Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al dirigirse en mayo al Congreso estadounidense, comentó que Israel se disponía a mantener una presencia duradera en el Valle del Jordán, en Cisjordania. En los meses siguientes, el ejército israelí intensificó sus ataques a los pozos de agua de los palestinos que allí habitan.
En los dos últimos dos meses hemos sido testigos de la creciente avalancha de ataques de las fuerzas israelíes a los pozos de agua situados en Cisjordania y en el Valle del Jordán, una tendencia muy preocupante que justifica el hecho de que saquemos de nuevo a la luz la cuestión de los derechos de los palestinos sobre el agua.
El 13 de octubre, los campesinos recibieron avisos de demolición de varios pozos de agua en Kufr al-Dik, un pueblo en la ciudad de Salfit, cerca de Nablus. En septiembre, las fuerzas del ejército israelí destruyeron seis pozos de agua pertenecientes a las comunidades beduinas palestinas en el Valle del Jordán, y han amenazado con demoler seis más. En todos estos casos, las acciones unilaterales del ejército ocupante son explícitamente ilegales porque esos pozos se construyeron con total permiso de la Autoridad Palestina en zonas del Valle supuestamente bajo control militar y civil exclusivo palestino.
La injusticia es especialmente pronunciada en el Valle del Jordán. El 8 de septiembre, 50 jeeps, camiones y buldózer del ejército cerraron Al Nasarayah alegando que se había convertido en una zona militar cerrada y procedieron a destruir ilegalmente tres pozos de agua y a confiscar los sistemas de regadío y las bombas que dependían de ellos y que habían costado unos 40.000 dólares cada uno. Cinco días más tarde, el ejército ocupante volvió a Al Nasarayah para demoler dos pozos más, parándose por el camino para destruir otro al este de Tamun. Al día siguiente, los soldados israelíes entraron en el pueblo de Al-Fa’ara, cerca de Nablus, para fotografiar y registrar las coordenadas GPS de seis pozos más con la intención de demolerlos también.
Las acciones del ejército israelí son ilegales en virtud del derecho internacional, del palestino y del israelí porque esos seis pozos de agua disponían de permisos emitidos por la Autoridad Palestina y se encontraban en el 5% del Valle del Jordán diseñado tras los Acuerdos de Oslo de 1994 como Área A, bajo total control militar y civil palestino. Sin embargo, los motivos tras las acciones de Israel sobre el terreno aparecen claramente cuando se integran en el contexto de otras recientes resoluciones políticas israelíes: un plan anunciado en septiembre para desarraigar y trasladar a unos 27.000 beduinos fuera del Área C de Cisjordania controlada por Israel (la mayor parte de los beduinos del Área C viven en el Valle del Jordán), y una decisión de la División de Asentamientos de primeros de julio para incrementar en un 130% la tierra traspasada a los colonos para labores agrícolas en el Valle del Jordán, aumentando de 42 a 51 metros cúbicos por año la cantidad de agua entregada a los colonos para que rieguen esos campos agrícolas.
¿Qué tienen en común la destrucción de los pozos de agua de los beduinos palestinos en el Valle del Jordán, el traslado de ciudadanos beduinos palestinos fuera del Valle del Jordán y la expansión de tierra y agua concedida a los colonos en el Valle del Jordán? Que en conjunto ponen de relieve la opresión y limpieza étnica perpetradas en el Valle del Jordán que viene caracterizando la política israelí desde que Israel ocupó el territorio del Valle en 1967.
El centro de esa opresión -y el locus crucial de la lucha beduina palestina para resistir la ocupación y permanecer en su tierra- es la cuestión del agua. Como Israel se ha apoderado del control absoluto de la asignación y distribución de los recursos de los tres acuíferos del subsuelo de Cisjordania para utilizarlos a ambos lados de la Línea Verde, la población palestina de Cisjordania y Gaza, y especialmente la población beduina del Valle del Jordán, ha visto como se iban secando rápidamente los manantiales que antes fluían, alrededor de los cuales habían construidos sus pueblos, para encontrarse con que no pueden excavar pozos suficientes a causa de las agobiantes regulaciones israelíes, y han visto como han tenido que pasar a depender de los desorbitados precios que sus opresores les imponen para poder acceder a lo que es un derecho humano tan básico e indispensable.
