La participación española en el sistema de comercio de CO2 que se ha puesto en marcha en 2005 no respeta las reglas del juego, ha repartido más derechos de los permitidos por la Comisión. Cuando el Estado español sometió al dictamen de Bruselas su plan nacional de asignación de derechos de emisión se le respondió […]
La participación española en el sistema de comercio de CO2 que se ha puesto en marcha en 2005 no respeta las reglas del juego, ha repartido más derechos de los permitidos por la Comisión.
Cuando el Estado español sometió al dictamen de Bruselas su plan nacional de asignación de derechos de emisión se le respondió que sería aceptado si subsanaba el «olvido» de una serie de instalaciones de potencia térmica nominal superior a 20 MW que deberían haberse incluido, pero se dejaba claro en la Decisión de la Comisión de 27 de diciembre de 2004 que no se podía aumentar la cantidad total de derechos gratuitos que se reparte en el plan.
Hasta ahora, según el plan que aceptó la Comisión Europea, el gobierno repartiría sin coste para las empresas que participan en el sistema de comercio de emisiones la cantidad de 174,6 millones de toneladas de CO2 entre los años 2005 y 2007. Demasiada generosidad para el país de la UE más alejado de su objetivo de Kioto, puesto que se emplean estos tres años para estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, prácticamente al nivel de 2002, y se deja para cuando el Protocolo de Kioto sea obligatorio, entre 2008-2012 casi toda la reducción. A partir de 2008 tendremos que disminuir nuestras emisiones del orden de un 2% anual para cumplir el Plan del gobierno, un desafío muy duro.
Las asignaciones ahora presentadas vienen a empeorar la situación, porque suman 13 millones de toneladas de CO2 gratuito al previamente decidido, lo que aumenta la cuota total de derechos asignados en un 7,4%, incumpliendo así la Decisión de la Comisión Europea.
Para Ecologistas en Acción los derechos para las instalaciones incorporadas ahora debieran proceder en primer lugar de la cuantía reservada para nuevos entrantes (10,1 millones de toneladas) y de una revisión del reparto al resto de sectores. En concreto los restantes 3 millones de toneladas debieran restarse a la asignación del sector eléctrico, pues existen alternativas tecnológicas a la generación con combustible fósiles, este sector no encara competencia exterior y en las primeras versiones del Plan de Asignación recibía aproximadamente 3 millones de toneladas menos que ahora.
En lugar de aplicar este mecanismo de mercado para intentar contener las emisiones y fomentar unos sectores energético e industrial más eficientes y mejor preparados para los futuros objetivos de reducción que tendrá que negociar la UE, se gasta buena parte de la «reserva de nuevos entrantes» en favorecer a las cementeras: el 40,5% de las 5,8 millones de toneladas que se reparten gratis en este capítulo. Así se promueve que se abra una nueva gran cementera en Extremadura y se amplíen dos en la Comunidad Valenciana.
Esto significa un aumento del 8,6% sobre la asignación previamente concedida a este sector, que a su vez era cerca del 9% más de lo emitido años pasados. A todas luces excesivo en un contexto en que cabe pensar que la actividad cementera debería disminuir por criterios ambientales de sostenibilidad: menos edificaciones y menos infraestructuras.
En definitiva, una vez más se demuestra que no hay voluntad política para abordar reducciones de CO2 significativas, y que no nos estamos preparando para el futuro. Para Ecologistas en Acción sólo se está retrasando el problema y nuevamente, se incumple una ley medioambiental.
Más información: Cristina Rois, 915220965, por la tarde y noche.