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El crimen fue en Azuaga

Fuentes: Rebelión

Un bar es un sueño en la luz de los vasos y permite la droga azul del vino para olvidar horarios cotidianos.   La juventud está sola con los brazos cruzados y busca en el amor las gotas del milagro. Así comenzaba el poema que Manuel Pacheco escribiría días después del suicidio de Diego Sánchez […]

Un bar es un sueño

en la luz de los vasos

y permite la droga azul del vino

para olvidar horarios cotidianos.

 

La juventud está sola

con los brazos cruzados

y busca en el amor

las gotas del milagro.

Así comenzaba el poema que Manuel Pacheco escribiría días después del suicidio de Diego Sánchez Molina. El 6 de febrero de 1987, el joven de 21 años se ahorcaba colgándose de una viga en el corral de su casa, en Azuaga, días antes de ingresar en prisión condenado por «escándalo público». Aquel crimen con forma de suicidio estremecería a toda Extremadura.

La trágica historia comienza un año antes, el 2 de febrero de 1986, en el hostal Las Conchas, un singular bar y restaurante de la localidad, cuya fachada e interiores están literalmente forrados por miles de conchas marinas. «No hay como el calor del amor en un bar» canta por esas fechas Gabinete Caligari. Diego y su novia, María, se encuentran aquel mediodía en el local, tomando una copa junto a otra pareja, sentados frente a una de las chimeneas del amplio salón. Es domingo y los jóvenes, ven la televisión, bromean y se besan. Como tantos otros, en cualquier rincón del mundo, van descubriendo el amor a tientas, acercando los cuerpos interrogantes, explorando los caminos innumerables del deseo.

«Cerca de nosotros había una pareja, unos niños que jugaban al futbolín y el juez, que no sabíamos quién era. Nuestro comportamiento era normal y, en determinado momento, Diego se levantó para sacar un paquete de tabaco de la máquina. Luego, cuando regresó yo puse una pierna sobre las suyas y Diego me dio un beso. Fue entonces cuando este señor, el juez, se levantó y fue a llamar a dos policías municipales que, vestidos de paisano, también se encontraban allí». Así lo rememorará María unos días después de que Diego se quite la vida. El juez de distrito de Azuaga, Antonio Navarro, se dirige a la pareja y recrimina su conducta: «Esto no se puede hacer en público». El joven, asombrado de que alguien al que no conoce pueda censurarle de ese modo, responde airado: «Con mi novia, puedo hacer lo que me sale de los huevos». Y el juez replica: «Por decir eso no vas a ir al calabozo, vas a ir a la cárcel». Ahí comienza el calvario de Diego Sánchez Molina. De nada servirá que, al enterarse de quién es aquella persona, intente varias veces, pedirle perdón. El juez, en aquel mismo momento, ordena a los policías municipales que detengan al joven y le metan en el depósito municipal: «No dejen entrar a nadie, sólo a sus padres si quieren llevarle comida o mantas».

Diego duerme esa noche en los calabozos municipales y a la mañana siguiente es trasladado al juzgado de Llerena, donde comparecerá junto a su novia y a la pareja amiga. El juez Antonio Navarro les ha denunciado por escándalo público y desacato a la autoridad. Argumenta que Diego y María se encontraban en el bar Las Conchas iniciando continuas «efusiones eróticas». El juez de instrucción de Llerena, José Carlos Ruiz de Velasco Linares, deja en libertad a los otros tres denunciados pero decreta para Diego la prisión incondicional sin fianza y apelando a la alarma social que, según él, ha suscitado el hecho, ordena el traslado inmediato a la prisión de Badajoz, ubicada a 148 kilómetros de la localidad. A las 17:45 la guardia civil se lleva al joven de Azuaga a la cárcel pacense. Allí permanecerá ocho días, en los que sufrirá intentos de violación, robos y palizas, que le marcarán hondamente. Al noveno día, el juez de instrucción dicta un nuevo auto, modificando el anterior, decretando la libertad provisional sin fianza de Diego Sánchez Molina.

Leyes hediondas, códigos, ratas de paisajes derruidos (Luis Cernuda)

 

En las caricias puras

las manos fueron ojos

que miraron los muslos deseados.

 

Ellos estaban solos

en la unión de sus manos

y no vieron al juez

que vigilaba sus abrazos.

