Traducido por Caty R.
En su sección «Opinión» del 27 de febrero de 2008, Le Monde cedió generosamente sus columnas a un texto de una histeria verbal y una mala fe insondables. Las acusaciones que dicho texto vomita contra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU son tan falsas que incluso la lista de los firmantes apenas atenúa nuestro asombro: Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, Claude Lanzmann, Elie Wiesel, Pierre-André Taguieff, Frédéric Encel… Es fácil completar la lista a la vista de la omnipresencia de intelectuales orgánicos del lobby pro israelí, que ya se nos ha convertido en habitual.
El título, sin matices, de esta prosa virulenta ya es toda una declaración: «La ONU contra los derechos humanos». Desde las primeras líneas se puede leer esta llamada angustiosa: «El año 2008, ¿verá simultáneamente el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y la destrucción de sus principios por la propia ONU? Todo lleva a temerlo, ya que los derroteros por los que transita la organización desde hace varios años, la han convertido en una caricatura». Inevitablemente el lector desinformado se alarma: ¿de repente, la ONU, se ha convertido en una organización suicida?
Pero, afortunadamente, lo que viene a continuación nos aclara inmediatamente las profundas preocupaciones de nuestros firmantes: «En Durban, Sudáfrica, en el año 2001 se celebró la Conferencia mundial contra el racismo, por iniciativa de las Naciones Unidas. En nombre de los derechos de los pueblos se corearon las consignas ‘¡muerte a Estados Unidos!’ y ‘¡muerte a Israel!’, y sin embargo, en nombre del relativismo cultural, se hizo silencio sobre las discriminaciones y violencias cometidas contra las mujeres».
¿Qué relación hay entre la geopolítica de Oriente Próximo, manifiestamente implícita en los llamamientos a combatir a Estados Unidos e Israel, y la opresión de las mujeres que vendría a apoyar el «relativismo cultural»? Probablemente ninguna. Pero mezclar los dos asuntos presenta el interés polémico de sugerir una perniciosa competición entre las víctimas: ustedes, los que condenan a Israel y Estados Unidos, no dicen nada del sufrimiento de las mujeres oprimidas en los países musulmanes. Es una cantinela habitual en la retórica «lobbysta» que permite desviar al lector occidental de la crítica de la política estadounidense o israelí fijando su atención sobre un problema interno de las sociedades de Oriente Próximo.
Esta polémica comparación entre los dos asuntos, sin embargo, es particularmente cómica. Arabia Saudí, donde llevar el velo es obligatorio y está prohibido que las mujeres conduzcan, es un país aliado histórico de Estados Unidos en la región. El tenebroso régimen de los talibanes nació bajo los auspicios de una CIA que cedió sus campos de entrenamiento en territorio estadounidense a los combatientes del mulá Omar. En cambio Iraq y Siria, baasistas, más próximos a las normas occidentales en materia de condición femenina, no tuvieron derecho a los mismos miramientos. El primero fue pulverizado por las bombas estadounidenses y el segundo está catalogado en la lista de los «Estados canallas». Pero qué más da: los partidarios de la política estadounidense en Oriente Próximo se consideran autorizados para impartir lecciones en materia de emancipación femenina.
Además, tratándose de la ONU, no es sorprendente este resentimiento del portavoz del neoconservadurismo a la francesa, porque las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, como anteriormente las declaraciones de la Asamblea General, se han atrevido a cuestionar la represión israelí en la Palestina ocupada. Los 47 Estados elegidos por sus pares al Consejo se benefician de la igualdad de voto. Las cuestiones que expresa reflejan, por lo tanto, una opinión mayoritaria que no tiene ninguna razón para avalar la ocupación militar de los territorios árabes. Que los adoradores de Israel, sin embargo, se tranquilicen: estas resoluciones siguen siendo simbólicas y no tienen capacidad ejecutiva. Pero no es suficiente. Quieren estigmatizar las declaraciones tachándolas de burdas calumnias.
Y a eso se dedican con saña los firmantes: «Por su mecánica interna, las coaliciones y las alianzas que se constituyen, los discursos que se expresan, los textos que se negocian y la terminología utilizada, destruye la libertad de expresión, legitima la opresión de las mujeres y estigmatiza a las democracias occidentales… El Consejo de Derechos Humanos se ha convertido en una máquina de guerra ideológica contra sus principios fundadores. Ignorado por los grandes medios de comunicación, día tras día, sesión tras sesión, resolución tras resolución, está forjando una retórica política para legitimar los pasos al acto y las violencias futuras».
