La posibilidad de que los colombianos vayan a las urnas a pedir que la Constitución Nacional consagre el acceso al agua potable como derecho humano fundamental y que, por tanto, el Estado lo garantice, todavía es posible. El pasado 28 de mayo, la Cámara de Representantes (o Cámara baja) aceptó la apelación al texto del […]
La posibilidad de que los colombianos vayan a las urnas a pedir que la Constitución Nacional consagre el acceso al agua potable como derecho humano fundamental y que, por tanto, el Estado lo garantice, todavía es posible.
El pasado 28 de mayo, la Cámara de Representantes (o Cámara baja) aceptó la apelación al texto del referendo aprobado por el legislativo, dado que la letra se apartaba de manera fundamental del originalmente presentado al Congreso y que fuera respaldado por más de dos millones de firmas.
El texto original, avalado por unas 1.200 organizaciones sociales lideradas por el no gubernamental fondo ambiental Ecofondo, propone que el Congreso someta a referendo un proyecto que consagre el acceso al agua como un derecho humano fundamental; la declare bien común, así como los ecosistemas que lo generan; ponga fin a la privatización del servicio de acueducto y garantice el suministro gratuito de un mínimo vital del líquido a toda la población, sin discriminación y con equidad de género.
El artículo original especifica la equidad de género, pues la necesidad del líquido no es igual para hombres y mujeres, como lo explica Lida Posada, de la ONG Vamos Mujer, que integra las organizaciones que respaldan al referendo por el agua.
«Somos las más afectadas por la escasa provisión del agua, pues conlleva una sobrecarga en el trabajo reproductivo -del que seguimos siendo responsables. Ello implica más tiempo y, en ocasiones, recorrer largas distancias para acceder al líquido, con el consecuente deterioro en la salud y la disminución de disponibilidad para participar en otras actividades, como la comunitaria y la recreación», explicó Posada.
Adicionalmente, prosigue Posada, las mujeres deben ser consultadas en las instancias de toma de decisiones sobre el agua pues, además de ser consumidoras, también participan de manera mayoritaria en la gestión de acueductos comunitarios.
Pese a que Colombia ocupa el séptimo lugar en el mundo en cuanto a reservas de agua dulce, de los casi 45 millones de personas que conforman la población colombiana, 14,4 millones viven en riesgo de escasez del líquido, en grados alto y medio alto; y más de 20 millones registran una situación de vulnerabilidad alta o muy alta de abastecimiento de agua futura, según la Defensoría del Pueblo.
Adicionalmente, más de nueve millones no tienen acceso a acueducto y 13,5 no cuentan con alcantarillado.
La campaña por el Referendo por el Agua recogió, durante 2008, más de dos millones de firmas de apoyo, con las cuales presentaron la iniciativa al Congreso Nacional, a través de su Comité Promotor del Referendo, compuesto por representantes de los sectores ambientalistas, sindicales, de usuarios de los servicios públicos, acueductos comunitarios y minorías étnicas.
No obstante, como resultado de los debates en la Comisión Primera de la Cámara, adelantados en 2009, el texto del proyecto sufrió cambios que, al decir del Comité Promotor del Referendo, eran sustanciales y equivalían a una negativa.
De acuerdo con un comunicado del Comité Promotor, «los cambios introducidos por la mayoría gubernamental excluían el carácter de bien común y público del agua, el derecho humano fundamental al agua potable y la destinación prioritaria de los ecosistemas esenciales al ciclo hídrico a esta finalidad natural».
«Al tiempo, reducían el mínimo vital a un ‘mínimo gratuito’, apuntalaban la privatización del servicio público de acueducto y alcantarillado e introducían una nueva modalidad de aquella, al convertir en privadas las aguas que ‘nacen y mueren’ en un mismo predio», apuntó la declaración del Centro Promotor.
La reciente admisión de la apelación implica que el referendo vuelve a empezar su debate desde el texto original. No obstante desde ya, la viceministra de Agua, Leyla Rojas, comentó a medios locales que aprobar la iniciativa con el mínimo vital gratuito sería inconveniente para el fisco de la Nación por los gastos que conllevaría.
Rafael Colmenares, director ejecutivo de Ecofondo y vocero del Comité Promotor, explicó a SEMlac que el mínimo vital es una medida señalada por la Organización Mundial de la Salud y que omitir el adjetivo vital implica que puede ser cualquier cantidad de agua.
«Seguramente el tema del mínimo vital gratuito volverá a generar debate. El gobierno se opone no por razones financieras, pues ya demostramos que es viable financieramente, sino porque no es conveniente para los amigos de las privatizaciones, ya que no es lo mismo suministrar agua cuando el líquido es un derecho de la ciudadanía, a hacerlo como una mercancía. En el primer caso, se les daña el negocio», afirmó Colmenares.
En efecto, la Superintendencia de Servicios Públicos, durante el pasado debate, objetó la provisión gratuita del mínimo vital, afirmando que «sería totalmente inconveniente» para las finanzas públicas, y agregando que los particulares lograron 90 por ciento de cobertura de acueducto en ciudades donde «se aglomera 70 por ciento de la población».
Ante ello, los promotores del referendo argumentan que, en las tres ciudades más populosas (Bogotá, Medellín y Cali), los prestadores del servicio son empresas del Estado, y que la inversión de recursos privados entre 1995 y 2003 fue de apenas 15 por ciento del total del sistema, mientras 85 por ciento correspondió al presupuesto público.
Según dicha Superintendencia, las cantidades de agua que hoy se subsidian a los segmentos de población de menores ingresos son suficientes, y estima el valor del gasto al año con este propósito en 1,2 billones de pesos (1.050 millones de dólares, aproximadamente).
Mientras, cálculos de los promotores del referendo contenidos en el documento «Es factible un mínimo vital de Agua para las Familias Colombianas», al que tuvo acceso SEMlac, indican que «si se toman recomendaciones mundiales, que establecen el mínimo vital entre seis y 10 metros cúbicos mensuales, al multiplicar por estos factores el valor general de la propuesta, se aforaría entre 400.000 y hasta 750.000 millones de pesos (entre 187 millones y 351 millones de dólares). En el ‘peor’ escenario, sería un tercio del cálculo de la Superintendencia».
El trámite que debe reiniciar el proyecto de referendo implica pasar por otra Comisión de asuntos constitucionales de la Cámara de Representantes. De acuerdo con los promotores de la iniciativa, esto permitirá un debate al margen de aquel generado por el referendo para la reelección presidencial por tercer período consecutivo.
En este sentido, analistas y periodistas consideraron que el visto bueno del Presidente de la República al texto modificado del referendo por el agua y al proyecto del referendo de hasta cadena perpetua a violadores de menores -en abril pasado– buscaba hacer coincidir los tres, de manera que más personas salieran a votar y, por ende, favorecer el caudal electoral requerido para el referendo reeleccionista.
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