 

Manuel Pacheco

Diego era un obrero eventual, que trabajaba en lo que salía, de jornalero en el campo, descargando camiones o de camarero. «No tenía trabajo fijo, servía copas algunas noches en la discoteca Canotier, aquí en el pueblo. No puedo entender porque mi hijo se quitó la vida. Entre todos fueron cerrándole las puertas en cuanto al trabajo». Pocos días después del suicidio, Emilia Molina, la madre, recordaba así las fatigas del joven durante el último año.

El dilema lacerante al que se ven abocados miles de extremeños, elegir entre la precariedad extrema o la emigración, lo sufrirá en carne propia la joven víctima. Azuaga es uno de los mejores exponentes de esta disyuntiva coercitiva que denigra a Extremadura. En 1950 la localidad contaba con casi 18.000 habitantes, en 1987 el número se había reducido ya a poco más de 10.200 y en 2019 la cantidad no alcanza siquiera los 7.900. El cierre de las minas, el desarrollismo -más bien el subdesarrollismo- franquista, el sometimiento de las inmensas riquezas de la región a los intereses de una casta económica y política parasitaria, todo ello ha contribuido a condenar a miles de vecinos a la emigración forzosa. Y en el caso de Diego, tras el incidente, el campo de posibilidades se cierra progresivamente. La maldición del caciquismo y de la humillación planea sobre su futuro. La incertidumbre estrecha el cerco.

El joven ha salido de la cárcel de Badajoz destrozado. Allí ha permanecido ocho días sin que ni siquiera la familia haya podido verle. «Fuimos a buscar a Diego a la puerta de la cárcel. No parecía el mismo. Estaba muy delgado, traía barba… Parecía un desenterrao», recuerda la madre. Y el testimonio de María, la novia, apunta en el mismo sentido: «El tiempo que pasó en la cárcel le marcó. Yo le vi señales de pelea e incluso un mordisco en la oreja, pero el parecía estar como siempre. Lo paso fatal, se quiso cortar las venas, le habían pegado y le habían querido quitar una medalla, y un día le tuvieron mucho tiempo desnudo en la ducha, porque los otros reclusos no querían darle la ropa». La cárcel, la máquina de suplicios y de destrucción humana, se ha empleado a fondo con Diego. Alguien debe haber sugerido la conveniencia de dar un escarmiento a aquel joven de tanto coraje. Al regresar a casa, Diego padece frecuentes depresiones nerviosas.

Pero la emboscada no ha hecho más que comenzar. Un mes después de retornar a su domicilio, el 17 de marzo, por orden del juez se procede al embargo del Renault5 propiedad del joven, con el objeto de cubrir la responsabilidad civil. Es todo lo que posee Diego. Pero su valor es nulo. Y así, el perito que tasa el coche para el juzgado certifica que el vehículo no vale nada por su antigüedad y deterioro.

En los carnavales, una murga interpreta una copla con la música de El beso y el siguiente estribillo: «El beso, el beso en Azuaga lo llevan las hembras con miedo y con ansia. No pueden darlo en la mano, ni pueden darlo al hermano, por qué, a ti te sale condena; si te ve el juez tu dormirás en la trena». El juez denunciante, Antonio Navarro, teme que la crítica ciudadana se extienda y comienza a preparar el juicio, citando a la pareja en numerosas ocasiones. «Nos tenía en un puño», afirma textualmente María.

El abogado que han buscado los jóvenes, Valentín Robina, les sugiere que no hagan nada, que asuman su culpa. «Esto me lo comentó el propio Diego cuando le ofrecí buscar un abogado apropiado», indica José Luis Gómez Gata, que era por entonces uno de los dirigentes de Izquierda Unida en Azuaga. Curiosamente, el letrado se retira meses después sin explicar su decisión, porque «está bajo secreto profesional».

