El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) acusa a la Generalitat catalana de aceptar la prolongación de las centrales nucleares de Cataluña más allá de los 40 años, al introducir un impuesto nuclear sin reclamar el cierre de estas plantas. El debate sobre los impuestos nucleares es una cortina de humo para no hablar del calendario de cierre de las centrales.
La Generalitat catalana ha introducido en sus presupuestos la creación de un impuesto que afectaría a la radiactividad generada por los tres reactores nucleares catalanes: Ascó I y II y Vandellós II en Tarragona. Con este impuesto se espera recaudar 28,29 millones de euros en 2017, que pueden llegar a unos 60 millones de euros anuales.
El MIA, integrado por unas 50 organizaciones portuguesas y españolas, considera que los impuestos nucleares, que gravarían la generación de sustancias radiactivas, no supone un impedimento real para el funcionamiento de las centrales catalanas y significan, de facto, una aceptación de la prolongación del funcionamiento de los tres reactores catalanes más allá de los 40 años, si no se exige su cierre paralelamente a la introducción de los impuestos.
Los permisos de explotación de los dos reactores de Ascó expiran en septiembre de 2021 y cumplen 40 años de funcionamiento en 2023 y 2025, respectivamente. Vandellós II cumple 40 años en 2027 y su permiso de explotación expira en julio de 2020. La industria nuclear española se encuentra en pleno pulso para alargar el funcionamiento del parque nuclear hasta los 60 años. El motivo es claro: las centrales amortizadas producen enormes beneficios que salen del bolsillo e los consumidores. Los tres reactores catalanes producen a sus propietarios casi 3 millones de euros de beneficios netos diarios. De ahí el interés por prolongar el funcionamiento. La recaudación del impuesto estimada para 2017 supondría sólo el importe económico de unos 10 días de funcionamiento de las centrales, absolutamente insuficiente para ser disuasorio.
Los impuestos establecidos por la Generalitat están diseñados para no sufrir la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, como por ejemplo en el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha en la época de Bono, que incluso tuvo que devolver parte del dinero recaudado. Contrasta esta suspensión del impuesto castellano-manchego con la aceptación del impuesto instaurado por la Generalitat valenciana en la época del PP, que sigue en vigor en la actualidad. Los gobierno autonómicos no tienen competencias sobre almacenamiento de residuos radiactivos pero sí sobre temas ambientales: el impuesto grava el impacto ambiental de la radiactividad generada por las centrales.
El reconocimiento implícito, en el impuesto de la Generalitat, de que las emisiones rutinarias de los reactores nucleares tienen un impacto sobre la salud, algo largamente denunciado desde el movimiento ecologista, supone un paso adelante respecto a la negación continuada de ese hecho; el que este reconocimiento se realice sólo para cobrar un impuesto, sin considerar las implicaciones para la salud y la seguridad, significa que el paso se da en la dirección equivocada.
El establecimiento de este impuesto por la Generalitat, sin una exigencia simultánea de un calendario de cierre y una presión política sobre el Gobierno español, supone, de facto, la aceptación de la prolongación del funcionamiento del parque nuclear más allá de los 40 años. De alguna forma se acepta que los impactos ambientales generados por las centrales se pueden remediar con un impuesto que grave dichos impactos, pasando por alto el hecho de que hoy en día es posible proceder al cierre escalonado de las centrales sin que peligre el suministro de electricidad.
Más Información: Francisco Castejón, 639104233 Coordinador MIA y portavoz de Ecologistas en Acción – Eloi Nolla 663 85 58 78 – MIA Catalunya.