El alto mando militar y el poder Cinco meses después del comienzo de «la revolución» del 25 de enero, como siguen llamándola los egipcios, revolucionarios o no, el devenir político de Egipto sigue siendo incierto. El derrocamiento del régimen de Mubarak en tanto que tal no es revocable, y la apertura y pluralización del espacio […]
El alto mando militar y el poder
Cinco meses después del comienzo de «la revolución» del 25 de enero, como siguen llamándola los egipcios, revolucionarios o no, el devenir político de Egipto sigue siendo incierto. El derrocamiento del régimen de Mubarak en tanto que tal no es revocable, y la apertura y pluralización del espacio y el proceso político egipcio a corto y medio plazo tampoco. Sin embargo, no está nada claro qué fuerzas lograrán imponerse en dicho espacio, y en qué medida condicionarán, e incluso revertirán, su incipiente democratización.
Un factor clave en este proceso es el Consejo Supremo de las Fuerzas Armada (CSFA), que recibió las muy importantes prerrogativas presidenciales del propio Mubarak tras su renuncia. Aunque dichas prerrogativas son en principio provisionales, y han sido levemente recortadas a instancias del propio CSFA, dejan en manos del alto mando militar la facultad última de decidir en tanto que no se celebren elecciones legislativas y presidenciales y no se promulgue una constitución permanente. Y mientras no suceda esto, que está aun sujeto a un fuerte debate relativo al calendario y el carácter de las reformas, a pesar de que aquellas avanzan a un ritmo relativamente rápido y según una secuenciación en principio ya definida -pero contestada-, no será posible comenzar a extraer conclusiones definitivas acerca de la naturaleza y, en su caso, la profundidad del cambio en el sistema político egipcio.
Ha de quedar claro en primer lugar que, si bien es cierto que el CSFA tiene las riendas del poder, su poder, al menos todavía, depende del «pueblo». El pueblo, al menos en su mayor parte, fue quien exigió la renuncia de Mubarak y «la caída del régimen», y consiguió la primera y ahora lucha por lograr la segunda, con las dificultades que presentan la resistencia de aquel y las diferencias en el seno de las fuerzas políticas de oposición acerca de qué régimen político desean.
El papel decisivo que ahora desempeña el CSFA es el precio que los revolucionarios tienen que pagar por apostar por un cambio relativamente pacífico, a pesar de los más de 1000 muertos y muchos miles de heridos que costó la revolución. El CSFA, o al menos sus principales dirigentes, entre ellos su presidente, Mohammed Huseyn al-Tantawi, que había sido ministro de Defensa de Mubarak ininterrumpidamente desde 1991, formaban parte del régimen de Mubarak. En sus manos estaba dejarlo caer o sostenerlo, y optaron por lo primero, probablemente con gran satisfacción porque precisamente la sucesión en la presidencia era una cuestión candente desde hacía 7 u 8 años, dada la avanzada edad de Mubarak y bajo ella latían los enfrentamientos derivados de la transformación interna del régimen. Pero para tomar esa decisión necesitaron del valeroso empuje de la población, que rompió el equilibrio de fuerzas interno al régimen en su favor.
El CSFA tiene el mando, como antes lo tenía Mubarak, pero su poder, su auténtico poder, depende del apoyo que tenga o, dicho de otra manera, de su legitimidad. El apoyo de los altos dirigentes del aparato coercitivo, de gobierno y administrativo es fundamental para el mantenimiento en el poder de un gobernante, pero la posibilidad de que lo conserve sin recurrir a la violencia absoluta está directamente relacionada con el apoyo social que haya tras él. La mejor prueba de ello es lo sucedido con el régimen de Mubarak.
