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El Presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, en contra de la aplicación del derecho

El más alto cargo judicial en España justifica el asesinato de un emigrante en Londres por la policía

Fuentes: Rebelión

Francisco José Hernando que ostenta el más alto cargo judicial de nuestro país como presidente del Tribunal Supremo, primero apoyó a los jueces reaccionarios insumisos a aplicar la ley y casar a matrimonios homosexuales. Declaró que la jueza del Registro Civil de Denia, quien se negó a registrar un matrimonio entre dos mujeres, está en […]

Francisco José Hernando que ostenta el más alto cargo judicial de nuestro país como presidente del Tribunal Supremo, primero apoyó a los jueces reaccionarios insumisos a aplicar la ley y casar a matrimonios homosexuales. Declaró que la jueza del Registro Civil de Denia, quien se negó a registrar un matrimonio entre dos mujeres, está en su derecho de plantear al Tribunal Constitucional, a pesar que la Constitución y la LOPJ es clara sobre este punto. Hernando evitó pronunciarse sobre si estos jueces tienen jurisdicción para plantear este tipo de cuestiones y, posteriormente, manifestó que los jueces encargados del Registro Civil ejercen una función «cuasi jurisdiccional«, categoría desconocida en el mundo jurídico y falta de una explicación racional por parte del más alto magistrado del estado.

No satisfecho de su desprecio por las leyes dictadas por el legislador, seguidamente mostró su poca consideración por la vida de los trabajadores emigrantes al justificar el asesinato a sangre fría perpetrado por la policía británica de un electricista brasileño, anunciando que estamos en la tercera guerra mundial y que, por tanto, parece inevitable que mueran inocentes (lo que no parece ser el caso de su propia vida).

No se trata sin más de una declaración de un ultra derechista, sino que los ciudadanos de este estado se encuentran totalmente indefensos ante los abusos de la policía o de los jueces. Estos hechos son consecuencia de un poder judicial no tiene legitimidad democrática, al no estar sujeto a ningún mecanismo de control popular, perpetuándose en el mismo una casta judicial que nunca se ha significado por su apoyo a las clases más débiles o la justicia social.