Traducido para Rebelión por Ramon Bofarull
«Es claro que los aparatos policiales, y sobre todo la Guardia Civil, realizarán movimientos para trabar lo que no sea de su gusto».
Nacido en 1953, en Hernani (Guipúzcoa), a pesar de que en su época fue senador en Madrid y en Vitoria, es conocido por su trabajo como abogado. En los últimos años, le hemos visto en macrosumarios como el 18/98 o Egunkaria y defendiendo a los diferentes partidos ilegalizados de la izquierda abertzale, de la que es un militante significativo desde hace largo tiempo.
Década de 1980, el ambiente político en plena ebullición y tú, abogado. Parece un clásico.
Yo soy abogado de segundo o tercer rebote. Primero, influido por el trabajo de mi padre y el ambiente de casa, estudié ciencias económicas y empresariales durante cinco años y, atraído por las asignaturas de derecho de la carrera, descubrí mi vocación. Para mí, el trabajo de abogado no es, como dice Joseba Sarrionandia, elegir a quién dar la razón a cambio de dinero. Para mí, la nobleza de este oficio reside en colocarte al lado del imputado, en el nivel más humilde de la escalera. Es claro que el ambiente político de entonces me alimentó la pasión, pero el paso del tiempo ha convertido el derecho en su conjunto en mi vocación. Los periodistas de la Audiencia Nacional a menudo me toman el pelo: «¡tú crees en el derecho!» Esa convicción ahí es un grave error, al parecer.
¿Qué es la ley, para ti?
El derecho, la ley, son herramientas imprescindibles en la sociedad. De acuerdo con una visión clásica, la ley siempre ha sido expresión del poder. Enséñame el código y te diré quién manda. Eso es así, no hay vuelta de hoja, pero, del mismo modo, la ley es una pieza que sobra en la maquinaria del poder y que sólo la emplea en la medida en que le sirve. Es obvio que la justicia no se hace siempre con la ley, pero es, a pesar de la sombra del Estado, una herramienta que tiene que estar en cualquier modelo o sistema político. El propio Lenin, en su época, no habló en vano del principio de una legalidad socialista.
Desde la década de 1980 hasta hoy las leyes y códigos penales han cambiado radicalmente.
Las diferencias son patentes. Piensa que, en mis inicios, lo más habitual era castigar el delito de colaboración con banda armada con un año de prisión, mientras que hoy en día la ley exige un mínimo de cinco. Por posesión de armas y explosivos se imponían a la sazón castigos mucho más bajos, porque el Código penal de la época daba la opción de bajar la condena dos grados. En lo tocante a los procedimientos, nos quieren hacer creer que hemos ido a mejor por haber declarado inconstitucional el período de incomunicación de diez días y haberlo reducido a cinco, pero eso no ha eliminado la tortura. Las principales características de las leyes antiterroristas son el endurecimiento de las condenas y la reducción de las garantías de la defensa. El Estado siempre se ha guardado los mecanismos que considera necesarios. En 1982, poco después de la llegada del PSOE al gobierno, se publicaron tres leyes: la ley antiterrorista, la ley del habeas corpus y la ley por la que se garantiza a los detenidos el derecho de recibir asistencia letrada. Si la segunda y la tercera publicación garantizaban y profundizaban los derechos del detenido, ¿cómo surgió el terrorismo de Estado de segunda generación? Porque la primera ley desmontaba las otras dos. Formalmente y en apariencia están garantizados todos los derechos, pero, en la práctica, el Estado se guarda todas las armas en la manga: la utilización de la tortura, los espacios negros al margen de todo control, comportamientos policiales autónomos de todo control político y judicial… Antes, hoy y siempre, un estado se guarda para sí las herramientas que le pueden dar el juego en cualquier momento, enrolladas en el celofán de la legalidad y la constitucionalidad, eso sí.
Por si eso fuera poco, hay que añadir la presión mediática a los casos que consideramos políticos.
