Traducido por Carlos Sanchis y revisado por Caty R.
Éste es el significado de la decisión del Tribunal Supremo de Israel sobre la petición de la Asociación para los Derechos Civiles de Israel, con respecto al carretera 443, que prohíbe a los palestinos transitar por esta vía: por primera vez en su historia, el Tribunal Supremo ha fallado una decisión que mantiene la aprobación de carreteras separadas para palestinos e israelíes, sin que existan necesidades de seguridad, y violando flagrantemente las leyes de ocupación.
El 5 de marzo de 2008, el Tribunal Supremo israelí celebró una audiencia sobre la demanda presentada por la Asociación para los Derechos Civiles de Israel (ACRI) contra el ministro de Defensa, el comandante militar superior y el comandante de la División Binyamin, en relación con la petición para anular la prohibición impuesta a los palestinos de viajar por la carretera 443. La demanda fue presentada por el abogado de ACRI, que la presentó en marzo de 2007, en nombre de los residentes de los seis pueblos palestinos, adyacentes a la carretera 443, cuya vida diaria ha sido afectada muy negativamente por esta prohibición de viajar por la única vía de primer orden de su área. Los peticionarios sólo son una pequeña parte de toda la población palestina afectada por el cierre de esta carretera.
La petición fue oída por el presidente del Tribunal Supremo israelí, Dorit Beinish, y por los jueces Edmund Levy y Uzi Fogelman. Al final de la audiencia, el tribunal emitió una decisión provisional según la cual los demandados deben poner al corriente al Tribunal, en un plazo de seis meses, de la progresión de los trabajos de pavimentación del «tejido vital» de la carretera. Esta decisión, esencialmente, proporciona luz verde al ejército para pavimentar carreteras separadas para palestinos, lo que significa una autorización, sin precedentes, del Tribunal Supremo para fomentar las políticas de separación y discriminación en cuanto a la movilidad, una política que ya ha sido calificada de «apartheid».
Si los jueces, como es su obligación, hubieran pensado seriamente en los argumentos legales presentados en la petición, no habrían hallado ninguna razón para aprobar la pavimentación continuada del «tejido vital» de la carretera, que conlleva una confiscación y destrucción adicionales de tierras y un gasto de decenas de millones de shekels. Por primera vez en su historia, el Tribunal Supremo israelí emitió un dictamen que apoya la aprobación de las carreteras separadas para palestinos e israelíes, sin mediar necesidad de seguridad y en violación flagrante de las leyes de ocupación. Hay que tener en cuenta que ésta no es una decisión emitida en las fases intermedias del litigio, sino al final de que ambas partes completaran la presentación del caso. La carretera 443 se pavimentó en tierras confiscadas de los residentes palestinos sobre la base de que era necesaria para las necesidades de transporte de los palestinos en Cisjordania. La carretera, de hecho, sirvió durante un período de tiempo a los palestinos, pero desde el año 2000 comenzó un proceso gradual de transformación de la carretera en una vía sólo para israelíes. Esto está en total contradicción con la ley internacional, que sólo permite la confiscación de tierra para las necesidades de la población local o para proteger a las fuerzas ocupantes.
En una audiencia sobre la petición, los abogados de ACRI Limor Yehuda y Dan Yakir señalaron que la carretera 443 sirve a los residentes de Israel para conectar Jerusalén con la región costera, por lo que el objetivo es la comodidad de los conductores y no tiene ninguna conexión con necesidades de seguridad. Con la aprobación del uso ilegal de las tierras privadas confiscadas a los residentes palestinos, el comandante militar se desvió de su autoridad legal, tanto ante la ley israelí como ante el Derecho Internacional. Con la autorización de los jueces al comando para pavimentar carreteras de circunvalación para los palestinos, por primera vez en su historia están aprobando una política de separación basada en la etnia, por medio de la discriminación de los residentes protegidos del territorio ocupado.
ACRI expresa una profunda preocupación por la decisión de los jueces del Tribunal Supremo israelí que, como se advierte, significa la aprobación ilegal e inmoral de una política especialmente peligrosa, puesto que puede sentar un precedente para que se aprueben más ampliaciones adicionales y graves violaciones de los derechos humanos, sólo por la renuncia a cualquier proceso judicial apropiado: aunque ésta es una decisión fundamental, se dictó sin ninguna razón e ignorando totalmente los argumentos originales aducidos por los demandantes. En esto, la decisión viola el derecho de los peticionarios a recibir un fallo sobre su demanda y a recibir una contestación detallada del Tribunal a la pregunta de si las acciones de los demandados actualmente, y no en algún tiempo futuro, son o no son legales.
ACRI, además, enfatiza que el «tejido vital» de las carreteras, que está ideado para proporcionar una alternativa para los residentes palestinos de la región, deja a cientos de miles de ellos en la zona sin las respuestas apropiadas para sus necesidades de transporte.
(Originalmente publicado en hebreo por la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, traducido al inglés por el Centro de Información Alternativa).
Carlos Sanchis y Caty R. pertenecen a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y la fuente.