Un tribunal militar israelí absolvió a un palestino después de confirmar que había sido condenado tras ser interrogado durante 40 días por los Servicios de Seguridad General, en los que se reiteraron todo tipo de abusos físicos y psicológicos. Ayman Hamida, habitante de Ezariya, en Jerusalén oriental, había sido sentenciado por 17 delitos, entre ellos […]
Un tribunal militar israelí absolvió a un palestino después de confirmar que había sido condenado tras ser interrogado durante 40 días por los Servicios de Seguridad General, en los que se reiteraron todo tipo de abusos físicos y psicológicos.
Ayman Hamida, habitante de Ezariya, en Jerusalén oriental, había sido sentenciado por 17 delitos, entre ellos disparar contra un puesto de la policía fronteriza israelí en septiembre de 2009. Los interrogadores lo golpearon, lo escupieron, intentaron asfixiarlo y lo privaron de alimentos, relató.
Pero en su testimonio ante un tribunal militar, Hamida se retractó de esa confesión porque, afirmó, lo amenazaron con una detención administrativa a él y a sus familiares también. «Lo intimidaron diciendo que traerían a su hija y la interrogarían. También arrestaron a su hermano e intentaron usar esto para obtener una confesión», explicó Labib Habib, uno de los dos abogados que representaron a Hamida. El otro defensor fue Tarek Barghout.
«Luego lo llevaron ante alguien que dijo ser un prisionero común, pero en realidad trabajaba para el Shabak (acrónimo hebreo de los Servicios de Seguridad General de Israel, también conocido como Shin Bet). Lo golpearon y le dijeron que tenía que demostrar que era un buen muchacho, confesando lo que había hecho», dijo Habib a IPS.
El periódico israelí Haaretz informó que el juez militar mayor Amir Dahan escribió en su fallo que «el interrogatorio no fue ni ideal ni respetuoso, y que se usaron medidas severas y problemáticas de un modo y con una frecuencia que privaron (a Hamida) de su libre voluntad».
Esta vez fueron muy lejos, y el acusado fue obligado a decirles cualquier cosa a sus captores a fin de frenar el interrogatorio, agregó.
Según Bana Shouthry, directora legal del Comité Público Contra la Tortura en Israel, el abuso de detenidos palestinos por parte del Shabak es una práctica generalizada.
«La vasta mayoría de los palestinos son interrogados por los servicios de seguridad, que se realiza mientras los servicios de seguridad usan presión emocional y psicológica. Los mantienen incomunicados y los someten a condiciones muy degradantes, humillantes e inhumanas, sin acceso a luz natural», dijo Shouthry a IPS.
En 1987, la Comisión Landau -una entidad gubernamental israelí encargada de examinar los métodos de interrogación empleados por el Shabak– concluyó que era aceptable el uso continuado de la «fuerza física» en los interrogatorios.
Doce años después, la Alta Corte de Justicia finalmente prohibió las torturas de cualquier clase en Israel, e ilegalizó ciertas técnicas de interrogatorios. Sin embargo, en situaciones de «bomba de tiempo», el tribunal concluyó que puede justificarse el uso de la fuerza física.
«La decisión de 1999 de la Alta Corte no limitó esto solamente a situaciones donde se sospecha que alguien sabe de una bomba que explotará en pocas horas, sino también a personas que pueden conocer a otras, que conocen a otras, que saben de una bomba que puede explotar en semanas y meses. Así que es una definición muy amplia», explicó Shouthry.
«De hecho, solamente 15 por ciento de los casos del Comité Público Contra la Tortura en Israel son realmente considerados por las autoridades como bombas de tiempo. Todos los otros son torturados porque esta es la manera en que los servicios de seguridad saben cómo obtener información de los palestinos», añadió.
Según ella, más problemático que el abuso en sí mismo es la impunidad total bajo la cual tiene lugar. Organizaciones israelíes de derechos humanos reportaron que aunque entre 2001 y 2009 se presentaron más de 700 demandas denunciando abusos de detenidos por parte de agentes del Shabak, la oficina del fiscal general de Israel no inició ni una sola investigación.
«Israel no cumple con su obligación de investigar cada presunto caso de uso de tortura. Aplica un mecanismo legal que conduce a la total impunidad para quienes cometen torturas, y la vasta mayoría de los detenidos no quiere ir a tribunales o siquiera presentar una demanda porque saben que esto no los ayudará», dijo Shouthry.
El abogado Labib Habib espera que el caso de Ayman Hamida siente un precedente por el cual otros detenidos palestinos reporten los abusos, y también alienten a los tribunales israelíes a proteger mejor sus derechos.
«Pero aun en el caso (de Hamida), cuando el tribunal dijo la verdad en voz muy alta, no oímos ni sabemos de que se haya tomado ninguna medida contra los interrogadores. La impunidad sigue vigente», afirmó.