Los Estados tiene la responsabilidad de atender necesidades sociales, como explican las mineras ahora que los pueblos de su entorno les recuerdan las riquezas que se llevan de su subsuelo y su baja contribución al desarrollo local. Las empresas privadas existen para ganar dinero y pagar sus impuestos, aclaran sus voceros. Las consultoras también están […]
Los Estados tiene la responsabilidad de atender necesidades sociales, como explican las mineras ahora que los pueblos de su entorno les recuerdan las riquezas que se llevan de su subsuelo y su baja contribución al desarrollo local. Las empresas privadas existen para ganar dinero y pagar sus impuestos, aclaran sus voceros.
Las consultoras también están ahí para hacer contratos con las empresas para fundamentar técnicamente lo que les conviene. Y los medios de comunicación para transmitir el punto de vista de sus propietarios, que no pocas veces están asociados a los de las grandes empresas, que además son las que ponen avisos y suelen contratar formal o informalmente a muchos periodistas.
Todo esto se sabe.
Pero igual, para abusar de que no siempre estamos atentos, nos venden la privatización con el argumento que las privadas deben cumplir la «meta social» que el Estado no estaría cumpliendo (¡!) por falta de recursos (entre otras cosas porque las empresas pagan pocos impuestos), por ejemplo ponerle agua a los que no tienen. Después de la privatización nos aclararán que se trata de un «error de concepto»
Nos presentan la opinión de los consultores económicos privados en los medios como neutra, como si nadie pagara sus investigaciones e informes, más o menos como lo hace el abogado Avendaño cuando usa la palabra «constitucionalidad», antes de pasar con su recibo de honorarios por las oficinas de sus clientes.
Este domingo hemos podido leer a Máximo Torero de Grade en «Perú 21», subdiario del diario «El Comercio», despejándonos las dudas que teníamos sobre la privatización, y a Elmer Cuba de Macroconsult, en «Correo», declarando sin necesidad de probarlo que «un operador privado con buena supervisión es muy superior a la Empresa pública». Por supuesto, los directores de los dos medios están convencidos que estas son del único tipo de opiniones que deben ser publicadas y que hacerlo es la prueba de la libertad de prensa irrestricta que existe en el Perú. La que condena a las otras opiniones a la virtual marginalidad.
Pero, veamos las dudas del Torero.
Duda resuelta No.1, la tarifa final, después de la privatización subirá, pero no para los pobres. Es decir como sólo un 72% de los peruanos tienen agua y el 40% en el área rural, quiere decir que el aumento no va a afectar al 28% nacional y al 60% rural. Pero están hablando de la privatización en Lima, donde la cobertura es de 92% a través de Sedapal y donde los pobres llegan al 60% y los muy pobres al 30%, o sea que hay pobres y muy pobres con conexión de agua (que lucharon y obligaron al Estado a conectarlos al agua), que serán golpeados con el alza de tarifas. Además es una falacia suponer un consumo medio de las personas que acceden a la red general y pretender que este es nivel de utilización de las familias que hoy dependen de los cilindros. Por tanto multiplicando el litro de cilindro por el consumo, les sobraría la plata para invertir en agua. El que haga este razonamiento es un perfecto idiota. Las tarifas mensuales en empresas privatizadas en Chile, Argentina y Bolivia, se mueven en una cifra de 20 a 30 dólares, para los más bajos consumos (60 a 90 soles), y eso representa un shock para la economía popular.
Es una estrategia usual de los propagandistas neoliberales, contraponer al «más pobre» con los pobres y medio pobres que integran la sociedad peruana. Una empresa privada gestionando el agua de Lima, dejará igualitos al 60% rural sin agua que habla Torero. Y todos los esfuerzos por armar paquetes de inversión para extenderles el servicio (programa Pronasar), terminan en un tema de Estado y entidad financieras internacionales. Porque nadie más quiere saber de este problema. En ciudades como Tumbes donde hay déficits importantes de servicio, habrá que subsidiar al capital (bases de la concesión), con donaciones y créditos, y el compromiso que se estará asumiendo es el de la colocación de piletas (caños), para los no abastecidos en un plazo de dos años, que es la propuesta que Sedapal hizo en Lima y algunos rechazaron porque la consideraron discriminatoria).
