Con la detención del contratista de la USAID Alan P. Gross, la administración Obama ha ordenado a las firmas contratadas por este mismo organismo estatal de «detener el envío de BGANs» a Cuba, revela el Miami Herald en un reportaje sobre las operaciones de injerencia estadounidenses en la Isla. El periódico reconoce implícitamente la repartición […]
Con la detención del contratista de la USAID Alan P. Gross, la administración Obama ha ordenado a las firmas contratadas por este mismo organismo estatal de «detener el envío de BGANs» a Cuba, revela el Miami Herald en un reportaje sobre las operaciones de injerencia estadounidenses en la Isla.
El periódico reconoce implícitamente la repartición en el territorio cubano de estos sofisticados equipos de comunicación que permiten la transmisión de datos, para fines disímiles tales como el espionaje, fuera del control del país donde se usan.
El BGAN es un equipo ligero de comunicaciones que permite instalar en tan sólo unos minutos un punto de comunicación móvil de banda ancha en cualquier lugar del planeta, explican sus fabricantes. Permite transmitir datos a una velocidad de hasta medio megabite y realizar llamadas telefónicas al mismo tiempo.
«Los terminales BGAN son compactos, ligeros y diseñados para poder ser transportados tan fácilmente como un ordenador portátil. Los terminales BGAN más pequeños pesan menos de un kilo», explica el sitio web de un importante distribuidor.
Alan P. Gross, que viajo a Cuba como «contratista» con Development Alternatives Inc. (DAI), una firma empleada por la USAID en sus planes de introducción en Cuba de material de comunicaciones de última generación, introdujo «a escondidas» en la Isla «teléfonos satelitales y BGANS», confirma el Herald.
El contratista, que pretendió haber actuado para ayudar a la comunidad judía – lo que fue negado repetidamente por portavoces de asociaciones hebreas – recibió unos 600.000 dólares para ejecutar este contrato.
En la última década, la compañía que lo contrató, DAI, recibió «por lo menos 2.7 millones en fondos de USAID» para proyectos de esta naturaleza en todo el mundo, especifica el periódico de Miami al citar el investigador del tema, Tracey Eaton, fundador del sitio web Cuba Money Project.
Eaton precisó al Herald que «el gobierno hace un esfuerzo» para mantener «en secreto» este tipo de operación. Lo que confirma su carácter ilegal, en contra de las leyes vigentes en materia de comunicaciones, en Cuba, como en muchos otros países.
Los programas norteamericanos supuestamente dedicados al desarrollo de la «democracia» en Cuba, que encubren operaciones de desestabilización y de subversión, se están «modernizando» para atender las preocupaciones del Congreso, crítico de los métodos usados pero que mantiene un presupuesto de $ 20 millones para tales actividades ilicitas.
El programa injerencista de la USAID se ha alejado de los estudios universitarios que lo caracterizaba, señala Andy Gómez, miembro senior de la Universidad de Miami, el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos, vinculado a la CIA, que obtuvo unos $ 6 millones entre 2002 y 2010 para sus proyectos de penetración.
«Teníamos reuniones, y yo me sentaba allí atónito frente a algunos de los programas inútiles que estaban financiados», dice Gómez Entre ellos, precisa, los condones llevando la palabra «Cambio».
Los programas de la USAID han sido objeto de investigación de la auditoria federal (GAO), en los últimos años y se ha demostrado en varias oportunidades un uso ilegal del dinero del contribuyente, notablemente con gastos fraudulentos de distintos «contratistas».
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