El CSFA se declaró desde el primer momento depositario del poder del pueblo y de la nueva legitimidad del «25 de enero». Lo mismo hizo el primer presidente del gobierno nombrado por el CSFA, Esam Sharaf, que había participado desde los primeros días en las concentraciones de la plaza Tahrir. A partir de entonces, según ambos, se han limitado a intentar interpretar, y traducir en su acción de gobierno, las directivas y deseos de «la revolución» o del pueblo. Las verdaderas intenciones del CSFA no pueden ser presupuestas. Sólo cabe juzgar sus actos, y entender que la evolución política de Egipto dependerá del balance de las diferentes fuerzas políticas y corrientes ideológicas existentes en Egipto, de su naturaleza y sus intenciones, de su grado de organización e inteligencia política, así como de los apoyos que obtengan.
Cambios en el elemento humano y socioeconómico del régimen
Las actuaciones del CSFA relacionadas con el exigido cambio de régimen pueden ser divididas en tres apartados: el cambio de régimen en tanto que cambios en su componente humano -y sociológico-, el cambio de régimen en tanto que estructuras y prácticas políticas, y el cambio de régimen en tanto que entramado legislativo de orden superior (constitución, sistema político, etc). Cabría añadir a estos apartados el orden económico y social. Sin embargo, en este terreno las acciones de gobierno han sido menores y son transitorias, a pesar de la importancia que ha tenido y tiene para la población y sus deseos de cambio, a la espera de que se clarifique la configuración de los otros tres apartados.
En lo que respecta al primer apartado (y una parte del segundo, las estructuras), los tres principales pilares del régimen de Mubarak: el Servicio de Seguridad del Estado (servicios secretos de inteligencia no militar), el Partido Nacional Democrático y las cámaras legislativas y representativas estatales y locales han sido desmantelados, mientras que los otros órganos del sistema político han sido depurados. Varias decenas de altos dirigentes del régimen, ministros y exministros, y principales responsables del anterior partido gobernante, han sido detenidos y juzgados, o esperan juicio, acusados de corrupción o de ordenar el asesinato de manifestantes. Lo mismo ha sucedido con muchos grandes hombres de negocios asociados al gobierno y al partido. La propia familia de Mubarak ha sido arrestada e interrogada con cargos similares, y sus dos hijos, Gamal y Alaa, serán juzgados a partir del próximo 3 de agosto. En los puestos altos e intermedios del aparato del estado, numerosos dirigentes han sido remplazados, incluyendo los del aparato de información y comunicación estatal, que se compone no sólo de la radio y la televisión públicas, sino también de un poderoso entramado de medios de prensa.
La eliminación del régimen de Mubarak propiamente dicho en términos humanos y socioeconómicos no tiene vuelta atrás. Aquel era un determinado conglomerado de personas y fuerzas socio-económicas cuya configuración, sin duda, no se va a repetir tal como era. Sin embargo, otra cuestión es en qué medida podría producirse una restructuración de dichas fuerzas en torno a un nuevo núcleo hegemónico, liderado o vigilado o no por el CSFA, o en alianza o no con fuerzas políticas de la oposición conservadores, como por ejemplo los Hermanos Musulmanes. La segunda cuestión clave es en qué medida dichas fuerzas podrían conseguir perpetuar, incluso bajo el lema de la lealtad a «la revolución», la presencia del autoritarismo, la corrupción y el clientelismo en el nuevo panorama político, aunque fuera por medio de su triunfo en futuras contiendas electorales.
En este sentido, lo que hay que vigilar son, frente a los numerosos cambios, las continuidades con el régimen anterior. En el terreno de las personas, y de los sectores socioeconómicos que representan, como veníamos diciendo tan sólo el aparato militar se mantiene incólume (ya que el poder judicial, incluso en sus altas instancias, incluye a partidarios de Mubarak y opositores), junto a algunos gobernadores civiles. En el resto de los órganos de gobierno, e incluso en los legislativos provisionales, el CSFA ha procurado situar a personas que pudieran presentar un currículo limpio, o relativamente limpio, de partidarios declarados de Mubarak. Pero la continuidad o no con el régimen anterior ha de medirse también, y quizás sobre todo, en las estructuras y las prácticas políticas, y en el entramado constitucional y legislativo que subyace a ellas.
