Agentes de paisano de la Policía Nacional le detuvieron en junio de 2020, según alegó un ciudadano extranjero, AQ. Cuando estaba en el suelo, supuestamente le apuntaron con una pistola en la cabeza y propinaron golpes de porra en el cuerpo.
AQ afirma que –junto a otros sospechosos- le colocaron las esposas por la espalda; después recibió, presuntamente, numerosos puñetazos. Según su relato de los hechos, fue trasladado a la Comisaría de la calle Zapadores en Valencia y asimismo al hospital, donde recibió tratamiento.
Es uno de los seis casos de presunto maltrato policial documentados, entre mayo y septiembre de 2020 en el País Valenciano (cinco en la capital valenciana y uno en el municipio de Torrent), y recogidos en el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos o Penas Inhumanas o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa; el documento se hizo público el pasado 9 de noviembre.
El texto incluye las conclusiones de la visita al estado español –entre el 14 y el 28 de septiembre de 2020- de una delegación del CPT, en la que se examinó el trato, las condiciones de la detención y las garantías en dependencias de la Policía Nacional de Madrid, Valencia (Zapadores), Sevilla, Castellón y Algeciras; varias prisiones, los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla y el centro de internamiento de menores de “La Marchenilla”, en Algeciras.
Además de reunirse con altos cargos del Ministerio del Interior, la Delegación contactó con la Oficina del Defensor del Pueblo y organizaciones como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. En la respuesta oficial del Gobierno de España al CPT, fechada el pasado 4 de octubre, figuran las versiones policiales, que difieren notablemente de los (supuestos) hechos denunciados.
La mayoría de las personas declararon haber recibido un trato correcto por parte de los agentes policiales, apunta el informe; pero el Comité europeo también recibió “un número importante de denuncias de malos tratos”, incluidos menores de edad, presuntamente cometidos por efectivos de la Policía Nacional.
Los presuntos maltratos “consistieron principalmente en bofetadas, puñetazos y patadas en el cuerpo y/o la cabeza, así como, en ocasiones, en el uso de porras u otros objetos”, relata el documento; además el CPT “volvió a recibir muchas denuncias, en particular de ciudadanos extranjeros, de que los agentes de policía les insultaban verbalmente y se referían en términos despectivos al color de su piel o su origen”. También se plantearon algunos casos de “esposas excesivamente apretadas”.
El reporte del Comité agrega que los supuestos maltratos tenían como fin “obligar a los sospechosos a proporcionar información, confesar determinados delitos o para castigarlos por el presunto delito cometido”.
Durante su visita a la Comisaría valenciana, los delegados plantearon algunos de los casos denunciados y el documento detalla la respuesta obtenida: “Los oficiales superiores de servicio no pudieron proporcionar a la delegación ninguna información sobre si estos casos estaban siendo investigados”.
También respecto a Zapadores, el informe apunta que la ventilación era “deficiente”; por otra parte, “las 19 celdas para menores de la comisaría del GRUME de Madrid, así como las celdas específicas para menores de las comisarías de Sevilla (Blas Infante), Algeciras, Valencia (Zapadores) y Castellón (…) carecían de acceso a la luz natural, tenían poca ventilación y no tenían timbre de llamada; además, ninguna de las celdas estaba cubierta por un circuito cerrado de televisión”.
Se da la circunstancia de que la delegación encontró diferentes objetos como palos o bates de béisbol “tirados” en las oficinas de la Policía Nacional de Castellón, en las de Madrid (Leganitos y Moratalaz) y en zonas de detención. “Además de invitar a especular sobre conductas indebidas por parte de los policías, (los objetos) son una fuente potencial de peligro tanto para el personal como para los sospechosos de haber cometido un delito”, relatan los miembros del Comité.
Por esta razón, “cualquier objeto de emisión no estándar que pueda ser utilizado para infligir malos tratos debería ser retirado inmediatamente de todas las dependencias policiales en las que se pueda retener o interrogar a personas”, concluye el equipo del CPT.
