Largo tiempo esperada y postergada varias veces en los últimos días, la comparecencia del Gobierno islamista del AKP para presentar su plan de «apertura democrática» en relación al problema kurdo tuvo lugar finalmente ayer, aunque el encargado de oficializarla no fue el primer ministro, Recep Tayip Erdogan, sino su titular de Exteriores, Besir Atalay, quien […]
Largo tiempo esperada y postergada varias veces en los últimos días, la comparecencia del Gobierno islamista del AKP para presentar su plan de «apertura democrática» en relación al problema kurdo tuvo lugar finalmente ayer, aunque el encargado de oficializarla no fue el primer ministro, Recep Tayip Erdogan, sino su titular de Exteriores, Besir Atalay, quien se limitó a confirmar varias iniciativas ya avanzadas en su día por los medios de comunicación.
El ministro turco de Interior, Besir Atalay, anunció ayer ante el Parlamento las anunciadas medidas de mejora de los derechos del pueblo kurdo, anuncio que llega acompañado por varios gestos de respuesta a la oferta del líder del PKK, Abdulah Oçalan, para poner en vías de solución el sangriento conflicto que enfrenta en los últimos 25 años al Estado turco y a los pobladores de Kurdistán Norte.
«Si las localidades lo deciden, se les dará la oportunidad de utilizar su toponimia originaria», anunció el titular de Interior al exponer oficialmente los detalles de la llamada «apertura democrática».
Tras afirmar que el eslogan del plan gubernamental kurdo es «más libertades para todo el mundo», Atalay avanzó otros puntos relativos a los derechos lingüísticos y a las consecuencias del conflicto armado.
Así, el miembro del Gobierno del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) confirmó la puesta en marcha de una comisión «independiente» encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos en el «sudeste de Turquía», término con el que Ankara designa a Kurdistán Sur.
«Esta comisión hará públicas en el plazo más corto posible los resultados de sus investigaciones», prometió el ministro.
Una tercera medida incluye la autorización para poder utilizar el kurdo en la vida política, donde hasta el momento el uso del turco es obligatorio.
El Gobierno del primer ministro, Recep Tayip Erdogan, se ha vanagloriado repetidas veces der haber incrementado los derechos culturales de los kurdos al autorizar una cadena televisiva para su población.
Gestos
Paralelamente, el AKP ha presentado en la semana que termina un proyecto de ley al Parlamento para reducir las penas contra los adolescentes kurdos que osan manifestarse en defensa de los derechos de sus pueblos. Estos jóvenes suelen ser juzgados por «terrorismo» pese a que la acusación contra ellos suele ser de haber lanzado piedras y afrontan penas de hasta 20 años de prisión.
Hace una semana, el Gobierno anunció el final del aislamiento en la isla-prisión de Imrali del líder kurdo, Abdulah Öcalan, cuya «hoja de ruta» para resolver el conflicto ha forzado al Ejecutivo islamista a mover ficha y presentar su plan.