¿Síntomas de una psicosis paranoica o monumento a la «demonología» occidental?: el diagnóstico es dudoso. La única certeza es que esta acusación de delitos inexistentes demuestra una inventiva fuera de lo común. ¿El Consejo de Derechos Humanos de la ONU querría «destruir la libertad de expresión»? Nos preguntamos por qué y cómo. Pero nuestras preguntas se quedan sin respuestas. Nuestros polemistas anuncian «la sentencia de muerte de la universalidad de los derechos» a manos de la propia ONU, pero esta muerte anunciada permanece rodeada de misterio. No aparece ninguna cita de las resoluciones del Consejo que apoye esta acusación, y los detractores de la ONU condenan sus presuntas ideas con una violencia inversamente proporcional a las pruebas de lo que señalan. Obviamente, prefieren hablar desde su tribuna procediendo directamente a comentar lo que, supuestamente, ha dicho la ONU.
A manera de pruebas debemos conformarnos, por lo tanto, con las observaciones resumidas al estilo indirecto, sin comillas, de las declaraciones que habría hecho Doudou Dieno, ponente especial de la ONU sobre el racismo, la discriminación racial y la xenofobia. Así, el intelectual senegalés habría declarado que «manifestar una crítica contra el uso del velo islámico constituye una agresión racista, que el laicismo está anclado en una cultura esclavista y colonialista, y que la ley francesa contra el hecho de llevar símbolos religiosos en las escuelas forma parte del racismo contra los musulmanes». Sólo hay un problema: es imposible encontrar estas citas. Aunque todas estas declaraciones, obviamente, suscitan objeciones, es imprescindible que se hayan formulado. Los firmantes crean una enorme polémica sobre citas que no existen: el método condena a sus autores.
Por lo demás, las únicas citas que los ideólogos publicados por Le Monde deberían haber presentado en apoyo de sus tesis son las del propio Consejo de Derechos Humanos. Pero se cuidaron mucho de hacerlo. Al entregar su interpretación tendenciosa en vez del pensamiento de los otros, peroran profundamente y presentan sus fantasmas como realidades: «La confusión ha llegado al colmo», afirman, «cuando se denuncia como una actitud racista cualquier crítica de la religión». Pero, ¿de dónde viene esta idea? ¿Quién la ha expresado? Nadie lo sabe. En cambio, cualquiera puede comprobar lo que declaró el Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión religiosa. Basta con consultar las actas oficiales de las seis sesiones celebradas desde su creación en junio de 2006.
Así, el 30 de marzo, el Consejo adoptó una Resolución «sobre la lucha contra la difamación de las religiones». Este moderado texto insiste en «el derecho de todos a la libertad de expresión, que deberá ejercerse de manera responsable y por lo tanto se puede someter a restricciones, prescritas por la ley, necesarias para el respeto de los derechos o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, la salud o la moral públicas y el respeto a las religiones y convicciones». En cuanto a los principios, este texto apenas difiere del Derecho positivo vigente en la mayoría de los países; los Estados occidentales, por su parte, también acotan el ejercicio de la libertad de expresión con algunos límites jurídicos. En Francia, el reconocimiento de la libertad de expresión no implica ningún derecho a difamar al vecino; cualquier forma de injuria que manifieste una discriminación racial o religiosa se castiga por ley y ciertas disposiciones legales incluso tuvieron el efecto de enunciar verdades oficiales sobre hechos históricos.
Naturalmente, el contenido de esta Resolución del Consejo de Derechos Humanos no es indiferente al contexto político vinculado a la «guerra contra el terrorismo» que Washington lleva a todo trapo. «El Consejo se declara preocupado por las estereotipadas imágenes negativas de las religiones y por las manifestaciones de intolerancia y discriminación en materia de religión o convicciones. Por otra parte, se declara profundamente preocupado por los intentos de asociar el Islam con el terrorismo, la violencia y las violaciones de los derechos humanos. Constata, con una honda inquietud, la intensificación de la campaña de difamación de las religiones y la designación de las minorías musulmanas por sus características étnicas y religiosas desde los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001».
La aprobación de este texto chocó con la oposición de los países occidentales, que se quedaron en minoría en la votación final. No obstante, ninguno de ellos ha visto el peligro mortal para la civilización universal que denuncian los firmantes de la virulenta diatriba contra la ONU. En nombre de la Unión Europea, la representante de Alemania «subrayó que, como estableció el informe de Doudou Dieno, la discriminación basada en la religión no se refiere únicamente al Islam, sino también al judaísmo, al cristianismo y a las religiones y creencias procedentes de Asia, así como a las personas sin religión. Destacó también que es problemático separar la discriminación basada en la religión de las otras formas de discriminación. También juzgó contraproducente la utilización del concepto de difamación y propuso un texto orientado, más bien, sobre la libertad de religión o convicciones».
