Las prácticas y políticas israelíes son una combinación de apartheid, ocupación militar y colonización, como medios para limpiar étnicamente el territorio de la Palestina histórica y hacer desaparecer la presencia indígena palestina. Este régimen israelí no se limita a los palestinos que viven en el territorio palestino ocupado, sino que también se dirige a los […]
Las prácticas y políticas israelíes son una combinación de apartheid, ocupación militar y colonización, como medios para limpiar étnicamente el territorio de la Palestina histórica y hacer desaparecer la presencia indígena palestina.
Este régimen israelí no se limita a los palestinos que viven en el territorio palestino ocupado, sino que también se dirige a los palestinos residentes en el lado israelí de la «Línea de Armisticio de 1949», así como a los que viven en exilio forzoso. Los debates sobre si la solución adecuada para poner fin a la injusticia y el sufrimiento en la Palestina histórica son dos estados o uno solo, ignoran el hecho de que una entidad jurídica ya ha sido establecida en esa área en particular: de hecho, el tratamiento por parte de Israel de los palestinos no judíos en Israel y en los territorios ocupados constituye un régimen discriminatorio con el objetivo de controlar la mayor cantidad de territorio posible, con la menor cantidad de palestinos viviendo en él.
Los principales componentes de esta estructura discriminan a los palestinos en diversos campos tales como la nacionalidad, la ciudadanía, los derechos de residencia o la propiedad de la tierra. Este sistema fue implementado inicialmente en 1948, con el objetivo de dominar y expropiar la propiedad de todos los desplazados palestinos, incluso de los 150.000 palestinos que habían logrado mantenerse dentro de los límites de la línea de armisticio, los que más tarde se convirtieron en palestinos con ciudadanía israelí. Después de la ocupación del resto de la Palestina histórica por las fuerzas israelíes en 1967, este territorio fue sometido al mismo régimen de Israel. En esencia, la intención de colonizar la Palestina histórica a costa de su población indígena tiene origen en los comienzos del Movimiento Sionista, décadas antes de la creación del Estado de Israel.
El movimiento sionista
El movimiento sionista se formó a finales del siglo XIX, con el objetivo de crear una patria para los judíos a través de la formación de un «… movimiento nacional para el retorno del pueblo judío a su patria y la reanudación de la soberanía judía en la tierra de Israel.» Por lo tanto, la empresa sionista combinaba el nacionalismo judío, con el objetivo de crearlo y fomentarlo, y el colonialismo, traslado de gente principalmente de Europa a Palestina, con el apoyo de las potencias imperiales europeas. La historia judía fue interpretada hacia la construcción de una identidad nacional judía específica con el fin de justificar la colonización de Palestina. Básicamente, el movimiento tuvo que definir el «pueblo judío», por lo tanto, una identidad nacional tuvo que ser creada y esta identidad tenía que estar vinculada a la presencia judía en Palestina durante el primer siglo d.C. Aquí es importante tener en cuenta que como cualquier otra identidad nacional no se remonta a un desarrollo natural, en cambio, se creó basándose en el concepto y la voluntad de sus creadores. Como resultado, todo el pueblo judío en todo el mundo pasó a formar parte de una misma nación, que comparte la misma historia, que admira a los mismos héroes nacionales, y que están unidos en el deseo de regresar a su lugar de origen, a su hogar. Como Ilan Pappe concluye con razón, sin embargo, «el sionismo no era… el único caso en la historia en la que un proyecto colonialista fue perseguido en nombre de ideales no colonialistas, nacionales o de otro tipo. Los sionistas se trasladaron a Palestina a finales de un siglo en el que los europeos controlaban gran parte de África, el Caribe y otros lugares en el nombre del «progreso» o el idealismo… «. Lo que es exclusivo de Israel, no obstante, es el efecto del sionismo en el pueblo que dice representar. Al basarse en la idea del judaísmo como una identidad nacional, los seguidores de la fe judía en todo el mundo se convertirían, según las leyes israelíes, en judíos «nacionales», aceptasen o no dicha clasificación. Hasta la fecha, Israel continúa definiendo la ciudadanía de manera extraterritorial.