Como decíamos anteiormente, aunque en última instancia la evolución política del país dependerá del peso de las fuerzas en presencia, a corto plazo el mayor o menor equilibrio entre aquellas se verá condicionado por el ritmo, el orden y el carácter de las reformas que afectan a todo el entramado legislativo e institucional, en particular las que tocan al sistema político. Resumiéndola en los elementos básicos de la organización del poder, la cuestión es que tras el triunfo de la revolución son necesarias una nueva presidencia de la República, una nueva constitución y un nuevo parlamento. Y esta cuestión es como la del huevo y la gallina.
La reforma de las leyes y del sistema político, y las fuerzas políticas en presencia
En lo que toca a la presidencia de la República, que debía al menos en principio ser la gestora del resto de las reformas, el CSFA declinó desde un primer momento cederla a un consejo presidencial transitorio compuesto mayoritariamente por civiles, como demandaban la mayor parte de las fuerzas políticas, en particular las liberales y de izquierdas. Aunque esta reivindicación se mantiene, apenas cuenta ya con posibilidades de prosperar.
El primer paso de calado del CSFA en el terreno de las reformas legislativas fue encargar a una comisión la elaboración de una serie de enmiendas a la constitución anterior, que serían votadas en referéndum el 19 de marzo. Las enmiendas propuestas incluían una serie de aspectos considerados positivos por el conjunto de las fuerzas políticas: posibilidad de presentarse directamente como candidato a la presidencia de la república (anteriormente había una serie de requisitos que hacían muy difícil hacerlo desde fuera del régimen), limitación del mandato presidencial a un total de ocho años, supervisión por los jueces de todos los procesos electorales, reducción de los poderes del presidente de la república, mayores restricciones a la declaración del Estado Excepción, etc. Sin embargo, las fuerzas liberales y de izquierdas manifestaron su decisión de oponerse en el referéndum alegando fundamentalmente que los poderes presidenciales seguían siendo demasiados, que la declaración del Estado de Excepción seguía siendo demasiado discrecional, y que la composición de la Comisión Electoral que decidiría en todos los aspectos relacionados con las contiendas electorales la hacía demasiado dependiente del poder presidencial. Además de estos importantes aspectos, otro factor fundamental determinó la polarización de fuerzas ante el referéndum: la permanencia del artículo 2 de la constitución anterior, que establecía que la ley islámica era la principal fuente de legislación. Las enmiendas se ganaron el apoyo en el referéndum de un frente variado y aparentemente contranatura: por un lado los ciudadanos simplemente conservadores, temerosos de los cambios radicales y relativamente satisfechos con el statu quo, por otro los restos del régimen anterior, por otro los Hemanos Musulmanes, y, finalmente, también el de los grupos islamistas más radicales que se habían opuesto violentamente en el pasado al régimen de Mubarak.
El resultado del referéndum, que según reconocieron todos los actores y observadores políticos se celebró con una limpieza casi absoluta, arrojó unos resultados de un 77,2% de los votos a favor de las enmiendas, y un 22% en contra. No obstante, sólo votaron el 41% de los electores potenciales. Estos resultados permiten hacerse una idea aproximada de la distribución las de fuerzas políticas en Egipto: en primer lugar, el 60% de la población no tiene una orientación política claramente establecida. Aunque la mitad de esa porcentaje, como mínimo, es previsible que no participe a corto ni medio plazo en ningún proceso electoral, la otra mitad podría ser decisiva. En segundo lugar, hay tres fuerzas sociopolíticas mayores diferenciadas entre la población más o menos movilizada política y electoralmente:
Una, la de quienes buscarían algún tipo de continuidad con la situación política anterior, pero realizando reformas: una combinación del control del estado y el autoritarismo con el liberalismo político y económico, un cierto «laicismo religioso», un cierto panarabismo tranquilo, etc. En definitiva, una solución conservadora y semiautoritaria que excluyera las amenazas tanto a la posición de la burguesía burocrática como a la del sector privado, que evitara las derivas islamistas sin abandonar el islam tradicional y burgués (protegiendo también a los cristianos coptos), que cumpliera en política exterior con los requisitos formales de la buena conciencia árabe e islámica sin caer en radicalismos, etc. Esta tendencia, que aún no cuenta con un partido político claramente asociado a ella, podría partir de un 10 o un 15% de los votos para llegar hasta un 30%, según su éxito en la fórmula lograda y las personalidades atraídas a ella.
