El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), un espaldarazo al fracking

La Comisión Europea está allanando el camino a la industria de los combustibles fósiles para que continúe su actividad contaminante sin trabas. Incluso se revocan directivas que limitaban el uso de los combustibles más sucios para facilitar su entrada en el mercado europeo de la mano de los acuerdos comerciales con Canadá y EE UU […]

En marzo de este año Barack Obama visitó Bruselas en el marco de la cuarta ronda de negociación del Acuerdo Transatlántico de Comercio en Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) y los líderes europeos, ávidos de una energía que no producen, mostraron su ferviente deseo de que facilitara la importación de GNL (gas natural licuado) de Estados Unidos, y así disminuir la dependencia respecto a Rusia [1]. Sin negar la posibilidad, pero quizás imbuido de ciertas dosis de realismo [2], el presidente americano les aconsejó que de forma paralela desarrollaran sus propios recursos de gas no convencional en Europa.

El propio Obama declaró a comienzos de 2012 que el auge del fracking iba a garantizar a EE UU suministro de gas para 100 años [3] y los últimos datos de la Administración de Información de la Energía muestran como el gas de esquisto ya representa el 40% del total del gas. Por ello son cada vez más las voces que claman por incrementar la exportación de gas a Europa, principalmente desde el sector de la energía fósil, cuya continuidad tras el pico del petróleo depende de la comercialización de los combustibles fósiles no convencionales. Hacerse con el mercado europeo resulta fundamental para las empresas del sector, por volumen de venta y por el hecho de que el combustible puede venderse a un precio muy superior al que alcanza hoy en EE UU.

Sin embargo, ni la introducción del gas de esquisto en el mercado europeo, ni el desarrollo de los recursos propios del continente está siendo tarea fácil. La exportación de gas requiere licuarlo, transportarlo en barcos y regasificarlo. Aparte de ser un sinsentido climático por las enormes emisiones añadidas, ninguno de los dos lados del Atlántico dispone aún de las infraestructuras necesarias para hacerlo de forma masiva [4].

Resistencia ciudadana

Pero la mayor dificultad, como reconoce la propia industria, se encuentra en vencer las resistencias que genera el fracking [5]. La larga década de auge del gas de esquisto en EE UU se ha saldado ya con un reguero de casos de contaminación [6], agujeros por todo el territorio abiertos de forma frenética para conseguir mantener la producción, y un desolador panorama en algunas zonas rurales donde la paz social ha sido destruida. La oposición a la práctica de la fractura hidráulica ha ido surgiendo con fuerza pero tarde, cuando la actividad estaba ya sobre el terreno, de forma que ha pillado a los ciudadanos con el pie cambiado. Numerosos municipios, algún condado, y hasta el Estado de Vermont han prohibido la práctica, mientras que los ciudadanos de Nueva York mantienen la presión sobre el Gobierno del Estado para que no levante la moratoria.

La experiencia estadounidense ha sido clave para que la reacción frente al fracking en Europa haya sido temprana. Las plataformas y asambleas de oposición se han multiplicado con rapidez desde 2011, de forma que, cuando aún no hay ni un solo pozo en explotación comercial en toda Europa, existe ya un denso tejido de resistencia por numerosos países, formado por núcleos muy locales de gran autonomía pero con una fluida comunicación entre ellos y un gran sentido de la solidaridad [7]. Esta resistencia se ha traducido en que diversos países europeos han echado el alto a la técnica, ya sea en forma de prohibiciones o moratorias, explícitas o de facto (en Francia, Bulgaria, Holanda, Irlanda o Alemania). En el Estado español 7 Comunidades Autónomas y más de 400 municipios han establecido algún tipo de mecanismo para evitar el fracking [8]. En ocasiones, como ha ocurrido en Francia, las moratorias han sido desafiadas en procedimientos judiciales ordinarios, que hasta la actualidad han validado dicha manera de proteger el medioambiente [9].

