“Se repite insistentemente que ante una situación extraordinaria se trata de ofrecer medidas extraordinarias. Propósito encomiable que desgraciadamente no se condice demasiado con los hechos. La renta básica sí sería una medida extraordinaria ante una situación extraordinaria. Pero garantizar la existencia material de toda la población quizás parezca demasiado extraordinario a muchos gobernantes. Y cuando recordamos lo rápido, fácil y contundente que resultó salvar a la banca, nadie puede acusarnos de hacer la comparación. Y sacar conclusiones”
(Daniel Raventós y Julen Bollain)
La situación actual ante la pandemia del Coronavirus llamado COVID-19 nos pone por delante una realidad económica y social que deberíamos atender cuanto antes, que de hecho deberíamos haber atendido ya hace mucho tiempo, pues al igual que el virus, tiene que ver con la propia vida de las personas. Porque la vida de las personas, su garantía de existencia, no solo depende de unos cuidados sanitarios, sino también de una garantía material de vida, es decir, de la posibilidad de tener o no garantizada la existencia material. De eso sin duda trata la Renta Básica Universal (en adelante RBU), un mecanismo (creemos que el mejor) diseñado expresamente para cubrir por completo tal objetivo. La grave crisis de 2007-2008 nos puso el problema delante del espejo, y en efecto, ante la inexistencia de un instrumento como el de la RBU, cientos de miles de personas se sumieron en una crisis existencial sin precedentes, que puso en jaque todos los cimientos de su vida material. Unos perdieron únicamente su empleo, otros perdieron más cosas: su vivienda, su independencia, su autonomía…Cientos de miles de proyectos de vida se fueron al garete, quedaron truncados, dejando a las personas en la estacada, y a muchas de ellas casi en la indigencia. Gran parte de las mismas aún no se han recuperado de dichas situaciones.
A nivel mundial tenemos el mismo problema, porque si el impacto de la pandemia a nivel global adquiere ya tintes dramáticos, la situación prevista para el empleo no es más halagüeña. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el desempleo mundial podría llegar a afectar a 25 millones de personas (la crisis de 2008 implicó un incremento de 22 millones de desempleados). El retrato incide en un agravamiento en los niveles de desigualdad, ya de por sí alarmantes, y en una extensión de la precariedad vital. Se proyecta una caída libre de los ingresos, un aumento exponencial del subempleo, y una reducción del número de horas laborales. Millones de personas que hoy son trabajadores/as pobres, caerán directamente en los umbrales de la pobreza. Las curvas de contagio crecen paralelas a las curvas de desprotección, y la incertidumbre ante el futuro. No podemos volver a dejar en la cuneta a gran parte de la población, ni aceptar como estructural (ni siquiera como temporal o coyuntural) una situación éticamente inasumible, y socialmente inaceptable. La gestión de esta crisis no requiere únicamente echar toda la carne en el asador para afrontar la emergencia sanitaria, sino también hacerlo para proteger económicamente al conjunto de la población.
Por tanto, ante la grave crisis sanitaria creada por la expansión del coronavirus, una pandemia global, con un virus para el que aún no existe vacuna y cuya capacidad de contagio es realmente alarmante, la reciente declaración del Estado de Alarma ha confinado al conjunto de la población en sus casas (los/as que tienen casa, por supuesto), y la sucesión de ERTE’s (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) se ha disparado como nunca antes. Evidentemente, si las personas no pueden asistir a su puesto de trabajo, los empresarios y empresarias tendrán que prescindir de ellos/as de forma temporal, mientras dure la crisis sanitaria y la situación de confinamiento (no obstante, pensamos que esto no debería permitirse para empresas con beneficios). Para todos ellos y ellas, las personas afectadas por un ERTE, el conjunto de medidas económicas adoptado recientemente por el Gobierno prevé un colchón económico, consistente en la extensión de la situación y de las prestaciones de desempleo de una forma universal, sin atender a posibles requisitos o plazos. En resumidas cuentas, toda aquella persona que estaba trabajando en una empresa en el momento del estallido de la crisis sanitaria va a poder tener cubiertas sus necesidades básicas durante el tiempo que dure la misma.
¿Pero qué ocurre con las personas que no trabajaban para una empresa, o al menos no lo hacían de manera formal? Cientos de miles de personas en nuestro país, como en cualquier otro, desarrollan actividades en la economía informal, o bien desarrollan únicamente trabajos voluntarios o no remunerados. O bien simplemente están en un paréntesis en su vida, realizando cualquier otro tipo de proyectos (becas de estudio, proyectos personales, períodos sabáticos, labores de cuidados…). Son personas que, debido a las restricciones del Estado de Alarma, van a ver sus ingresos reducidos a cero, sin más. Las medidas ofrecidas por el Gobierno solo les van a afectar, como mucho, en la moratoria o exención temporal del pago de determinados recibos (hipoteca o alquiler, luz, agua, gas…). Las medidas adoptadas decretan la prohibición de cortar dichos servicios a los usuarios, pero evidentemente, dicha exención no soluciona el problema vital de estas personas, de las cuales muchas de ellas vivirán solas, pero otras muchas también tendrán a su cargo otros miembros de la familia.
