El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado intervenir judicialmente Bankia, tal y como le solicitaban los dos querellantes personados en la causa abierta por irregularidades en la gestión de la entidad el movimiento 15-M, y UPyD, según han informado fuentes jurídicas a la agencia Europa Press. En un auto dado a conocer […]
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado intervenir judicialmente Bankia, tal y como le solicitaban los dos querellantes personados en la causa abierta por irregularidades en la gestión de la entidad el movimiento 15-M, y UPyD, según han informado fuentes jurídicas a la agencia Europa Press.
En un auto dado a conocer este lunes, el juez argumenta que la intervención no se justifica por evitar la continuación delictiva puesto que la actual administración de Bankia «es completamente distinta a la que se encontraba al frente de la entidad cuando se cometieron los hechos objeto de la investigación».
En este sentido, pone de relieve una «circunstancia de enorme trascendencia», como es que ninguna de las personas físicas querelladas se encuentre en la actualidad en puestos directivos de la entidad. Por ello, remarca que «difícílmente» puede entenderse que exista peligro de que la mercantil puede seguir cometiendo los hechos denunciados y añade que el grupo ya se encuentra intervenido por el Estado a través de una entidad de derecho público como es el FROB.
La Fiscalía Anticorrupción se opuso el pasado miércoles a la petición e incluso llegó a adverir de que «esta medida temeraria pondría en riesgo a la economía nacional». El Ministerio Público defendió, además, que ninguno de los dos querellantes gozaba de legitimidad para pedir una medida de este tipo.
La medida había sido solicitada por el movimiento 15M y UPyD quienes defendían que la sustitución de los actuales gestores del banco evitaría nuevos riesgos para los accionistas, acreedores y trabajadores y la continuación del perjuicio para los afectados. Ponían también de manifiesto que la intervención eliminaría el peligro de destrucción de pruebas. Los querellantes denunciaban la falsedad de los ratios de solvencia, los recursos y los resultados empresariales presentados por la entidad, que pasó de anunciar 320 millones de beneficios a anunciar unas pérdidas de 4.369 millones de euros.
Las querellas también se dirigen contra el BFA y 33 exconsejeros, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del Interior Angel Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández.Igualmente se imputan delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida al exconsejero delegado de la entidad Francisco Verdú, al expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, al expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y a la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced.
La demanda ciudadana enmarcada en el entorno del 15-M, movimiento que consensuó una carta abierta al juez Fernando Andreu el 28 de Julio, ha anunciado que está estudiando el auto. UPyD, por su parte, ha dicho enseguida que recurrirá.