En el ránking de independencia judicial que se hacía público el 8 de octubre, países como Egipto, Tailandia, Puerto Rico, Arabia Saudí, Estonia o Sudáfrica, entre otros, superan al Estado español. El 8 de octubre se hacía público el Informe Global de Competitividad 2008-2009, un estudio que anualmente edita el Foro Económico Mundial, organizador del […]
En el ránking de independencia judicial que se hacía público el 8 de octubre, países como Egipto, Tailandia, Puerto Rico, Arabia Saudí, Estonia o Sudáfrica, entre otros, superan al Estado español.
El 8 de octubre se hacía público el Informe Global de Competitividad 2008-2009, un estudio que anualmente edita el Foro Económico Mundial, organizador del encuentro anual de Davos. Y la independencia judicial del Estado español queda puesta en entredicho. Ocupa el puesto 56 de un total de 134 estados, quedando por detrás de dictaduras como Egipto o Arabia Saudi y justo por delante de Nigeria.
De la falta de independencia judicial ya hacía gala en 1985 Alfonso Guerra, cuando el PSOE realizó la primera reforma judicial. «Montesquieu ha muerto», reconoció Guerra, en referencia al principal teórico de la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Con su primera mayoría absoluta, el PSOE aprovechó para aprobar que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuera realizada por el Congreso de los Diputados. A su imagen y semejanza «En el Estado español no existe la separación de poderes. Y lo peor de todo, no existe ningún atisbo de cambios que faciliten la independencia judicial frente al poder político. Esto beneficia a PSOE y PP, por tanto un cambio les perjudicaría y no lo van a permitir. Como en la restauración, los liberales y conservadores, ahora PP y PSOE son los que se reparten todo. Los demás, invitados para que no quede tan crudo», denuncia Alfons López Tena, vocal del CGPJ hasta el acuerdo de PP y PSOE para la nueva composición del Consejo. Una renovación que ha llevado a Carlos Divar, reconocido integrista católico, a la presidencia del CGPJ, tras dos años de interinaje del máximo órgano del poder judicial. Con la designación de nueve vocales afines para cada partido, PP y PSOE se garantizan la necesidad del consenso ante las decisiones más importantes. «Divar ha demostrado su capacidad para no generar tensiones en la Audiencia Nacional, donde fue nombrado también directamente por Aznar», reconoce López Tena. Aunque el nombramiento tendrá que ser ratificado por el propio Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite un recurso interpuesto por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado. Su nombramiento «está viciado de origen por haber sido el presidente del Gobierno el que realmente ha decidido, antes que los propios vocales del CGPJ», argumentan los abogados en el recurso.
Y tras las negociaciones por el CGPJ, ha comenzado una lucha similar por el Tribunal Constitucional. Las discrepancias entre socialistas y populares están retrasando su nombramiento en el Senado. Además, también están enfrentados por la nueva propuesta de reducir en los procesos penales la instrucción a la única acción de la fiscalía, cuyo máximo responsable es el Fiscal General del Estado nombrado directamente por el Gobierno de turno.
La falta de independencia judicial también ha llevado al Estado español a recibir protestas por parte del relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados. La última de ellas, en junio, observaba «con preocupación que los atentados a la independencia de los jueces, los abogados y los funcionarios judiciales son cada vez más frecuentes» en más de 50 Estados, entre ellos el español. En 1998, el relator denunciaba que las declaraciones del ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, exigiendo una condena de más de ocho años para la Mesa Nacional de Herri Batasuna «podrían ser entendidas como un intento del gobierno de influir al tribunal al exponer lo que se esperaba de la sentencia».
Unión en la Audiencia Nacional Si la lucha por el control del Tribunal Constitucional o del CGPJ han sido notorias en las últimas semanas, mucho menores son los enfrentamientos por el control de la Audiencia Nacional (AN). Una instancia que sólo tenía competencia para juzgar determinados delitos, en su inicio la lucha contra ETA, que se han ido ampliando según las decisiones gubernamentales. «Existe una importante tradición bipartizan, de acuerdo entre PP y PSOE. Es una institución de combate frente a un enemigo interno del propio sistema político», describe José Ángel Brandariz, profesor de Derecho Penal de la Universidade da Coruña. Por su
parte, Raimundo Viejo Viñas, profesor de Teoría Política de la Universitat Pompeu Fabra, destaca su «naturaleza, ya que es el sucesor del Tribunal de Orden Público franquista. Es una institución anómala». «Incluso, dentro del mundo profesional no tiene un gran prestigio. No suele significar un trampolín para instancias superiores como el Supremo o el Constitucional. Eso sí, sus integrantes son elegidos por el CGPJ», explica Brandariz.
En diferentes momentos se ha exigido la desaparición de la AN, por parte del Gobierno vasco o de diferentes colectivos sociales. En unas jornadas por la Prevención de la Tortura en Barcelona, el juez Santiago Vidal, de la Audiencia Provincial de Barcelona afirmaba : «Hace falta suprimir la Audiencia Nacional».
