Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
Tras expulsar en masa a comunidades enteras de numerosas ciudades y pueblos sirios, una ley permite ahora que el régimen de Asad pueda confiscar sus propiedades, convirtiendo su desplazamiento en permanente y transformando de forma radical la demografía del país.
Después de siete años de represión y guerra, más de la mitad de la población siria no vive ya en sus hogares. La mayoría se han convertido en desplazados internos, pero casi seis millones han huido del país en busca de asilo. Casi todos sueñan con volver algún día a sus casas, pero una nueva ley parece que va a impedir que muchos de ellos puedan hacerlo.
El 2 de abril, el régimen sirio emitió la Ley nº 10. Esa Ley autoriza la formación de nuevas unidades administrativas locales (en gobernorados, ciudades y pueblos), que se encargarán de la tarea de registrar las propiedades dentro de su área de jurisdicción. Quienes posean propiedades privadas disponen de treinta días para registrarlas y presentar pruebas de dicha propiedad. De lo contrario, el Estado confiscará la propiedad sin indemnización alguna.
El régimen ha presentado esta ley como instrumento para recuperar zonas de barrios marginales informales y zonas dañadas por la guerra. Sin embargo, se espera que afecte desproporcional y gravemente a las comunidades que estuvieron en algún momento bajo poder rebelde, zonas de las que sus habitantes han sido desplazados con objeto de impedir su retorno. Estos suburbios informales de clase obrera (así como zonas rurales desfavorecidas) han sido semilleros de la resistencia y, por tanto, han sido pulverizados por los implacables ataques aéreos del régimen.
Muchos de los sirios desplazados temen regresar a las zonas que están ahora bajo control del régimen. Poder registrar sus propiedades va a depender de una autorización de los aparatos de seguridad. Ha habido numerosos informes en los últimos meses sobre personas que al regresar han sufrido arresto, tortura o reclutamiento forzoso. El pasado mes, una página de información pro-oposición publicaba una base de datos con 1,5 millón de sirios buscados por los servicios de inteligencia. La lista data de 2015, por tanto es probable que su tamaño haya aumentado desde entonces. Los familiares de los incluidos en la lista pueden tener que enfrentar también determinados peligros. El régimen tiene un largo historial de castigo a los parientes de aquellos que percibe como disidentes. Algunos propietarios pueden hallarse actualmente en prisión, pueden haber sido asesinados o estar desaparecidos.
Incluso para quienes estén dispuestos a asumir el riesgo de regresar, sigue habiendo muchos obstáculos. Muchas de las casas fueron construidas sin permiso porque en las últimas décadas las zonas urbanas se expandieron rápidamente y los funcionarios corruptos estaban siempre dispuestos a hacer la vista gorda a cambio de un soborno. Muchos de los que construyeron o compraron sus casas legalmente ya no tienen documentos. Hay informes sobre la destrucción de registros de propiedad por parte de las fuerzas del régimen en una serie de zonas que han vuelto a estar bajo control estatal. Por ejemplo, en julio de 2013, el catastro en Homs se quemó hasta los cimientos, un hecho que se consideró un ataque deliberado. Hay informes similares de Zabadani, Daraya y Qusayr. Y mucha gente escapó de sus comunidades sin llevarse las escrituras de propiedad u otras formas de documentación civil (como partidas de nacimiento, defunción o matrimonio) o no pudieran registrarlas al estar en el exilio.
A amplios niveles, se considera que la Ley nº 10 responde al intento del régimen de imponer un cambio demográfico. Se la ha comparado con la Ley de Propiedades de Ausentes de Israel (1950), que legalizó la apropiación de las propiedades de los palestinos expulsados de sus hogares, transfiriendo a Israel dicha propiedad. En este caso, el Estado quiere trasferir las propiedades de las comunidades a las que nunca podrá gobernar con su consentimiento a manos de sus partidarios.
