El escándalo de corrupción que estalló en el reciente Congreso de la FIFA le restó visibilidad a otra polémica desatada en la reunión: la solicitud formal de la Federación de Fútbol Palestina de suspender a Israel por violar la normativa de la FIFA al encarcelar, mutilar y matar a futbolistas palestinos y negarles la libertad […]
El escándalo de corrupción que estalló en el reciente Congreso de la FIFA le restó visibilidad a otra polémica desatada en la reunión: la solicitud formal de la Federación de Fútbol Palestina de suspender a Israel por violar la normativa de la FIFA al encarcelar, mutilar y matar a futbolistas palestinos y negarles la libertad de movimiento en su territorio[1].
La iniciativa había generado una importante campaña internacional de presión sobre la FIFA («Tarjeta roja para el apartheid«), que ocupó espacios incluso en los medios masivos. Cerca de 20.000 personas -incluyendo conocidas personalidades, artistas e intelectuales- habían adherido a la campaña, imitando la primera iniciativa de boicot internacional que se realizó contra la Sudáfrica del apartheid. Además, organizaciones internacionales convocaron a protestar en Zúrich ante la sede del 65º congreso de la FIFA.
De ahí que la frustración de la sociedad civil palestina y sus aliados en el mundo fuera grande cuando en el último minuto, cediendo una vez más a la presión de Israel y sus cómplices, el representante de la ANP en la FIFA, Jibril Rajoub, retirara la solicitud a cambio de vagas promesas de mejora que, como todos saben, Israel no va a cumplir.
Pero si bien esta vez Israel ‘zafó’, no le va tan bien en su millonario empeño por detener la creciente y exitosa campaña mundial de boicot, desinversión y sanciones (BDS). Aun los más incrédulos han tenido que admitir ese avance, no solo por sus éxitos notorios[2], sino también por la preocupación que suscita en las más altas esferas del gobierno israelí.
Guerra frontal al BDS
Lanzado en 2005 por la mayor coalición de la sociedad civil palestina, el BDS pide el fin de la ocupación israelí de 1967, el fin de la discriminación racial institucionalizada (que se ajusta a la definición de apartheid de Naciones Unidas) y el derecho al retorno de los refugiados palestinos desarraigados y desposeídos en 1948. Se trata de una medida pacífica que busca ejercer una presión efectiva, ante la sistemática negativa de Israel a acatar las resoluciones de la ONU.
La campaña fue iniciada al cumplirse -el 9 de julio de 2005- el primer aniversario del dictamen de la Corte Internacional de Justicia que declaró ilegales el Muro y todo el sistema asociado de ocupación y colonización israelíes, y llamó a los miembros de la ONU a tomar medidas para ponerles fin. La falta de voluntad política de la comunidad internacional llevó a la sociedad civil palestina a convocar a sus pares de todo el mundo, siguiendo el ejemplo del movimiento que puso fin al apartheid en Sudáfrica. Al celebrar su 10º aniversario, el BDS puede jactarse de estar ganando la batalla de la opinión pública.
En efecto, de ignorado durante años, el BDS pasó a ser un asunto de Estado en Israel. El año pasado, en su discurso ante AIPAC (el poderoso lobby judío norteamericano) Netanyahu nombró 18 veces al BDS. El Presidente, el Parlamento y el flamante gabinete del nuevo gobierno de Netanyahu –el más extremista de toda la historia del país- han calificado a la campaña de boicot como «amenaza existencial y estratégica». Netanyahu encargó a Gilad Erdan, nuevo ministro de Asuntos Estratégicos y Diplomacia, el cometido especial de combatir al BDS, asignándole un presupuesto adicional a las ya millonarias sumas que el país invierte en su industria de propaganda (hasbara). Sin contar los 50 millones de dólares comprometidos a principios de junio por varios magnates judío-norteamericanos como Sheldon Adelson y Haim Saban en una reunión celebrada en Las Vegas para discutir y financiar estrategias de combate al BDS en las universidades del país.
Por otro lado, este mes la Suprema Corte de Israel ratificó la ley -fuertemente criticada por su carácter antidemocrático- que criminaliza a quienes inciten o adhieran al boicot. Es decir, los israelíes pueden boicotear -y de hecho lo hacen- productos turcos, tapados de piel animal o comida no kosher, pero no los productos de las colonias. Como escribió el periodista Noam Sheizaf, «hoy en Israel se puede boicotear cualquier cosa, excepto la ocupación«.
La cuestión es cuánto dinero será necesario para frenar la bola de nieve en que se ha convertido la campaña de BDS. Desde que en 2013 Stephen Hawking canceló un viaje a Israel adhiriendo públicamente al boicot académico, los éxitos han ido en aumento. Recientemente, la Unión Nacional de Estudiantes británica (que agrupa a 600 gremios) se sumó al BDS, siguiendo los pasos de unos 700 artistas de ese país que en febrero adhirieron al boicot cultural. Y en mayo, más de 300 investigadores y docentes belgas se unieron al boicot académico.
