Las comunidades locales cercanas a la mina de cobre Panguna han dado un paso decisivo en su larga lucha para que la transnacional minera Rio Tinto se responsabilice por presuntas violaciones ambientales y de derechos humanos durante sus operaciones en el yacimiento, que dieron pie a un cruento conflicto armado.
La mina estuvo operando en las montañas del centro de Bougainville, la ahora región autónoma de Papúa Nueva Guinea, entre 1972 y 1989, cuando cesó su actividad y dejó abandonada el yacimiento a cielo abierto, en medio de un conflicto con las comunidades indígenas de los alrededores.
La denuncia formal la presentaron 156 residentes ante el gobierno australiano en septiembre mediante el Centro Legal de Derechos Humanos de Australia y resultó aceptada en noviembre, allanando el camino para un proceso de mediación no judicial.
«Nosotros y las comunidades con las que estamos trabajando hemos iniciado un proceso de conciliación formal con Rio Tinto facilitado por el Punto de Contacto Nacional de la OCDE de Australia y las conversaciones con la empresa comenzarán muy pronto», dijo a IPS la abogada Keren Adams, directora del área de defensa del Centro Legal de Derechos Humanos, basado en Melbourne.
El conglomerado Río Tinto, con base en Reino Unido, era el titular mayoritario dl yacimiento Panguna a través de su filial operadora Bougainville Copper Ltd, con una participación de 53,8 por ciento.
Sin embargo, 17 años después de que comenzara la explotación, la ira entre los pobladores indígenas por los ríos y arroyos contaminados, la devastación de las tierras tradicionales y la desigualdad en la distribución de las ganancias y beneficios de la empresa extractiva desencadenaron una rebelión armada en 1989.
Después de que se destruyó el suministro de energía de la mina por sabotaje, Rio Tinto huyó de la isla de Bougainville y el sitio quedó abandonado durante la década de guerra civil que prosiguió.
El área de la mina, que todavía está controlada por el gobierno de Unidad Tribal de Mekamui, que incluye a antiguos líderes rebeldes, no ha sido desmantelada y el nocivo legado ambiental de sus operaciones anteriores nunca se abordó.
Ahora, según la denuncia, «la contaminación por cobre del pozo de la mina y los relaves continúa fluyendo hacia los ríos locales”.
Añade que “el valle del río Jaba-Kawerong aguas abajo de la mina se asemeja a un paisaje lunar con grandes montículos de desechos de relaves grises y rocas que se extienden casi 40 kilómetros aguas abajo hacia la costa. Los diques construidos en el momento de la operación de la mina ahora se están derrumbando, amenazando a las aldeas cercanas».
Hay más declaraciones de que la contaminación de las vías fluviales y la tierra está causando problemas de salud a largo plazo entre la población indígena, como enfermedades de la piel, diarrea, enfermedades respiratorias y complicaciones del embarazo.
Helen Hakena, directora de la Agencia de Desarrollo de la Mujer Leitana Nehan en Buka, la principal ciudad de Bougainville, apoya plenamente las medidas adoptadas por los dirigentes isleños.
El cobre y el oro de la mina Panguna esperan un acuerdo político antes de que se pueda reanudar la extracción. Foto: Catherine Wilson / IPS
“Esto está pendiente hace mucho tiempo. Va a ser muy importante, porque fue el gran problema que causó el conflicto de Bougainville. Pondrá fin a los reclamos que tanto sufrimiento causaron a nuestro pueblo”, señaló Hakena a IPS.
La guerra civil de Bougainville, provocada por el levantamiento en la mina, causó entre 15 000 y 20 000 personas muertas.
La gente de Bougainville cree que Rio Tinto ha violado las Directrices de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) para Empresas Multinacionales, al no tomar medidas para mitigar los impactos ambientales, de salud y seguridad previsibles en la mina y respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas por sus actividades extractivas.
El Centro Legal de Derechos Humanos afirma que «la contaminación de las minas sigue infringiendo casi todos los derechos económicos, sociales y culturales de estas comunidades indígenas, incluidos sus derechos a la alimentación, el agua, la salud, la vivienda y un nivel de vida adecuado».
“Si bien no aceptamos por completo los reclamos en la denuncia, somos conscientes del deterioro de la infraestructura minera en el sitio y las áreas circundantes y reconocemos que existen consideraciones ambientales y de derechos humanos”, respondió Rio Tinto en una declaración pública.
