Ayer, jueves 4 de febrero de 2016, varias personas regresaron al sitio en el que hace justo diez años les cambió la vida: el número 55 de la calle Sant Pere més Baix de Barcelona. Lo hicieron para presentar un libro, Ciutat morta, crónica del caso 4F, que documenta ampliamente lo sucedido en ese edificio […]
Ayer, jueves 4 de febrero de 2016, varias personas regresaron al sitio en el que hace justo diez años les cambió la vida: el número 55 de la calle Sant Pere més Baix de Barcelona.
Lo hicieron para presentar un libro, Ciutat morta, crónica del caso 4F, que documenta ampliamente lo sucedido en ese edificio de titularidad municipal -hoy en día el centro cultural Palau Alòs, entonces espacio okupado- en el que hace una década se produjo el fatal suceso que puso al descubierto lo más turbio de las cañerías de una ciudad y un sistema efectivamente muertos, pero con gran capacidad de hacer daño.
Una fiesta en un teatro municipal okupado, un intento de control del acceso a la misma por parte de la Guardia Urbana, lanzamiento de objetos desde dentro del edificio y un agente gravemente herido fueron las primeras líneas de un relato que continuó con detenciones indiscriminadas, torturas, cambios en la versión oficial de lo sucedido y un proceso judicial plagado de dudas e irregularidades en el que más parecía quererse exculpar al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad que esclarecer lo realmente sucedido.
A costa de lo que fuera necesario -ocultar informes policiales que apuntaban a una maceta lanzada desde el edificio como causante de las lesiones del agente y que contradecían a las acusaciones hechas contra las personas detenidas en la calle Sant Pere; negar la declaración en el juicio del entonces alcalde Joan Clos; no tomar en consideración los estudios de los peritos forenses aportados por las defensas; o no atender a las denuncias de torturas que hacían los detenidos en sus declaraciones-, se fabricó un proceso en el que todo quedaba atado y bien atado. Otra cosa es que eso se correspondiera con lo que verdaderamente había sucedido.
«Desde antes del comienzo del juicio, cuando el tribunal nos denegó todas las pruebas que exculpaban a los chicos, tuve la sensación de que era una pantomima y ya estaba todo decidido», recuerda Gonzalo Boyé, uno de los abogados de la defensa, quien no cree que exista voluntad de reabrir el caso por parte de los juzgados competentes: »Los sistemas siempre son reacios a revisar sus propios errores y, en un caso como éste, más aún».
Las siguientes páginas del caso 4F se escribieron desde la solidaridad hacia las personas condenadas y contra la amnesia que la sentencia pretendía imponer. Manifestaciones, una huelga de hambre de Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, uno de los condenados, y un movimiento creciente para evitar que el caso quedara en el olvido.
Una lucha por la memoria y el desmontaje de la construcción oficial que enfrentó un capítulo durísimo el 26 de abril de 2011 con el suicidio de Patricia Heras, también condenada, durante un permiso penitenciario. Este trance permitió que el caso llegase a oídos de más gente y empezase a salir de los círculos activistas o de personas directamente afectadas.
El epílogo llegaría algo después, con el fenómeno desatado por el documental Ciutat morta. De pases minoritarios en centros sociales a ganar el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cine de Málaga en 2014 y, tras una ardua batalla, a la emisión, si bien mutilada, en TV3 el sábado 17 de enero de 2015.
«Casos como éste permiten poner en evidencia las disfuncionalidades del sistema y lo maquiavélico que resulta cuando el Estado va a por ti. Tenemos clara una cosa: ya a nadie le cabe duda alguna sobre la inocencia de quienes fueron condenados por esos hechos, y eso es un logro importante», considera el letrado, quien entiende que el desarrollo del caso no obedeció a una planificación, sino a «una improvisación para cubrir los errores propios por parte de la Administración Municipal de Barcelona, así como los abusos de un grupo determinado de guardias urbanos que, con el transcurso del tiempo, han quedado como lo que son».
Boyé se refiere a Víctor Bayona y Bakari Samyang, en prisión desde enero de 2015 por un delito consumado de torturas graves y una falta de lesiones tras la detención de Yuri Jardine en una discoteca en septiembre de 2006. El testimonio de los dos agentes en el juicio del 4F fue la principal prueba de la acusación.
«Están esperando la resolución de su segunda petición de indulto, tras la negativa a la primera», explica el periodista de Directa Jesús Rodríguez. Lo que sí obtuvieron los dos agentes poco antes de ingresar en prisión fue una pensión vitalicia cercana a los 2.000 euros mensuales tras aducir problemas psicológicos.
«Hay personas con amputaciones de brazos a quienes no se les conceden estas pensiones. Ellos lo interpretaron como un premio, de hecho gastaron la primera mensualidad en un viaje turístico a Japón para pescar atunes», añade Rodríguez.