Traducido para Rebelión por LB
En 1992 la Knesset promulgó la Ley Básica Dignidad Humana y Libertad. Esta ley básica habla claramente de la dignidad humana y afirma explícitamente que «Todas las personas tienen derecho a la protección de su vida, su cuerpo y su dignidad». Subrayémoslo: todas las personas, no sólo los ciudadanos, no sólo los residentes y no sólo las personas judías. Sin embargo, la Corte Suprema del juez Aharon Barak (actuando como magistrado del Tribunal Supremo) ha dictaminado que la ley es aplicable a los colonos judíos en los territorios [ocupados], pero la pregunta de si es aplicable a sus vecinos palestinos ha quedado como «pendiente de resolución», es decir, como pregunta abierta sobre la que aún no ha surgido la necesidad de decidir.
Este fallo constituye un acto de crudo activismo jurídico por parte del Tribunal Supremo que distorsiona el texto de la ley básica promulgada por la Knesset y la convierte en una ley Apartheid. Más exactamente aún: esto es derecho constitucional común de Apartheid.
Desde entonces el Tribunal Supremo de Israel (TSI) ha añadido dos nuevos ladrillos al edificio del Apartheid. El primero es la sentencia por la que se que le reconoció al «Banco Hamizraji» el derecho constitucional de propiedad sobre una casa construida en la Franja de Gaza. Con su fallo, el TSI estableció que una empresa judía ubicada en los territorios ocupados goza de los derechos constitucionales derivados de la Ley Fundamental, pero la cuestión de si una persona palestina en esa zona es sujeta de esos mismos derechos se ha dejado abierta. El segundo ladrillo fue colocado por la sentencia Ga’abith, que dirimió la cuestión de si un varón palestino residente en Israel como cónyuge de una residente israelí tiene derecho de audiencia cuando el Estado [israelí] decide expulsarlo por motivos de seguridad. El Estado alegó que el varón palestino no tenía derecho de audiencia ya que no poseía status jurídico en Israel. El juez Elyakim Rubinstein reconoció el derecho de audiencia del varón palestino, ya que se supone que este derecho es de aplicación a todo ser humano. Sin embargo, ¡la opinión de este juez, que representa al ala derecha religiosa, siguió siendo un punto de vista minoritario! Los aparentemente liberales jueces Dorit Beinish y Hanan Meltzer dictaminaron que el derecho del varón palestino podría derivarse del derecho reconocido a su esposa israelí, con lo que dejaron abierta la cuestión crucial de si al varón palestino le corresponde ese derecho por sí mismo y de forma independiente.
De este modo, el TSI ha completado el edificio de Apartheid que ha estado construyendo. La Ley Básica Dignidad Humana y Libertad no es aplicable a todos aquellos que son considerados como seres humanos en virtud de una actitud humanista. Tampoco su jurisdicción está limitada por límites geográficos, como la Línea Verde. Al contrario, los límites son sustancialmente étnicos. Un colono judío estará protegido por la ley básica tanto en los territorios ocupados como en Israel, pero los derechos de su vecino palestino, que deberían serles reconocidos en virtud la misma ley básica, ya sea en Israel o en los territorios ocupados, aún no se han decidido.
Dejar esta cuestión abierta bajo el status de «pendiente de discusión» implica, como mínimo, un retraso en el reconocimiento de los derechos de los palestinos y traslada el mensaje de que durante 17 años el Tribunal Supremo de Israel ha considerado las leyes básicas como irrelevantes para la concesión de la protección constitucional a los palestinos. Así, contrariamente a la opinión común, el Tribunal Supremo israelí no sólo ha ejercido una política cicatera a la hora de brindar protección a los palestinos víctimas de violaciones realizadas por las otras ramas del poder israelí, sino que también ha exacerbado dichas violaciones a través del «activismo jurídico» de su enfoque, negando a los palestinos la protección aprobada por el parlamento israelí.
Uri Weiss es estudiante doctorando en Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén.