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Entrevista con Manuel Garí, economista y activista social

«El dilema hoy no es crecimiento y empleo versus naturaleza, sino crecimiento capitalista versus naturaleza y empleo»

Fuentes: eldiario.es

«El sistema energético español es irracional, consumimos más energía por unidad de PIB que la mayoría de países occidentales»

Manuel Garí es economista y activista social, director de la Cátedra Trabajo, Ambiente y Salud de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha defendido durante muchos años los derechos de la clase trabajadora desde el sindicalismo, sin perder nunca de vista la defensa medioambiental. Acaba de publicar el libro Qué hacemos por otra cultura energética, escrito junto a Javier García Breva, Begoña María-Tomé Gil y Jorge Morales de Labra. Una propuesta por otro modelo productivo a partir de una nueva cultura energética, basada en las renovables y en la democratización de los recursos.

Ofrecemos la primera parte de una extensa conversación, que continuaremos en los próximos días. En esta primera entrega hablamos con Garí de la crisis energética, su relación con la crisis económica, las amenazas en el horizonte, las nucleares, el fracking, así como del sistema energético español y la última reforma.

-La crisis energética que se anuncia a medio plazo, ¿cómo afectaría a España?

Energéticamente el Estado español es sumamente dependiente del exterior ya que el 80% de los recursos energéticos consumidos se importan. El carbón se trae de Ucrania, Rusia, Sudáfrica y China. En 2011 el 99,8% del gas y petróleo consumidos como energía primaria fue importado, lo que significó una cifra equivalente al 4,7% del PIB. Más del 55% del crudo se compró a los países de la OPEP, particularmente a Arabia Saudí, Irán y Nigeria, más del 15% a Rusia y en torno al 12% a México; la factura del petróleo ese año supuso el 85,6% del total del déficit comercial español. En el caso del gas nuestros principales proveedores fueron Argelia -38%-, Nigeria -18,6%- Catar -13,4%- Noruega -8,4%- y Egipto -6,5%-.

La primera conclusión de esta aburrida catarata de cifras y porcentajes es que cualquier alza de los precios de los combustibles fósiles contribuirá negativamente al desequilibrio estructural comercial. La segunda es que cualquier tensión política y/o bélica en las regiones productoras de las que importamos aumenta la vulnerabilidad de nuestro sistema energético y… económico. Vamos a ver que pasa a corto plazo con la situación en Siria.

-La actual crisis económica global, ¿en qué medida tiene también un componente energético en su origen? 

En el verano de 2004 se hizo patente una de las consecuencias de la guerra de Irak: el barril de crudo pasó de 20 dólares a 40, en 2007 se atravesó la barrera simbólica de los 100 dólares y siguió subiendo hasta alcanzar los 147 dólares en la primavera de 2008, lo que provocó un movimiento inflacionista en la economía de los países occidentales y un alza de los precios de los alimentos con consecuencias dramáticas para los países empobrecidos. Se intentó detener la temida inflación mediante un alza de los tipos de interés. Este movimiento junto con el resto de elementos irracionales que configuran la financiarización de la economía mundial resultó explosivo. El resto es una historia conocida: tras el boom del dinero barato crisis de las hipotecas basura, crisis financiera internacional, crisis de las deudas europeas, etc.

Pero no es la primera vez que una grave crisis económica y financiera fue precedida por un alza de los precios del crudo, recordemos que el fin del keynesianismo y la instauración del neoliberalismo llegaron tras la guerra árabe-israelí de 1973 en la que los precios del petróleo se cuadriplicaron y tras la revolución iraní que comportó que se doblaran nuevamente entre 1978 y 1981. El experto venezolano en economía de la energía, López Arismendi, afirma en su libro El fin de la era petrolera que las manifestaciones más evidentes de la crisis estructural que sufre la sociedad mundial son económicas pero que el origen de las mismas es energético. No le falta razón.

-¿Cómo resolvemos el habitual dilema entre sostenibilidad ecológica y crecimiento económico/creación de empleo? 