El TTIP, una nueva oportunidad para la fractura hidráulica

La posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos ha abierto una nueva ventana de oportunidad para la implantación del fracking. En primer lugar, el Tratado podría allanar el camino burocrático para la entrada de gas en Europa. Actualmente las exportaciones americanas de gas deben ser evaluadas y se autorizan con cuentagotas, obstáculo que podría ser salvado con el TTIP [10], ya que el Tratado prevé incluir una cláusula por la que el Gobierno estadounidense estaría obligado legalmente a aprobar automáticamente las exportaciones sin ni siquiera evaluar su impacto.

Por otro lado, el Tratado, además de las reducciones de aranceles y de mayor liberalización comercial, apunta a una armonización legislativa entre ambas potencias [11]. Dado que el poder corporativo a ambos lados del Atlántico está realizando una enorme presión para influir en las negociaciones, hay razones de peso para temer que esta armonización sea a la baja, socavando los derechos ambientales y sociales de la ciudadanía europea y estadounidense en aras de los beneficios empresariales. No en vano, una de las principales demandas de la industria es la eliminación del Principio de Precaución en la Unión Europea, que ha permitido proteger a la población europea de algunas sustancias y actividades peligrosas para el medioambiente y las personas [12].

Este temor se agrava con el comportamiento de la Comisión Europea, que está intercambiando más información con la gran industria que con el propio Parlamento Europeo o los Estados miembros. La asistencia de los negociadores del Tratado a las sedes de los lobbies corporativos es permanente, incluso en plenas rondas de negociación [13]. El acceso de los grupos de presión corporativos a las negociaciones es directamente proporcional a la falta de transparencia de estas: tras la cuarta ronda aún no se conoce ningún borrador de texto, ni actas de lo sucedido en las reuniones y muchos de los documentos publicados, tras requerimiento de los movimientos sociales, han sido fuertemente censurados [14].

La inclusión de un capítulo sobre protección de las inversiones amplía las posibilidades de que la fractura hidráulica sea una realidad en Europa. Mediante el mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE), las empresas extranjeras podrían desafiar cualquier medida legislativa no solo mediante la justicia ordinaria, sino reclamar indemnizaciones ingentes ante tribunales privados poco transparentes [15] regidos por una pequeña cámara de árbitros sujetos a enormes conflictos de intereses [16], como ha reconocido la propia Comisión Europea [17]. Un alarmante ejemplo de dicho mecanismo y de las amenazas que este supone para las políticas antifracking tuvo lugar cuando la empresa Lone Pine reclamó 250 millones de dólares canadienses a Canadá por la moratoria al fracking que declaró el Estado de Quebec en 2011 y 2012. Con el SDIE, decisiones como las de los tribunales franceses sobre la moratoria al fracking podrían ser desafiadas nuevamente.

El SDIE ha generado tanta polémica que, ante la presión popular, la Comisión Europea se ha visto obligada a lanzar una consulta europea sobre su inclusión en el TTIP, aunque la complejidad y el nivel de tecnicismo que conlleva la propia consulta deja claro que se trata principalmente de un lavado de imagen y no tanto un esfuerzo de participación ciudadana.

Por lo tanto, si los deseos del poder corporativo se materializaran, el TTIP supondría más fracking todavía en EE UU y bien podría ser la llave de expansión de la fractura hidráulica en Europa, allanando el terreno para las empresas multinacionales de la energía, exonerando del cumplimiento de leyes ambientales, diluyendo los requisitos europeos para las sustancias químicas, y sorteando las prohibiciones mediante el recurso al SDIE allí donde haya gobiernos que se resistan [18].

Donde dije lucha contra el cambio climático digo TTIP (y CETA)

En su página de preguntas y respuestas sobre el TTIP, la Comisión niega que dicho tratado vaya a suponer una reducción de los estándares ambientales. Admite que puede resultar en un aumento de las emisiones de CO2 provocada por el comercio pero, en un alarde de precisión científica y política ficción considera que estas y otros problemas como el aumento de los residuos o la pérdida de biodiversidad «se vería ampliamente compensado por los beneficios del incremento del comercio de bienes y servicios medioambientales». Cuesta creer en esta premisa no demostrada, más cuando los impactos ambientales de las negociaciones ya se están notando. De hecho, mirando la foto global del acuerdo en ciernes y del Tratado de Libre Comercio UE-Canadá (CETA por sus siglas en inglés), se entienden mejor algunos movimientos contra las políticas de contención del cambio climático que ha realizado la UE en los últimos tiempos.