En el mismo EE.UU., asociaciones académicas, prestigiosas universidades, iglesias cristianas y hasta organizaciones judías vienen cuestionando con fuerza las políticas israelíes y aprobando mociones de boicot o de retiro de inversiones en empresas israelíes o multinacionales que lucran con la ocupación. En Europa han hecho lo mismo importantes fondos de pensiones, con pérdidas millonarias para los bancos israelíes; varios ayuntamientos cancelaron contratos con empresas multinacionales involucradas con la ocupación, y tiendas y supermercados han retirado productos israelíes fabricados en territorio ocupado.
Varias compañías ya vienen sintiendo el impacto del boicot y han empezado a cerrar sus negocios o a anunciar su retiro de Israel. Así lo han hecho la británica G4S y las francesas Veolia y Orange. Aunque aún está por verse si esos anuncios se materializan, es indiscutible que «El movimiento BDS ha mostrado que debe pagarse un precio por la participación israelí en la colonización de los territorios palestinos«, como declaró Mahmud Nawayaa, coordinador del Comité Nacional Palestino del BDS.
El año pasado la campaña alcanzó un pico importante cuando firmar un contrato publicitario con la empresa israelí SodaStream (ubicada en Jerusalén Este ocupada) le costó a la actriz Scarlett Johansson su puesto como embajadora de Oxfam. Pero mayor fue el precio pagado por la misma SodaStream, que vio desplomarse sus acciones y terminó anunciando el traslado de su planta al desierto del Negev. En situación similar se encuentra la empresa Ahava que produce cosméticos en una colonia ubicada en la parte ocupada del Mar Muerto, y que es objeto desde hace años de la campaña de boicot «Belleza robada«. Este mes se supo que Ahava está considerando trasladar su planta para frenar las pérdidas que sufre cada año como consecuencia del boicot.
Las directivas tomadas por la Unión Europea en 2013 ya están afectando exportaciones agrícolas de las colonias ubicadas en el Valle del Jordán palestino. La situación amenaza agravarse con nuevas disposiciones anunciadas por el bloque que obligarían a etiquetar los productos provenientes del territorio ocupado, prohibiendo que se exporten como «Made in Israel».
Los gobiernos y empresas que toman medidas de presión hacia Israel no lo hacen impulsados por códigos éticos, sino cediendo a la presión de consumidores y electores. Fue muy claro en el caso de la francesa Orange, después que su rama israelí, además de operar en las colonias, apareció patrocinando directamente unidades militares que participaron en el último ataque a Gaza. Esto no hace sino demostrar la fuerza del boicot como herramienta que está en las manos de ciudadanas y ciudadanos comunes.
La preocupación que estas semanas ha llenado los titulares de los medios israelíes no es exagerada. El Financial Times reseñó un informe filtrado del gobierno israelí donde se estima que el BDS podría costarle a su economía unos 1.400 millones de dólares al año, principalmente por la caída de exportaciones de las colonias si se concretara el etiquetado anunciado por la Unión Europea. Sin embargo un estudio de la estadounidense Rand Corporation afirma que las pérdidas serían más de tres veces superiores, llegando a unos 47.000 millones de dólares en 10 años.
Stephane Hessel, judío-francés, co-autor de la Declaración Universal de DDHH y de «¡Indígnense!» Arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz.
Cavándose su propia fosa
Es indudable que el nuevo gobierno fascista de Israel, y las declaraciones explícitas del gabinete de que hay que anexar directamente los territorios ocupados, han contribuido al acelerado avance del BDS. Como escribió Omar Barghouti en el New York Times: «Un Gobierno dirigido por un primer ministro que rechaza un Estado palestino, que convierte a los ciudadanos palestinos de Israel en el objetivo de sus comentarios racistas y cuyo aliado principal, el partido Hogar Judío, defiende la creación de bantustanes palestinos, hará muy difícil la defensa de Israel ante el tribunal de la opinión pública mundial».
El mismo Barak Obama (que ya tuvo un choque con Netanyahu cuando en marzo éste habló en el Congreso de EE.UU. contradiciendo la voluntad del presidente) declaró recientemente: «El mundo ya no cree que Israel sea serio acerca de los dos Estados«, recordando la afirmación de Netanyahu antes de las elecciones de marzo sobre que el Estado de Palestina no existirá mientras él sea primer ministro.
La sociedad israelí, sin embargo, no puede entender las razones de este creciente aislamiento internacional. Ante el avance del BDS, el establishment israelí reacciona de la única manera que sabe hacerlo: culpando a las víctimas. Mientras la clase política esgrime la gastada muletilla del «antisemitismo», la Corte Suprema equipara a los partidarios del BDS con los que niegan el Holocausto, el ‘opositor liberal’ Yair Lapid dice que son los mismos que atacaron las Torres Gemelas y los medios masivos los comparan con Al Qaeda e ISIS, una encuesta reciente reveló que tres cuartas partes de la opinión pública israelí considera que «el mundo entero está contra nosotros».