Empecemos por desmontar el mito del crecimiento económico. La necesidad de crecer sin parar es un imperativo de la realización de la ganancia capitalista, no del bienestar de la sociedad. Ese crecimiento no comporta automáticamente un reparto justo de bienes y servicios en la sociedad. Depende en qué sectores se crezca y en cuales se decrezca el resultado será más o menos favorable a los intereses de la mayoría social. El capitalismo industrial multiplicó la capacidad de acumulación monetaria y de crecimiento anual medido en términos monetarios medido mediante el Producto Interior Bruto, el tan llevado y traído señor PIB. La financiarización de la economía ha inducido hasta la metástasis esa acumulación de capital ficticio y ha desorbitado el culto al PIB.

Lástima, porque el PIB es un indicador económico incompleto e imperfecto. No se le puede tomar como la verdad revelada. No es capaz de informarnos sobre las condiciones sociales y ecológicas de producción. Tampoco sobre los valores de uso producidos ni sobre su distribución. Y, particularmente, hay que disociar la idea de crecimiento de la de creación de empleo. Hemos podido constatar en diversos momentos, como afirma Catherine Samary en el artículo aparecido en Viento Sur «De los desastres del «productivismo» a la planificación ecosocialista autogestionaria», que puede haber crecimiento con enormes cifras de desempleo, incremento de las desigualdades y destrucción ambiental. Esta crítica al PIB se extiende entre los economistas más sensibles incluidos algunos de los defensores del sistema económico vigente, a la vez que comienzan a formularse propuestas de nuevos indicadores como el PIB verde.

Hoy el dilema no es crecimiento y empleo versus naturaleza sino crecimiento capitalista versus naturaleza y empleo. La gran crisis económica que viene, como afirma el propio George Soros, es la que puede derivarse de la catástrofe climática inducida por la forma de producir y movernos. Esa destruiría fuentes de riqueza y empleo en dimensiones dantescas. No es solo un debate económico, es un debate civilizatorio.

Más en concreto ¿es posible compatibilizar la sostenibilidad ambiental y la creación de empleo? 

Está abriéndose paso de manera firme en el mundo sindical y en el de los expertos en economía ajenos al neoliberalismo una nueva hipótesis: el proceso de reconversión del aparato productivo en términos ecológicos, comenzando por el modelo energético, es intensivo en trabajo humano por un lado y, por otro, implica una importante movilización de recursos e inversiones que posibilitan medidas anticíclicas generadoras de riqueza que a la vez son sostenibles desde un punto de vista ambiental. Baste un botón de muestra, las energías renovables generan 2,7 veces más empleo por unidad de PIB que la media del sector energético.

Diversos informes de la OIT corroboran el enorme potencial de creación de empleo que contienen las fuentes renovables de energía y la introducción de criterios de eficiencia energética en la producción y los servicios. Igualmente queda demostrado en los estudios sobre el caso español en los que hemos participado entre otros Begoña María-Tomé y yo mismo.

Si a ese cambio de paradigma productivo le sumásemos una profunda reestructuración de la organización del tiempo humano con una drástica reducción de la jornada laboral, se produciría el doble movimiento de creación y reparto del bien «puesto de trabajo».

-La energía nuclear como alternativa a la fósil, ¿está descartada tras Fukushima, o el lobby nuclear se mantiene fuerte? 

Cada día que pasa hay nuevos argumentos para dejar la energía nuclear. Las fugas radiactivas al mar en Japón ocupan las noticias, entre otras cosas, porque puede haber consecuencias transoceánicas en el Pacífico norteamericano. La conservadora canciller alemana Angela Merkel desdiciéndose de su programa electoral ha iniciado la desnuclearización en su país. El lobby nuclear guarda silencio sobre Fukushima y en el caso español acaba de reconocer que la mayoría de los españoles rechaza la energía nuclear.

Su silencio no es equivalente a su desaparición. Existen fuertes intereses económicos de las grandes compañías energéticas propietarias de centrales atómicas -en España y en el resto de países- y de fabricantes de reactores y constructores de plantas -como es el caso de Areva en Francia- y además hay una ideología pronuclear -y claro está, también petrolera- que asocia progreso con centrales atómicas -y humos de combustión-, ningunea los riesgos y desprecia a las renovables. En nuestro país hay insignes representantes de ese pensamiento reaccionario y desinformado tanto en el mundo sindical como en algunos partidos socialdemócratas, pero la palma se la llevan los neocon que en España están muy bien representados por el PP, particularmente por Rajoy y Soria.