La creación de un Estado nacional judío en un país con una muy pequeña minoría judía sólo podría ser concebible mediante el desplazamiento forzoso de la población indígena existente junto con la implantación de nuevos colonos judíos. Para los palestinos originarios que lograron permanecer dentro de los límites de lo que se convirtió en Israel, su propia identidad nacional fue relegada a un estatus inferior. El artículo 2 de la Ley de Educación del Estado, por ejemplo, afirma que «el objetivo de la educación estatal es… educar a cada niño a amar… a su nación y a su tierra, …a respetar su … patrimonio, su identidad cultural … para impartir la historia de la Tierra de Israel … [y] para enseñar … la historia del pueblo judío, el patrimonio y la tradición judía … «. Más allá de ser objeto de discriminación institucionalizada, estos palestinos que lograron permanecer dentro de la parte de la Palestina histórica usurpada en 1948 – de los cuales hoy en día hay más de 1,5 millones – se ven obligados a ser ciudadanos de un estado en el que no tienen derecho a la nacionalidad.
Como se ha mencionado anteriormente, sin embargo, la principal manifestación del apartheid sionista ha sido la trasferencia forzosa de la población indígena. La tarea de establecer y mantener un estado judío en un territorio predominantemente no judío se ha llevado a cabo mediante el desplazamiento forzoso de la mayoría de la población no judía. Hoy en día, casi el 70 por ciento de la población palestina en todo el mundo ha sido desplazada por la fuerza por el régimen israelí, o son descendientes de palestinos que lo han sido. La idea de «transferencia» en el pensamiento sionista ha sido rigurosamente trazada por Nur Masalha en su «La expulsión de los Palestinos. El concepto de «transferencia» en el pensamiento político sionista, 1882-1948″, y se resume en las palabras de Israel Zangwill, uno de los primeros pensadores sionistas que, en 1905, declaró que «si queremos dar un país para un pueblo sin país, es una tontería permitir que sea el país de dos pueblos». Yosef Weitz, ex director del Departamento de Tierras del Fondo Nacional Judío, fue aún más explícito cuando, en 1940 , escribió que: «… Debe quedar claro que no hay lugar en el país para ambos pueblos (…) la única solución es la Tierra de Israel, al menos una Tierra de Israel occidental sin árabes. No hay espacio aquí para el compromiso. (…) No hay otra opción que transferir a los árabes de aquí a países vecinos (…) No se puede dejar ni un solo pueblo, ni una sola tribu de beduinos».
Los derechos y la ética no debían suponer un obstáculo, o como David Ben-Gurion sostuvo en 1948, «La guerra nos da la tierra. Los conceptos de «nuestro» y «no nuestro» son conceptos de paz, únicamente, y en la guerra pierden su significado».
La esencia del sionismo, por lo tanto, se puede resumir acertadamente como la creación y el fortalecimiento de una identidad nacional judía específica, la toma de control de la máxima cantidad de tierras palestinas, garantizar que el menor número posible de personas no judías permanecen en la tierra, y que el máximo número de ciudadanos judíos se implantan en ella. En otras palabras, el sionismo, desde sus inicios, ha hecho necesario el traslado de poblaciones, a pesar de sus brutales requisitos y consecuencias.
El Movimiento Sionista, al prepararse para colonizar el Mandato de Palestina en 1897, bajo el lema, «una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra», se enfrentó a tres grandes obstáculos:
· El pueblo palestino indígena que vivía en ese territorio;
· Las propiedades palestinas y derechos sobre la tierra en ese territorio;
· La falta de un número suficiente de judíos en ese territorio.
Para superar estos tres obstáculos, necesitaban crear un sistema jurídico con el fin de mantener el estatus quo que querían establecer. El movimiento sionista, y más tarde Israel, no tenía interés en la simple creación de un sistema de dominación de un grupo «racial» sobre otro. El objetivo de era, y sigue siendo, no el explotar la mano de obra indígena o simplemente limitar su participación política y social, por el contrario, la intención era establecer un estado sionista-judío homogéneo predominantemente para el pueblo judío. Esto fue evidente desde los primeros años del Movimiento Sionista, ilustrado por el hecho de que Israel nunca ha definido sus fronteras. Según lo explicado por Golda Meir, «Las fronteras están determinadas por el lugar donde los judíos viven, no donde hay una línea en el mapa». Esta declaración, en combinación con los escritos más famosos de Ben-Gurion en 1937, «la transferencia obligatoria de los árabes de los valles del futuro estado judío podría darnos algo que nunca tuvimos… Tenemos que atenernos a esta conclusión de la misma manera que nos atuvimos a la Declaración de Balfour, más que eso, de la misma manera que nos atuvimos al propio sionismo «, ofrece un sinfín de posibilidades para transferir a los palestinos y la implantación de colonos judíos en el territorio. Como ilustra Nur Masalha, entre 1930 y 1948, el movimiento sionista propuso para el traslado forzoso de la población indígena palestina hasta nueve estrategias diferentes, comenzando en 1930 con el Proyecto de Transferencia de Weizmann hasta el Plan Dalet llevado a cabo en 1948.
