La Organización Internacional para las Migraciones publica un informe denunciando la situación de incertidumbre y abandono de las familias de personas migrantes desaparecidas. Mientras, el Gobierno de España no ve obligación de disponer de un punto de información para estos casos
–¿Se sabe algo algo de los chicos? –pregunto intuyendo la respuesta.
–No, lamentablemente, hasta el momento, no hay noticias sobre ellos.
–¿La búsqueda continúa?
–No, me di por vencido.
Quien ya no puede más es Daoud, el tío de Lahcen Al Zahir, un joven marroquí de 25 años que, junto a una treintena de personas, se subió a una patera desde la costa de Dajla, en el Sáhara Occidental, rumbo a las islas Canarias. Eso fue a finales de diciembre. Nunca llegaron a su destino. Han pasado desde entonces cinco meses, sin una sola noticia.
Embarcarse en una patera o cayuco no solo es una experiencia traumática para las personas que lo hacen. Las familias, la mayoría desconocedoras de esta peligrosa decisión, viven una auténtica odisea por saber de ellas una vez han salido con destino a Europa. No saben si están vivas, si están retenidas o si la precaria embarcación a la que le confiaron su vida se perdió en algún momento en la inmensidad del océano. Solo el año pasado, 1.717 personas murieron o desaparecieron en su intento de llegar a España, según el informe Frontera Sur, elaborado anualmente por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
A pesar de estas cifras, en España no existen procedimientos, protocolos o instituciones específicas que se ocupen de la búsqueda, investigación e identificación de personas migrantes desaparecidas o fallecidas. Así lo recuerda en un informe el Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre la Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), como parte del Proyecto Migrantes Desaparecidos. Este proyecto de investigación se ha centrado en las experiencias de las familias de migrantes desaparecidos en cuatro países: Etiopía, España, Reino Unido y Zimbabue.
Tampoco hay previsión de que el Gobierno de izquierda de coalición (PSOE y Unidas Podemos) haga algo por acabar con esta situación de desamparo que viven las familias. A principios de año, el Ejecutivo defendía en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso lamarea.com que «no existe normativa nacional ni internacional que fije obligación de disponer de punto de información a las familias de los inmigrantes irregulares llegados a España».
Desde que se documentó el primer naufragio en rutas migratorias a España en noviembre de 1988, poco ha cambiado en este sentido. Desde entonces, al menos 9.100 personas han perdido la vida en su intento de llegar a España. Desde 2014, el Proyecto Migrantes Desaparecidos ha documentado la muerte y desaparición de más de 42.000 personas en trayectos migratorios por todo el mundo. Datos históricos arrojan una estimación de por lo menos 85.000 muertes y desapariciones desde 1996.
Labor ciudadana ante la inoperancia institucional
Al no haber nada ni nadie que ayude desde las instituciones públicas, «supone que las familias que intentan localizar a sus seres queridos desaparecidos en la ruta migratoria hacia España se encuentran con varios obstáculos legales y burocráticos que surgen durante los procesos de búsqueda e identificación, puesto que los marcos institucionales existentes aún no se han adaptado para hacer frente a las dinámicas particulares de las muertes y desapariciones en trayectos migratorios irregulares», señala el informe.
Una de las claves es la «falta de protocolos claros de actuación para investigar casos de desapariciones en trayectos migratorios», hecho que «impide que las autoridades puedan dar una respuesta y un seguimiento efectivos a las denuncias de desapariciones», apunta la OIM, organismo asociado a la ONU.
Ante la evidente falta de mecanismos oficiales de búsqueda, las familias de personas migrantes desaparecidas en sus trayectos a España comienzan abuscar información por cuenta propia. Redes sociales, correos a gente que parece que pueden saber algo, llamadas a ONG… Todo ello con barreras como el idioma, que dificultan aún más la búsqueda.
Donde todavía no ha sido capaz de llegar el Gobierno lo ha hecho el pueblo organizado. Es el caso de Somos Red, una plataforma de vecinos y vecinas de Canarias que busca ofrecer apoyo a las personas migrantes que están en las islas. También a sus familiares. «Muchas veces, nuestra labor simplemente es acompañarlos a nivel psicosocial. Escucharlos, ayudarles a reconstruir la historia, explicarles la geografía para evitar equivocaciones… Hay muchos rumores y mala información, incluso por parte de los pasadores», cuenta Sara Fresno, psicóloga canaria residente en Francia cuya labor fue germen de esta plataforma ciudadana. Antes de su creación , ella ya llevaba un tiempo ayudando a migrantes y sus familias a través de una conocida página en Facebook llamada Protégeons Les Migrants, Pas Les Frontières (Proteger a los migrantes, no a las fronteras).
