En una carta enviada el 28 de este mes a los legisladores, los grupos -incluyendo a Human Rights First, Human Rights Watch y el Centro de Políticas para una Sociedad – alertaron que Washington se arriesgaba a perder más credibilidad, particularmente en el mundo árabe. «Esta priorización de los intereses de seguridad sobre las reformas […]
En una carta enviada el 28 de este mes a los legisladores, los grupos -incluyendo a Human Rights First, Human Rights Watch y el Centro de Políticas para una Sociedad – alertaron que Washington se arriesgaba a perder más credibilidad, particularmente en el mundo árabe.
«Esta priorización de los intereses de seguridad sobre las reformas políticas supone un fuerte contraste con la declaración en mayo del presidente (Barack) Obama, de apoyo a quienes protestaban por la libertad en la región, cuando dijo: ‘Si asumen los riesgos que implican las reformas, tendrán el pleno respaldo de Estados Unidos'», recuerda la misiva. «El pueblo de Bahréin ha tomado esos riesgos para reformar», añade, indicando que las protestas en el pequeño reino iniciadas en febrero pasado «fueron las más grandes de la Primavera Árabe… en relación con el tamaño del país».
La divulgación de la carta coincidió con la sentencia el 29 de este mes por parte de una corte militar bahreiní contra 20 médicos y otros profesionales de la salud que habían asistido a personas que participaron de las manifestaciones democráticas contra el gobierno del rey Hamad bin Isa al Khalifa a comienzos de este año. Acusados de robar fármacos, reunir armas, incitar al odio contra el gobierno y ocupar el Complejo Médico de Salamaniya, en Manama, los detenidos sufrirán penas de entre cinco y 15 años de prisión.
Estas sentencias, así como la confirmación por parte de una corte especial de seguridad de la cadena perpetua a ocho prominentes figuras políticas chiítas que colaboraron con las protestas, sin duda añadirán tensiones sectarias en Bahréin e intensificarán el debate tanto dentro como fuera del gobierno de Obama y del Congreso sobre cómo presionar a la familia real de ese país del Golfo, que pertenece a la rama sunita del Islam.
«Estamos profundamente perturbados por la severidad de las sentencias emitidas hoy», declaró un portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos sobre la condena a los médicos, varios de los cuales habrían confesado bajo torturas. «Hemos expresado nuestra preocupación a los más altos niveles del gobierno de Bahréin en referencia al uso de tribunales militares para juzgar civiles, y seguimos instándolo a que cumpla su compromiso con un juicio transparente y con el debido proceso conforme a la ley bahreiní y las obligaciones legales internacionales», añadió.
«Llamamos al gobierno de Bahréin a que cree un clima conducente hacia la reconciliación nacional, un diálogo significativo y una reforma que… traiga un cambio pacífico dando respuesta a las aspiraciones de todos los bahreiníes», añadió.
En relación con la transferencia de armas, señaló: «Hemos seguido de cerca la situación de seguridad en Bahréin desde la inestabilidad civil que ocurrió a inicios de este año, y continuamente examinamos toda la información relevante para cumplir con nuestras obligaciones según la Ley Leahy». Esa norma prohíbe la transferencia de cualquier ayuda de defensa a militares o unidades de seguridad que hayan cometido abusos a los derechos humanos según reportes creíbles.
Aunque inicialmente condenó la represión, Washington ha permanecido relativamente callado desde mediados de marzo, cuando criticó públicamente el envío de unos 1.500 soldados y policías por parte de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para apoyar al régimen bahreiní.
La reticencia de Washington ha sido atribuida principalmente a sus intereses geoestratégicos, específicamente el uso y la planificada expansión de su base naval en Bahréin, así como a su deseo de evitar nuevas tensiones con Riyadh. Ya molesto por lo que consideró un abandono de Obama al derrocado presidente egipcio Hosni Mubarak, el gobierno saudita se disgustó más por el inicial apoyo de Washington a las demandas de la oposición bahreiní. Esas reformas, en opinión de Riyadh, amenazan con fortalecer a la mayoría chiita, lo que podría desencadenar similares protestas en la población de la Provincia Oriental de Arabia Saudita, rica en petróleo, y darle mayor influencia a Irán en el Golfo.
Paradójicamente, el gobierno estadounidense notificó al Congreso legislativo hace dos semanas que intentaba vender equipos militares a Bahréin por 53 millones de dólares, algunos de los cuales podrían ser incluso usados para reprimir a los manifestantes. El Pentágono señaló que la venta «contribuiría a la política exterior y a la seguridad nacional de Estados Unidos ayudando a mejorar la seguridad de un gran aliado fuera de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) que ha sido y continúa siendo una importante fuerza para la estabilidad política y el progreso económico de Medio Oriente». El Congreso está autorizado a bloquear la venta aprobando una resolución conjunta de desaprobación, procedimiento que rara vez ha sido utilizado.
En la carta, los grupos, entre los cuales también se encuentran Proyecto para la Democracia en Medio Oriente, el Foro Noruego para el Ambiente y el Desarrollo, y Comité de Amigos sobre Legislación Nacional, instaron a los legisladores a «pedir una reseña formal del Departamento de Estado sobre cómo esta venta afectará el proceso de reformas políticas y para responsabilizar (a los culpables) por los serias violaciones a los derechos humanos en Bahrein».
http://periodismohumano.com/sociedad/eeuu-vendera-53-millones-de-dolares-en-armas-a-bahrein.html