Con el fin de hacer frente a los tres obstáculos identificados anteriormente, el Movimiento Sionista inició una serie de medidas activas y preventivas en forma de leyes, prácticas y políticas. A continuación se tratarán las cuestiones más importantes de estas medidas.
Migración Privilegiada
Para garantizar un número suficiente de personas judías en el territorio colonizado, se aprobó la Ley del Retorno israelí en 1950. Establece que todos los judíos en el mundo tienen el derecho a la «nacionalidad judía» y pueden emigrar a Israel y obtener la ciudadanía israelí. En virtud de la Ley del Retorno, alguien de nacionalidad judía es aquel «… nacido de madre judía o que se ha convertido al judaísmo, y que no es miembro de otra religión». La Ley del Retorno en su artículo 4 (a) establece que «Los derechos de un judío en esta Ley y los derechos de un oleh (alguien que ha adquirido la ciudadanía israelí por ser judío) bajo la Ley de ciudadanía, así como los derechos de un oleh bajo cualquier otra ley, están también investidos en los hijos y nietos de un judío, el cónyuge de un judío, el cónyuge de un niño de un judío y el cónyuge de un nieto de un judío, a excepción de una persona que ha sido judía y ha cambiado voluntariamente su religión «. Por tanto, los nacionales judíos gozan del derecho a entrar y vivir en Israel, incluso si no nacieron en Israel y no tienen relación alguna con Israel, por un lado. Por otra parte, los palestinos, la población indígena del territorio, están excluidos de la Ley del Retorno por el simple hecho de que no tienen un origen nacional judío, y como tales no tienen la condición jurídica de los nacionales en virtud de cualquier otra ley israelí, y no tienen derecho automático a entrar en el país.
Esta ley tiene por objeto simplificar y alentar la migración de personas judías a Israel con el fin de lograr el estado judío previsto por el sionismo. Junto a esto, la Organización Sionista Mundial juega un papel importante en la organización de la migración judía a Israel y los territorios palestinos ocupados. Los objetivos de esta organización fueron formulados antes de la creación del Estado de Israel y se fortificaron en 1952, cuando el parlamento israelí aprobó la «Ley del Estatuto Israelí», y se firmó un convenio entre el gobierno de Israel y el Ejecutivo Sionista, según el cual las principales áreas de responsabilidad de la Organización eran los relacionados con la inmigración, la absorción y el asentamiento de los judíos en el territorio de la Palestina histórica.
Derechos de propiedad
En relación con el segundo obstáculo mencionado anteriormente, se utilizó la Ley de Propiedad de Ausentes israelí de 1950 para confiscar las propiedades palestinas, propiedad legal de los refugiados palestinos desplazados por la fuerza y los desplazados internos. El término ‘ausente’ fue definido de manera tan amplia como para incluir no sólo a los palestinos que habían huido del recién creado Estado de Israel, sino también a los que habían huido de sus hogares pero permanecieron dentro de sus fronteras. De hecho, el término incluso incluyó a muchos judíos. Sin embargo, una provisión teóricamente imparcial racialmente, dejó exentos a los que dejaron su casa debido a, entre otras cosas, «el temor a los enemigos de Israel» – así excluyendo en efecto a la población judía de la aplicación de la ley. Una vez confiscadas, estas tierras se convirtieron en propiedad del Estado de Israel.
La Ley de Adquisición de Tierras de Israel, de 1953, se promulgó con el fin de completar la transferencia al Estado de las tierras palestinas confiscadas, que no habían sido abandonadas durante los ataques de 1948. En palabras del ex ministro de Finanzas israelí Elilezer Kaplan, su propósito «… era inculcar la legalidad en algunos actos realizados durante y después de la guerra». Un proceso casi idéntico tuvo lugar en el territorio palestino ocupado como consecuencia de la ocupación de 1967. Al igual que en Israel, «… la adquisición de tierras palestinas en Cisjordania y la Franja de Gaza tenía lugar a través de varias líneas de actuación al mismo tiempo».