A diferente velocidad
Como en casi todos los servicios públicos, uno de los mayores problemas que sufren es la falta de recursos. La apuesta por un sector, supone habitualmente la marginación de otro. Como por ejemplo, la apuesta del Ministerio de Justicia por el programa de juicios rápidos, desde el año 1992, que se aplican sobre los delitos flagrantes de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual (violencia doméstica) ; hurto y robo de vehículos ; y los delitos contra la seguridad del tráfico. Delitos que crean sensación de inseguridad en la sociedad, «pero de esta forma se reducen todos los procesos de larga investigación. Se beneficia el delincuente de guante blanco, al que se necesita una importante investigación para detener», explica José Luis García, de la Asociación Libre de Abogados.
Jueces sin experiencia
Una plaza de juez no es el puesto de trabajo más sencillo de conseguir. Tras finalizar la carrera de Derecho, los aspirantes dedican una media de 5,5 años a preparar la oposición que da a acceso a un sillón en los juzgados. «Un proceso que está totalmente controlado por el poder legislativo, son ellos los que regulan los requisitos que se piden», denuncia José Luis García, de la Asociación Libre de Abogados. Una situación que además provoca que jueces con una escasa experiencia profesional sean los encargados de dictar sentencias. Desde diversos sectores del derecho, como Jueces para la Democracia, se exige que el acceso no sea exclusivamente por los méritos académicos, sino que se tengan en cuenta otros aspectos como la propia experiencia profesional de los aspirantes.
Ningún orden de prioridad
La lentitud que suele profesar la justicia española, habitualmente la sitúa entre una de las instituciones peor valoradas. «No hay independencia en la Oficina Judicial a la hora de repartir los procesos. Lo que provoca que algunos temas como el conocido Caso Parot se adelanten según determinados intereses. Incluso en el Tribunal Supremo es descarado cómo se resuelven temas en meses, lo que en otras ocasiones serían años», explica José Luis García de la Asociación Libre de Abogados. O cómo a temas que consiguen una importante repercusión mediática se aplican medidas ex profeso. Tras el caso Mari Luz, cuyos padres fueron incluso recibidos por Rodríguez Zapatero, el Gobierno anunció la creación de un Registro de Pederastas para 2009 y 20 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena.
Sí o sí, Bermúdez presidente
La lucha de Javier Gómez Bermúdez por presidir la sala Penal de la Audiencia Nacional marcó una de las luchas más intensas entre progresistas y conservadores en el CGPJ. «Bermúdez no tenía los méritos suficientes para conseguir ese puesto y sus rivales lo recurrieron ante el Tribunal Supremo, que les dio la razón. Pero, el CGPJ le mantuvo y después cambió los requisitos necesarios para el perfil de Bermúdez», relata Teodoro Mota de ALA. El nombramiento fue anulado en dos ocasiones por el Supremo, la primera vez en mayo de 2006 por falta de motivación al estimar otro recurso de De Prada y la segunda en noviembre de 2006 al estimar un recurso de Garzón. Eso sí, en enero de este año el Supremo avaló a Gómez Bermúdez. «La Audiencia Nacional no es un campo de batalla todavía, quizás cuando se vea claro el final del túnel de la violencia en Euskadi, se reproduzca la lucha partidista por su control», explica José Ángel Brandariz.
La lucha por el satélite
A finales de julio el Tribunal de Estrasburgo daba un importante varapalo al sistema judicial español al reconocer que el ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por el Supremo por prevaricación, no tuvo un juicio justo e imparcial. Por unanimidad consideraron que se violó el artículo 6.1 (derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial) del Convenio Europeo de DD HH. En 1997 Gómez de Liaño, en la Audiencia Nacional, instruyó una querella contra canal Plus y Sogecable (PRISA) por presuntos delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida de 138.232.784 euros de fianzas depositadas por los abonados. Lo que en la práctica fue una lucha entre José María Aznar, junto a su amigo de clase Juan Villalonga y Telefónica, que por aquel entonces se lanzaba al mercado de la televisión digital, contra PRISA y Jesús de Polanco, afines al PSOE, por el dominio de las plataformas de la televisión de pago.
La teoría del entorno
Cuando Baltasar Garzón decidió extender la acusación de pertenencia a ETA al entorno de la izquierda abertzale se produjo un importante enfrentamiento entre la sala Nº 4 de lo Penal de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción Nº 5, dirigido por Garzón. «En abril de 2001, se puso en marcha una vasta campaña de descalificación de la actitud y posición de la sala Nº 4. Desde diferentes medios y partidos se desarrolló una línea de hostigamiento en cuestión», denuncia Behatokia (Observatorio vasco de Derechos Humanos) ya que esta sala rechazó algunas de las primeras actuaciones de Garzón. Posteriormente, los magistrados fueron separados de sus funciones durante seis meses por el CGPJ, acusados de prevaricación por haber liberado posteriormente a un narcotraficante, una causa desestimada en el Supremo tras la querella del Ministerio Fiscal.
Entrevista a lorena Ruiz-Huerta y Teodoro Mota, de la Asoc. libre de abogados
«Se restarán garantías, si sólo el fiscal dirige la instrucción»