«Es supernecesario que exista un punto claro donde las personas puedan acudir para saber qué pasó», pide Fresno, quien reconoce que «se junta la desesperación de las familias por no saber dónde están sus seres queridos con la inexistencia de un lugar claro para preguntar».
Una labor humanitaria que reconoce la propia Organización Internacional para las Migraciones en su informe: «Aunque estos esfuerzos informales de base solo resuelven algunos casos, a menudo son el único apoyo que reciben los familiares de personas que han desaparecido en su trayecto migratorio hacia España».
Sin nombres, sin información
El pasado 26 de abril, 24 personas fueron localizadas muertas en un cayuco a 500 kilómetros de El Hierro, la isla más alejada del continente africano. Solo hubo tres supervivientes. Cuando una embarcación llega hasta allí es señal de que la travesía no ha ido como debería, y por delante solo les queda el inmenso océano Atlántico.
Los enterramientos de la veintena de cuerpos se produjeron casi un mes después del rescate. La encargada de ordenar la inhumación fue la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Arona (Tenerife) tras un periodo de tiempo para que los posibles familiares reclamaran a sus seres queridos. Finalmente, todos fueron enterrados sin su familia, sin respetar sus creencias y sin ningún dato que les convierta en algo más que un número. Aun así, una treintena de familias africanas se ha puesto en contacto con la ONG Caminando Fronteras para saber si alguno es su pariente.
Precisamente, el pasado 26 de mayo, dos familiares de migrantes desaparecidos y la portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Helena Maleno, se reunieron con el Ministerio de Derechos Sociales para exponer este drama. Además, aprovecharon la ocasión para presentar la primera Guía para Familias Víctimas de la Frontera. En ella, se da respuesta a preguntas habituales a las que se enfrentan las familias: qué hacer para buscar a una persona desaparecida, dónde denunciar, a qué organizaciones acudir para estar acompañados en el proceso, qué hacer si se encuentra el cuerpo, los problemas más frecuentes…
«Las familias se encuentran con múltiples limitaciones estructurales tanto en la búsqueda como al enfrentarse a la pérdida de un ser querido en el proceso migratorio«, insiste la OIM. El género, el contexto socioeconómico, la situación migratoria, el idioma o la racialización son algunos de los factores que condicionan a las familias, señalan.
Es el caso de la familia de M.S. y su hija de 12 años D.B. Ambas partieron a finales de marzo desde Marruecos hacia el archipiélago canario. A la familia le habían dicho que la patera tuvo un accidente donde la madre murió, pero la niña podría estar viva. Al no tener a dónde dirigirse para pedir información, comenzó una búsqueda a través de amistades, conocidos y amigos de amigos. Finalmente, tras un mes en estado de incertidumbre, alguien de Cruz Roja confirmó que la patera rescatada no era la que buscaban, y que en la que iban ellas se había hundido sin supervivientes.
Evitar situaciones como las descritas es una cuestión de derechos humanos. «España es parte de varios tratados y acuerdos internacionales y regionales de derechos humanos que contienen disposiciones que podrían aplicarse a la cuestión de las personas migrantes desaparecidas y sus familias, incluido el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular», pide el informe del Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre la Migración de la OIM.
Por ello, el organismo internacional insiste en recomendar que se designe o cree una institución «que funcione como punto de atención único para familiares de personas migrantes desaparecidas o fallecidas en su trayecto migratorio a España». Asimismo, recomienda «la elaboración de un protocolo que proporcione una hoja de ruta para que las autoridades españolas adopten un enfoque y una estrategia uniformes orientados a la búsqueda e identificación de personas migrantes desaparecidas y fallecidas».
También reclaman que se asegure que «las familias puedan denunciar la desaparición de un familiar valiéndose de procedimientos sencillos y accesibles, en cuya seguridad y confidencialidad confíen». Finalmente, el documento elaborado a raíz de la investigación pide «financiar, incluir y emplear a miembros de las comunidades migrantes y a activistas y defensores de base para prestar servicios a las familias que buscan a migrantes desaparecidos».