Como resultado de la estrategia de confiscación de tierra de Israel, los palestinos hoy en día poseen sólo un pequeño porcentaje de la tierra de lo que era la Palestina histórica. La expansión de las localidades palestinas existentes en Israel y los territorios palestinos ocupados se ha reducido drásticamente a consecuencia de las discriminatorias políticas de urbanización y planificación de Israel. Desde la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967, Israel no ha permitido la creación de nuevos municipios palestinos. La Orden Militar 418 ha creado un régimen de planificación y construcción que ofrece un control total al Estado de Israel en todas las áreas relacionadas con la planificación y el desarrollo en el territorio palestino ocupado. Como resultado, las comunidades palestinas a menudo se encuentran separadas de sus tierras circundantes. Por el contrario, incluso las localidades judías más pequeñas tienen planes detallados y reglamentos de construcción sobre uso de la tierra. Para resumir la situación: «El espacio israelí ha sido muy dinámico, pero los cambios han sido principalmente en una dirección: los judíos expanden su control territorial mediante una variedad de medios, incluyendo la constante expansión de asentamientos, mientras que los palestinos han sido contenidos dentro de una geografía sin cambios».
Traslado forzoso de la población
El obstáculo fundamental para el movimiento sionista, el pueblo palestino, ha sido abordado por diversos medios a lo largo de las últimas seis décadas. Más de siete millones de palestinos han sido desplazados por la fuerza de sus hogares- incluidos sus descendientes-, y las leyes israelíes, como la Ley de prevención de la infiltración de 1954 y las órdenes militares 1649 y 1650, han prohibido a los palestinos regresar legalmente a Israel o a los territorios palestinos ocupados. Este desplazamiento deliberado y planificado es resultado de una política y una práctica de traslado forzoso de la población palestina, o limpieza étnica. Este proceso se inició antes de 1948, y sigue en curso en la actualidad.
Casi medio millón de palestinos fueron desplazados entre diciembre de 1947 y mayo de 1948. El mayor flujo de refugiados se llevó a cabo en abril y principios de mayo de 1948, coincidiendo con el inicio de las operaciones de las organizaciones paramilitares sionistas. «El movimiento sionista declaró el establecimiento del Estado de Israel el 15 de mayo de 1948, para entonces aproximadamente 750.000 palestinos se habían convertido ya en refugiados. La mayoría de los refugiados que fueron desplazados por las fuerzas militares israelíes (incluyendo las milicias sionistas pre-estatales) utilizaron tácticas que violaban los principios básicos del derecho internacional humanitario y los derechos humanos: Ataques contra civiles, masacres y otras atrocidades, la expulsión, la destrucción y el saqueo de las propiedades». Este período de la historia reciente de Palestina se define como la Nakba, la catástrofe palestina. La Nakba alteró fundamentalmente Palestina. Sin embargo, la idea del desplazamiento forzoso de la población palestina indígena no terminó con la creación de Israel en 1948, y no comenzó ese año. Desde la Nakba casi todos los años han sido testigo de una ola de desplazamiento forzoso, en algunos años hay menos desplazado,s en otro más. Así, por ejemplo, durante el año 1967, otros 400.000 palestinos se convirtieron en refugiados.
El desplazamiento forzoso permanente del pueblo palestino es resultado de unas políticas y prácticas de traslado forzoso de la población palestina. De acuerdo con la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la antigua Comisión de Derechos Humanos:
«La esencia del traslado de población sigue siendo un sistemático, coercitivo y deliberado… movimiento de población a un área o fuera de ella… con el efecto o propósito de alterar la composición demográfica de un territorio, particularmente cuando esa ideología o política, afirma el predominio de un determinado grupo sobre otro».
EL Traslado forzoso de la población es ilegal y ha constituido un crimen internacional desde la Resolución de los Aliados sobre los crímenes de guerra alemanes, adoptada en 1942. La codificación más fuerte y reciente del crimen se encuentra en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define claramente el traslado forzoso de la población y la implantación de colonos como crímenes de guerra.