Una y otra vez, comunidades enteras que se rebelaron contra el Estado se han visto sometidas a traslados forzosos de población. Sucedió en Madaya, Zabadani, Daraya, Moadamiya, en el este de Alepo, y ahora está pasando en Guta oriental, donde hay decenas de miles de personas desahuciadas. En todos los casos se sigue un patrón similar: la comunidad rebelde es sometida a un asedio que impide la entrada de alimentos y suministros médicos; de forma implacable y deliberada, se llevan a cabo bombardeos aéreos sobre zonas residenciales, tierra agrícola (donde exista) e infraestructuras civiles vitales. A la población, traumatizada y muerta de hambre, que puede haber estado resistiendo durante años, se le da un ultimátum: rendirse o enfrentarse a su aniquilación. Los acuerdos de capitulación forzosa van acompañados de traslados forzosos de población: un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. La Ley nº 10 constituye la segunda parte de la historia de desplazamiento, la parte que asegura que tal desplazamiento se convierta en permanente.
En algunos casos, los hogares de los expulsados han sido ya demolidos. En 2014, Human Rights Watch informó de que se estaban llevando a cabo demoliciones no autorizadas de miles de viviendas en los baluartes de la oposición de Damasco y Hama, borrando eficazmente del mapa a barriadas enteras. En algunas zonas, los hogares de los desalojados a la fuerza fueron entregados a los leales al régimen. Esta práctica tiene a menudo una dimensión sectaria. Las comunidades de la oposición están en gran medida integradas por musulmanes suníes, mientras que muchas de las comunidades minoritarias han permanecido leales al régimen. Cuando en 2014 se limpió de sus habitantes la zona antigua de Homs, se informó de que partidarios del régimen alauíes y chiíes se estaban trasladando a los hogares suníes vacíos. También se trasladaron allí colonos extranjeros. Hay informes de propiedades entregadas, con el apoyo de Irán, a militantes chiíes y a sus familias, procedentes de Irán y Líbano. También hay informes de falsificación de registros para posibilitar la transferencia de propiedades a sus nuevos dueños. La nueva ley establece que en caso de no disponer de documentos de propiedad, un reclamante puede presentar su solicitud si dispone de un documento oficial de identidad o pasaporte. Informes recientes (no confirmados) afirman que el régimen ha emitido miles de pasaportes sirios a combatientes iraníes, afganos y pakistaníes.
En un discurso de 2015, Asad declaró: «Siria no es para quienes poseen un pasaporte sirio o residen en ella; Siria es para quienes la defienden». Mediante la transferencia de propiedades a manos de los lealistas, el régimen está desarrollando hechos sobre el terreno, asegurándose un bastión en las zonas que desea para un futuro Estado añadido. Tanto el Estado iraní como los promotores inmobiliarios iraníes están comprando tierra alrededor de la capital y de Homs. Irán espera que sus compañías se beneficien de la futura campaña de reconstrucción y tiene también interés estratégico en la adquisición de tierras, especialmente en las montañas Qalamun, a lo largo de la frontera libanesa, para asegurar una conexión con su cliente Hizbollah.
La campaña de reconstrucción del país -se estima que serán necesarios más de 250.000 millones de dólares- será el ámbito en el que el régimen recompense a sus aliados. El régimen ha apadrinado siempre la lealtad, practicando un capitalismo mafioso implacable, y la reconstrucción le permitirá afianzar aún más su base de poder político y económico. En mayo de 2015, se emitió el decreto nº 19, que otorgaba poder a las unidades administrativas para establecer holdings empresariales que llevaran a cabo trabajos de reconstrucción y administrar propiedades en su nombre con exenciones fiscales. Mediante la asociación con inversores y contratistas privados, estos holdings gestionarán el desarrollo inmobiliario. Esto facilita básicamente la transferencia de activos públicos y propiedades expropiadas a empresas privadas.