Dos, el conjunto de fuerzas del islamismo político. En la época de Mubarak, a efectos puramente políticos se solía circunscribir esta a la organización de los Hermanos Musulmanes. Sin embargo, la revolución trajo la sorpresa de la velocidad, la confianza en sí mismas y la organización con la que emergían, amparadas por el «liberalismo político» del CSFA, otras corrientes y grupos, algunos de los cuales, los llamados salafíes, se habían limitado anteriormente al proselitismo religioso y la acción social, mientras que otros, los llamados yihadíes, se habían enfrentado con las armas al régimen de Mubarak en los años 80 y 90. Hasta ahora, la gran ventaja comparativa del islamismo político era su organización, su disciplina militante y la relativa unidad de quienes lograban participar en el juego político cuando el régimen de Mubarak lo permitía (básicamente, los Hermanos Musulmanes y algunos activistas salafíes actuando independientemente). Ahora las cosas no están tan claras: los Hermanos Musulmanes han formado el Partido de la Justicia y la Libertad, pero han surgido otros nuevo partidos «de referente islámico», que en principio competirán en todo el espectro electoral interesado por ese referente: desde quienes defienden un estado y unas políticas plenamente civiles, pero inspiradas por los principios del islam, hasta quienes propugnan un estado islámico.
Es previsible que los Hermanos Musulmanes forjen alianzas electorales con el arco central de este espectro, pero los extremos pueden hacerle más daño que los beneficios que puedan traerle esas alianzas. Anteriormente los Hermanos Musulmanes gozaban del «privilegio» de ser la única fuerza política islamista tolerada aunque ilegal, y a veces perseguida, y eso se traducía en votos cuando el régimen lo permitía. Las fuerzas del islamismo «más civil» representadas por el partido al-Wasat (Partido del Centro), son tal vez susceptibles de entrar en alianza con otras fuerzas antes que con los Hermanos Musulmanes, mientras que el entendimiento con las corrientes yihadíes resultará imposible, más aún cuando estas podrían caer de nuevo en la ilegalidad si sus adeptos continúan con las actividades radicales e incluso violentas que han vuelto a poner en marcha al amparo de la situación de confusión y deterioro de la seguridad generada por el triunfo de la revolución, o tal vez, según algunos, de la permisividad del CSFA e incluso de la agitación de los remanentes de los servicios secretos del Estado.
Pese a que todo el mundo estima que la fuerza electoral de los Hermanos Musulmanes y sus previsibles aliados es la más poderosa, no sólo por su organización y disciplina, sino también por sus abundantes recursos económicos, en realidad su peso electoral podría establecerse entre el 25 y el 35% de los votos, dependiendo de los niveles de participación y de la fuerza de las campañas electorales de sus adversarios. Los propios Hermanos Musulmanes han asegurado que en las próximas elecciones legislativas tan sólo presentarán candidatos al 40-50% de los escaños, con el fin de disipar los temores que su hipotético dominio hegemónico de la escena política egipcia despierta.
La tercera fuerza sociopolítica es la de quienes desean un estado auténticamente civil y un sistema político democrático, que hoy por hoy sólo podría ser de corte liberal. Esta fuerza incluye diversas corrientes ideológicas y sociales, que podemos simplificar, aunque sea reductoramente, calificándolas de izquierdistas y liberales. Sus activistas son, fundamentalmente, quienes, junto a amplios sectores de las corrientes islamistas, llevaron el peso de la oposición a Mubarak durante su régimen, y desencadenaron y mantuvieron la revolución de enero. La debilidad de esta fuerza reside en su dispersión, su diversidad, su carencia en general de recursos materiales para sustentar fuerzas políticas organizadas, y su relativo aislamiento político y social del «común de las gentes». Ha de tenerse en cuenta de que del 22% obtenido por el «no» en el referéndum, y asociado a estas fuerzas, una parte considerable de los votos pudo venir la comunidad copta, que representa entre el 8 y el 10% de la población, y que se presume que optó en gran medida por el «no» para oponerse al mantenimiento del artículo 2 de la constitución y al apoyo del islamismo a él.
