El momento de la Corte Penal Internacional es ahora

La mayor amenaza a la que se enfrenta Israel tras el reconocimiento del Estado palestino en las Naciones Unidas -y la razón primordial por la cual su furioso lobby está en contra- es la perspectiva de que los palestinos soliciten la adhesión a la Corte Penal Internacional.

Poco después de que la Asamblea General de la ONU aprobara el mes pasado por abrumadora mayoría integrar a Palestina como Estado no miembro con estatuto de observador, el presidente Mahmud Abbas dijo que no tenía planes inmediatos de adherirse a la Corte, y que estaba dispuesto a reanudar las negociaciones de inmediato.

Desde entonces, sin embargo, las acciones de Israel -ampliamente interpretadas como un castigo por el cambio de estatuto de palestina en las Naciones Unidas- «nos están presionando para acelerar nuestro recurso» a la CPI, dijo Mohammed Shtayyeh, enviado especial de la Autoridad Palestina para la oferta de la ONU. Israel ha respondido al tono conciliador de Abbas con una serie de bofetadas en la cara, volviendo la derrota en una forma de arte.

Además de la retención de los ingresos fiscales vitales de la Autoridad Palestina, anuncio planes de expansión de los asentamientos que han sido fuertemente condenados por la comunidad internacional -incluido el secretario general de la ONU- e incluso por sus más firmes aliados (el Departamento de Estado de los EE.UU. acusó a Israel de «un patrón de actuación provocador»).

Israel aprobó la construcción de un nuevo asentamiento en Jerusalén Este anexado ilegalmente -que los palestinos solicitan como su capital- así como la aprobación definitiva de unas 1.000 nuevas viviendas en los asentamientos de Cisjordania (algunas en el interior del territorio ocupado por Israel) y la construcción de 1.500 nuevas viviendas en el asentamiento de Ramat Shlomo de Jerusalén Este.

Esto llevaría al completo aislamiento de Jerusalén Este del resto de la Ribera Occidental y a cortar efectivamente la Ribera Occidental en dos. La ONG israelí de vigilancia de los asentamientos Paz Ahora describió esta situación como «un cambio de juego» que puede modificar las probables fronteras.

El colaborador de Abbas, Nabil Shaath, tiene razón al afirmar que «Israel nos está obligando a ir a la CPI». La Autoridad Palestina podría enfrentar una -y potencialmente insuperable- gran reacción interna si no lo hace pronto, dados los niveles crecientes de descontento público por las condiciones de vida, así como el fracaso de la Autoridad Palestina para impedir el afianzamiento cada vez mayor de la ocupación, la más larga de la historia moderna. Esta debe ser la preocupación prevaleciente en el forcejeo occidental (en el período previo a la votación de la ONU, los EE.UU. y Gran Bretaña trataron de presionar a la Autoridad Palestina para que renuncie al derecho de afiliarse a la Corte).

«La presión contra la ratificación es esencialmente para negar el acceso a la justicia. Y vemos lo importante que es dicho acceso, ya que es a la vez un acto en sí mismo y también un componente de resolución de conflictos», dijo Richard Dicker, director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. Añadió que su organización es «profundamente contraria a cualquier presión» sobre la Autoridad Palestina «para influir en su decisión de acceder a la Corte Penal Internacional, y hemos visto algunas de esas presiones».

En abril de este año, el fiscal de la CPI rechazó una solicitud de la Autoridad Palestina -presentada en enero de 2009 después de la invasión israelí de Gaza- de reconocer su jurisdicción, diciendo que el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que sólo un «Estado» puede atribuir la competencia de la Corte.

«En los casos en que sea controvertido o poco claro si un solicitante constituye un «Estado», es misión de la Secretaría General interpretar las directivas de la Asamblea General sobre el tema», comunicó la oficina del fiscal. «Esto se refleja en las resoluciones de la Asamblea General, que proporcionan indicaciones para determinar si el demandante es un ‘Estado'».

El reciente reconocimiento rotundo de Palestina como Estado por la Asamblea General (138 a favor votos y sólo nueve en contra) resuelve este problema y allana el camino para la aplicación de la CPI. Como tal, el mayor perdedor en medio de estos planes de colonización, paradójicamente, puede que resulte ser Israel.

Sus colonias son una clara violación del derecho internacional en virtud del artículo 49 de la Convención de Ginebra de 1949, que prohíbe a la potencia ocupante el traslado de su población civil ocupada. Esto es reiterado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Corte Internacional de Justicia y las Naciones Firmantes del Pacto de las Convenciones de Ginebra.

Más aun, la transferencia de los propios ciudadanos de un Estado a los territorios ocupados es explícitamente un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado que estableció la Corte Penal Internacional. Ningún otro gobierno fuera de Israel considera que los asentamientos son legales, ni siquiera los EE.UU.

«Los israelíes están nerviosos acerca de la acción legal», porque «el desmantelamiento de los asentamientos judíos no pone en peligro el derecho de Israel a existir. No es violento. No es terrorismo. Y no hay muchos gobiernos que vayan a correr en defensa de Israel», dice el corresponsal Chris McGreal, de The Guardian Washington, y publicado previamente en Jerusalén.

«Una lucha legal en la Corte Penal Internacional sería poner al descubierto la anexión y desposesión detrás de la estrategia de asentamientos de Israel -el robo de la tierra de los palestinos, la práctica de las colonias judías que disfrutan de agua barata ilimitada, mientras las aldeas árabes cercanas están sometidas a racionamiento y mayores cargos, la política que establece que un inmigrante judío de Rusia tiene mayor demanda sobre la tierra que un palestino nacido en ella. Y eso sin siquiera entrar en un esquema más amplio de reclamar tanto territorio como sea posible para Israel y dejar un escueto Estado palestino.

«Sin embargo, sería un error de la Autoridad Palestina condicionar su solicitud al hecho de que Israel siga adelante con sus planes de nuevos asentamientos, como afirmaron Abbas y el ministro de Relaciones Exteriores Riad Malki. La cuestión de los asentamientos -en la actualidad hay varios cientos de miles de colonos en los territorios árabes ocupados- no se limita a los últimos anuncios de Israel, y las injusticias infligidas a los palestinos no se limitan a los asentamientos, y este tema es suficientemente claro para el derecho internacional.

A Israel no se le debe permitir escabullirse de su responsabilidad por detener o postergar momentáneamente sus últimos planes, y es improbable que ocurra dada la insistencia del primer ministro Benjamín Netanyahu en seguir adelante, y su éxito preanunciado en las próximas elecciones. Esto haría más difícil a la Autoridad Palestina hacer creíble y llevar a cabo su amenaza de nuevo sin parecer un niño petulante, y haría más fácil a Israel ignorar sus reclamos.

La Autoridad Palestina ha planteado la posibilidad de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, esto no tendría sentido dado que los EE.UU. poseen el reflejo de esgrimir su poder de veto en favor de Israel, y el hecho de que, tras los últimos anuncios de nuevos asentamientos, el secretario general y numerosos miembros del Consejo hayan pedido el cese inmediato de la nueva construcción, con excepción de los EE.UU. El momento de recurrir a la acción de la Corte penal Internacional es ahora.