Los pronucleares defienden su opción mediante cinco mentiras: que la energía nuclear es imprescindible como energía base de respaldo, que es más barata, que es limpia, que es segura y que hay reservas ilimitadas de combustible. La realidad ha desmontado una por una esas interesadas e ignorantes afirmaciones: poderosas economías no tienen centrales nucleares y su sistema energético funciona, el kW nuclear resulta más caro dados los altos costes iniciales, los residuos radioactivos no pueden esconderse bajo la alfombra, los incidentes devienen en accidentes y estos en desastres y tragedias, el uranio existente en el planeta es finito y no puede alimentar las actuales centrales más allá de 50 años, mucho menos tiempo si se siguen construyendo.

¿Por qué no se construyen todas las centrales que se anuncian? 

Porque las inversiones iniciales son muy cuantiosas y el retorno se dilata en el tiempo. Por ello el capital privado no quiere arriesgarse sin el aval y la financiación estatales. Así de liberales y arriesgados se muestran estos fundamentalistas del mercado y enemigos de lo público a la hora de pedir la intervención estatal para atreverse a invertir un euro en las nucleares. Además la cuenta de explotación de la generación eléctrica desdice el mito de los bajos costes. El Informe Lazard de 2008 basado en los datos de la Comisión Europea y tomando como criterio el de coste/beneficio, sitúo los costes de producción por kilovatio hora (kWh) de la nuclear entre 10 y 12 céntimos de euro frente al coste de la eólica y la biomasa situado en el entorno de 5 a 9. En conclusión la nuclear no puede sustituir a la fósil, vayamos pensando en una energía más asequible y segura, la que viene del sol.

-¿Y el fracking? ¿Por qué hay administraciones que parecen dispuestas a autorizarlo pese al rechazo y las dudas que despierta? 

En el caso español los mayores defensores del fracking son grandes compañías constructoras en búsqueda de negocio promovido por administraciones que han descubierto en el gas pizarra la panacea a los diversos males patrios, ya que afirman que el uso energético del gas pizarra es la panacea de sustitución ante el peak oil y el peak gas porque las reservas sin explotar son cuantiosísimas, es más limpio que el carbón al que expulsará del mercado, reduce la emisión de CO2y ayuda a combatir el cambio climático, por lo que se convierte en un combustible de transición a nivel mundial hacia una energía descarbonizada. En el caso español, además, permitirá la independencia energética, será una fuente de riqueza local y comarcal, y generará empleo. ¡Bienvenido mister Marshall! Y, además su extracción y uso son limpios, no comportan efectos ambientales negativos ni riesgos para las personas por lo que, algunos de los que desde la administración deberían velar por el cumplimiento estricto de la norma afirman que no es necesario hacer estudios de impacto ambiental. En definitiva estamos ante un conjunto de creencias ancladas en una idea de progreso vinculada al pelotazo extractivista. La realidad es muy otra.

El gas pizarra que se obtiene mediante la fractura hidráulica tiene una tasa de retorno energético (TRE), el indicador que establece el cociente entre la energía empleada en su obtención y la energía obtenida, sumamente bajo: entre el 2 y el 5. El fracking pues resulta un procedimiento sumamente ineficiente en términos energéticos y por tanto de costes, cosa que silencian sus defensores, si lo comparamos con las tasas de la fotovoltaica, situada en el 7 -lo que lleva a sus detractores a decir que es una cifra baja- o del gas o petróleo convencional que supone el 15 o la eólica que alcanza el 17. El gas pizarra no es la alternativa al petróleo convencional ni en términos energéticos ni crematísticos. El fracking supone una técnica sumamente agresiva por el empleo de cientos de sustancias químicas nocivas de forma masiva que se depositan incontroladamente en acuíferos, subsuelo, suelo y cauces, sumamente despilfarradora de agua y sumamente peligrosa porque puede inducir movimientos sísmicos.

