El informe de Irídia y Novact, referente a 2024, destaca la llegada de cada vez más niños y niñas, y denuncia los déficits que existen en la identificación de menores.
Criminalización, detención e infancia. Son las tres palabras clave que resumen el informe Vulneración de derechos humanos de las personas migrantes en Canarias 2024, elaborado por Irídia y Novact. El estudio, basado en entrevistas a abogados, ONG, colectivos y UNICEF, es un resumen de lo sucedido en 2024 en la frontera sur del Estado español, la que califican como “la ruta más mortífera hacia Europa”, con al menos 5.054 muertes y personas desaparecidas en el primer semestre de 2024.
Los investigadores, que repasan el periodo entre enero y octubre del año actual (en el que las llegadas a Canarias aumentaron en un 12% –34.087 personas–), dejan claras las dificultades que se han encontrado, puesto que no han obtenido ningún permiso para visitar los centros de detención y acogida. También solicitaron reuniones con la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias y con la Unidad Orgánica de la Infancia y Familias del Cabildo de Tenerife, pero nunca recibieron respuesta.
Detenciones
En España, apuntan en el informe, “las detenciones de las personas que llegan por vías marítimas se producen de manera sistemática tras desembarcar en los puertos. Éstas se realizan en los Centros de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) por un máximo de 72 horas a efectos de identificación por parte de la Policía Nacional. Es importante señalar que los niños y las niñas, estén acompañados o no por adultos, suelen pasar por estos espacios de detención sistemática para personas migrantes y refugiadas”.
Los autores señalan que dichos centros “están en funcionamiento sin una regulación general propia que los diferencie y sin normas de funcionamiento interno que se pongan en conocimiento de las personas en situación de detención”.
Tanto el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) como el Defensor del Pueblo han denunciado vulneraciones en estos espacios de detención, subrayan. Por ejemplo, en referencia al CATE de las Américas de Tenerife, el Defensor del Pueblo señaló el “preocupante deterioro de las instalaciones y que, de nuevo, se había tenido que habilitar el garaje de la comisaría para paliar el hacinamiento de las personas que estaban siendo derivadas a esas dependencias desde El Hierro”.
Además, denuncian, existe una práctica generalizada que lleva a cabo la Policía Nacional en los CATE de retirar los teléfonos personales a las personas que acaban de llegar. Al respecto, el MNP consideró que “se debe permitir el uso de los dispositivos móviles a las personas migrantes que ingresan en los centros”.
Identificación de niños, niñas y adolescentes
En los últimos años, destacan, se ha detectado un aumento en el número de llegadas a Canarias de niños, niñas y jóvenes. El primer contacto que tienen (tanto estos como los adultos) al llegar a las costas españolas es con el personal de Cruz Roja y con los voluntarios y voluntarias.
Posteriormente, una vez en el CATE, la Policía Nacional, “durante sus labores de identificación, tendría en cuenta las orientaciones de la Cruz Roja sobre las posibles necesidades específicas de las personas que acaban de desembarcar y repetiría dicho triaje”, explican en el informe.
A este respecto, subrayan los investigadores, tanto UNICEF como Save the Children “han mostrado su preocupación ante los déficits que existen en la identificación de menores de edad en las llegadas, ya que se dan, a menudo, identificaciones incorrectas y esto tiene un efecto directo sobre el acceso a los derechos de la infancia más básicos. En los desembarcos y en los CATE, no hay profesionales especializados en infancia”.
Asimismo, según datos proporcionados por la Fiscalía de Canarias durante las jornadas sobre migraciones, cerca de mil menores migrantes que llegaron a las Islas Canarias desde enero de 2023 han sido enviados a centros para adultos debido a errores u omisiones en su identificación inicial como mayores de edad.
Abusos, infradenuncia y criminalización
También la Fiscalía de Canarias, reseñan, “tiene abiertas al menos cuatro causas para investigar supuestos malos tratos y abusos cometidos presuntamente en varios centros de menores migrantes”.
Y, “a pesar de que las situaciones de malos tratos en los centros de menores en Canarias se han señalado como una problemática por parte diferentes actores entrevistados, así como los propios jóvenes, existen pocas denuncias formales. Los propios jóvenes expresaron sus inquietudes y temores a la hora de denunciar el espacio en el que se encontraban alojados. Esto se debe a la situación de vulnerabilidad y a la dificultad de acceder a sistemas de denuncia accesible, segura y eficaz”, indican en el informe.
La criminalización es otro aspecto destacado en el estudio sobre la vulneración de los derechos humanos con las personas migrantes que llegaron a Canarias en 2024.
Los autores destacan que, desde los años 2000, “la criminalización de las personas migrantes se ha convertido en una característica fundamental de la gestión de las fronteras tanto a nivel global como europeo. La interpretación de las migraciones como un problema de seguridad implica la criminalización de las propias personas migrantes. En este contexto, la criminalización toma forma y se materializa en la legislación, en un proceso que ha recibido el nombre de securitización de las migraciones”.