Es evidente que este debate demuestra una diferencia de sensibilidades sobre las cuestiones religiosas entre los países que forman parte de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) y los países occidentales. Eso merecería una reflexión sobre la secularización relativa de las sociedades en cuestión y la referencia, explícita en los países musulmanes, de los valores religiosos. Pero esta reflexión ni siquiera rozó el pensamiento de nuestros intrépidos firmantes que, además de no haber leído los textos a los que aluden vagamente, tergiversan voluntariamente su significado. Se niegan a discutir racionalmente los argumentos del otro y prefieren estigmatizarlo poniendo en escena una gran tragedia interpretada por personajes reales. Y el guiñol, de repente, encuentra el escenario para su argumentación.
Así, nuestros firmantes la emprenden violentamente contra Louise Arbour, Alta Comisaria de los derechos humanos de la ONU que: «Participó en una conferencia en Teherán dedicada a los derechos humanos y la diversidad cultural», y denuncian que, «cubierta con el velo, como exige la ley de la República islámica, la Alta Comisaria fue un convidado de piedra de la declaración de los futuros principios que se resumen así: la ofensa a los valores religiosos se considerará racismo. Todavía peor, al día siguiente de esta visita fueron ahorcados en público veintiún iraníes, entre ellos varios menores. En presencia de la Comisaria, el presidente Ahmadinejad reiteró su llamamiento a la destrucción de Israel».
Una vez más resplandece el arte de la mezcolanza intelectual. Mezclando todo y lo contrario, el texto publicado por Le Monde actúa sobre la confusa indignación del lector anestesiando, de paso, su juicio crítico. Louise Arbour llevaba el velo en Teherán, de acuerdo. Pero, ¿habría podido organizar una reunión en Israel durante el sabbat? Los regímenes confesionales tienen exigencias que no tienen los demás. Quizá sea lamentable, pero están ahí. La ofensa a la religión, en algunos países, se considera una forma de racismo. ¿Hay que convencerlos de lo contrario? Y, ¿cómo? Finalmente, la pena de muerte se aplica cruelmente en Irán, en efecto. Sin embargo, los aspectos odiosos del régimen de Teherán no se limitan a este país, el régimen saudí no tiene nada que envidiarle. Y sobre todo, Irán no disfruta de la amistad de Estados Unidos, donde se eligió a un presidente texano con una insuperable reputación de verdugo de criminales presuntos. Por no hablar de Israel, único Estado del mundo cuyos soldados matan a las niñas cuando salen de la escuela.
Las diatribas iraníes contra el Estado hebreo están incluidas en un enfrentamiento geopolítico en el que uno de los parámetros principales es la actitud del propio Israel. Si hubiese aplicado la pena de muerte a los civiles palestinos con más «discernimiento» desde hace sesenta años, no habría suscitado este rechazo por parte de sus vecinos cercanos o distantes. Ocupados militarmente, desgajados de una parte de su territorio y bombardeados cotidianamente por la aviación israelí, los palestinos tienen excelentes razones para odiarlos. Pero qué más da. Decididos a condenar a la Comisaria Arbour por su estancia en Teherán, nuestros polemistas incriminan «su silencio y su pasividad», que ella habría justificado por «el respeto de la ley iraní y la preocupación de no ofender a sus anfitriones».
«El carbonero es el amo en su casa», dicen los firmantes. «Fue el doctor Goebbels quien utilizó este oportuno argumento en la tribuna de la Sociedad de las Naciones, en 1933, para sustraerse a cualquier crítica de una institución internacional impotente». ¡Ver para creer! Analogía por analogía, es sorprendente la semejanza entre el Reich que se sentaba en la Sociedad de las Naciones en 1933 y el Estado hebreo que se burla del Derecho Internacional desde 1967. Como su lejano antecesor, Israel, también, «se sustrae a cualquier crítica de una institución internacional impotente». Y si lo hace, es para conquistar mejor «su espacio vital del mar al Jordán», según la fórmula mágica expresada por Effi Eitam, ministro de Ariel Sharon, en 2002.
«Los grandes crímenes políticos siempre han necesitado palabras para legitimarse. La palabra anuncia el paso al acto», filosofan nuestros firmantes. Pero ellos no tienen la culpa: el 29 de febrero, el viceministro israelí de Defensa, Matan Vilnai, blandió la amenaza de un «holocausto palestino» antes de lanzar en Gaza la sangrienta operación que causó 110 víctimas palestinas en una semana. Libre de infringir un tabú religioso, el Estado hebreo, descaradamente, cruzó un límite semántico antes de desencadenar su furia militar: pasó «de la palabra al acto».