Con el fin de lograr el traslado forzoso de la población indígena palestina más allá de las fronteras de la Palestina histórica, muchas leyes israelíes, políticas y prácticas de Estado, así como acciones específicas de otros actores privados para-estatales, han sido desarrollados y aplicados. Esta limpieza étnica se lleva a cabo hoy en día de manera silenciosa por Israel y no mediante deportaciones masivas como las presenciadas en 1948 o 1967. Este desplazamiento se hace en «silencio» en el sentido de que Israel trata de no llamar la atención internacional, desplazando a un pequeño número de personas cada semana. Debe distinguirse de la transferencia más abierta lograda con la ocasión de la guerra en 1948. Aquí es importante tener en cuenta que la política de transferencia de Israel no está ni limitada por las fronteras geográficas de Israel ni por la de los territorios palestinos ocupados.
Política de transferencia silenciosa de hoy
La política israelí de transferencia silenciosa se manifiesta en las leyes, políticas y prácticas del Estado. Israel utiliza su poder para discriminar, expropiar y finalmente efectuar el desplazamiento forzoso de la población indígena no-judía del territorio de la Palestina histórica. Por ejemplo, el sistema de planificación de la tierra y urbanismo israelí ha obligado a 93.000 palestinos de Jerusalén Este a construir sin permisos de construcción adecuados, porque el 87 por ciento de esa área está fuera de los límites establecidos para el uso de los palestinos, y la mayoría del 13 por ciento restante, ya está construido . Dado que la población palestina de Jerusalén es cada vez mayor, se ha tenido que ampliar a áreas sin planificación para la residencia palestina por el Estado de Israel. Todas las casas construidas están ahora bajo la amenaza constante de ser demolidas por el ejército o la policía israelí, que dejará a sus habitantes sin hogar y desplazados.
Otro ejemplo es el Plan Prawer aprobado por el gobierno, que aboga por el desplazamiento forzado de 30.000 palestinos con ciudadanía israelí, debido a una política de asignación de Israel, que no ha reconocido más de treinta y cinco aldeas palestinas situadas en el Naqab (Negev). Israel considera a los habitantes de esos pueblos como intrusos y ocupantes ilegales, y como tal, se enfrentan a la amenaza inminente de desplazamiento. Esto sucede a pesar del hecho de que en muchos casos, estas comunidades son anteriores al propio Estado de Israel.
El Tribunal Supremo de Israel reforzó el objetivo sionista de limpieza Palestina de su población indígena en su decisión de 2012 que prohíbe la reunificación familiar entre los palestinos con ciudadanía israelí y los palestinos de más allá de la Línea de Armisticio de 1949, tanto los de los territorios ocupados como los que viven en el extranjero. El efecto de esta decisión ha sido que los palestinos con diferente estatus – palestinos con tarjeta de identidad israelí, de Jerusalén Este, de Cisjordania o de Gaza, tarjetas de identidad, todas ellas emitidas por Israel-no pueden vivir legalmente juntos en ninguno de los lados de la Línea de Armisticio de 1949. Así pues, se enfrentan a la elección de vivir en el extranjero, vivir separados unos de otros, o correr el riesgo de vivir juntos ilegalmente. Tal sistema se utiliza como un medio adicional de desplazamiento forzoso de palestinos, cambiando así la demografía de Israel y los territorios ocupados a favor de una población mayoritariamente judía. Esta intención demográfica se refleja en el razonamiento del Tribunal para su resolución, en la que declaró que «… los derechos humanos no son una receta para el suicidio nacional». Este razonamiento se destacó además por el Knesset con miembros como Otniel Schneller, quien afirmó que «la decisión articula la razón de la separación entre los [dos] los pueblos y la necesidad de mantener una mayoría judía… y un carácter … «. Esto ilustra una vez más la propia imagen del Estado de Israel como un estado judío con un conjunto diferente de derechos para sus habitantes judíos y no judíos, que son principalmente palestinos.
Nacionalidad judía
Todos los diferentes medios con los que Israel lleva a cabo el desplazamiento de los palestinos están relacionados con el concepto de la nacionalidad judía, ya que este es el mecanismo legal que permite y garantiza la constante discriminación contra la población no judía. Este mismo concepto es el vínculo entre el sionismo y el ‘derecho’ construido de la nación judía para establecerse y ocupar el territorio de la Palestina histórica. En otras palabras, el concepto de nacionalidad judía es el eje central del régimen de apartheid de Israel, ya que sirve tanto a los objetivos del sionismo: la creación y el mantenimiento de una identidad nacional judía específica, y a la colonización de la Palestina histórica a través de la combinación de la implantación de colonos judíos y el traslado forzoso de los habitantes no judíos.