El informe dedica otro apartado a los centros penitenciarios. En la cárcel de Castellón II, emplazada en el municipio de Albocàsser, “un tercio de los más de 75 presos entrevistados por la Delegación del CPT alegaron haber sido maltratados, principalmente con bofetadas pero también con puñetazos, patadas y golpes de porra”. Se recibieron denuncias de presos alojados en módulos PAIEM (Programa de Atención Integral a los Enfermos Mentales), régimen cerrado y enfermería.
Todos los presos entrevistados que se hallaban en régimen cerrado, en Castellón II, afirmaron que funcionarios de prisiones “les provocaban constantemente, incluso dándoles palmadas en la cabeza o tocándoles deliberadamente el pene al realizar los cacheos/registros diarios”; además en el PAIEM (Módulo 14) de esta prisión, “varios pacientes manifestaron a la Delegación del CPT en entrevistas separadas que los celadores ‘nos pegan y nos gritan’”. También se documenta el caso concreto de un preso fijado mecánicamente a una cama durante más tiempo del necesario.
En la cárcel castellonense, los reclusos del módulo cerrado y los departamentos especiales plantearon otras quejas: “En el módulo 17 sólo siete de los 32 presos recibieron alguna actividad (y sólo uno asistió al gimnasio y a un taller de pintura)”.
En otro punto del reporte, el Comité explica lo que observó al entrar en el módulo PAIEM de Castellón II, de 36 celdas y donde se hallaban los reclusos con trastornos mentales graves; parecía “que se utilizaba simplemente para segregar a estos pacientes, controlándolos mediante la farmacoterapia y el poder abusivo de los celadores; a los pacientes no se les ofrecía ningún tipo de asesoramiento, psicoterapia o actividades ocupacionales estructuradas”.
Del déficit en la atención psiquiátrica da cuenta la siguiente información aportada por el CPT: una sesión de telesalud al mes para un máximo de siete pacientes en la cárcel de Castellón II, mientras que en la prisión de Picassent (Valencia), “ningún psiquiatra había visitado el establecimiento durante un año”.
Además el documento alerta sobre el número de sanciones disciplinarias impuestas por la dirección de Castellón II: “Parecía ser especialmente elevado y parecía reflejar las relaciones antagónicas entre una parte de los funcionarios de prisiones y los presos”.
Por otra parte, en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante (Fontcalent), así como en el de Sevilla, los miembros del CPT recibieron “algunas denuncias de malos tratos físicos, especialmente de golpes con porras de goma y de inmovilizaciones dolorosas e inadecuadas para contener a pacientes muy agitados; además, se registraron lesiones compatibles con el recurso a la fuerza excesiva en los correspondientes informes de incidentes tras el examen del personal sanitario”.
En el momento de la visita de la delegación al psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, acogía a pacientes condenados en todas las autonomías del estado español, excepto Andalucía, Extremadura y Canarias.
El reporte destaca que, en el centro alicantino, dos internos se suicidaron en 2020 por ahorcamiento “durante el periodo de cierre del COVID-19, cuando se habían interrumpido las actividades de rehabilitación”; respecto a los suicidios, los delegados del CPT manifiestan su preocupación por la falta de personal (psiquiatras, psicólogos y terapeutas ocupacionales), así como por las rejas horizontales en las ventanas de las celdas.
Otra cuestión es el consentimiento –libre e informado- de los tratamientos por parte de los pacientes. Así, tanto en el centro de Alicante como en el de Sevilla, la mayor parte de los entrevistados “afirmaron que no podían oponerse a la medicación prescrita sin enfrentarse a las consecuencias (…); los pacientes alegaron que el personal de enfermería y médico recurría a diversos métodos disuasorios e intrusivos para convencerles de que tomaran su medicación”.
Por ejemplo, “la amenaza de quitarles ciertos beneficios (como el ejercicio al aire libre y las salidas terapéuticas) o de trasladarlos a los módulos de agudos, o de ser acompañados por personal de custodia como forma de intimidación”, subraya el reporte.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.