¿Por qué subirá la tarifa? Torero no lo dice, como si quisiera dar a entender que será el costo de extender el servicio hacia los desabastecidos. Pero Elmer Cuba es más sincero y propone subsidios directos como en el sector eléctrico. Es decir que el Estado gaste, lo que se dice que no tiene, pero poniendo la plata en manos de privados. Pero la causa principal de la suba no tiene nada que ver con los pobres y sin agua, sino el conjunto de nuevos costos que contrae la propia privatización: costo de privatizar (pagos al Estado), costo de financiar (devolución de créditos), costos de invertir (los compromisos de inversión asumidos y valorizados privadamente), costos de rentabilizar (las expectativas de ganancia de las empresas). Todos estos son adicionales que deberán pagarse. Y cuando se sacrifica al Estado, por ejemplo concesión sin canon, para no afectar la tarifa, subsidios, préstamos y donaciones, rebajas tributarias, los paga la sociedad de todas maneras.
Duda resuelta No.2, la calidad del agua depende las bondades del contrato y la regulación. Es lo mismo que escucharon los peruanos de las anteriores privatizaciones y lo que consiguieron fueron contratos secretos entre gobiernos privatistas y monopolios internacionales, que entienden que una vez firmado no se puede tocar, así haya sido un acuerdo con una dictadura y/o un régimen corrupto. Y reguladoras inscritas en un fenómeno deliberado de desregulación, que se apoya en el criterio de que si presionas al capital extranjero se te va, lo que hace capitular a todas sus exigencias. El TLC que se negocia actualmente, también se presentó como un asunto que dependería de una «buena negociación», con el lamentable resultado que estamos viendo. Y todo es así, porque asumimos el papel de que «necesitamos esa inversión» y los inversionistas «no nos necesi tan». El balance son contratos nefastos como el de la Telefónica y reguladoras cómplices, como la Osiptel, que integraba el actual director de Perú 21, que permitió a la empresa española exprimir a los peruanos.
La calidad del agua en Buenos Aires y en la mayor parte de Chile, se desmejoró con la privatización. Es decir se entregaron empresas eficientes que perdieron eficiencia en manos de los operadores privados, y no hubo regulador que las corrigiera. Más aún en las demandas que el Estado boliviano le hizo a las privadas de agua por exceso en las tarifas, mal desempeño en calidad de agua e incumplimiento de metas para las nuevas concesiones, la respuesta de los reguladores internacionales (tribunales de comercio), ha sido desconocer el derecho a reclamar y multar al gobierno en demanda, sobre el supuesto de que su intención más profunda es revisar el contrato o expropiar.
Duda resuelta No.3, el empleo disminuirá pero sólo para corregir excesos. Los trabajadores del agua que se han quedado sin empleo desde que se formaron las comisiones especiales de privatización para estas empresas ya suman en todo el país. La reducción fue tan intensa que en muchos servicios, el personal disponible quedó por debajo de lo que es técnicamente recomendable, debiendo recurrirse a contratar a terceros par a completar la nómina. La famosa tercerización es un factor de ineficiencia, porque impide la debida especialización de las operaciones. Pero es útil para bajar el costo de mano de obra. Hace tiempo que Sedapal está debajo de la cantidad de profesionales, técnicos y operarios que se requiere para su buen funcionamiento. Sin embargo eso no es ninguna garantía de protección ya que en incon tables casos las empresas sustituyeron implacablemente personal en puestos necesarios.
Torero, sin embargo propone una solución: capacitar a los trabajadores que van a quedar sin empleo para que puedan reubicarse. Y lo dice en el país donde ingenieros, profesores y oficiales de las Fuerzas Armadas hacen taxi y se cachuelean como pueden, porque las profesiones que estudiaron y los asuntos en que se capacitaron carecen de demanda en un mercado de empleo deprimido. ¿Adónde se recicla un trabajador con 15 o 20 años de servicios en una empresa de agua? Con el agravante que se le echa fuera para bajar costos, romper sindicatos y demostrar quién es el que manda. Y no existe un lugar para quejarse de estos abusos.