Mucho más que en el resto de Cisjordania, la lucha por el agua en el beduino Valle del Jordán es una lucha a vida o muerte. El agotamiento del derecho de los palestinos al agua en el Valle del Jordán -tomando prestado el título de un informe de 2010 del Centro para el Desarrollo Ma’an- tiene una larga y tumultuosa historia. Cuando Cisjordania se convirtió en 1967 en territorio ocupado, el ejército israelí dictó una orden militar para que toda el agua de Cisjordania estuviera bajo control estatal, y la compañía nacional que gestiona todo lo relativo al agua, Mekorot, se apropió de los acuíferos y desarrolló pozos por toda Cisjordania al servicio de Israel y de la expansión de sus asentamientos. Entre 1967 y los Acuerdos de Oslo de 1994, los beduinos palestinos del Valle del Jordán vieron cómo su tierra, y después su agua, desaparecía tras las puertas ferozmente guardadas de los asentamientos, donde los colonos tenían garantizados amplios suministros de agua para hacer florecer la tierra.
La situación fue agravándose cada vez más hasta que en 1995 pareció vislumbrarse un breve rayo de esperanza, cuando el Artículo 40 de los Acuerdos de Oslo II fijaron un acuerdo interino que se revisaría a los cinco años (pero que sigue vigente hasta este mismo día), por el que aproximadamente una cuarta parte de los recursos hídricos de Cisjordania estarían bajo control de la Autoridad Palestina, y se establecería un Comité Conjunto para el Agua, en palabras del informe del Banco Mundial de 2009 «Assessment of Restrictions on Palestinian Water Development: West Bank and Gaza», «a fin de supervisar la gestión de los acuíferos, donde las decisiones se basarían en el consenso entre las dos partes».
Sin embargo, Oslo trajo con él nuevos sistemas institucionalizados de opresión. Desde que Oslo I en 1993 consignó al 95% del Valle del Jordán el estatus de Área C (bajo total control militar israelí), ni las comunidades beduinas en el Área C, ni la Autoridad Palestina, ni el enjambre constante de ONG internacionales, pueden comenzar construcción alguna a iniciativa propia porque, en palabras de Jordan Valley Solidarity, un movimiento de base, «por toda el Área C, se restringe el acceso a servicios básicos como el agua a través de un sistema agotador de permisos que regula la Administración Civil de Israel. Obtener permiso para cualquier tipo de construcción -incluso para agua- es increíblemente difícil, cuando no imposible. Esto impide que los palestinos puedan construir ninguna estructura nueva o hacer mejoras en las instalaciones ya existentes».
En medio de todo este manto de opresión, que eficaz e intencionadamente impide cualquier vestigio de autonomía comunitaria, los beduinos palestinos en el 95% del Valle del Jordán que es Área C se ven privados de la capacidad para mejorar su acceso a los recursos de agua a través de tres sistemas burocráticos entrelazados de control: El Comité Conjunto del Agua, en el que un grupo de personas palestinas e israelíes permiten o niegan el acceso al agua o a los propuestas de rehabilitación presentadas por la Autoridad Palestina para el Agua (para las Áreas A, B y C); la Administración Civil de Israel, que, si el comité anterior permite un proyecto en el Área C, somete ese proyecto a toda una maraña de limitaciones y escrutinios burocráticos y técnicos, retrasando eficazmente su puesta en marcha cuando no paralizándolo totalmente; y, en último lugar pero no por ello menos importante, el ejército israelí, que prosigue incesantemente, como se ha comprobado y al margen de la ley, destrozando pozos de agua, cisternas y la infraestructura sobre el terreno de las comunidades beduinas por todas las Áreas, A, B y C, incluso aunque se disponga de los adecuados permisos.