La forma en la que este concepto está consagrado en la ley es a través de la separación entre la ciudadanía («Israel») y la nacionalidad («judío»). Esta separación fue confirmada por el Tribunal Supremo de Israel en 1972. Esta distinción permite a Israel discriminar a sus ciudadanos palestinos y, aún más grave, a los refugiados palestinos al asegurar que ciertos derechos y privilegios están condicionados a la nacionalidad judía. La principal fuente de discriminación contra los refugiados palestinos se origina en la Ley del Retorno israelí de 1950 y la Ley de ciudadanía israelí de 1952, que otorga la ciudadanía automática a todos los nacionales judíos, dondequiera que residan, evitando al mismo tiempo que los refugiados palestinos regresen, y residan legalmente en el territorio. El régimen israelí ha dividido esencialmente al pueblo palestino en varios estatus político-jurídicamente distintos, como se muestra en los siguientes ejemplos. A pesar de sus diferentes categorizaciones bajo la ley israelí, los palestinos en todos los ámbitos mantienen un estatus inferior al de los nacionales judíos, tanto los que viven la Palestina histórica como los que viven en el extranjero.
«Categoría 1: situación de privilegio:
Los ciudadanos judíos que viven en el extranjero y en Israel à derechos políticos, sociales y económicos completos, y acceso pleno a los beneficios el estado.
Categoría 2: Estado Inferior:
Los ciudadanos palestinos de Israel que viven en el extranjero y en Israel à derechos inferiores y limitado acceso a los beneficios.
Palestinos en Cisjordania y Gaza à viven bajo ocupación militar/bloqueo, derechos denegados/restringidos: no / limitado derecho a entrar en Israel/moverse dentro de los territorios ocupados, sin/severamente limitados: derechos políticos, sociales y económicos.
Refugiados palestinos que viven en el extranjero à forzosamente desplazados, muchos sin estado o nacionalidad, y sin derecho a regresar a sus hogares».
El camino a seguir
Por consiguiente, Israel no se limita a buscar el dominio sobre los palestinos nativos, sino su desplazamiento forzoso. En este sentido, cualquier discusión sobre la situación en Palestina tiene que considerar que la cuestión esencial circula alrededor de las vidas y derechos de los refugiados palestinos existentes, así como la prevención de futuros desplazamientos forzosos.
Es por esto que es extremadamente importante buscar soluciones enraizadas en un enfoque basado estrictamente en el derecho. Un enfoque basado en los derechos podría ser mejor descrito como uno basado normativamente en los estándares internacionales de derechos humanos, y operacionalmente dirigido a promover y proteger esos derechos. «Bajo un enfoque basado en el derecho, los planes, programas y políticas estarán anclados en un sistema de derechos y correspondientes obligaciones establecidos por el derecho internacional». Por lo tanto, un enfoque basado en el derecho debe integrar las normas, estándares y principios del sistema de derechos internacionales en los planes, políticas y procesos que estén dirigidos a encontrar soluciones al conflicto que nos ocupa. En el caso de Palestina e Israel, este enfoque buscaría soluciones basadas en el derecho internacional, en lugar de depender de las negociaciones para lograr una solución duradera y justa. La aplicación de la ley y la norma internacional debe ser una demanda y no ser solicitada a través negociaciones. Hablando de forma más sencilla, en un caso de violación, ya sea aplicable la ley nacional o internacional, el autor no debe recibir una posición privilegiada, a través de las negociaciones, para replantear el conflicto y las posibles soluciones al mismo. Esto debería dejarse a la propia ley, además de a los posibles tribunales o comités. Por tanto, de la misma manera que quedaría en manos de los tribunales nacionales el decidir sobre un robo, en el caso de los delitos internacionales se deberían de cumplir los mismos requisitos de seriedad y determinación. En otras palabras, en las violaciones del derecho internacional se deben cumplir las mismas normas que en las infracciones del derecho dentro de los entornos nacionales.
De hecho, esta ausencia continua de responsabilidad por parte de Israel en la situación de Palestina-Israel, socava la legitimidad del derecho internacional, en particular de los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho penal internacional. Por ello, es hora de garantizar que el derecho internacional sea más que una retórica utópica, sino que sea un sistema jurídico sólido que proteja los derechos, establezca obligaciones y lo más importante, que cree realidades que reflejan sus valores y principios fundamentales.
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