Un reciente informe del Parlamento europeo afirma que los recursos de gas convencional en Europa son demasiado pequeños para tener una influencia energética sustancial y que la tendencia más previsible tras un primer boom será al declive de la producción y uso gas de esquisto. En el caso español las cifras de existencias conocidas son muy reducidas: 250.000 millones de barriles. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirma que la producción de gas incluyendo convencional y pizarra disminuirá en Europa a ritmo 1,4% anual. Son datos y opiniones demoledoras. ¿Se tendrán en cuenta? En el caso del ministro Soria parece que no. Quizás ni las conozca.

-¿Por qué consideran «irracional» el actual modelo energético español? 

El uso que hacemos de la energía que no tenemos y debemos comprar fuera a precio de oro es muy ineficiente ya que la intensidad energética de nuestra economía sigue siendo muy alta y no la hemos bajado significativamente desde la crisis energética de los años setenta. Dicho de otra forma consumimos más energía por unidad de PIB que la mayor parte de los países occidentales. Los impactos ambientales y sobre la salud de la contaminación son muy importantes y, puestos a hablar de dinero, no los pagan quienes los producen sino nuestras vidas y la hacienda pública, nuestros impuestos. Impuestos que por cierto vienen subvencionando a las grandes compañías que configuran el oligopolio energético español y a los que a su vez pagamos la electricidad a precios cada vez más elevados. A ello hay que sumar un modelo de transporte basado en los combustibles fósiles y un alto grado de ineficiencia energética del parque inmobiliario residencial, terciario, industrial y turístico. Visto lo visto ¿es exagerado hablar de irracionalidad sistémica?

-¿Qué efectos ha tenido la liberalización del mercado eléctrico? 

En 1997 el gobierno de Aznar anunció que se iniciaba la transición a un sistema de libre mercado eléctrico. Las eléctricas consiguieron de inmediato que se les garantizara la recuperación de las inversiones que hasta el momento habían realizado mediante el reconocimiento de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) cuya cuantía inicial se estableció en 12.000 millones de euros. Además se diseñó un absurdo mercado cerrado para y controlado por las grandes compañías en el que el gobierno popular aceptó aberraciones como la del reconocimiento del déficit tarifario que aún hoy colea. Finalmente, el sistema de fijación de precios del que conviene que hablemos no es precisamente un modelo de juego real oferta / demanda. Difícilmente puede hablarse de un mercado eléctrico liberalizado.

-¿Por qué es tan compleja y falta de transparencia la fijación de precios en España, un «arcano indescifrable que a tantos oculta sus secretos»? ¿Cree que han sido capaces de hacerlo inteligible en su libro? 

La metafórica referencia de Jorge Morales al oscurantismo del sistema de fijación de precios de la electricidad no es baladí. La Ley básica de la electricidad (ley 54/97) estableció un mercado mayorista pretendidamente marginalista que funciona muy defectuosamente. El precio de la electricidad se forma por adición de tres sumandos. El primero compuesto por el precio más caro de entre los oferentes que hayan sido invitados a participar por ser los más baratos en ese momento para atender la demanda. El segundo sumando, los costes de acceso que contemplan diversos elementos como los costes de transporte y distribución, las primas del régimen especial, la deuda tarifaria, los costes extrapeninsulares y los costes de funcionamiento de la Comisión Nacional de la Energía (hoy integrada en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) y del Operador del Mercado Eléctrico. Y un tercer sumando, los Costes de Capacidad que se pagan por estar disponibles al carbón y al gas.

Poco que ver con un mercado abierto al que puedan los consumidores, los grandes ausentes, o transparente y sencillo para los mortales pues gran parte del galimatías que sucintamente expliqué es un constructo político ajeno a las reglas que se supone tiene un mercado capitalista. No todos tienen el mismo grado de información ni la misma capacidad de influir en la fijación del precio. Y mucho menos con un mercado que abarate el precio para la mayoría de la población. Todo este entramado favorece a los grandes consumidores industriales y su peso gravita sobre las pequeñas empresas y los consumidores particulares.

¿Hemos sido capaces de hacer inteligible este galimatías en el libro? Eso deben responderlo las personas que lo lean. Nuestra intención fue que lo fuera.

Para más información y para conocer las propuestas en materia energética, el libro Qué hacemos por otra cultura energética. Más información en www.quehacemos.org

Fuente: http://www.eldiario.es/quehacemos/crisis_energetica_renovables_capitalismo_6_173992615.html