Por tanto, lo que bajo Oslo II prometía ser una toma de decisiones consensuada respecto a los recursos del agua es en realidad un control unilateral institucionalizado del opresor sobre los oprimidos, y debido a esta matriz de control israelí, es casi imposible para la AP, así como para la mayoría de ONG, comprometerse a realizar un desarrollo de infraestructuras significativo y sostenible en el Área C de Cisjordania.
Al nivel del Comité Conjunto para el Agua (CCA), se detalla en el «Draining Away» de Ma’an, «el hecho de que se tomen las decisiones conjuntamente significa en la práctica que Israel puede vetar [también] los proyectos palestinos…, no se consulta a la Autoridad Palestina para el Agua (APA) acerca de las extracciones de los acuíferos para uso de Israel (colonos u otros). Ni tampoco la APA tiene derecho a acceder a los datos sobre el uso israelí de los recursos hídricos, mientras que Israel se reserva el derecho para el acceso continuado a los datos de los recursos hídricos en Cisjordania…; alrededor de 150 proyectos hídricos y de saneamiento siguen pendientes de aprobación del CCA por «razones técnicas y de seguridad», mientras que, desde 1993, solo se ha aprobado un nuevo proyecto para un pozo palestino en el acuífero occidental. A diferencia, Israel puede construir tuberías hasta sus ilegales asentamientos sin pasar por el mecanismo del CCA. Por tanto, Israel tiene todo el control de los recursos hídricos de Cisjordania y la Franja de Gaza.
El informe del Banco Mundial de 2009 confirma la realidad de no consenso de la supuesta «toma de decisiones por consenso» del CCA; «el CCA no ha cumplido su papel de proporcionar una estructura de gobierno solidaria para la gestión conjunta de control de recursos e inversión…; la política o los temas políticos han limitado el número de proyectos aprobados…; fundamentales asimetrías de poder, de capacidad, de información, cuestionan el papel del CCA como institución ‘conjunta’…; Israel lleva a cabo acciones unilaterales relacionadas con el agua fuera del CCA…; solo se ha puesto en marcha una tercera parte (por su valor) de los proyectos presentados ante el CCA entre 2001 y 2008…». Resumiendo: 1) el proceso es lento en general; 2) la tasa de rechazo de proyectos de la AP es alta; 3) el CCA nunca ha rechazado los proyectos israelíes (solo hubo uno que no se llegó a aprobar); y 4) los proyectos de perforación de pozos y -hasta muy recientemente- de tratamiento de aguas residuales han recibido muy pocas respuestas positivas… Para poder solicitar la aprobación de proyectos para resolver necesidades hídricas de vital urgencia, la AP se ve obligada a asumir posiciones que comprometen sus principios políticos básicos. Un equilibrio tan asimétrico de poder (una de las partes, Israel, tiene prácticamente todo el poder y no padece urgencia alguna), junto con el registro de actuaciones del CCA, ha contribuido a una pérdida de confianza y a unos tan pobres resultados (para los palestinos) que socavan de facto los fundamentos del comité en su enfoque «conjunto» para la gestión del sector hídrico».
Deeb Abdelghafar, director de Recursos Hídricos de la Autoridad Palestina para el Agua, relata cómo «hace dos años presentamos una solicitud para construir dos nuevos pozos en la parte norte del Valle del Jordán, [para suministrar] agua para usos agrícolas y domésticos, y sabemos que lo han visto pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta alguna, y no podemos ser optimistas… tenemos más de 80 pozos agrícolas pendientes de rehabilitación en el Valle del Jordán y hace ya más de cuatro años que la solicitud está el CCA, pero, lamentablemente, no hemos podido conseguir que dieran la aprobación final».
