Las tasas al mantenimiento de pisos desocupados, aprobadas en Euskadi y Cataluña y tachadas de anticonstitucionales por la derecha, sientan para la autora un buen precedente en las políticas oficiales de vivienda. Los tres millones de viviendas vacías (15% del total) existentes en España se localizan mayoritariamente en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Valencia […]
Las tasas al mantenimiento de pisos desocupados, aprobadas en Euskadi y Cataluña y tachadas de anticonstitucionales por la derecha, sientan para la autora un buen precedente en las políticas oficiales de vivienda.
Los tres millones de viviendas vacías (15% del total) existentes en España se localizan mayoritariamente en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid. A pesar de la gravedad del problema, la infrautilización del parque de viviendas nunca ha sido abordada desde la política pública hasta ahora.
Cataluña y País Vasco proponen gravar fiscalmente las viviendas vacías incrementando hasta el 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles. No es una idea nueva ni disparatada. En Francia la iniciativa funciona desde 1998, al margen del color político del Gobierno, y con condiciones no muy restrictivas: la vivienda debe estar vacía más de 30 días al año, en buen estado de habitabilidad y ubicada en un municipio con problemas de acceso a la vivienda. El impuesto penaliza la reincidencia, incrementándose desde el 10% del primer año hasta el 15% del tercero. El dinero recaudado va a parar a la Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), institución que se dedica a la rehabilitación de viviendas en alquiler.
Para su aplicación en nuestro país, bastaría pues con firmar convenios con las empresas suministradoras de energía o agua para tener datos reales sobre la ocupación de la vivienda, recopilar los datos del Censo de Población y Viviendas realizado por el INE que permiten saber cuál es el estado de conservación del edificio, y realizar estudios sobre la demanda real de vivienda, labor abandonada a mediados de los ’80 e importantísima para evaluar la gravedad del problema, y que ha sido retomada por algunas comunidades autónomas, como Cataluña, donde se están desarrollando los Planes de Vivienda municipales y está en redacción una nueva ley de vivienda, o el País Vasco, que ha aprobado recientemente el Plan Director de Vivienda 2006-2009.
El impuesto sobre las viviendas vacías sienta un precedente que penaliza la inversión en ladrillo y establece claramente el límite entre los dos derechos constitucionales que se contraponen cuando se aborda el problema de la vivienda: el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna. Esta medida abre la puerta a un replanteamiento general de la política pública en materia de vivienda y suelo, en la que se opte por garantizar el derecho constitucional al medio ambiente y la obligación de los poderes públicos de velar por una utilización razonable de los recursos naturales. No se puede seguir pensando que la única solución es la construcción de más viviendas, esta vez protegidas y siempre en propiedad.
No existen ni datos ni estudios sobre la estructura de la propiedad del parque de viviendas vacías, por lo que es impredecible el resultado final de esta medida por sí sola. Podría resultar que a los grandes inversores les saliera rentable pagar el impuesto y mantener sin uso su patrimonio. O que la clase media, que ha ido acumulando sus ahorros en ladrillo empujada por una política fiscal favorable, decida deshacerse de su patrimonio, es decir, opte por la venta y no por el alquiler.
Para que el impuesto sobre las viviendas vacantes sea realmente efectivo es necesario, por un lado, que la recaudación se reinvierta en garantizar el acceso a la vivienda de aquellos grupos sociales que lo necesiten, y, por otro, acompañarlo de una batería de medidas que incidan realmente sobre los problemas olvidados en materia de vivienda y suelo: sobredimensionamiento del parque de viviendas, estudio geográfico y sociológico sobre la necesidad y la demanda de vivienda real en relación con la existencia del patrimonio ya construido, diversificación de las formas de acceso a la vivienda, rehabilitación versus construcción.
Raquel Rodríguez es investigadora y arquitecta urbanista