La huelga general del pasado 29 de mayo ha vuelto a confirmar la validez teórica y política del concepto de pueblo trabajador vasco recuperado por ETA en su V Asamblea, realizada en 1966-67. El sindicalismo abertzale se ha asentado ya de manera definitiva como una de las fuerzas sociales de masas decisiva en el proceso […]
La huelga general del pasado 29 de mayo ha vuelto a confirmar la validez teórica y política del concepto de pueblo trabajador vasco recuperado por ETA en su V Asamblea, realizada en 1966-67. El sindicalismo abertzale se ha asentado ya de manera definitiva como una de las fuerzas sociales de masas decisiva en el proceso de liberación de nuestro pueblo, y va demostrando su capacidad de aglutinación y movilización, confirmada de nuevo en este último año. No podía ser de otro modo. El capitalismo vasco es eminentemente industrial y su estructura de clases se mueve en los parámetros de las sociedades capitalistas más potentes. En 2009 el 1,30% de la población de Hego Euskal Herria poseía el 44,4% del PIB sin contar sus bienes inmuebles, sus mansiones, etc., mientras que había un 12,7% paro y un 40% de la población ocupada recibía salarios inferiores 1.069 euros al mes, el umbral de la pobreza. La mayoría abrumadora de la población vasca vive exclusivamente del salario que obtiene con la venta de su fuerza de trabajo, o del salario del marido y/o de la esposa, o de algún hijo o hija, o de la pensión de los padres. Directa o indirectamente, la mayoría inmensa pertenece a la clase obrera, que a su vez vertebra al pueblo trabajador, concepto básico para entender la complejidad de la explotación asalariada en el capitalismo y que fue empleado por la teoría socialista y marxista ya en el siglo XIX.
Es este pueblo trabajador, cada vez más explotado en todos los sentidos, el que forma la amplia militancia de la izquierda abertzale, y el que, junto a los sectores soberanistas, progresistas y democráticas que van sumándose constituye la fuerza del proceso democrático. Ibarretxe renunció explícitamente al independentismo en 2002, cuando los españoles le permitían todavía ser lehendakari de las tres provincias vascongadas. Ibarretxe sancionó así el abandono muy anterior del independentismo por parte del PNV, mientras que en Nafarroa UPN soldaba su unión con el Estado español primero pactando con el PP y luego con el PSOE. La larga experiencia sostenida en decenios muestra que los inalienables derechos de la nación trabajadora vasca solamente son defendidos por esta fuerza social de masas que vive de un salario directo o indirecto. López, lehendakari usurpador e ilegítimo, es muy consciente de esta realidad reafirmada con creces en el éxito de la pasada huelga general, y, desesperado, se ofusca negando la realidad misma. Sin embargo, el problema es más grave que los delirios de alguien que depende del neofascismo para seguir cobrando.
El problema radica en la estrategia sistemática y polivalente aplicada por el Estado español contra el independentismo y su columna vertebral, el pueblo trabajador. Una estrategia que podemos diseccionar en tres objetivos: Uno busca destruir la centralidad de clase del pueblo trabajador, es decir, anular su cohesión y conciencia unitaria pulverizando convenios y contratos, precarizando la vida, suprimiendo derechos laborales y sindicales que tanto han costado conseguir e imponiendo la pasividad individualista. Ataque a la centralidad de clase que se expresa en la negativa a aceptar el derecho al marco vasco de relaciones laborales, se remata con la imposición del marco estatal que hunde la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo lograda en Hego Euskal Herria a los bajísimos niveles estatales. Romper y pulverizar la unidad del pueblo trabajador es hoy más urgente que antes por la conjunción de dos fuerzas intolerables para la burguesía española, el aumento de la conciencia nacional y social vasca y la naturaleza estructural y de larga duración de la crisis capitalista. No es la primera vez que la burguesía arremete con odio contra el proletariado vasco, ya lo hizo salvajemente, y con el apoyo del reformismo político-sindical español, durante la llamada «reconversión industrial» de los ’80.
Otro objetivo es reprimir especialmente a la izquierda abertzale en cuanto núcleo político del pueblo trabajador. Se endurece la cascada de nuevas represiones en calles, pueblos, escuelas y universidades, talleres y fábricas, y arrecia el diluvio represor destinado a amedrentar y atemorizar a la fuerza sociopolítica más activa de nuestro pueblo. Pero lo más feroz de la liquidación de derechos es el empeoramiento carcelario. La cultura política española nunca ha superado la raíz de ruindad inquisitorial que germinó durante casi cinco siglos, y ahora está siendo fertilizada con un injerto de la más antigua política antigua y esclavista de los rehenes sometidos a todos los horrores para destrozarlos a ellos y a sus familias, y para advertir a su pueblo del futuro que le espera si continúa desobedeciendo. La reinstauración de la retroactividad no sólo en la represión política sino también en medidas económicas que golpean especialmente a las clases trabajadoras, es el ejemplo más reciente, por ahora, de la vuelta deliberada a métodos a los que se enfrentó la propia burguesía hace tiempo. La política española retrocede al terror material y físico en la misma medida en que avanza la lucha por la libertad.
Y el tercer objetivo está siendo el de extender la amenaza de represión inminente a quienes se sumen a la ola soberanista e independentista, aportando su grano de arena a la liberación. Las amenazas de futuras ilegalizaciones son una parte de la política del miedo preventivo, porque lo fundamental es tanto la advertencia de que cualquier persona que no cumpla las exigencias inquisitoriales de demostrar su «pureza de sangre», su sumisión al Estado ahora mismo, es por eso culpable por omisión, como la medida típicamente nazi de oficializar la delación, buscando romper los lazos afectivos y de solidaridad colectiva mediante el egoísmo del chivatazo por dinero en época de crisis. Los estudiosos de la inquisición española resaltan el fracaso de la delación y del chivatazo en Euskal Herria comparado con su frecuencia media en otros pueblos. El Estado vuelve a la carga reactivando este método porque necesita detener la reivindicación de la independencia vasca que crece en sectores que hasta hace poco se habían creído las promesas autonomistas.
La independencia organizada en Estado vasco ha de adquirir en la vida cotidiana la fuerza de la hegemonía ética, política y democráticamente conquistada por la amplia mayoría social. Conquistar la hegemonía popular quiere decir que al Estado ocupante sólo que queda la razón de su fuerza, porque la fuerza de la razón radica en el independentismo. Avanzar en la hegemonía requiere trabajo militante, capacidad de debate pedagógico y constructivo, formación teórica y política, y rectitud y coherencia, aptitudes que debemos mejorar. Tres ejemplos ilustran la hegemonía popular: uno, EITB destrozada por su chabacanería panfletaria, ya que la mayoría de su programación no resiste el mínimo análisis. Otro, el desprestigio del nacionalcatolicismo español en su afán por volver a Trento; y tres, el fracaso del plan de lobotomía infantil ideado por el nacionalismo español. La sinrazón y la dictadura franquistas crearon el conocimiento crítico que teorizó el papel del pueblo trabajador en la independencia de Euskal Herria, y las décadas transcurridas desde entonces lo han confirmado. Pero no olvidemos que aquella tremenda conquista teórica era parte de una visión histórica más larga, compleja y rica en interacciones y temporalidades que no podemos reducir a un simplismo lineal y unilateral.
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