Incluso cuando el CCA aprueba un proyecto, su ejecución real se ve paralizada por el papeleo de la Administración Civil de Israel. Abdelghafar continúa: «El paso más difícil en el proceso para nosotros es la Administración Civil de Israel, porque hay más de catorce departamentos, y cada uno de ellos debe aprobar el proyecto. Por tanto, nunca podemos conseguir que un proyecto salga adelante a través de esa vía porque algunos departamentos lo aprueban y otros no». Ayman Rabi, director adjunto del Grupo Palestino de Hidrología para el Desarrollo de los Recursos Medioambientales e Hídricos, una ONG que trabaja para mejorar el acceso al agua y a los servicios de saneamiento en los Territorios Ocupados Palestinos, se hace eco de las frustraciones de Abdelghafar en el sentido de: «Ahora tenemos un gran problema con la puesta en marcha de un proyecto en el Área C, ese es uno de los principales obstáculos de nuestro trabajo en ese área… tenemos que pedir permiso y esto generalmente lo hacemos a través de la Autoridad Palestina para el Agua, y después ellos acuden al CCA…, pero incluso si este Comité aprueba cualquier intervención o proyecto, la Administración Civil de Israel exige más procedimientos documentales, el proceso se hace más largo, ponen más condiciones en el Área C, por tanto puedes acabar sin poder poner en marcha nada debido a ese largo y complicado procedimiento». El informe del Banco Mundial cita a un donante anónimo que refiere las mismas dificultades: «Lo primero que pedimos es una carta de la APA aprobando el proyecto. Después vamos a la CCA. A continuación, tenemos que ir a la Administración Civil, y ahí es normal que se produzcan retrasos de dos y tres años. En realidad, no conseguimos sacar nada adelante en el Área C».
Ya que los dos colosos del CCA y la ACI echan por tierra casi cada propuesta para la construcción de una infraestructura hídrica en el Área C, las ONG deben centrar sus esfuerzos, citando a Abdelghafar, en las «intervenciones civiles urgentes -entregando pequeños tanques para agua, a los que llevas los suministros con camiones-cisterna, o construyendo cisternas para el agua de lluvia- como auxilio humanitario de emergencia». Aunque importante, esta ayuda a pequeña escala se lleva a cabo en lugar de los proyectos a gran escala y largo plazo que podrían atacar la raíz del problema en vez de tratar meramente de aliviar sus efectos. El informe del Banco Mundial dice: «En vista de las dificultades para desarrollar proyectos importantes, la respuesta razonable ha sido poner en marcha proyectos de emergencia a corto plazo, a menudo pequeños proyectos en colaboración con ONG, y estos proyectos más pequeños se han convertido en una parte muy grande del desarrollo del sector hídrico… sin embargo, es mucho más difícil encajar en una estructura planificada la multiplicidad de pequeños donantes y la gran cantidad de proyectos… Las ONG tienen ventaja comparativa en la presencia básica de campo y para controlar la demanda… son ágiles… pero a pequeña escala y corto plazo» (página 63).
En el pueblo de Hamsa, cerca del puesto de control de Hamra, en el Valle del Jordán, Abu Riyad, que lleva viviendo con su familia en Hamsa desde hace más de treinta años, debe hacer ahora largas distancias para conseguir el agua para beber y regar, después de que dos inmensos pozos construidos para los asentamientos cercanos hayan secado los manantiales de los que se ha servido la comunidad de Hamsa durante generaciones. En el informe de Ma’an de «Draining Away» se refiere: «Desconectado de la red hídrica, Abu Riyad debe ahora viajar hasta Ein Shibleh para conseguir agua. La familia no conoce la calidad del agua ni si ha sido tratada. Aunque es afortunado al no tener que pagar por ese suministro, le cuesta 200 shekels transportar diez metros cúbicos de agua. Como el agua tiene que cubrir todas las necesidades de la familia, beber, lavar y para los animales, Abu Riyad tiene que transportar esa cantidad cada cuatro días. Con el precio del combustible subiendo cada día más, eso significa que a causa de esa situación la familia está perdiendo cada vez más dinero…. La comunidad recibe muy pocos apoyos. Aunque varias ONG locales e internacionales han donado varios tanques y cupones para el agua, esa actuación solo sirve para un tiempo limitado y, por tanto, produce solo un alivio temporal».
