Hay muchas razones para suponer que la declaración de «alto el fuego permanente», realizada el pasado 22 de febrero, es el principio del fin de ETA. La noticia no ha sorprendido a nadie porque todos la esperábamos desde que se supo que la sustitución de los atentados mortales por otros de «baja intensidad» (no ha […]
Hay muchas razones para suponer que la declaración de «alto el fuego permanente», realizada el pasado 22 de febrero, es el principio del fin de ETA. La noticia no ha sorprendido a nadie porque todos la esperábamos desde que se supo que la sustitución de los atentados mortales por otros de «baja intensidad» (no ha habido atentados mortales desde hace 3 años), respondía al deseo inconfesado de facilitar el trabajo de mediación con el Gobierno socialista realizado al parecer por el sacerdote irlandés Alec Reid en estrecha colaboración con la iglesia vasca de ambos lados del Pirineo.
Hablar de principio del fin de una organización con 50 años de historia puede parecer una afirmación desmedida, pero no lo es tanto si analizamos los términos del «alto el fuego» y las causas que lo explican. Entre estas últimas hay que considerar el efecto que tiene el balance aterrador de la violencia sobre la conciencia democrática de la mayoría vasca, pues el dolor que ella produce golpea con demasiada fuerza sobre las conciencias como para no tomarla en consideración. En el curso de su historia, ETA ha realizado 72 secuestros y ha provocado la muerte de 817 personas (339 civiles y 478 entre policías y militares), de los que sólo 45 corresponden a la etapa de la dictadura franquista. Los otros 772 han sido muertos bajo el sistema democrático. De entre los civiles muertos, 20 de ellos eran militantes o dirigentes políticos del PP y del PSE (12 de los cuales lo han sido entre los años 2000 y 2002).
Ahora bien, para completar el cuadro de la violencia, no se puede olvidar que el Estado español ha asesinado a 145 militantes de ETA (buena parte de ellos bajo el «terrorismo de estado» a través de las siglas GAL); que a ellos hay que añadir 10 suicidios en las cárceles españolas, miles de casos de denuncias por torturas; varios miles de personas que han pasado por las cárceles y el exilio, y un resto de 510 personas encarceladas hoy en España y de 150 en cárceles francesas. La suma de estas dos violencias expresa además una enorme desproporción entre la «pequeña magnitud» de un problema nacional que puede resolverse en un sistema democrático por métodos democráticos, y la «gran magnitud» de una violencia que se ha hecho insoportable para un pequeño país de 25.000 kilómetros cuadrados y de 3 millones de habitantes. Esto explica en parte el porqué se ha producido unanimidad de criterios en ETA y entre ETA y Batasuna. También explica, dicho sea de paso, la opinión de Egiguren (presidente del PSE y persona clave en las negociaciones con ETA), cuando afirma que «es tan fuerte el deseo de paz y de reconciliación que las heridas de la violencia cicatrizarán pronto».
A diferencia de las treguas anteriores, esta última declaración de alto el fuego tiene un carácter permanente; esto es, definitivo. ETA no ha anunciado que desaparece, pero no hace falta decirlo para saber que si una organización armada anuncia el silencio de sus armas de modo «permanente», lo que nos está diciendo en realidad es que deja de ser operativa, y que a partir de ese momento empieza a dejar de existir. Abunda en esta hipótesis el hecho que el adjetivo «permanente» esté unido al de «incondicional». La declaración de ETA no utiliza ese término, pero lo más significativo de ella es que se anuncia el «alto el fuego» sin exigir previamente nada a nadie. Y esto es un cambio decisivo respecto a las anteriores, en las ETA rompió las negociaciones de Argel con Felipe González porque no quiso reconocer la autodeterminación, y las posteriores treguas de los años 98-2000 porque el pacto de Estella para la soberanía y la autodeterminación no aceptaba los contenidos y los ritmos que ella quiso imponer. Las cosas hoy son de otro modo. ETA ha decidido dejar las armas sin que haya a cambio concesiones políticas. La solución al problema de las relaciones entre Euskadi y el estado español se deja en manos de una mesa de partidos políticos sin excluir a nadie, lo que equivale a reconocer los procedimientos democráticos para la solución del conflicto; esto es, la renuncia a tutelar la política bajo la amenaza de la violencia; la exigencia de no injerencia externa del estado español, y el sometimiento a consulta ciudadana de la propuesta o propuestas que se hagan desde la mesa de partidos.
El anuncio de «alto el fuego» se percibe como una liberación. Hoy no existe el entusiasmo que produjo la tregua anterior en la masa social del nacionalismo vasco porque esta última ha venido precedida del hastío de la sociedad contra una organización armada que truncó las expectativas de paz y democracia asesinando a dirigentes políticos de la oposición para «socializar el dolor». El sentimiento de alivio que se percibe viene acompañado así por una profunda tristeza. Es la tristeza de saber que el sufrimiento causado por ETA no tenía justificación posible ni ha servido además para nada. El último «alto el fuego» llega tarde; muy tarde. Ante nosotros se abre a partir de él la ingente tarea de reelaborar una nueva ética política desde la que se pueda recomponer un nuevo movimiento de izquierda para continuar la lucha por lo que está pendiente: la excarcelación de presos a ambos lados de la frontera, la creación de instituciones políticas que relacionen entre sí a unos territorios vascos con otros, la autodeterminación y la soberanía política de los territorios vascos que la demanden. Esa es al menos nuestra apuesta.
* José Ramón Castaños. Militante de Zutik, organización de la izquierda vasca.