Los magistrados de la Audiencia Nacional reconocen que las presiones son terribles. Desde que nombraron al fiscal actual, es evidente que los criterios de la fiscalía se han establecido con la vista puesta en su repercusión mediática. Ahí están los casos De Juana[1] o el de Ino Galparsoro.[2] Hay que tener en cuenta las tripas de la Audiencia Nacional para comprender lo incomprensible. La fiscalía de la Audiencia Nacional tiene una relación y dependencia directa con el gobierno y las fuerzas policiales tienen un papel más significativo que en cualquier otro tribunal del mundo. Piensa que, en ocasiones, en lugar de ser el policía colaborador del juez, el juez se convierte en colaborador del policía. Eso implica contaminar políticamente las decisiones y las sentencias y, como la presión mediática tiene influencia directa en el juego político, el juego político lleva esa presión a la Audiencia, con lo que el tribunal se convierte en un teatro de marionetas. Como todo se mueve a conveniencia de la policía y la fiscalía, los jueces instructores de la Audiencia Nacional son actores de segundo nivel.
Y, mientras tanto, nosotros intentando influir en las sentencias con la presión vasca.
Tengo una anécdota que refleja la influencia que pueden tener esas presiones en la Audiencia Nacional. En el macrojuicio 18/98, ante un alegato de la defensa, la presidenta, Ángela Murillo, dijo en voz alta: «¡Me importa cinco lo que diga Estrasburgo!» Si a la presidenta de una sección de la Audiencia Nacional no le importa lo que diga el principal tribunal europeo, imagina lo que le puede influir la presión social del País Vasco. Pero eso no quiere decir que esa presión sea inútil. No obstante, a la Audiencia sólo le llegan unos ecos lejanos. Aquello es un búnker, los que tienen que tomar decisiones están muy protegidos y sólo consideran una brizna de lo que les llega. Es un tribunal especial y, salvo excepciones, los que llegan allí son los que están cegados en la defensa de los intereses del Estado. Por eso es tan opaco, tan hermético, tan difícil de comprender partiendo de reflexiones centradas en los derechos fundamentales. Por eso las verdaderas batallas se juegan en el Tribunal Supremo.
En tu trabajo, ves de cerca a detenidos, presos, heridos en atentados, amenazados… Se habla mucho en esta nueva etapa del papel que deben jugar las víctimas, de la batalla de la memoria…
Últimamente, se ha utilizado a las víctimas para condicionar y racionalizar decisiones políticas. Han sido el arma del PP para acosar al gobierno del PSOE, pero, como es evidente, las víctimas ni son ni pueden ser agente político. Hay que basarse en el respeto a ellas, pero es impensable que las decisiones políticas se tomen en función de ellas. Eso está pasando y pasará durante los próximos meses, pero, lo digo nuevamente con todo respeto, deben colocarse en su lugar, ni más arriba ni más abajo. Es necesario el reconocimiento, es necesaria la reparación, para lograr el reconocimiento de todas las víctimas tenemos que recorrer un largo camino. Pero no nos engañemos, lo contado desde la óptica de la política no puede ser el relato histórico de este país. La historia de lo que ha sido esto se escribirá de aquí a muchos años, la tendrán que escribir los historiadores y científicos, desde la objetividad, el compromiso con la verdad y libre de partidismos e intereses. Me parece una pretensión demasiado osada querer dejar hoy escrito el relato de la historia de los últimos 50 años. Ese ejercicio exige distancia temporal, estar a salvo de salpicaduras emocionales. La pasión no sabe escribir relatos históricos.
Una vez enfriadas las pasiones, ¿qué conclusiones y enseñanzas has extraído de los anteriores intentos y procesos de negociación?
En el momento de máximo nivel de enfrentamiento político-militar llegó Argel,[3] pero el Estado no quiso buscar a la sazón una salida al problema político de fondo, sino reducir y desactivar el enfrentamiento. En Lizarra[4] se consiguió el acuerdo entre los abertzale con la intención de hacer frente al Estado, pero también ahí se mantuvo el componente militar. También estuvo ese componente en Loyola,[5] y también ahí estábamos mirando al Estado, el referente era el Estado. Por eso es muy diferente el camino que nos ha llevado al umbral de este proceso y por eso debe observarse desde una perspectiva nueva. Por un lado, el planteamiento de los dos últimos años ha sido favorable a las vías exclusivamente políticas, el debate se ha encauzado sólo en clave política. Por el otro, hasta ahora en todos los documentos estaba presente la negociación con el Estado, pero ahora eso ha pasado a un segundo plano. Hemos puesto las cabezas y los corazones en la repercusión internacional y en un proceso de acumulación de fuerzas centrado en la sociedad vasca, para que la sociedad valore positivamente los objetivos soberanistas, sin estar mirando al Estado. La hora de contrastar con el Estado llegará, pero como consecuencia de un proceso que tendrá en su núcleo el impulso y capacidad de la sociedad. Si he aprendido algo de los procesos anteriores es que la sociedad tiene que ser parte del proceso. No se pueden dejar todas las responsabilidades en los agentes directamente implicados. No hay proceso político sin sociedad.