De hecho, Abu Riyad es afortunado por recibir el agua gratis. Ayman Rabi, del Grupo Hidrológico Palestino se lamenta de que, en cuanto a muchas de las iniciativas de ayuda de su organización «por desgracia, tenemos que pedirles a los receptores del agua que contribuyan con algo. Aunque no nos gusta hacerlo, es algo acordado por la Autoridad [Palestina] del Agua. Se les ha pedido que contribuyan con 10 shekels por cada metro cúbico, pero no estamos muy contentos con ese acuerdo y se los volvemos a llenar cada vez que nos lo piden».
Muchas organizaciones, en vez de entregar el agua, entregan cisternas a las expuestas comunidades para que los beduinos puedan transportar el agua desde los puntos de relleno. Sin embargo, esas ONG, aunque tienen buenas intenciones, al entregar tanques de agua en vez de conectar a las comunidades mediante tuberías agravan a menudo el problema al forzar a los beduinos a recorrer largas distancias a través de una miríada de controles hasta los puntos de relleno en Áreas A o B, para poder mantener un suministro constante de agua. El Banco Mundial denuncia que «los controles y toques de queda de la ocupación limitan gravemente el acceso de los camiones-cisterna a las comunidades… Hay 36 controles fijos en Cisjordania, incluyendo las puertas del Muro de Separación, que afectan gravemente el acceso a las comunidades de los camiones-cisterna y los equipos de mantenimiento… Los riesgos de seguridad física a que se enfrentan los conductores, unido a las largas rutas, hacen que el precio del agua transportada por estos medios haya aumentado de forma exponencial».
El caso de Abu Riyad ilustra lo cara que esta práctica puede llegar a ser para los beduinos que no pueden servirse de ninguna otra alternativa. Según Fathi Khdirat, de Jordan Valley Solidarity, «utilizar camiones-cisternas en esa forma les cuesta a los beduinos 30 shekels por metro cúbico de agua, mientras que sus vecinos de las Áreas A o B pagan una media de entre medio y tres shekels por metro cúbico de agua». Si tal desigualdad se perpetúa, eso trabaja a favor de la ocupación porque obliga a los beduinos a trasladarse del Área C a las Áreas A y B.
Además, para las ONG, movilizar ayuda de emergencia a corto plazo es mucho más caro de lo que sería un proyecto para instalar tuberías permanentes que conectaran las comunidades beduinas con los recursos hídricos. Fathy Khdirat estima que hubiera bastado para construir la red de tuberías permanentes con el 10% del presupuesto de una reciente iniciativa por valor de 700.000$ destinada a ayuda de emergencia. Sin embargo, entre el Comité Conjunto del Agua, la Administración Civil de Israel y el ejército de la ocupación, la posibilidad de instalar infraestructuras permanentes para los beduinos es, desde el principio, prácticamente nula, por eso no hay más remedio que poner en marcha iniciativas de ayuda para poder trabajar dentro de los restrictivos y opresores parámetros de la ley israelí. Dice el informe del Banco Mundial: «En el mejor de los casos, el papel de la AP se reduce a mejorar los servicios de saneamiento y agua para las comunidades palestinas dentro de los límites establecidos… las partes interesadas reconocen la ineficacia y alto coste de un desarrollo tan fragmentado y contingente, pero no ven otra alternativa».
