Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
Las reacciones contra la pena de muerte en Egipto, si bien han reducido el número de ejecuciones, han llevado a las fuerzas de seguridad a aumentar las cifras de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
El 20 de febrero, las autoridades egipcias ejecutaron a los nueve acusados de asesinar al Fiscal General de Egipto, Hisham Barakat, desencadenando diversas acusaciones en la esfera internacional de juicios injustos y de estar utilizando la tortura para obtener confesiones. El Gobierno egipcio, consciente de la posible reacción internacional derivada del uso de ejecuciones oficiales como principal herramienta de represión, está sirviéndose cada vez más, durante los largos periodos de detención sin juicio en los centros destinados a tal fin, de sistemáticas ejecuciones extrajudiciales y negligencias médicas. El régimen también está combinando todo esto con una política de desapariciones forzadas, secuestrando a cientos de personas cada año, de las que solo unas pocas vuelven a aparecer. En 2015, según el Centro Nadim de Rehabilitación de Víctimas de Violencia y Tortura, hubo 464 casos de desapariciones forzadas, que se dispararon a 980 casos en 2016. Las desapariciones forzadas se usan particularmente contra activistas políticos, como señaló el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés). Si bien estas políticas se remontan a 2013, van ganando impulso a medida que crece el poder del establishment de la seguridad, culminando todo ello en el referéndum constitucional del 20-22 de abril por el que el presidente Abdel Fatah el-Sisi reforzó y amplió sus poderes.
Las fuerzas de seguridad egipcias están utilizando las ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática en lugar de ejecuciones oficiales, que han disminuido en los últimos años a pesar de las tasas más altas de sentencias de muerte emitidas. De las aproximadamente 600 sentencias de muerte dictadas en los primeros once meses de 2018, solo se llevaron a cabo 32 ejecuciones. A medida que el número de ejecuciones oficiales disminuía, de 44 en 2016 a 32 en 2018, el número de ejecuciones extrajudiciales aumentaba de forma espectacular. Entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2018, el Ministerio del Interior egipcio anunció que las fuerzas de seguridad habían matado a 465 presuntos «militantes» durante lo que se afirmó que habían sido tiroteos. El Ministerio identificó a 117 de esos hombres como miembros de la Hermandad Musulmana, 320 como «terroristas» y 28 como «delincuentes». Del total, solo 104 hombres murieron en el norte del Sinaí, donde las fuerzas de seguridad egipcias luchan por contener una insurgencia violenta. Por lo tanto, la mayoría de los asesinatos no se limitan al Sinaí, donde el régimen puede afirmar plausiblemente que las bajas eran todos miembros del Estado Islámico. Muchas de las víctimas de los asesinatos extrajudiciales parecen ser seguidores o simpatizantes de la Hermandad Musulmana, que luego son presentados como combatientes.
Las explicaciones de las fuerzas de seguridad que suelen seguir a estos tiroteos son a menudo las mismas. En general, afirman que la policía se acercó al escondite de supuestos militantes o miembros de la Hermandad Musulmana, quienes luego se pusieron a disparar contra la policía, lo que provocó la muerte de los presuntos «militantes», mientras que las fuerzas de seguridad sufrían bajas limitadas o ninguna.
Según algunos testigos presenciales, estas historias sobre tiroteos son inventadas, y las fotografías publicadas por el Ministerio del Interior son inconsistentes con los relatos de la policía. En lugar de los tiroteos que las fuerzas de seguridad afirman que ocurrieron, estas fotografías sugieren que las víctimas murieron a causa de una ejecución a quemarropa y que fueron trasladadas a otro lugar después de morir. En un video filtrado en abril de 2017, un hombre con uniforme del servicio de inteligencia militar parece interrogar a dos hombres y dispararles a quemarropa; sus familias afirmaron que los hombres habían desaparecido forzosamente el año anterior. En otro incidente de febrero de 2017, después de que supuestamente murieran cinco hombres en un tiroteo con la policía cerca de la ciudad de Arish, en el norte de Sinaí, las tribus locales amenazaron con llevar a cabo actos de desobediencia civil parcial, incluyendo no pagar las facturas de electricidad y agua. Las familias de las víctimas afirmaron que los cinco hombres asesinados ya estaban bajo custodia policial en ese momento. Y un día después de un atentado con coche bomba en un autobús turístico en Giza, que mató a cuatro personas el 28 de diciembre de 2018, las fuerzas de seguridad egipcias anunciaron que habían matado a los 40 militantes responsables en un tiroteo. Sin embargo, después del incidente, aparecieron fotos de las víctimas que sugerían asesinatos extrajudiciales.