“Aceptar la intervención del Punto de Contacto Nacional de la OCDE de Australia demuestra que nos tomamos esta denuncia en serio y estamos dispuestos a entablar conversaciones con las comunidades que la han presentado, junto con otras comunidades relevantes alrededor del sitio de la mina Panguna y otras partes relevantes, como Bougainville Copper Ltd, el gobierno autónomo de Bougainville y el gobierno de Papúa Nueva Guinea (PNG)”, continuó el comunicado.
En 2016, Rio Tinto se desprendió de su participación en Bougainville Copper Ltd, la compañía operadora, y sus acciones fueron adquiridas por los gobiernos de PNG y Bougainville. Simultáneamente, el gigante minero anunció que rechazaba la responsabilidad corporativa por cualquier impacto o daño ambiental.
La exploración de minerales en Bougainville en la década de los 60, seguida de la construcción de la mina de cobre a cielo abierto Panguna, se produjo cuando la región de la isla estaba bajo administración australiana.
Posteriormente se convertiría en una fuente masiva de ingresos internos para Papúa Nueva Guinea, a la que se le otorgó la independencia en 1975.
Durante su vida útil, la mina Panguna generó alrededor de 2000 millones de dólares en ingresos y representó 44 por ciento de las exportaciones del país.
El acuerdo minero negociado entre el gobierno australiano y Conzinc Rio Tinto Australia en la década de los 60 no incluía regulaciones ambientales significativas ni responsabilidad de la empresa por la rehabilitación de áreas afectadas por la minería.
No ha habido una evaluación ambiental definitiva del sitio de Panguna desde que se vio obligado a cerrar.
La maquinaria e infraestructura de la mina destruida se encuentran esparcidas por el sitio de la mina Panguna en las montañas de Central Bougainville, una región autónoma de Papúa Nueva Guinea. Foto: Catherine Wilson / IPS
Sin embargo, cada día se excavaban en la mina alrededor de 300 000 toneladas de mineral y agua. En 1989, un informe independiente de Applied Geology Associates, de Nueva Zelanda, señaló que cantidades significativas de cobre y otros metales pesados se estaban filtrando de la mina y los vertederos de roca estéril y fluían hacia el río Kawerong.
Actualmente, el agua de algunos ríos y arroyos en el área de la mina es de un azul luminiscente, un signo de contaminación por cobre.
La acción de los residentes de Bougainville llega al final de un año que fue desafiante para Rio Tinto en la región.
El grupo británico todavía se está recuperando de las revelaciones a principios de 2020 de que sus operaciones destruyeron sitios nativos sagrados de importancia histórica, que se estima tenían 46 000 años de antigüedad, en las cercanías de su mina de hierro en la región de Pilbara, en Australia Occidental.
El director ejecutivo de la empresa, Jean-Sebastien Jacques, renunció posteriormente.
No obstante, Adams se muestra optimista sobre la voluntad de conglomerado minero de comprometerse con las partes interesadas de Bougainville y Papúa Nueva Guinea.
“En primera instancia, esperamos que este proceso no judicial ayude a facilitar las discusiones para explorar si Rio Tinto asumirá estos compromisos para abordar los impactos de sus operaciones”, argumentó.
De lo contrario, dijo, “las comunidades solicitarán al Punto de Contacto Nacional de la OCDE de Australia que investigue la denuncia y averigüe si Rio Tinto ha violado sus obligaciones ambientales y de derechos humanos”.
Si llega a ser necesaria, una investigación integral sobre el caso podría tomar hasta un año, reconoció Adams.
En definitiva, los isleños buscan resultados específicos.
Estos incluyen el compromiso serio de Rio Tinto con ellos para identificar soluciones a los problemas ambientales y de derechos humanos urgentes.
Además, el financiamiento para una evaluación de impacto ambiental y de derechos humanos independiente de la mina; y contribuciones a un fondo sustancial administrado de manera independiente para permitir programas de rehabilitación a largo plazo.
De lo contrario, el Centro Legal de Derechos Humanos de Australia estima que “dados los recursos limitados de los gobiernos de Papúa y Bougainville, es casi inevitable que si Rio Tinto no toma ninguna medida, el daño ambiental causado actualmente por los desechos de relaves continuará y empeorará».
T: MLM. ED: EG