Es el resultado inevitable de un narcisismo victimista inculcado desde el jardín de infantes, por el cual los israelíes se vuelven incapaces de sentir compasión por el sufrimiento palestino y de admitir que su país es en realidad el victimario. La violación sistemática del Derecho Internacional y de numerosas resoluciones de la ONU son irrelevantes para la sociedad israelí, educada en una ideología supremacista que le otorga derechos territoriales exclusivos derivados de un texto religioso.
Solo unas pocas voces críticas -entre ellas, periodistas como Gideon Levy, Amira Hass, Dahlia Scheindlin, consideradas traidoras por la mayoría- intentan inútilmente alertar a sus compatriotas sobre el derrotero suicida por el que se está llevando al país. Esas voces señalan que la incapacidad de la gente de preguntarse por las causas del boicot es coherente con la postura de su gobierno, para el cual todas las estrategias son válidas para acabar con el BDS… menos poner fin a la ocupación.
¿Y en América Latina?
Es indiscutible que los vientos del hemisferio Norte son apenas una brisa en nuestra región. De hecho Israel trata de aprovechar la relativa legitimidad que le queda por aquí avanzando distintas propuestas de normalización[3] en los planos comercial, cultural y diplomático. Así, no solo gobiernos, sino también sindicatos, universidades, artistas, instituciones culturales y deportivas de América Latina aceptan de buen grado las ofertas de patrocinio, viajes, festivales, becas y cursos, desconociendo -por ignorancia o indiferencia- el llamado de la sociedad civil palestina a poner fin a las relaciones de normalidad con Israel.
Sin embargo las cosas están empezando a cambiar, aunque lentamente. Brasil es el país que ofrece los mejores ejemplos de ello:
– En agosto 2014, la presión de artistas participantes consiguió que la 31ª edición de la Bienal de São Paulo retirara el patrocinio de la embajada israelí.
– En diciembre del mismo año, movimientos sociales y de solidaridad lograron que el gobierno de Rio Grande do Sul cancelara un importante acuerdo de cooperación con la empresa militar israelí Elbit Systems.
– En mayo de este año, el gobierno brasileño anunció que no adjudicará a la empresa de seguridad israelí ISDS un contrato por 2200 millones de euros para las Olimpíadas de 2016 en Río de Janeiro.
– Estos días los grandes medios brasileños están difundiendo la creciente campaña para que Caetano Veloso y Gilberto Gil cancelen su concierto en Israel; una presión que se ha vuelto internacional: el británico Roger Waters (ex líder de Pink Floyd y abanderado del boicot cultural) ya les escribió dos cartas públicas, y el obispo sudafricano Desmond Tutu (también partidario del BDS) les pidió que no actúen en Israel.
En Argentina, 2013 fue un año significativo para el despegue del BDS:
– El gobierno de la Provincia de Buenos Aires suspendió un acuerdo por 170 millones de dólares con la firma estatal israelí Mekorot, después de una campaña de sindicatos y grupos de derechos humanos que conectaron el apartheid del agua que Israel practica en Palestina con evidencia de que el proyecto perjudicaría a los consumidores argentinos.
– Docentes universitarios de todo el país iniciaron una campaña de boicot académico que ya recibió más de 400 adhesiones.
A nivel regional, las últimas Cumbres de la Sociedad Civil del MERCOSUR han aprobado en sus declaraciones finales la moción de suspender el tratado de libre comercio con Israel (el único que el bloque firmó con un país de fuera de la región). Pero aún no se han tomado medidas para pasar del discurso a los hechos.
En cuanto al boicot cultural, en varios países de la región se han hecho campañas contra la actuación de compañías israelíes o para pedir a nuestros artistas que no actúen en Israel[4]. Hasta ahora los resultados han sido escasos, aunque es bueno señalar una campaña exitosa que pasó desapercibida: el año pasado, en pleno ataque sobre Gaza, la popular murga uruguaya Agarrate Catalina canceló su actuación en Tel Aviv; aunque no explicó las razones, se supo que lo hizo atendiendo a las fuertes presiones que recibió desde ambas orillas del Plata. Incluso Joaquín Sabina fue repudiado cuando actuó en tres países del Cono Sur por haberse negado a cancelar dos actuaciones previas en Israel.
Más allá de los limitados alcances de estas iniciativas, el mensaje se está haciendo sentir con claridad: el precio de hacer negocios o mantener vínculos ‘normales’ con Israel es cada vez más alto. El fantasma de Sudáfrica está en la memoria de todos, y muchos sienten que es hora de marcar distancia, antes que sea demasiado tarde. Como expresó Omar Barghouti en una reciente entrevista: «Todavía no estamos allí, pero nuestro momento sudafricano está llegando«.
Fuente original: https://mariaenpalestina.wordpress.com/2015/06/19/el-fantasma-sudafricano-recorre-israel/