La principal fortaleza de esta fuerza, valga la redundancia, reside en la misma razón que ha provocado su aislamiento popular: la componen principalmente las élites educadas, profesionales y politizadas laicistas. Estas élites han de ser divididas en dos grupos: el primero está compuesto por numerosas personas (jueces, intelectuales, periodistas, otros profesionales, sindicalistas contestatarios) que gozan de un estatuto profesional y social influyente y se han caracterizado por su oposición, más o menos explícita o radical al régimen de Mubarak; el segundo está compuesto por los jóvenes, en su mayoría también con una capacitación profesional o estudios medios y superioes, excluidos en principio los islamistas, que han promovido la revolución. Uno y otro grupos han ganado influencia social con la liberalización política transitoria, y podrían ganar mucha más si tuvieran el tiempo y la determinación de organizarse, coaligarse y obtener el apoyo de fuerzas con el los recursos económicos, institucionales y sociales que les faltan. El peso electoral de estas fuerzas es una incognita, pues depende de los factores que acabamos de mencionar. Pese a las muchas suspicacias que despertaron y aun despiertan en el seno de esta fuerza, el candidato presidencial Mohammed el-Baradei y su Asociación Egipcia por el Cambio podrían servir de aglutinante organizado para ella.
El escenario político egipcio formal se caracteriza ahora mismo por su infantilismo, dicho sea con ánimo descriptivo, y no peyorativo. A principios de junio había 54 partidos legales o en formación y 19 candidatos presidenciales autopostulados. De los 54 partidos, 24 existían antes de la caída de Mubarak, y casi una veintena no tienen el menor apoyo social. De los restantes, 10 son de «referente islámico» y 9 de «referente copto», aunque la nueva ley electoral sigue excluyendo la contitución de partidos en base a criterios religiosos. Sin duda, nacerán nuevos partidos, algunos no reunirán los avales necesarios para constituirse, y otros estarán condenados a su desaparición postelectoral si no establecen alianzas. La criba de los candidatos presidenciales se hará una vez constituido el nuevo parlamento, y estos los determinará quizás más la capacidad de suscitar el consenso que la estricta pertenencia partidista. La figura de Amru Musa, expresidente de la Liga Árabe y ex ministro de Asuntos Exteriores de Mubarak durante más de una década, pero presuntamente alejado por sus diferencias con él, se nos antoja como la que podría reunir dicho consenso. La no aparición, al menos todavía, de un partido que busque una cierta continuidad con el régimen anterior no se opone a esta interpretación, puesto que Musa podría ser, a pesar de su pronta autopostulación, un auténtico candidato tapado para la presidencia.
La importancia del calendario y de la unidad
No obstante, en lo que respecta a la presidencia de la República, la cuestión clave no es la persona que la ocupe, sino la medida en la que el régimen egipcio posrevolucionario pueda ser un régimen fuertemente presidencialista. Esta cuestión depende de la fecha de las elecciones presidenciales y, en su caso, del contenido de la nueva constitución permanente de Egipto, que a su vez depende del momento de su elaboración.
