Como abogado que lleva bastantes años defendiendo a perjudicados por el amianto, me refiero a la constitución del fondo para los afectados por la contaminación del amianto puesto que puede entrañar, quizás, un grave problema y perjuicio que, da la impresión, ha pasado desapercibido a los políticos impulsores.
Si empresarios y gobiernos hubiesen urdido una trama para terminar con las reclamaciones ante la justicia de los afectados la constitución de este fondo sería el mejor remedio.
Si se constituye un fondo con una dotación tan ridícula como la que se ha hecho supondrá (a menos que se remedie en la redacción del texto legal), que todos los afectados tendrán que conformarse con las migajas de dicho fondo que les lleguen porque los tribunales rechazarán las reclamaciones al declararse incompetentes por tener las víctimas que reclamar al citado fondo.
Lo que realmente sería efectivo para las víctimas, consistiría en promover una iniciativa legislativa que obligase a incrementar las indemnizaciones en sede judicial y ampliar los supuestos de hecho y agilizar la prueba. Cierto que hay magistrados cuyo conservadurismo les hace otorgar indemnizaciones por muerte de 40.000 o 50.000 euros, pero otros muchos, si tuviesen un respaldo legal, incrementarían el resarcimiento.
Aún si se busca un remiendo en el texto definitivo no haciendo incompatibles las indemnizaciones del fondo con las reclamaciones judiciales supondría lo que algún sindicalista interesado dice que se pretende evitar, esto es, la demora y el desánimo pues las víctimas tendrían dos peregrinaciones en lugar de una: la administrativa y la judicial.
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