de ella un pilar clave en la política
migratoria.
En el informe Vulneraciones de los Derechos Humanos en la Deportación, de 2020, el Centro para los derechos humanos, Iridia, ahondaba en este tándem entre la falta de respeto de los derechos de las personas sometidas a la deportación, y la opacidad en la que los vuelos se dan. “Es muy difícil poder hacer un monitoreo, saber qué vuelos hay, a quienes se deporta”, el seguimiento queda en manos de la sociedad civil, explica Maite Daniela Lo Coco, coordinadora de migraciones de Iridia. También facilita algunos datos el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura pues “hace algunos seguimientos, algunas visitas en algunos vuelos de deportación, pero no hay datos oficiales: no se sabe cuáles son los acuerdos de devolución, y cómo se ejecutan. Ni cuántas personas y en qué condiciones son expulsadas del país”. Por otro lado, están las deportaciones exprés que se hacen en las comisarias, “una tendencia cada vez más alta y aún más opaca”.
La condición de deportabilidad y los CIE
Ir por la calle
temiendo un perfilamiento racial, tener miedo de acudir al médico
estando en situación de irregularidad, sentirse en riesgo por empezar a
tramitar tu permiso de residencia, no poder denunciar una agresión
machista o un robo ante el terror de acabar con una orden de expulsión.
Todo esto implica ser deportable. “La deportación sirve para controlar
las poblaciones. Para decir: nosotras nos llevamos del país a la gente
que no queremos. Es un sistema profundamente racista donde al final no
perteneces porque siempre puedes llegar a ser expulsado o tener dobles
penas”, considera Lo Coco
De este doble castigo hablaban el pasado 18 de marzo colectivos migrantes durante una concentración en Pamplona para denunciar las deportaciones. “Hoy queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con una persona que se encuentra cumpliendo una condena en el centro penitenciario de Pamplona. A la imposición de la pena que le priva de libertad ha tenido que sumar el riesgo de poder ser expulsado. Se trata de un mecanismo que prevé la legislación de extranjería y que venimos denunciando años: las dobles condenas a las que son sometidas las personas extranjeras”, explicaban en un comunicado en el que desgranaban en qué consisten estas dobles condenas: una mayor imposición de la prisión preventiva, la eventual expulsión, la denegación de permisos penitenciarios, o la irregularidad sobrevenida por no poder renovar la documentación, forman parte de la doble punición que afrontan las personas migrantes cuando son encarceladas.
Por su parte, los CIE son dispositivos centrales de deportación, donde la mayoría de las personas son privadas de libertad solo por hallarse en situación administrativa irregular. El pasado 15 de marzo la organización Mundo en Movimiento presentaba su informe Represión y encierro, en el que se habla del CIE como dispositivo deportador, aborda la situación en el centro de Aluche desde una perspectiva interseccional y se centra particularmente en la población femenina del centro, al tratarse del único donde en 2021 y 2022, años del estudio, se hallaban mujeres internadas. Hace unas semanas, se reabrió el módulo de mujeres del CIE de Zona Franca, en Barcelona.
“Hemos podido constatar que cuando el Estado activa el dispositivo deportador trata de imponer un orden social que deshumaniza a las personas. En aquellas circunstancias que interesa explotar la fuerza de trabajo de las personas migrantes se les permite permanecer en territorio español, pero, cuando no interesa, son desechadas mediante los diversos mecanismos del dispositivo deportador”, se reflexiona en el documento.
Trabajadoras sexuales y de cuidados representaban la mayoría de las 62 mujeres internadas en Aluche en el periodo investigado. El 66% de ellas tenían cargas familiares en el momento de su encierro, lo que, enfatizan en el informe, les generó un gran sufrimiento ante la incertidumbre de cómo resolver las necesidades de familiares que dependían de ellas en la incertidumbre de si volverían o no a sus casas. La mayoría de ellas llevaba muchos años residiendo en territorio español, con una media de seis años. “Las cifras hablan por sí solas. Es difícil comprender cuál es la intención del Estado cuando encierra y trata de expulsar de su territorio a personas que han sido sus vecinas durante tanto tiempo, en lugar de apostar por su regularización y favorecer su inclusión”. Siete de cada diez internas estaban allí por el único motivo de encontrarse en situación de irregularidad administrativa. De las mujeres retenidas, 42 fueron liberadas y 19 deportadas, con una disminución notable en el número de deportadas en el 2022, cuando tres de cada cuatro mujeres pudieron quedarse en el país. El informe atribuye esta mejora a la presión de los colectivos.
Claudia Parreño, de la Campaña CIES no, en Valencia, lamenta que, si bien la presión fue muy notable para paralizar deportaciones, no es fácil. La deportación de Benhalima el pasado año, o de un ciudadano congoleño que tenía problemas de salud mental, en febrero, a pesar de las movilizaciones y “aún siendo que la deportación de estas personas ha supuesto prácticamente su condena a muerte”, demuestra los límites de la presión. “Hay otros casos que al demostrar la vulnerabilidad de las personas, a veces es posible detener la deportación. Es el caso de los menores, los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata y las personas con enfermedades graves”.
En los años en los que la campaña CIEs no, viene acompañando a las personas internas, han sido testigos de “la afectación a nivel mental y física que acarrea el internamiento y la perspectiva de la expulsión en los internos. Han habido casos dramáticos donde los internos han llegado a quitarse la vida, pero vemos repetidamente cómo las personas internas llegan a tener pensamientos suicidas e incluso llegan a autolesionarse”. Carrión coincide, “la deportabilidad te marca, es un miedo continuo de estar en la calle, una sensación de estar haciendo algo peligroso, una exclusión de los espacios públicos”. El mensaje es claro: “No estás dentro de la sociedad”.
Deportheid
Un sistema poco eficaz, vulnerador de derechos humanos, que arrasa existencias y que sin embargo no parece que vaya a remitir. “Se está construyendo un CIE de 500 plazas en Algeciras. Esto muestra la tendencia europea y española a poner la deportación en el centro”, valora Lo Coco. Una elección que conlleva lo que algunos autores llaman Deportheid, apunta la integrante de Iridia, poniendo el foco en “cómo se vinculan las políticas de deportación y migratorias con el racismo estructural apoyado en una historia de dominación colonial que se va cristalizando en la figura de la deportación”. Sobre esta idea, concluye: “las funciones de la deportación son disciplinar a las poblaciones no deseadas, castigar y mantener la diferencia entre el nosotros y el ellos”. Una realidad que se da sin mucho debate público, “ la gente permanece ajena a todo esto”, considera Carrión, “no se plantea a quién están deportando, cómo lo están deportando”. Y sin embargo, enfatiza, lo que se necesita es una respuesta social potente. “Como sociedad tenemos que cuestionar que haya gente deportable”.