Este modelo se ha puesto en marcha ya. En 2012, el decreto nº 66 -considerado precursor de la ley actual- allanó el camino para la expropiación de propiedades en dos zonas con habitantes informales en Damasco (el distrito de Basatin Mezzeh y el área que abarca desde Qadam hasta Daraya, en el sur). Se desalojó a los residentes, entregándoles indemnizaciones insignificantes. Se ha anunciado como un proceso de gentrificación para «poner en desarrollo zonas de viviendas no autorizadas y asentamientos informales», convirtiéndolos en viviendas residenciales de nivel alto, centros comerciales y parques. El gobernorado estableció la Sociedad Anónima Privada Damasco Cham para llevar a cabo esos desarrollos, con un capital inicial de alrededor de 120 millones de dólares. El Grupo Aman, propiedad del compinche del régimen Samer Foz, que trabaja en el sector inmobiliario y alimentario, es uno de los socios. Hijo de un estrecho aliado suní de Hafez al-Asad, se ha convertido en uno de los empresarios más poderosos del país en el curso de la guerra. Aunque muchos de los que se han beneficiado proceden de la extensa familia Asad y de sectores de la secta alauí a la que pertenece, el régimen lleva tiempo buscando el apoyo de la comunidad empresarial suní, que a su vez ha sacado partido de las reformas económicas neoliberales de Bashar al-Asad y de su creciente deriva hacia la privatización.
Otra de las personas que va a beneficiarse de estos proyectos es el primo de Asad, Rami Makhlouf. En cierto momento se estimó que controlaba alrededor del 60% de la economía a través de sus múltiples intereses empresariales, y se piensa que su fortuna personal supera los miles de millones de dólares. En los primeros días del levantamiento, muchos de los gritos de la población y de sus amigos empobrecidos se dirigían contra él. Pedían justicia social y el fin de la corrupción, así como libertades políticas.
De forma similar, en Homs se ha anunciado un plan para recuperar zonas destruidas por el régimen, incluidas las antiguas barriadas rebeldes de Baba Amr y Jobar. En la actualidad, el régimen está recuperando el «Proyecto Sueño de Homs», que motivó una serie de Llamado por los vecinos «la Pesadilla de Homs», su objetivo es poner en desarrollo las zonas suníes con rascacielos con fachadas de cristal, restaurantes y centros comerciales. Estas zonas del centro de la ciudad han soportado ataques y bombardeos desproporcionados a pesar de no ser tener un valor militar importante. Un informe del Syria Institute and PAX afirmaba que el objetivo del proyecto es «la redistribución de la población para reforzar el control físico de la ciudad por parte de la comunidad alauí progubernamental». La reciente Ley nº 10 significa que por todo el país se pondrán en marcha planes similares confiando en que los fondos y la estabilidad se materialicen.
Se necesitará inversión extranjera directa para responder a las inmensas necesidades de reconstrucción. Ciudades enteras han sido convertidas en páramos de desolación. Los países que probablemente van a beneficiarse son los aliados del régimen, Rusia, Irán y China, que fueron invitados el pasado año a la Feria Internacional de Comercio celebrada en Damasco. Estos países no van a condicionar su ayuda a que se atiendan los derechos humanos o se lleven a cabo reformas políticas. Autoridades del régimen han afirmado ya que las compañías europeas y estadounidenses no van a beneficiarse a menos que sus gobiernos se disculpen por su oposición al régimen. Los esfuerzos de reconstrucción van a beneficiar, fundamentalmente, a los capitostes del régimen y a sus aliados, responsables de la destrucción del país, mientras afianzan el poder de la familia Asad y la elite empresarial.
En 2011, el pueblo sirio pidió libertad, dignidad y justicia social. No se ha cumplido ninguna de esas demandas. El pueblo sirio ha sido tratado con una brutalidad inconcebible y millones de seres han sido expulsados de sus hogares. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos de ellos van a tener un hogar al que poder volver? Y, en cualquier caso, ¿qué significa la palabra «hogar» si su país se reconstruye a la imagen de su torturador?
Leila Al-Shami es una escritora siria, activista por los derechos humanos y coautora, junto a Robin Yassin-Kassab, de Burning Country: Syrians in Revolution and War (Pluto Press, 2016). Tweeter: @LeilaShami
Fuente: https://www.aljumhuriya.net/en/content/syrias-shock-doctrine
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