La fundación BBVA acaba de presentar los primeros resultados de un Estudio Internacional: «Values and Worldviews Valores políticos-económicos y la crisis económica» realizado en diez estados de la Unión Europea: Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, y Suecia, en base a 15.000 encuestas a personas mayores de 18 años […]
La fundación BBVA acaba de presentar los primeros resultados de un Estudio Internacional: «Values and Worldviews Valores políticos-económicos y la crisis económica» realizado en diez estados de la Unión Europea: Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, y Suecia, en base a 15.000 encuestas a personas mayores de 18 años realizadas entre noviembre de 2012 y enero de 2013.
Dicho estudio comparativo resulta muy ilustrativo para desmontar ciertos tópicos que los medios de comunicación nos hacen creer de manera reiterada, hasta el extremo de que incluso en las conversaciones y debates de los activistas se repiten de manera inconsciente. Me estoy refiriendo a tópicos del estilo de que «la gente no es consciente», o «la gente no se mueve», y cosas por el estilo, dichas muchas veces sin fundamento alguno.
En este estudio, de cuya fiabilidad profesional no hay en principio motivos para dudar, teniendo en cuenta que muchas de sus conclusiones van en la dirección contraria a los planteamientos de la entidad que ha pagado el estudio, se descubre, por ejemplo, que los ciudadanos del estado español son los más anticapitalistas del conjunto de los estados analizados. Y, como este descubrimiento, podemos mencionar otros muchos de interés a la hora de realizar análisis de nuestra realidad cercana.
Tengamos en cuenta que entre los países estudiados no se encuentran otros castigados por la crisis, como Grecia o Portugal, que seguramente harían variar en algún puesto la «clasificación» de nuestro país; pero lo importante es que, sea el primero o tercero, los datos revelan una conciencia elevada respecto del funcionamiento de las instituciones políticas y económicas, así como el cuestionamiento de muchas de las medidas adoptadas por ellas. O sea, que no somos tan ignorantes como nos quieren hacer creer. Otra cosa es que no seamos espabilados, y consintamos que una minoría nos gobierne en contra de la voluntad mayoritaria; pero eso es otro asunto.
En la exposición que se hace a continuación, me referiré siempre a los resultados de la muestra de los ciudadanos del estado español, figurando entre paréntesis el resultado del conjunto de los 10 países analizados, para facilitar la comparación. Dado que los resultados totales están al alcance de cualquier persona interesada, y para no cargar la exposición, sólo cuando merezca la pena mencionaré el dato de algún país concreto.
Y para terminar esta introducción, aclarar que unos indicadores vienen en % de la población que está de acuerdo o en contra de determinada propuesta, y en otros casos se trata de la nota media, de 0 a 10, que se otorga a determinada frase o valoración. Veamos los resultados.
En lo relativo a señalar los diferentes responsables que nos han llevado a la actual crisis, un 94,5% (89,4%) considera que los bancos tienen mucha o bastante responsabilidad; el 95,3% (88,6%) los políticos; un 90,9% (86,5%) los gobiernos; un 81,4% (80,2%) atribuye también mucha o bastante responsabilidad a los dirigentes de la UE, el BCE 81% (75,6%), el FMI 72,7% (67,7%) y los empresarios el 68,7% (63,4%). Por el contrario sólo el 24,9% (29%) considera que los ciudadanos han tenido mucha o bastante responsabilidad en la crisis (o sea que no ha calado mucho eso de que «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades»).
Como medidas para salir de la crisis, sólo un 21% (39%) está de acuerdo con la política de recortes, frente al 58,7% (40,3%) que apoya un aumento del gasto, en particular en Sanidad 78% (67%), atención a mayores 73% (59%), Educación 65% (53%) o protección a los parados 69% (41%). Por el contrario sólo el 12% (15%) propone aumentar el gasto en Defensa, frente al 40,3% (33,5%) que propone disminuirlos.
En una escala del 0 al 10, la propuesta de regular los bancos recibe una valoración de 8,5 (7,8) y el subir impuestos a los que más ganan 7,1 (4,7). Las medidas neoliberales como reducir funcionarios se valora en un 5,9 (6,5), flexibilizar el mercado de trabajo 4,9 (6,2). Pero aportar capital a los bancos con problemas sólo obtiene una nota de 1,9 (3,5). Hay una corriente de opinión contraria a las medidas impulsadas por la UE y el gobierno nacional, y el neoliberalismo parece haber calado poco; en cualquier caso menos que el conjunto de los países analizados.