La solución para todo este problema de carencia de ingresos universales es la RBU. Veamos brevemente en qué consiste: la Renta Básica Universal es una prestación económica básica para todo el mundo, que se concede de forma indefinida y sin atender a ningún tipo de requisito. Las tres características principales que se tienen que dar para que la RBU sea tal (es decir, no sea otra vez un mero mecanismo de cobertura de rentas para pobres, de forma temporal y condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos) son tres, que son la Universalidad, la Individualidad y la Incondicionalidad. Ante todo, la RBU es básica: ello significa, como su nombre indica, que es una prestación económica para cubrir únicamente los aspectos básicos de la vida (poder sufragar los gastos básicos de alimentación, recibos esenciales, hipoteca o alquiler…). La Universalidad implica que la RBU es para todo el mundo, no solo para los pobres, para las familias, o para los que cumplan determinados requisitos. La cobraría el 100% de la población. La Individualidad implica que la RBU no está pensada para grupos, colectivos o familias, sino para cada persona, de forma individual e intransferible. Si una familia está compuesta por 3 miembros, cada uno de ellos cobraría la RBU (existen estudios incluso para aplicarla a los menores de edad). Por último, la Incondicionalidad implica que la RBU no contempla ningún requisito para su reconocimiento, basta simplemente con ser ciudadano o residente en nuestro país. Decimos ningún requisito: ni edad, ni nivel de ingresos, ni profesión, ni grado de cotización, ni situación de empleo o desempleo, ni cargas familiares…
Su financiación es perfectamente posible, y se han realizado estudios económicos y fiscales de todo tipo que demuestran fehacientemente que es posible financiarla en sentido general, y para el caso del Reino de España, en particular. Nos remitimos a los estudios de los expertos economistas de la Red Renta Básica. Pero su financiación es precisamente la piedra angular para desarrollar una auténtica RBU, pues no depende de dejar de financiar otros elementos clave del Estado del Bienestar (educación, sanidad, dependencia, servicios sociales…), sino de abordar una profunda y justa Reforma Fiscal, donde de verdad paguen más los que más tienen. De esta forma, la RBU la cobraría todo el mundo, desde el más rico al más pobre (que no existiría, porque entonces ya no habría pobres), pero no todo el mundo ganaría con ella: los pobres actuales ganarían bastante, un segmento mayoritario se quedaría igual, y el 20% más rico de la población perdería, pues tendría que pagar más impuestos para contribuir en mayor medida a la financiación de la RBU.
Con la RBU acabaríamos de un plumazo con el problema de la ausencia de rentas, dignificaríamos no al trabajo, sino a la persona en sí misma, pues la RBU es un derecho de plena ciudadanía. Esto puede aplicarse también al caso de los/as trabajadores/as autónomos/as, que a diferencia del caso de los que sean objeto de un ERTE, también van a ver sus ingresos reducidos a cero durante las próximas semanas o meses. Acabaríamos con todas las situaciones de precariedad derivadas de la ausencia de ingresos, ante cualquier tipo de situaciones personales diversas, o circunstancias sobrevenidas, como es el caso que nos ocupa. La RBU proporciona un colchón económico básico, de tal forma que fuese posible vivir dignamente únicamente disponiendo de ella, aunque la inmensa mayoría de las personas complementarían este ingreso de la RBU con los propios derivados de su actividad. Pero la RBU supondría, como estamos diciendo, un mínimo ingreso universal garantizado. Y esto significa que, al garantizar la existencia material de las personas, también garantizaríamos su dignidad y su libertad, su libertad material en este caso, al desvincular la existencia de cada persona del “permiso” de otros para poder sobrevivir (empresa, prestaciones, subsidios…). Una libertad que se extendería a cada período de nuestra vida.
Para implantar la RBU solo tenemos que cambiar un poco nuestros parámetros mentales, centrados en la “necesidad” de trabajar para poder vivir dignamente. Hemos de migrar a una sociedad que, además de mirar al trabajo, también mire a la dignificación de la persona en cuanto tal, y para ello hemos de ampliar y llevar a la práctica un nuevo concepto más poderoso de comunidad. Hemos de vernos como una comunidad en el pleno sentido de la palabra, donde florezcan los sentimientos de solidaridad y de cooperación, y donde entendamos que todos, sean cuales sean nuestras capacidades y circunstancias, nuestras dedicaciones y nuestras oportunidades, nuestros deseos y aspiraciones, tenemos derecho a una existencia material digna. Un sentido de comunidad que nos lleve a concluir que todos tenemos que salir adelante, que todos necesitamos ingresos, que todos necesitamos poder vivir para que también vivan los demás. La RBU no será implantada mientras sigamos imbuidos en nuestras visiones egoístas e insolidarias, individualistas y orientadas a la competencia, lo que lleva a entender el trabajo humano no como una realización personal, sino como el único medio de sobrevivir.
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