Cuando la Comisión Europea anunció su paquete de clima y energía 2030 en enero pasado [19], estaba en realidad diciendo muchas cosas de forma implícita. El gran objetivo del paquete era el compromiso de reducir las emisiones de CO2 en un 40% para 2030. Y no solo es un objetivo bastante raquítico en realidad, habida cuenta de la urgencia y magnitud de los retos climáticos, sino que la ausencia de otras medidas daba mucha información sobre la postura de la UE. A diferencia del paquete 20/20/20 [20], donde se establecían objetivos vinculantes para las emisiones pero también para las renovables, repartido por países, y para la eficiencia energética, en el paquete 2030 se olvida la eficiencia, y el objetivo que se establece para renovables es solo del 27% para todo el conjunto de la UE, con lo que se podrá cumplir solo aprovechando el esfuerzo ya hecho en renovables por parte de unos pocos países sin necesidad de que cambien radicalmente las políticas en el resto. Con esto la CE se pliega a las demandas de países como Reino Unido, que se ha lanzado a la carrera de la búsqueda de gas de esquisto en su territorio, del que dos terceras partes es considerado susceptible de ser convertido en licencia de exploración [21] y, con esta expectativa, un objetivo de renovables por países estorba.

Como también estorba una directiva que regule el fracking en la UE. Cuando todo parecía indicar que dicha directiva estaba ya incluso redactada [22] para responder a las lagunas regulatorias que la propia Comisión había detectado en los informes que había encargado, al anunciar el paquete 2030, el ejecutivo comunitario decepcionó todas las expectativas y dio el cambiazo: en lugar de una directiva proponía una serie de recomendaciones no vinculantes y fiaba el «buen» desarrollo del fracking a las buenas prácticas de las empresas [23], ciñéndose a los intereses de la industria.

De igual manera que también estorbaba la Directiva de calidad de combustibles, cuya continuidad tras 2020 tenía que ser anunciada con el paquete 2030. La directiva, que gravaba los combustibles según las emisiones relativas a su ciclo de vida y pretendía garantizar la reducción de las emisiones procedente del transporte motorizado, dejará de existir [24]. Las razones parecen claramente apuntar a la llegada masiva de arenas bituminosas de Canadá tanto desde aquel país como a través de EE UU [25]. Los planes pretenden pasar de los 4.000 barriles diarios importados en 2012 a una cifra de 700.000 en 2020 [26] y el Gobierno canadiense, mientras negociaba el CETA, criticó activamente la Directiva por la discriminación que supondría para sus exportaciones [27].

Los combustibles fósiles no convencionales presentan un comportamiento climático reñido con unos objetivos de reducción ambiciosos [28]. Esto permite interpretar el anuncio del paquete 2030 por parte de la Comisión Europea como la elección de un modelo energético claro, basado en la importación y el desarrollo de estos combustibles sucios, incompatible con una política climática ambiciosa y plegado a los intereses de la industria fosilista. Pero sobre todo, es un gesto de aproximación para allanar el camino a los tratados de libre comercio con EE UU y Canadá.

Samuel Martín-Sosa y Luis Rico son miembros d Ecologistas en Acción

Notas

[1] http://www.theguardian.com/world/20…

[2] http://www.resilience.org/stories/2…

[3] http://www.whitehouse.gov/the-press…

[4] http://ecowatch.com/2013/05/10/fugi…

[5] http://www.controlrisks.com/OurThin…

[6] http://fractura-hidraulica.blogspot…

[7] http://www.ecologistasenaccion.org/…

[8] http://municipioslibresdefracking.org/

[9] http://www.rtve.es/noticias/2013101…

[10] http://action.sierraclub.org/site/D…