Pongamos que el proceso empezó con el debate interno de la izquierda abertzale. Se ha vertido mucha tinta y sudor sobre eso desde entonces.
Empezaré desde el final del debate interno y la presentación de Sortu. Si queremos hacer política, debe legalizarse a la izquierda abertzale. No puede haber política sin partidos políticos. Ante ello, el Estado te pone un marco legal, con condiciones y exigencias que estrechan el embudo. En vista de ello, la izquierda abertzale tomó la decisión de crear un partido y, por tanto, tuvo que admitir el embudo. No fue una decisión fácil, en determinados sectores de la izquierda abertzale costó mucho de digerir. El día de la presentación no fueron pocos los escalofríos y los corazones que se salían por la garganta, pero creo que se acertó, porque, cuando exteriorizas una decisión de tanta importancia, te metes en un camino que no tiene vuelta atrás. Para mí, hay puntos de inflexiones y decisiones irreversibles. En este caso, el punto de inflexión fundamental fue el enjundioso debate realizado entre octubre de 2009 y febrero de 2010, mientras que la difusión de las conclusiones de ese debate interno trajo una situación de no retorno. Si con Sortu el reto de la izquierda abertzale era ganar crédito y presentas públicamente unos estatutos tan comprometidos, no tienes vuelta atrás, la sociedad sabe cuál es tu apuesta, no hay más.
Los acontecimientos de las últimas semanas han enraizado ese crédito.
La conferencia de Ayete ha sido un paso muy importante. Como decía antes, la implicación internacional y de la sociedad vasca son dos elementos imprescindibles en este proceso. Estaba seguro de que ETA estaría de acuerdo con las peticiones realizadas en Ayete y espero que, en adelante, la hoja de ruta que aparece en esa declaración se vaya cumpliendo. Sin embargo, el apoyo internacional tiene otra lectura que me parece muy interesante. En este momento, una de las características del Estado español esa la falta de cohesión interna. Los diferentes aparatos del Estado no reman en la misma dirección. De modo que es claro que los aparatos policiales, y sobre todo la Guardia Civil, realizarán movimientos para trabar lo que no sea de su gusto. No hay más que ver lo que están alimentando algunos medios de comunicación. Por otra parte, en el poder judicial, que puede ser clave en el futuro próximo, hay fuerzas contrarias a una solución definitiva o, dicho de otro modo, el poder judicial está dividido en dos. Esos diferentes aparatos no escatimarán esfuerzos para presionar al nuevo gobierno del PP en una dirección determinada y, ante ello, el apoyo de los significativos nombres que estuvieron en Ayete puede resultar inmejorable para Rajoy, en punto a amortiguar esos golpes bajos y avanzar en el proceso. A pesar de que ahora el PP le mire con desconfianza y desprecio, no te extrañes si utiliza como aliado a ese grupo de apoyo internacional para profundizar en el proceso.
¿Qué peso puede tener el aspecto jurídico en este proceso? El tema de los presos, que está ahí, por ejemplo.
Cualquier conflicto social es, en el fondo, un conflicto jurídico, pero, del mismo modo, cuando el político está de por medio, no manda el jurista. Normalmente, el Estado utiliza como pretexto los aspectos jurídicos para marcar los tiempos y evitar los avances políticos. Si las cosas van bien, el aspecto jurídico viene al final, porque lo más importante es la voluntad política, el acuerdo político que se obtenga. El jurista es el sastre que confecciona el traje de la decisión política. Así que el marco jurídico es el escudo del Estado y, haciendo un examen realista, no se puede olvidar que la amnistía no existe en la Constitución ni en el Código penal. La Constitución dice claramente que no se pueden conceder indultos generales, de modo que la ley sólo los prevé caso por caso. A eso hay que añadir que, en 2003, el gobierno de Aznar introdujo cambios salvajes en el Código penal y en las normativas penitenciarias. En esa situación, ¿de dónde podría venir la salida de los presos? Podría haber, como en Irlanda, una adecuación de una ley especial para regular la liberación progresiva de los presos políticos en función de su situación personal, pero, seguramente, el Estado español optará por el examen y la decisión caso por caso. Por eso creo que, si no es posible una ley general específica, al menos habría que lograr un marco general específico que defina unas pautas comunes para el colectivo de presos, a pesar de que haya periodos de excarcelación diferentes. En lo tocante a los presos preventivos, al haber desaparecido el riesgo de fuga y de repetición del delito con la situación ahora consolidada, su liberación se facilitará mucho. Pero lo que decía antes: todo depende de la voluntad política.