En lo referente a la moneda única, en los países que no pertenecen a ella se valora muy alto el beneficio por esta no pertenencia (7,8 en Suecia, 7,5 en Dinamarca y 7,3 en Reino Unido sobre 10). En los países del euro se puntúa bajo los beneficios de esta pertenencia, destacando nuestro país con un 3,6 frente a un 4,5 en Alemania y un 5,3 en los Países Bajos. Sin embargo la posibilidad de abandonar el euro en el estado español recibe una puntuación de 3,8 sobre 10, frente a 4,5 en Alemania o Italia. También en el plano europeo, el 54,6% de la población (60,2%) considera que los países deben tener más autoridad que la UE, frente al 38% (33,4%) que sugiere más autoridad de la UE frente a los países. El desapego al euro y las instituciones europeas parece patente, pese a la incertidumbre que puede suscitar una vuelta a las monedas nacionales.
En lo referente a la política económica y el papel que debería tener el estado en su funcionamiento, hay también datos reveladores. La economía de mercado obtiene un 5,2 (6,1) de identificación sobre 10, y se la considera como causa de desigualdad 6,6 (6). El control estatal sobre la economía se valora en 7,1 (6,8), lo que se corresponde con el % de ciudadanos que dan mucha importancia a la participación del estado en la sanidad 85,8% (65%), las pensiones 85,2% (62%), el control a los bancos 77,5% (55,9%), los precios 64,8% (44,8%), vivienda 72,3% (44,1%) o la protección al desempleo 74,6% (38,6%). Incluso un 80,5% (66,2%) declaran preferir sistemas públicos de Seguridad Social frente a los privados, aunque ello conllevase subidas de impuestos. De nuevo nos encontramos con sólidas opiniones contrarias al neoliberalismo.
En lo referente a la política y sus instituciones, la valoración del funcionamiento de la democracia obtiene una puntuación de 3,6 en una escala del 0 al 10; la confianza en el ejército merece un 4,9 (6), los tribunales un 4,3 (5,5), el FMI un 3,4 (4,5), el BCE un 3,1 (4,3), el gobierno un 2,8 (4,1), los bancos un 2,3 (4), y las instituciones religiosas un 3,4 (4,5).
Es muy baja la valoración que se hace de los sindicatos, el 2,8 (4,6) sobre 10, lo mismo que de los partidos políticos, un 2 (3,3). Coincide esta valoración con la baja afiliación a un tipo u otro de organizaciones, menor que la media de los 10 países analizados. Sin embargo un 44,3% (41,8%) manifiesta sentir simpatía por algún partido político, y la capacidad que se atribuye al voto para influir en el gobierno es valorada con un 6,3 (6,3) sobre 10. A pesar del descrédito de las instituciones, todavía existe una corriente importante que valora las posibilidades que ofrecen para influir en la acción política.
Es significativo el posicionamiento de los ciudadanos del estado español en algunos valores ideológicos como el pacifismo, que merece un 5,9 (4,7) de identificación en una escala también de 0 a 10. El socialismo merece una identificación del 3,9 (3,9) y el capitalismo sólo un 2,3 (3,1). Somos anticapitalistas, y el socialismo no suscita en estos momentos una simpatía mayoritaria.
Existe un apartado muy interesante dedicado a la participación política y social de los ciudadanos. El 42,7% declara haber participado en alguna actividad pública en los últimos 12 meses (frente al 41,9 del conjunto de los 10 países), el 23,2% (10,3%) en alguna manifestación y el 20,6 (7,6%) en alguna huelga.
Respecto al uso de la red en las convocatorias y participación en movilizaciones, el 16,8% (21,2%) declaran haber usado la red para estas actividades; el 8,7% (7,2%) se comunicó a través de SMS y el 6,7% (4,2%) dice haber participado en manifestaciones convocadas a través Internet mediante correo electrónico o red social. En las diversas campañas de boicot relacionadas con el consumo, participó el 8,9% (15,1%). Sin duda que estos resultados deberían tener utilidad a la hora de no despreciar ninguno de los medios de difusión de las convocatorias, en particular de los más tradicionales, pues la red sigue siendo minoritaria.
A modo de comentario final, podríamos destacar la enorme falta de legitimidad con la que actúa el gobierno, contra el sentir mayoritario de una población que no comparte las líneas generales ni concretas de su actuación. Pese al pensamiento único que divulgan unos medios de comunicación sufragados por el gran capital, la población tiene otros valores y opiniones de lo que pasa y de lo que habría que hacer. Aunque el poder de adoctrinamiento de estos medios se revela limitado, ejercen una influencia muy dañina al crearnos la sensación de que todo el mundo piensa y actúa como ellos, debilitando la participación y unidad popular. No olvidemos que el actual partido en el poder sólo cuenta con un 30% de respaldo electoral, que obtuvo menos votos que en 2008 y que su mayoría absoluta se sustenta en una ley electoral injusta, y en el derrumbe de otras opciones que traicionaron a su electorado, pues su actuación tampoco sintoniza con esta corriente de opinión mayoritaria que refleja este estudio.
No somos tan ignorantes como nos pintan, aunque todavía nos falta espabilar para conseguir trasladar esta conciencia colectiva a la realidad política e institucional de nuestro país.
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