Según se acerca la fecha del juicio, el juez de distrito redobla los «consejos» y advertencias. «Nos decía que como aceptásemos que se hiciera una manifestación en el pueblo mandaría a Diego a la prisión de Zaragoza siete u ocho años», manifiesta la novia del joven. Y otro tanto testimoniará su tía, María Quintana: «la madre nos decía que Zaragoza está muy lejos y que no íbamos a poder ir a ver a Diego. Badajoz está más cerca y así de vez en cuando le podremos visitar». Los jóvenes acaban desistiendo, esperando de ese modo que la sentencia no sea severa. Hacen caso a la recomendación del juez de no llevar testigos al juicio, aunque quienes sí comparecerán en él serán los policías locales presentes en la detención…

El 24 de noviembre de 1986 la Audiencia Provincial de Badajoz dicta una sentencia que echa por tierra sus esperanzas. Condena a Diego Sánchez a cinco meses de cárcel, 30.000 pesetas de multa y siete años de inhabilitación para ejercer la docencia por un delito de escándalo público y otro de desacato a la autoridad. Y castiga a María Dolores Muñoz a dos meses de arresto, 20.000 pesetas de multa y tres años de inhabilitación para ejercer la docencia. La resolución del tribunal argumenta que Diego y María ofendieron «las buenas costumbres usuales, constituyéndose en indeseable espectáculo de actividades sugerentemente obscenas». La suerte está echada.

Una ciudad sumergida donde luchan el amor y la muerte


Judicialmente hablando

una cuerda en forma de injusticia

ahorcó al muchacho.

 

Manuel Pacheco

6 de febrero de 1987. Diego ha salido a dar una vuelta con los amigos. Antes ha estado viendo un rato la película de la segunda cadena, «Un piloto regresa», que cuenta la historia de un soldado italiano confinado en un campo de prisioneros durante la segunda guerra mundial. «Ese día mi Diego no tenía que trabajar. Salió de casa y no volvió para la cena. Estuvo con unos amigos, gastando bromas con ellos. No notaron nada raro ni hizo comentarios sobre el suicidio o la muerte… Al rato nos acostamos, pero a eso de la una de la madrugada, sentí ruido. Diego había vuelto a casa. Oí que ponía la televisión y el volumen muy bajito. Y también ruido de platos, pues le había dejado la cena en la mesa. Luego me dormí…», así recuerda Emilia aquella noche fatídica.

A las siete de la mañana la madre se levanta, un pálpito la sobrecoge al ver la luz de la habitación encendida, la colcha recogida y, sobre la mesilla, las llaves de casa y cuatrocientas pesetas en monedas. «Me dio un vuelco el corazón. Llame a mi hija. ¡Fali!, ha pasado algo, la cama de Diego está intacta, sus cosas están colocadas». Aún es de noche, van a llamar al tío, su casa está a cincuenta metros escasos. ¡Claudio, ven, que ha pasado algo! El tío sube al doblao, revisa las habitaciones, sale al patio, nada, ni rastro. Son las ocho menos veinte de la mañana, empieza a clarear, Claudio se asoma al pozo y al darse la vuelta distingue unos zapatos apenas ocultos tras una toalla tendida en el alambre. El tío retira la prenda y se estremece. Allí se encuentra el cuerpo de Diego, colgado de una soga. Así, sin ruido, con una desesperación sorda, procurando no molestar, yéndose de puntillas, buscando el sosiego en la noche del fracaso. Un gran chorro de sombra inunda el patio. «La noche soy y hemos perdido. Así hablo yo, cobardes. La noche ya ha caído y ya se ha pensado en todo» (Alejandra Pizarnik).

Durante todo un año el corazón de Diego se ha ido llenando de asechanzas, de presagios de cárcel, de «alas rotas y flores de trapo» (Lorca). Todos los caminos se han cegado, la desesperación ha ganado la partida definitiva.

La noticia de la tragedia corre de boca en boca por todo el pueblo. Todo el mundo sabe que el chaval era una bella persona y que ha sido objeto del más vil ensañamiento. Un rumor de indignación va creciendo en cada casa, en cada familia. Un sentimiento hondo de humillación recorre Azuaga y en cada pecho hay un conato de fuenteovejuna. La ira del pueblo estalla al día siguiente, tras el funeral. Una manifestación espontánea, un tumulto de dignidad contra la injusticia, parte de la iglesia y recorre las calles, se planta ante el juzgado y después frente a la puerta de la casa de Antonio Navarro. «Juez marrano, ponte en nuestras manos», gritan y lloran con rabia los amigos y vecinos de Diego. «Es la única vez en mi vida que he visto a todo el pueblo de Azuaga unido», me aseguraba hace unos días el dueño del bar Las Conchas, recordando el clamor de aquellos días.