Duda resuelta No.4, la concesión le impone obligaciones a la contratista, que estará sujeta a la supervisión ciudadana a través de la Defensoría del Pueblo. Ya hablamos de la calidad de los contratos y de porqué terminamos siempre perjudicados cada vez que el Estado neoliberal trata de representarnos en negociaciones con el capital trasnacional y se arrodilla delante de él para «imponerle» sus condiciones. Obviamente desde esa postura salen siempre acuerdos con amplios derechos para el contratista y casi cero obligaciones. Dice Torero, sin embargo, que no ve porqué se vayan a reducir los derechos ciudadanos. Sí es lo mismo, ya que el Estado es en última instancia el propietaria. Pero lo es tan en última instancia que nunca está presente. En las concesiones que ya existen, el concesionario hace lo que quiere con el bien a su cargo, trata a los na cionales como quiere y se zurra en los reclamos de los usuarios. Y aquello de que el pueblo es representado por el ministerio respectivo o la Defensoría del Pueblo, suena a estas alturas a chiste de mal gusto, tomando en cuenta sobre todo la experiencia de cómo nos representa el ministerio de Transportes ante la concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez o el Energía y Minas ante las empresas mineras. Tampoco la Defensoría tiene mejor currículo. A ella se le ha pasado por la guacha los abusos de la Telefónica, las eléctricas y las petroleras. Sus profesionales normalmente están más preocupados en aparecer en el medio que en defender al pueblo. No hace mucho la Defensoría expuso que no creía que al agua no le correspondiese la categoría de mercancía y que más bien era discutible considerarla como un derecho. Era una toma de posición clara. Cada vez más la Defensoría se sujeta al interés de su jefe por lograr que 80 congresistas voten algún día para ratificarlo y eso supone un equilibri smo extremo que cuando pasa el tiempo se convierte en contorsionismo.
Máximo Torero quiere decir que los derechos públicos y el control local no se afectan con el paso del servicio público a gestión privada. Pero hay una diferencia abismal entre reclamar al Estado que cumpla con dotar de agua pura y suficiente, como obligación de gobierno; a plantear cualquier reclamación al operador por problemas con el servicio. Como decía Noam Chomski, la privatización (incluida la concesión), diluye la democracia en países como el nuestro. Es una manera de decir que el Estado deja de ser parte del problema y que la población se las entienda con los ejecutivos y gerentes de las empresas que no dependen de su voto, ni de ningún mecanismo de control. A quejarse al buzón o al regulador, pro concesionario. Esa es la cuestión.
Hasta aquí Máximo Torero. Respecto a Elmer Cuba, sólo agregar unas palabras: su columna dominguera es una defensa ardorosa de la Sunass, como para quitar las dudas a los que sospechaban que esta reguladora estaba en el juego de la privatización. Sunass, Proinversión, CONAM y otras entidades semejantes, son la punta privatizadora del Estado. Curiosamente todas ellas forman parte del paquete de la PCM (presidencia del consejo de ministros), capitaneada por el inefable Charlie Ferrero, que ha declarado cerrado el debate sobre la privatización de Sedapal durante este gobierno. O sea mientras el ministro dice no, a la vez deja hacer a sus subordinados que coordinan directamente con las empresas interesadas, las consultoras que recomiendan los pasos de la privatización y los medios que hacen de caja de resonancia.
Sunass es la entidad que traba el plan de inversiones de Sedapal, le impide usar sus propias utilidades, le cierra las fuentes de crédito, le anula el escalonamiento tarifario y le exige metas altas, sin recursos, que no se pueden cumplir. Es la soga que ahorca y que permite que «El Comercio» y los tabloides que le van de cola digan que se trata de una empresa incapaz.