Notas del tr.:
(1) Preso vasco contra quien, poco antes de que transcurriera el tiempo máximo de encarcelamiento según la legislación vigente, el Ministerio de Justicia «construyó» ─ en palabras del propio ministro, pronunciadas en verano de 2006 ─ nuevas imputaciones para mantenerlo encarcelado, recurriendo para ello a dos artículos de opinión que, en el momento de su publicación, no habían provocado reacción fiscal alguna. En señal de protesta, De Juana se declaró en huelga de hambre, que se prolongó durante 63 días. La Audiencia Nacional le impuso una condena de 12 años y siete meses más de prisión por los mencionados artículos, ante lo que De Juana inició otra huelga de hambre. Meses después, el Tribunal Supremo le rebajó la condena a tres años. Ante el prolongamiento de la huelga de hambre y el riesgo de muerte del preso, el Ministerio del Interior le concedió el régimen de arresto domiciliario bajo vigilancia telemática. El PP convocó una manifestación en protesta por esa decisión. Meses después, tras el anuncio de ETA del final del alto el fuego que había dado lugar al proceso de diálogo entre emisarios del gobierno español y de la organización, De Juana fue nuevamente encarcelado, hasta que, el 2 de agosto de 2008, cumplió la totalidad de la última condena impuesta y fue puesto en libertad. No obstante, con motivo de una carta que tenía que leerse en el acto de homenaje al ex preso ─ al que éste no acudió ─ , la Audiencia abrió nuevas diligencias contra De Juana y éste se refugió en Irlanda del Norte, donde reside actualmente, si bien, el 1 de marzo de 2010, un tribunal de Belfast falló a favor de la extradición solicitada por la Audiencia Nacional, resolución contra la que el refugiado ha interpuesto recurso.
(2) Alcaldesa de Mondragón (ANV) entre 2007 y 2011, encarcelada el 28 de abril de 2008 por orden de la Audiencia Nacional el día después de que la mayoría de concejales del pleno municipal rechazaran una moción presentada por el PNV de condena de los atentados de ETA y petición de dimisión de los electos que no compartieran tal posición. Salió en libertad bajo fianza el 28 de julio del mismo año.
(3) Proceso de «conversaciones políticas» entre representantes de ETA y emisarios del gobierno español mantenido en la capital argelina en 1989.
(4) Acuerdo suscrito en Estella (Navarra) el 12 de septiembre de 1998 por, entre otros, las organizaciones políticas PNV, HB, EA, IU-EB, Zutik y Batzarre y la mayoría sindical vasca (formada por ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE y ESK). En el texto del Acuerdo, los firmantes constataban la existencia de un «conflicto histórico de origen y naturaleza política» en el País Vasco y proponían «un proceso de diálogo y negociación abierto, sin exclusiones» que posibilitara «marcos abiertos donde puedan tener cabida las aspiraciones de soberanía de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria». Tres días después de la firma del acuerdo, ETA declaró una tregua indefinida y se abrió un proceso de colaboración entre los partidos firmantes del acuerdo, abandonado cuando, en diciembre de 1999, ETA anunció el final de la tregua.
(5) Conversaciones mantenidas entre dirigentes de Batasuna, PNV y PSE-EE entre septiembre y noviembre de 2006 en la hospedería de la basílica de Loyola (Guipúzcoa) en el marco de las que venían manteniendo desde junio de 2005 representantes de ETA y emisarios del PSOE y del Gobierno de España.
Argia, 13 de noviembre de 2011
Fuente: http://www.argia.com/argia-