Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH) presenta hoy un nuevo informe sobre el «cierre ilegal de la Franja de Gaza: castigo colectivo a la población civil».
El cierre absoluto de Gaza fue impuesto por Israel tras la toma del poder de Hamás en junio de 2007. Por más de tres años y medio, esta forma más extrema de clausura se aplicó aplicada de continuo a la denominada «entidad hostil», o sea la Franja de Gaza, aislando a 1,7 millones de personas del mundo exterior.
A los habitantes de Gaza no se les permite viajar, con pocas excepciones, principalmente por razones humanitarias. Las importaciones a Gaza se han prohibido y sólo se permite la entrada de cantidades limitadas de productos básicos, especialmente alimentos, permitidos por razones ‘humanitarias’. Israel también ha impuesto una prohibición total a las exportaciones de los productos de la Franja de Gaza.
Este informe de 100 páginas detalla los efectos devastadores del cierre, que se extiende hasta el presente, en el nivel socio-económico y la negación de los derechos humanos fundamentales para toda la población de Gaza.
Este impacto se agravó por la operación militar «Plomo Fundido» llevada a cabo por Israel entre el 27 de diciembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009 que causó gran cantidad de muertes y lesiones de civiles palestinos. Destruyeron infinidad de viviendas e infraestructura civil, incluyendo escuelas y hospitales. Como consecuencia de la ofensiva, Israel, ilegalmente, se negó a abrir las fronteras de Gaza impidiendo así el paso de bienes necesarios para la recuperación y la reconstrucción. Nada ha cambiado sustancialmente, incluso después de la supuesta «flexibilización» del cierre anunciada por Israel tras el ataque criminal contra la flotilla humanitaria que navegaba rumbo a las costas de Gaza el 31 de mayo de 2010.
La mitad de la población de Gaza está ahora desempleada y 4 de cada 5 familias dependen de la ayuda «humanitaria». El 95% de los establecimientos industriales han cerrado o suspendido sus trabajos debido a las restricciones impuestas a la importación de materias primas y como consecuencia de la imposibilidad de exportar sus productos. Según fuentes de las Naciones Unidas los niveles de pobreza en la Franja de Gaza se encuentran entre los más altos del mundo.
Al negar a un pueblo su capacidad de trabajo y su derecho a circular, al privar a las familias su derecho de reconstruir sus hogares, que han sido reducidos a escombros, y obligando a las personas a abandonar las tradiciones de sus generaciones pasadas, se somete a toda una población a convertirse en un «problema humanitario».
El conjunto de la población civil de Gaza está siendo castigado por hechos de los que no son responsables. El cierre constituye un castigo colectivo impuesto por Israel en clara violación de sus obligaciones y en virtud del derecho internacional humanitario.
La situación en Gaza no puede aislarse del contexto general de la ocupación del territorio palestino. Del mismo modo, la política de cierre no es un fenómeno nuevo o uno que se limita a la Franja de Gaza. Israel somete al territorio palestino ocupado (TPO) a una política ilegal de duras restricciones desde hace casi dos decenios.
Este informe detalla las responsabilidades de las autoridades israelíes para la aplicación de esta política ilegal de cierre, que viola los principios fundamentales del derecho internacional humanitario y los derechos humanos más básicos de la población palestina.
La comunidad internacional tiene el deber de tomar medidas para poner fin al cierre de Gaza, que es intrínsecamente ilegal y criminal en su naturaleza. Las partes actuantes en los Convenios de Ginebra tienen la obligación de respetar y garantizar que se respeten los convenios pactados. Esto conlleva el deber de investigar y procesar a los responsables de violaciones graves de los Convenios y llevar a los perpetradores ante la justicia antes que a sus propios tribunales nacionales (art. 147 CG IV).
Ante el incumplimiento, la comunidad internacional asume la responsabilidad de la fábrica de la crisis «humanitaria» que está destruyendo Gaza y de las graves violaciones del derecho internacional perpetradas contra la población civil palestina.
Para más información, por favor diríjase a la oficina del PCHR en Gaza, Gaza Strip, +972 8 2824776 – 2825893 PCHR, 29 Omer El Mukhtar St., El Remal, PO Box 1328 Gaza, Gaza Strip. E-mail: pchr@pchrgaza.