Desde un primer momento, las fuerzas izquierdistas y liberales solicitaron que las elecciones legislativas no se celebraran en fecha tan temprana como septiembre de 2011, con el argumento, por un lado, de que ese plazo tan corto beneficiaba a los restos del régimen anterior y a los Hermanos Musulmanes, por el superior grado de organización de ambos. Por otro lado, las fuerzas revolucionarias defendían que la nueva constitución egipcia debería ser elaborada antes de las elecciones legislativas para evitar asimismo la fuerte impronta islamista o del antiguo régimen sobre ella. El CSFA, que era quien había impuesto esa temporización, sin duda con el apoyo de los Hermanos Musulmanes o bajo su presión, en ningún momento ha manifestado su intención de cambiarla. Sin embargo, la presión de en el sentido contrario se ha mantenido firme: sus personalidades, jueces, políticos e intelectuales, siguen insistiendo en ella, y las fuerzas juveniles laicas siguen demostrando su capacidad de movilización. Para el viernes 27 de mayo las fuerzas liberales e izquierdistas convocaron en la plaza de Tahrir en El Cairo una manifestación que incluía las demandas del aplazamiento de las elecciones y la redacción de una nueva constitución antes de ellas. La convocatoria, que consiguió reunir a casi 100.000 personas, no fue secundada por los Hermanos Musulmanes. Por el contrario, es muy significativo que el propio primer ministro, Esam Sharaf, se haya manifestado recientemente a favor de la prioridad de elaborar la constitución, y que su ministro de Justicia, Mohamed Abdel Aziz, haya propuesto el aplazamiento de las elecciones un año.La composición del gobierno de Sharaf -nutrido por personajes liberales y de la oposición a Mubarak- y sus políticas (recuperación de las elecciones con Irán y consecución de la reconciliación palestina, revisión de la política económica y social) denotan el alejamiento del poder del régimen de Mubarak y la impronta de la revolución en aquel.
Ahora bien, la situación actual es transitoria, y junto a la cuestión de las elecciones legislativas y la elaboración de la nueva constitución, queda por resolver otra cuestión clave relacionada con ella: ¿cuándo se celebrarán las elecciones presidenciales? ¿Tras la elaboración de la nueva constitución o antes de ella? Mientras no cambie el texto constitucional, la presidencia de la República podrá, ahora en manos del CFSFA, formalmente, hacer y deshacer casi a su antojo, condicionando con su peso la configuración del resto de poderes y leyes del Estado. Es por ello que los sectores conservadores, pero reformistas, incluidos los Hermanos Musulmanes, necesitan de una cierta unidad de acción y entendimiento con los sectores liberales e izquierdistas tanto como la necesitan estos. Es por ello que a lo largo del mes de junio se han celebrado diversos encuentros, y redactado diversos borradores, en algunos de los cuales han participado los Hermanos Musulmanes, con el fin de lograr un cierto consenso acerca de las reglas de juego que deberá respetar la nueva constitución, independientemente de cuando se redacte. Estos documentos giran todos en torno al respeto del pluralismo tanto político como social, y a la naturaleza del Estado que se desea. Los Hermanos Musulmanes hacen juegos malabares para decir que el Estado no será ni religioso ni laico, pero sin llegar a decir que será un estado cívico o civil, una fórmula a la que se ha aproximado mucho más la más alta institución religiosa del país, Al-Azhar, que ha emitido su propio documento.
Prácticas del antiguo régimen y resurgir del impetu revolucionario
La necesidad de unión de las diversas fuerzas opositoras a Mubarak para conseguir alejarse definitivamente de la situación anterior, un tanto olvidada en los meses anteriores a causa de las diferencias entre ellas, se ha vuelto a manifestar con claridad en las últimas semanas. Hay ciertas prácticas del régimen anterior que no han desaparecido o han resurgido a lo largo de estos meses. La prohibición de las protestas laborales, y de otras formas de protesta, ha quedado en un segundo plano porque el nuevo régimen no está en condiciones de aplicarlas. Sin embargo, desde la caída de Mubarak, el régimen militar provisional ha detenido a numerosos jóvenes, que algunos estiman en miles. Parte de ellos han sido juzgados por tribunales militares. Esta es una de las prácticas que, más que el ritmo o la naturaleza de las reformas estructurales, que es lógico que requieran un tiempo y se encuentren sujetas a debate y diferencias, despiertan más desconfianza de los opositores hacia el CSFA. Recientemente se ha unido a ellas la reemergencia de viejas prácticas de la policía «corriente» (las Fuerzas de la Seguridad Central) y de otros sectores del antiguo régimen. Durante un tiempo dicha policía estuvo desparecida, para luego volver a las calles con la promesa de que sus mandos serían depurados y se comportarían de otra manera. Hasta hace poco, se habían evitado los enfrentamientos de la policía con la población, recurriendo a los militares en los casos de conflicto. Sin embargo, se sospecha que miembros de la policía corriente o de los antiguos servicios de inteligencia, en colaboración con otros sectores del antiguo régimen, puedan estar detrás de enfrentamientos o conflictos aparentemente surgidos entre civiles, entre ellos los llamados «enfrentamientos confesionales» que se han producido esporádicamente. El CSFA también se encarga de instilar esta sospecha, pero muchos otros piensan que él mismo podría tener que ver con el desencadenamiento de los conflictos, con el fin de despertar las demandas de más seguridad y más autoritarismo, y también con el de poner a prueba la unidad y la capacidad de respuesta del conjunto de la oposición.