Las escasas víctimas entre los miembros de las fuerzas de seguridad debilitan también la descripción de un tiroteo: solo se informó de 5 muertos y 37 heridos entre el 1 de julio de 2015 y finales de 2018. Aunque probablemente las fuerzas de seguridad estén mejor equipadas y entrenadas que los militantes en un tiroteo, esto aún deja una proporción de una muerte frente a 93 a favor de las fuerzas de seguridad.
Más allá de las muertes explicadas como tiroteos, otros cómputos de ejecuciones extrajudiciales resultan también reveladores. En 2015, según el Centro Nadim para la Rehabilitación de las Víctimas de Violencia y Tortura, el número de muertos «relacionados con incidentes con las fuerzas de seguridad» alcanzó los 474, algunos en tiroteos, entre ellos los inocentes que pasaban por allí, pero también 175 casos de ejecución directa de sospechosos y 137 casos en centros de detención. En 2016, esta cifra se disparó, alcanzando las 1.384 muertes, concentradas principalmente en el Sinaí. El Estado justifica estos asesinatos a través de la ley antiterrorista ratificada en agosto de 2015. El artículo 8 de esa ley otorga a los miembros de las fuerzas de seguridad inmunidad de enjuiciamiento en caso de «utilizar la fuerza para cumplir con sus deberes», con independencia de que sea o no en defensa propia. Esto elimina esencialmente cualquier responsabilidad por el asesinato de prisioneros, incluso de quienes están en prisión preventiva.
Además, la negligencia médica deliberada en las prisiones y centros de detención egipcios ha provocado la muerte de cientos de personas detenidas. En 2015, por ejemplo, el Centro Nadim documentó 81 casos de muertes en centros de detención debido a negligencias médicas (aparte de los 137 que enumeraron como asesinatos directos en los centros de detención). Este número se mantuvo constante en 2016, con 80 casos. Antes de eso, hubo 170 casos documentados de muerte por negligencia médica desde julio de 2013 hasta mayo de 2015. La tendencia ha continuado: 7 detenidos murieron por negligencia médica solo en enero de 2019. Esto incluye figuras prominentes como Gamal Sorour, un destacado defensor de los derechos humanos que falleció el 5 de noviembre de 2017 debido a la falta de acceso a los medicamentos. De manera similar, los miembros de la Hermandad Musulmana Mohamed el-Falahgy (exmiembro del Parlamento) y Farid Ismail murieron el 25 de mayo y el 13 de mayo de 2015, respectivamente, ambos debido a negligencia médica. Esto se ve agravado por una política general de abusos, torturas, hacinamiento, que también acaba provocando la muerte de los prisioneros. Por ejemplo, la infame prisión de Scorpion fue supuestamente «diseñada para que aquellos que entren no vuelvan a salir a menos que estén muertos».
Desde que el referéndum constitucional del 20-22 de abril aprobó enmiendas que consolidan aún más el poder en manos del establishment de la seguridad , puede esperarse que los asesinatos extrajudiciales se aceleren. Es muy probable que todo esto lleve a una mayor radicalización e inestabilidad.
Maged Mandour es analista político, escribe la columna de » Chronicles of the Arab Revolt » para Open Democracy. Twitter: @MagedMandour
Fuente: https://carnegieendowment.org/sada/78998
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