La matriz burocrática de corrupción y control en la que están atrapadas tanto las organizaciones civiles como políticas palestinas e israelíes, motiva abusos sobre el terreno que violan claramente el Derecho al Agua consagrado en la Observación General nº 15 de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ginebra, noviembre de 2002). El documento estipula que «el derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades incluyen el derecho a mantener el acceso a los suministros existentes de agua necesarios para satisfacer el derecho al agua, y el derecho a no sufrir interferencias en el cumplimiento de ese derecho… Por otro lado, los derechos incluyen también el derecho a un sistema de suministro y gestión del agua que facilite igualdad de oportunidades para que la gente disfrute del derecho al agua». El pacto va más allá pasando lista a los derechos al agua: derecho al «acceso al agua y a las instalaciones y servicios hídricos debe estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Se debe acceder a un agua suficiente, segura y aceptable en cada hogar, o en su inmediata vecindad, en cada institución educativa y lugar de trabajo…»; derecho a la «accesibilidad económica: el agua, las instalaciones y servicios hídricos deben estar al alcance de todos. Los costes y cargas directos e indirectos asociados con la seguridad de disponer de agua deben ser asequibles»; y derecho a la «no discriminación: el agua y las instalaciones y servicios hídricos deben estar al alcance de todos, incluidos los sectores más vulnerables y marginados de la población, en la ley y de facto, sin discriminación alguna».
El informe de Ma’an «Draining Away«, aclara que, respecto al Derecho al Agua consagrado en este documento: «Aunque este derecho no faculta a la gente a un uso ilimitado y gratuito del agua o conexión gratuita de los hogares, significa que el agua y los servicios de saneamiento deben ser asequibles, que las instalaciones hídricas y de saneamiento deberían estar en la vecindad cercana a los hogares y que el agua deberá utilizarse de forma sostenible. Este derecho existe independientemente de la etnia, género, edad, creencias políticas o religiosas de una persona… también establece que las personas y las comunidades pueden participar e influir en la toma de decisiones relativas al agua y los servicios de saneamiento a niveles locales y nacionales».
A continuación se exponen algunos hechos recogidos en el citado informe que suponen una violación de derecho al agua consagrado por las Naciones Unidas.
- En octubre de 2009, Amnistía Internacional señalaba que «entre 180.000 y 200.000 palestinos que viven en comunidades rurales no tienen acceso al agua corriente y que incluso en los pueblos y ciudades conectados con la red hídrica, los grifos están a menudo secos».
- Según el proyecto de control WASH, el coste del agua llevada en cisternas a 290 comunidades de Cisjordania se ha incrementado entre un 100 y 200% desde el comienzo de la Intifada.
- El 40% de los palestinos del Valle del Jordan consumen menos agua que el estándar mínimo global establecido por la OMS, fijado en 100 metros cúbicos por día.
- 56.000 palestinos del Valle del Jordan consumen una media de 37 millones de metros cúbicos de agua por año, comparados con la media de 41 millones de metros cúbicos de solo 9.400 colonos.
- Los palestinos pagan por el agua más que los israelíes: Mekorot les carga 1,8 NIS israelíes por metro cúbico, comparado con una media de 2,5 NIS por metro cúbico a los palestinos.
Hay un consenso casi universal de que en el Valle del Jordán se está desarrollando una política sistemática de opresión y limpieza étnica en lo referente no solo al agua sino a todos los aspectos de la vida de 15.000 beduinos que no están conectados a ninguna red hídrica en el 95% del Valle designado como Área C. Dice Deeb Abdelghafar de la Autoridad Palestina del Agua: «El Valle del Jordán es un área única desde el punto de vista israelí. Están tratando de controlar toda la zona e intentan impedir cualquier infraestructura hídrica permanente para que la gente no pueda quedarse donde está… no quieren apoyar la existencia de esos grupos, quieren que emigren fuera de la zona».
Abogados como Fathy Khdirat de Jordan Valley Solidarity, un movimiento de base que trabaja construyendo infraestructuras para los beduinos del valle, están resueltos a apoyarles para que resistan la opresión de la ocupación y se queden en su tierra nativa. «He pasado todos los días de mi vida bajo la ocupación», dice Fathy, «y quiero ver un futuro mejor para mis niños. Soy de aquí y no van a callarme».
Ben Lorber es uno de los activistas en Nablus del Movimiento de Solidaridad Internacional. Es también periodista del Alternative Information Center en Belén. Su página en Internet es: freepaly.wordpress.com
Fuente: http://freepaly.wordpress.com/
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