Pero lo mejor se reservó para el final: «Las ideologías totalitarias han sido reemplazadas por las religiones. Sus crímenes, las promesas incumplidas del futuro radiante, abrieron de par en par las puertas al retorno de dios en la política. El 11 de septiembre de 2001, unos días después del final de la conferencia de Durban, directamente en nombre de dios, se perpetró el mayor crimen terrorista de la historia». Hace falta valor para relacionar en una misma trama el 11 de septiembre de 2001 y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. Claro, que para eso están nuestros expertos.
«El retorno de dios en la política», dicen. Nuestros intelectuales saben de qué hablan: ¿Acaso no es Israel el Estado confesional por excelencia? «Si la reivindicación de un rincón de tierra es legítima, afirmaba Theodor Herzl, entonces todo los pueblos que creen en la Biblia tienen la obligación de reconocer el derecho de los judíos». Establecida por la Biblia, la legitimidad de un Estado judío en Palestina es evidente: el texto sagrado representa el título de propiedad. Para los sionistas religiosos, la vuelta de los judíos a Eretz Israel está inscrita indeleblemente en el relato de la Alianza. Tomar posesión de la tierra que dios asignó a los judíos forma parte del plan divino y renunciar a esta ofrenda sería ofenderle.
De repente no es posible ningún compromiso con los árabes. En 1947, el gran rabino de Palestina remachaba el estatuto teológico del futuro Estado judío: «Estamos absolutamente convencidos de que nadie, ni los individuos ni las instituciones, tiene derecho a alterar el estatuto de Palestina, que ha sido establecido por el derecho divino». El jefe del partido nacional-religioso, el general Effi Eitam, explicaba a su vez en 2002: «Somos el único pueblo del mundo que, como tal, mantenemos un diálogo con dios. Un auténtico Estado judío tendrá como fundamento el territorio del mar al Jordán, que constituye el espacio vital del pueblo judío». Lo dijo bien claro.
Por lo tanto no es nada sorprendente que el lobby pro israelí deteste a la ONU: su consideración hacia el Derecho Internacional es inversamente proporcional a su entusiasmo por el derecho divino. Ciertamente uno es infinitamente más favorable al Gran Israel que el otro. Enfrentar las resoluciones de la ONU con la Torá está incluido en la hazaña intelectual y el milagro político: Israel lo ha hecho. Según nuestros firmantes, «el mayor crimen terrorista de la historia se cometió en nombre de dios». Eso es cierto si incluimos en el análisis al Estado hebreo, ese artefacto colonial construido por la fuerza sobre las ruinas de Palestina en nombre de la Biblia y el holocausto.
Con respecto al terrorismo, el Estado de Israel, más que nadie, puede presumir de un palmarés sin rival. Los odiosos atentados del 11 de septiembre de 2001 causaron un número de víctimas diez veces menor que el atentado del Tsahal a la sede de Beirut en 1982. Los admiradores occidentales de Israel, ciertamente, deben estar extasiados por las proezas de un ejército capaz de matar con misiles, sin problemas, a los niños. También deben arrebatarse de admiración ante las cárceles israelíes donde, gracias a la ley religiosa, no se tortura a los presos durante el sabbat. El Estado hebreo merece claramente este coro de alabanzas que le otorgan los intelectuales orgánicos a todo lo largo de sus columnas. ¡Y qué impertinencia, por parte de la ONU, pretender meter su sucia nariz en los asuntos internos israelíes!
Como ocurre siempre con las peores calumnias, las acusaciones publicadas en Le Monde el 27 de febrero se han esparcido por toda la red. En algunos blogs han suscitados comentarios rencorosos que apenas nos atrevemos a citar. A Doudou Dieno se le ha calificado de «partidario de la secta del pederasta loco y de los adoradores del dinero». Se lee que «desde las invasiones musulmanas el creciente fértil se convirtió en el creciente estéril y la civilización emigró a Occidente». En cuanto a la ONU, un internauta desbocado resume a su manera el artículo publicado por Le Monde: «la ONU es un revoltijo de chusma islamista y tercermundista». ¿A qué esperamos para abolir la ONU? Ahora será todavía más fácil con la islamofobia declarada, el odio al mundo árabe y la alucinante arrogancia occidental; todo listo. Prueba superada, señoras y señores intelectuales orgánicos.
Original en francés: http://oumma.com/Quand-le-lobby-pro-israelien-se
Bruno Guigue (Touluse 1962) es titulado en geopolítica por la ENA (École nationale d’administration), ensayista, colaborador habitual de Oumma.com y autor de los siguientes libros: Aux origines du conflit israélo-arabe, L’Economie solidaire, Faut-il brûler Lénine?, Proche-Orient: la guerre des mots y Les raisons de l’esclavage, todos publicados por la Ed. L’Harmattan.
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y la fuente.