Los sucesos ocurridos entre el 28 y el 4 de julio han venido a incrementar la desconfianza en el CSFA y ha fortalecer los lazos entre aquella. El 28 de junio «elementos desconocidos» provocaron, al más viejo estilo del antiguo régimen -con usurpación de identidad y difusión de rumores incluidos-, enfrentamientos masivos en El Cairo entre la policía, los familiares de las víctimas de la revolución del 25 de enero que pedían justicia, y una multitud de 10.000 personas que acudió en su socorro. Volvieron los gases lacrimógenos y las balas de goma, y el ejército volvió a desaparecer hasta que era demasiado tarde (24 horas después) y los enfrentamientos deparaban un balance de 1.140 heridos, 70 de ellos policías. En otro contexto, el 4 de julio eran puestos en libertad bajo fianza en la ciudad de Suez la mayor parte de los policías acusados de estar detrás de la muerte de manifestantes en la ciudad a finales de enero y principios de febrero. Estos dos acontecimientos, ambos relacionados con la lentitud en garantizar justicias para las víctimas de la revolución, exacerbaron los ánimos de la oposición y le devolvieron la unidad.
El 8 de julio se celebraron manifestaciones multitudinarias en El Cairo, Alejandría, Suez y otras ciudades para exigir justicia para las víctimas y repetir el resto de las demandas: juicio de Mubarak y los dirigentes de su régimen, derogación de la Ley de Excepción, cambios en el gobierno, cambios de gobernadores civiles, establecimiento de un salario mínimo, etc. Tras las manifestaciones, gran parte de los participantes volvieron a acampar en las principales plazas hasta el momento de escribir estas líneas, el 12 de julio. Los Hermanos Musulmanes no pudieron negarse a participar en las manifestaciones y las acampadas. En algunos lugares, algunos activistas han cortado el acceso a diversos edificios públicos (han amenazado con cortar el tráfico del Canal de Suez), emprendido huelgas de hambre, y amenazan con la desobediencia civil.
El gobierno y el CSFA han utilizado la zanahoria y el palo: 750 generales y coroneles de la policía serán trasladados en sus funciones, para los próximos días se anuncia una remodelación ministerial que previsiblemente incluirá al ministro del Interior, y el presidente del gobierno ha anunciado que si no puede satisfacer «las demandas de la revolución» dimitirá. En cuanto al CSFA, por un lado ha confirmado su proyecto de realizar elecciones limpias, elaborar una nueva constitución y, finalmente, entregar el poder a un presidente civil elegido. Por otro, ha asegurado que contempla «todas las opciones» para impedir que la escalada de los manifestantes dañe los intereses del país (lo que incluye el desmantelamiento por la fuerza de las acampadas), y que no permitirá de ninguna manera «el asalto al poder», que sólo entregará a «una autoridad elegida». La respuesta de los manifestantes ha sido afirmar que seguirán acampados y movilizados hasta que se acceda a sus demandas. La revolución continúa. Por ahora.
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