El 12 de febrero se declara la huelga general en la localidad, denunciando el abuso judicial y exigiendo la inhabilitación del juez. Todo el pueblo se echa a la calle tras una pancarta con una sola palabra en mayúsculas: JUSTICIA. Hace una semana, Isabel, amiga íntima de María y compañera de colegio del joven, evocaba la fecha con amargura y emoción inocultables: «el pueblo salió a la calle muy tarde, reaccionamos más a su muerte que a la injusticia, tendríamos que haber apoyado mucho antes a Diego, es aberrante que te puedan meter en la cárcel por mostrar un comportamiento cariñoso en público. El día de la manifestación íbamos todos en silencio y de repente alguien gritó ¡Asesino! Yo iba con un compañero al lado, detrás de la pancarta, y los dos nos echamos a llorar».

El juez, cuyo contrato había terminado el 3 de febrero no volverá a pisar la localidad, pero jamás pagará pena alguna por su fechoría. La movilización del pueblo ha puesto el dedo en la llaga, aunque sea de forma tardía. No, no es un lamentable episodio privado, sino una canallada, un crimen, síntoma de otros muchos crímenes y atropellos contra los más humildes. Como ocurre siempre que el pueblo toma la palabra, el suicidio pasa de la página de sucesos al orden del día de la injusticia social, revolviendo los tranquilos despachos del despotismo y levantando la costra opaca de los considerandos. Las reacciones judiciales y políticas se suceden. Uno de los jueces firmantes de la sentencia, Julio Cienfuegos Linares, en un alarde de bellaquería corporativa manifiesta aún el 11 de febrero que «la condena era leve respecto a los hechos que habían ocurrido». Pero no está el horno para bollos y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Jesús González Jubete, anuncia la denegación de renovación en el cargo de juez a Antonio Navarro (aunque años más tarde será «reenganchado» como juez en Écija). «La sentencia impuesta por escándalo público deteriora la imagen de la Justicia y echa por tierra la labor realizada en los últimos tiempos», declara el magistrado cacereño.

En los meses y años siguientes, el manto del olvido, característico de una transición que ha decretado la amnistía y la amnesia permanente para los desmanes de los poderosos, irá ocultando la sentencia vergonzante y el entramado institucional que la ha hecho posible y ha arrastrado al joven al suicidio. En octubre de 1987, el humorista José Luis Coll es procesado por desacato, a causa de un artículo publicado en Diario 16, titulado Ese juez, en el que criticaba al magistrado de Azuaga. Se le imponen 50.000 pesetas en concepto de responsabilidad pecuniaria. Y en febrero de 1988, la Audiencia provincial de Badajoz deniega la admisión a trámite de la querella por posible prevaricación e inducción al suicidio, contra el juez Antonio Navarro, presentada por Cristina Almeida en representación de la comisión vecinal. Con todo, el caso Azuaga y la movilización ciudadana serán determinantes para que en marzo de 1988, a propuesta de Izquierda Unida, sea derogado el delito de escándalo público, y se proceda a las modificaciones correspondientes en el Código Penal.

El «caso Azuaga» pone de relieve una vez más hasta qué extremo es alargada la sombra del franquismo, la pervivencia de la moral mojigata propia del régimen y la complicidad estructural e impunidad de los dispositivos de poder que han sobrevivido a la dictadura. Los años de la Transición están tallados por el miedo y la violencia institucional. En Extremadura, tres hechos de los años ochenta -cuando parecía que la democracia estaba ya «consolidada»- lo simbolizan con claridad. Feria-1980, Azuaga-1987 y Palomas-1989 representan cabalmente la otra transición, la que nos han ido hurtando episodio tras episodio de Cuéntame. El asesinato en Feria de Joaquín Mendoza, de 17 años de edad, por parte de la guardia civil, el crimen-suicidio en Azuaga, y la muerte en Palomas de Ángel Luis Sánchez y Marcelino Garrido, los jornaleros furtivos ahogados en el río Matachel cuando huían de la guardia civil, encarnan el marco de coacción en el que se produjo la transición. Cuatro vidas, cuatro jóvenes menores de 21 años, atropellados por un poder brutal, decidido a toda costa a frenar las ansias de cambio social.

