Multinacionales como Sacyr buscan adquirir derechos mineros en esta provincia para inflar artificialmente el valor de sus acciones. Ecologistas denuncia que en este escándalo ambiental participan instituciones públicas, políticos y científicos.
Mina de carbón a cielo abierto de Puertollano Fotografía del año 2006
CIUDAD REAL.- Ecologistas en Acción alerta del ‘boom’ que está experimentando «la minería especulativa» en la provincia de Ciudad Real y ha denunciado «irregularidades y falta de información pública» por parte del Gobierno regional en la tramitación de alguno de estos proyectos. Concretamente, la organización conservacionista ha asegurado que esta situación está causando «indefensión de los propietarios del territorio y de la sociedad afectada en general por las minas y sus residuos».
En este sentido, han alertado sobre los efectos ambientales y los riesgos para la salud que causa la minería, amenazas que «se prolongan casi indefinidamente en el tiempo con la gestión de residuos peligrosos». Denuncian también la participación de instituciones públicas, responsables políticos y científicos en el entramado de relaciones empresariales que facilitan el expolio de los recursos naturales y el despojo de una riqueza del territorio que pasa a manos privadas.
Ecologistas ha recordado que la crisis financiera mundial ha impulsado una fiebre de expansión minera en España, atrayendo a corporaciones multinacionales y fondos de inversión, y Ciudad Real «no es una excepción a lo que ocurre en el resto del estado ni a este ‘boom’ de la minería especulativa que está diseñada en los despachos de grandes corporaciones y en la bolsa», opinan los activistas.
«No solo hablamos de los abusos típicos de la industria, como el adquirir derechos mineros, otorgados prácticamente gratis por la administración y después revenderlos a altos precios», señalan desde Ecologistas en Acción, sino que «ahora los proyectos mineros se han convertido en instrumentos financieros que se usan como cebo para atraer inversores, con el objetivo de inflar artificialmente el valor de las acciones de las compañías dueñas de esos derechos».
La organización ha recordado que desde el año pasado investigan «con detalle», entre otros, los proyectos en la provincia de minería metálica, tierras raras y fosfatos, los materiales más sensibles a la especulación y cuyos precios se han disparado debido a su creciente interés estratégico y financiero.
Esto ha llevado a que «minas dormidas se resuciten y otras nuevas se abran en la provincia», como la mina ‘El Moto’ de wolfranio que afecta a Abenójar y Almodóvar del Campo o la de fosfatos de Fontanarejo que «están siendo objeto de este tipo de especulación», ambas vinculadas al Grupo Sacyr, que se hizo con una amplia cartera de derechos mineros en España en 2014 cuando liquidó su cartera inmobiliaria.
Para Ecologistas, un caso preocupante es el del yacimiento de ‘El Moto’, donde los propietarios de los terrenos han comenzado ya a ser expropiados, cuando laJunta no debería estar tramitando la explotación de la mina porque la empresa no ha presentado los estudios que se le requería, entre ellos, un estudio de hidrología integral sobre el proyecto.
También han denunciado que en esta trama especulativa participan científicos de la escuela de Minas de Almadén y Madrid en estos proyectos, «pues adquieren y venden los derechos de investigación, forman empresas que promocionan los proyectos y asesoran y participan en su explotación».
Recuerdan que la Ley de Minas promueve la investigación y explotación de recursos en nuestro país para la autosuficiencia energética nacional, algo por lo que pueden ser expropiados los terrenos privados afectados debido al interés público general de estos proyectos. Así pues, en el caso de la mina de Abenójar, desde Ecologistas denuncian que «no hay interés público alguno» en adjudicarla a una multinacional española, cuyo negocio consiste en conseguir los permisos correspondientes para explotar el wolframio y venderlo en el mercado internacional «al mejor postor».
En cuanto al riesgo medioambiental y para la salud que conllevan estos proyectos, han indicado que, en el caso de los fosfatos, la compañía Alcudia Mining ‑vinculada al grupo Sacyr‑ pretende extraer en Fontanarejo metales pesados como el cadmio, tan peligrosos como el mercurio y el plomo, que desde al agua pasan a las plantas y de estas se extienden por las cadenas tróficas.
Almadén no se libra del mercurio
Además, el impacto sobre la salud y el medio ambiente de los residuos mineros continúan después del cese de actividad.
Un ejemplo de ello, han recordado, está en la comarca de Almadén, donde la empresa Mayasa pretende poner en marcha una planta de estabilización de residuos mercuriales «cuya viabilidad ambiental e inocuidad para la salud es muy discutible».
Esta instalación «será generadora de nuevos residuos tóxicos, sobre los que sucesivamente habrá que intervenir, liberará al medio aún más toxicidad de la que ya hay acumulada históricamente y se convertirá en polo de atracción de residuos mercuriales de toda España y del mundo para ser allí tratados y depositados», han concluido.