«En España se han perdido las buenas costumbres. La gente no ha sabido responder al cambio democrático porque ahora se hace un uso nefasto de las libertades», declarará el infame juez Navarro, aún el 12 de febrero, con el cadáver aún reciente del joven de Azuaga. «Si el muchacho se hubiera disculpado en público yo habría retirado los cargos, pero no lo hizo, por chuleta. Les mandé detener mayormente por el insulto, por el principio de autoriad. Lo que no se puede aguantar en esta vida es la chulería de algunos que se creen los dueños del mundo».

El suicidio de Azuaga revela hasta qué extremo las instituciones funcionan como un conjunto de cepos concertado contra la disidencia social y especialmente contra los jóvenes. A pesar de que el movimiento popular que emergió con fuerza en el tardofranquismo y en la transición parece embridado, la juventud sigue representando para los sectores más reaccionarios la bestia negra, el emblema de la ruptura democrática que, quién sabe, aún podría retornar. Sobre la juventud, «se proyectan fantasías, temores y deseos para poder disciplinar su belleza, es decir, su potencial político, la vida nueva que los cuerpos de los jóvenes llevan como promesa de transformación en su interior» (Germán Labrador). ¿Cuántos jóvenes arrebataron la represión y la heroína en los años ochenta y noventa? La heroína, que como decía una campaña de la época, «no cae del cielo», introducida en los barrios por el poder, destrozando el tejido comunitario de años. «Sin trabajo, ni hogar, ni perspectivas, la juventud marginada se deshace en los años ochenta a las espaldas del mundo». La imagen de los jóvenes se carga de estigmas: pasota, mangui, drogata, una generación en la cuneta, a la que hay que rendir definitivamente y poner a currar conforme a los dictados de la precariedad y del rampante neoliberalismo. «La marginación, la porra, el desprecio, el sermón, el conductismo, las redadas, las visitas de alguna buena monja» (E. Haro Tecglen), constituirán el tratamiento predilecto para aquella juventud disidente, combinado eso sí con otras herramientas como el mal llamado Plan de Empleo Juvenil de 1988.

Poco antes de los hechos aquí narrados, en 1984, Víctor Chamorro, incómodo tábano para el poder, se preguntaba en el último de los tomos de su Historia de Extremadura, sobre las proporciones enormes que adquiría en nuestra tierra por entonces «otra plaga bíblica: el suicidio». «¿Qué está ocurriendo para que se produzca esta salvaje oleada de suicidios que con trágica e inexorable puntualidad golpea todos los días a las puertas de Extremadura?». El suicidio no es un mal privado, ni el gesto heroico del «vengador de sí mismo», como lo definiera Séneca. El suicidio es un asunto eminentemente colectivo y sociológico. ¿Qué está ocurriendo en Extremadura, en España, en el mundo, durante la última década para que se incremente vertiginosamente el número de suicidios? ¿Cómo se explica que, desde 2008, la principal causa de muerte no natural en España sea este, que rondemos ya los once suicidios diarios? El capitalismo es una fábrica de soledad, de alienación, de desesperación. El paro, los desahucios de vivienda, la explotación, la violencia en todas sus formas, la competencia como ley principal, la humillación social, la disolución de los vínculos comunitarios, son la vía regia al suicidio.

No son suicidios son asesinatos, hemos gritado en los últimos años, frente al intento de privatizar el dolor colectivo de la marginación y los desahucios. Tampoco la muerte de Diego Sánchez Molina fue un suicidio, sino un crimen, un asesinato. La libertad y la dignidad siempre están asediadas por el poder, por los psicópatas con mando en plaza. Y por eso mismo, necesitan de la memoria, del recuerdo de quienes sufrieron y de quienes pelearon contra la injusticia.

Para huir de la muerte nos amaremos todos, enteros, sin horario y sin ley, sencillamente, cantó el gran Pablo Guerrero por los años setenta. Memoria y dignidad, para huir de la muerte.

Referencias: este artículo quiere ser un homenaje a Diego Sánchez, a María Dolores Muñoz y a todas las personas que sufrieron a causa de aquel proceso delirante y despótico. También un reconocimiento al pueblo de Azuaga, que se levantó para denunciar la ignominia. Doy las gracias a todas las personas que han prestado su colaboración o testimonio, y entre ellas a Isa Hep, Vicente Carmona y José Luis Gómez Gata, de Azuaga y a Máximo Blanco, de Maguilla. El escrito ha tomado como referencias los artículos y reportajes publicados en esas fechas en diversos diarios, especialmente el ABC, el Hoy y El País.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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